0336/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0336/2019-S4 Sucre, 5 de junio de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de Amparo Constitucional

Expediente: 26919-2018-54-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 31 de 14 diciembre de 2018, cursante de fs. 114 vta. a 121, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Félix Estrada Espinoza contra Téofilo Ignacio Velasco, Roberto Ignacio Almendras Gamarra y Carlos Eduardo Castro Sanz, miembros de la Comisión Calificadora Departamental de Vocales para las Salas Constitucionales de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 7 de diciembre de 2018, cursante de fs. 52 a 56 vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de la Convocatoria 32/2018 de Preselección de Vocales de las Salas Constitucionales en los Tribunales Departamentales de Justicia, se postuló para el cargo de Vocal de las Salas Constitucionales por el departamento de Santa Cruz, adjuntando todos los requisitos dispuestos al efecto.

Sin embargo, la Comisión Calificadora Departamental de Santa Cruz, determinó su inhabilitación, señalando simplemente que incumplió lo previsto "en el numeral 2 por el art. 30-10 y 12 del Reglamento" (sic); por lo que impugnó dicha determinación, al considerarla arbitraria y discrecional, adjuntando nuevamente la documentación que supuestamente no habría presentado en su postulación. Este recurso, fue resuelto a través de la Resolución 003/2018 de 23 de noviembre, por la cual, la mencionada Comisión ratificó su decisión, fundamentando -recién en ese momento- que la documental observada no cuenta con la firma de la autoridad competente, lo que invalidaba las certificaciones.

Consecuentemente, el motivo de su inhabilitación recién fue de su conocimiento con la Resolución 003/2018, de modo que en su impugnación, no podía objetar ni subsanar la falta de firma en la documentación observada. Así, ante esa ilegalidad, solicitó la nulidad de la Resolución 003/2018, adjuntando como prueba, la Nota MJTI-DGAJ-RPA 342/2018 emitida por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en la que se corrobora que por las recargadas funciones de la repartición del Registro Público de la Abogacía -dependiente de dicha Cartera de Estado- y por un error involuntario de dicha instancia, las certificaciones emitidas no fueron rubricadas, pero que los datos que contienen se encuentran sistematizados en la base de datos a su cargo, y por lo tanto, están avalados por la "seguridad y estándar" (sic), y a la verificación de antecedentes del interesado. Petición que hasta el presente, no ha merecido respuesta, dando lugar al silencio administrativo que le atribuye efectos jurídicos desestimatorios a la omisión de pronunciamiento de la administración.