0336/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0336/2023-S1 Sucre, 28 de abril de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 41174-2021-83-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 05 de 12 de junio de 2021, cursante de fs. 28 vta. a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Edson Flores Villegas en representación sin mandato de Sergio Estenddoro Cisneros contra Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza; Mónica Herbas Sejas, "Secretaria"; y, Susana Torrico Colque, Auxiliar, las tres del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto; además, Ramón Loayza Barrionuevo, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto, en suplencia legal, de su similar Cuarta; todos, de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 11 de junio de 2021, cursante de fs. 3 a 8 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, señaló:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, el 6 de mayo de 2021, se celebró audiencia de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, sin que exista una legal notificación, debido a que la diligencia no se efectuó en su domicilio real, y, siendo que su persona tuvo conocimiento extraoficialmente de dicho actuado, interpuso incidente de nulidad de notificación con la imputación formal y el señalamiento de la audiencia, adjuntado al efecto prueba que demostraba que su domicilio se encontraba ubicado en la Doble Vía La Guardia; no obstante, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz emitió decreto de 20 del citado mes y año, en el que, se estableció que previamente se dé cumplimiento a lo establecido en el art. 91 del Código de Procedimiento Penal (CPP)1; en tal sentido, el 2 de junio de 2021, planteó recurso de reposición, sin que "hasta la fecha" se tenga respuesta alguna, habiéndose vencido los plazos procesales.

Posteriormente, cuando se apersonó al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, los servidores de apoyo judicial, le negaron el acceso a su expediente, recibiendo evasivas por parte de la Auxiliar ahora demandada, quien indicó que "es nueva"; asimismo, el Secretario en suplencia legal ahora demandado le manifestó que desconoce dónde se encuentra su expediente, transgrediendo de esa manera sus derechos al debido proceso y el acceso a la justicia dejándolo en completa indefensión, manteniéndose vigente un mandamiento de aprehensión y la rebeldía; por lo que, de manera oportuna y sin dilaciones requiere una respuesta a su recurso de reposición.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, sin citar normativa alguna que los contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y se le una respuesta a su recurso de reposición; y, se le permita el acceso a su expediente.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 12 de junio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 28 vta., se realizaron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El Tribunal de garantías en mérito a lo determinado por el art. 36.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo) preguntó con quien se llegó a comunicar para que le nieguen el cuaderno procesal; al respecto, la parte accionante señaló que "...Había una abogada funcionaria Mónica Herbas aunque ella diga que estaba de vacaciones, pero estaba presente, ella habla con la juez y la jueza sale de su despacho que no nos puede prestar el expediente que primero tiene que purgar su rebeldía y tienen que notificarse..." (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad y los servidores de apoyo judicial demandados

Mónica Herbas Sejas, Secretaria; y, Susana Torrico Colque, Auxiliar, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentaron informe alguno ni concurrieron a la audiencia pese a su legal citación cursante a fs. 13 y 19.

Ramón Loayza Barrionuevo, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal de su similar Cuarta, no presentó informe alguno ni concurrió a la audiencia programada pese a su legal citación cursante a fs. 16.

I.2.3. Resolución

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto de 8 de agosto de 2022, cursante a fs. 51, se dispuso la suspensión de plazo con el objeto de solicitar documentación complementaria, reanudándose el mismo, por disposición del decreto de 12 de abril de 2023, corriente a fs. 128.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Comunicación Interna RRHH-SA-046/2021 de 5 de mayo, la Jefa de Recursos Humanos S.L. del departamento de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, comunica a Mónica Herbas Sejas, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, el "Fin de Periodo de funciones", haciéndole conocer que el 16 de mayo de 2021 concluía sus funciones y que tenía vacación pendiente hasta el 10 de junio de ese año; constando fecha de recepción de la Comunicación Interna el 6 de mayo de 2021 (fs. 39).

II.2. Cursa Acta de Audiencia de Aplicación de Medida Cautelar Personal de 6 de mayo de 2021, elaborada dentro del proceso penal seguido contra Sergio Estenssoro Cisneros -ahora accionante- por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, en la que consta que, por Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, se informa que las partes fueron debidamente notificadas; además que, al no existir la presencia del imputado, el Ministerio Público solicitó se declare la rebeldía del mismo, petición a la cual se adhirió el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); siendo por ello que, de manera consecutiva se profiere el Auto 03/2021 de 6 de mayo, se determina declarar la rebeldía del imputado -ahora impetrante de tutela-, disponiéndose su arraigo, aprehensión y la publicación de sus datos y señas personales en los medios de comunicación para su búsqueda y aprehensión; y, que por Secretaria se le asigne abogado de oficio para representarlo de acuerdo a los arts. 87 y 89 del CPP; disponiendo que el Ministerio Público tenga en su custodia el cuaderno de investigación, quedando notificadas las partes a horas 13:35 del 6 de mayo de 2021 (fs. 70 a 73).

II.3. Mediante memorial de 18 de mayo de 2021 presentado el 19 de ese mes y año, ante el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, el ahora accionante interpone incidente de nulidad de notificación de la imputación formal y señalamiento de audiencia, declaratoria de rebeldía, así como todas las medidas impuestas, alegando que dichos actuados debieron ser realizados de manera personal y no por cédula en un domicilio ajeno, solicitando al efecto se declare probado el incidente de nulidad y en consecuencia se deje sin efecto y anule la declaratoria de rebeldía, así como el mandamiento de aprehensión (fs. 77 a 84 vta.).

II.4. A través de decreto de 20 de mayo de 2021 Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, estableció: "En atención al memorial que antecede, previamente el impetrante deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 91 del Código de Procedimiento Penal, con las modificaciones de la ley 1173" (sic[fs. 85]).

II.5. Por Memorando CM-RRHH-TD-168/2021 de 25 de mayo, la Jefa de Recursos Humanos S.L. del departamento de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura -con cargo de recepción de 26 de mayo de 2021-, comunica Susana Torrico Colque que la misma fue designación en el cargo de Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del indicado departamento, señalándose en su contenido que "Inmediatamente después de su notificación deberá presentarse ante su superior, y realizar los trámites administrativos respectivos en la Unidad de Recursos Humanos antes de su posesión" (sic [fs. 24]).

II.6. Mediante memorial de 2 de junio de 2021, presentado el 4 de ese mes y año, ante la Jueza demandada, el ahora accionante interpone recurso de reposición, señalando que planteó incidente de nulidad de notificación de la imputación formal; toda vez que, no tuvo conocimiento de la resolución fiscal correspondiente ni de la audiencia de medida cautelar, "llevada a sus espaldas"; y, habiéndose enterado extraoficialmente de la declaratoria de rebeldía, compareció ante la autoridad a efecto de asumir defensa sobre los hechos delictivos atribuidos; no obstante, por decreto de 20 de mayo del citado año, se ordenó que previamente se purgue su rebeldía, determinación errada que impide el acceso a la justicia; y, de mantenerse las medidas dictadas como consecuencia de la declaratoria de rebeldía por la incomparecencia del imputado, se estaría generando una persecución indebida; consecuentemente, solicita dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía, mandamiento de aprehensión y orden de arraigo librados en su contra (fs. 114 a 115 vta.).

II.7. Por decreto de 7 de junio de 2021, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, señaló:

"En atención al memorial que antecede, estese al decreto de fecha 20 de mayo del año en curso, dando cumplimiento al Art. 91° del Código de Procedimiento Penal '(Comparecencia).- Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuara su trámite dejándose sin efecto las ordenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniéndose las medidas de carácter real.

El imputado o su fiador pagaran las costas de su rebeldía. Si justifica que no concurrió debido a un grave y legitimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza', a fin de estar a derecho, a fines consiguientes de ley. (sic [fs. 116]).

II.8. Cursa Memorándum 4/2021 de 10 de junio de 2021, emitido por Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- dirigido a Ramón Loayza Barrionuevo, Secretario de su similar Sexto -ahora demandado-, designándolo como secretario suplente de ese despacho judicial ante la renuncia de la anterior secretaria, recomendándole que "...deberá asumir con todas las facultades legales inherentes al cargo, hasta que se designe nuevo funcionario (a) titular (...) lo cual esta ratificado por la CIRCULAR N° 227/2018 emitida por el Tribunal Departamental de Justicia" (sic). Consta cargo de recepción del designado el 10 de junio de 2021 (fs. 25 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El art. 8.II de la Constitución Política del Estado (CPE), se sustenta entre otros valores: en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta, el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria; entre ellos, el principio de celeridad -arts. 178 y 180.I de la CPE?, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema.

Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, han previsto medios de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma que en una interpretación evolutiva del artículo 125 de la CPE2 a través del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa.

En tal sentido, la SC 0044/2010-R de 20 de abril3, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus ?ahora acción de libertad? expuso las tipologías de esta acción, siendo estas, el habeas corpus preventivo y correctivo, agregando la jurisprudencia constitucional al habeas corpus restringido; y ampliando su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad.

En esa misma línea, la 0SC 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que:

Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales...

A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, la 0SC 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que:

Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:

...en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

III.1.1. Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho

De lo desarrollado y explicado precedentemente se llega a la comprensión de que la jurisprudencia fue uniforme en asumir que la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual también deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Bajo ese razonamiento, el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia fue conociendo casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; es por ello, que ante la evidencia de dichas demoras este Tribunal fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, por lo que exige a los administradores de justicia su observancia.

En tal sentido, la jurisprudencia a través de los años fue estableciendo supuestos de procedencia para la activación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, generando sub reglas para la consideración de distintos actos dilatorios, entre ellos, sobre la consideración de aplicación de medidas cautelares, lo inherente a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, entre otros; por lo que, para conocer esta evolución dinámica de la jurisprudencia constitucional en relación a estos casos donde se ve involucrada la celeridad, y por los que se puede activar a la justicia constitucional, se hace necesario citar a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que efectuó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad, siendo estos:

La 0SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas:

Ahora bien, posterior a la 0SC 0078/2010-R, su similar 0384/2011-R de 7 de abril4, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que:

Asimismo, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, siguiendo el entendimiento de que en las solicitudes de cesación de la detención preventiva, las autoridades están obligadas a tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, moduló la sub regla establecida en el inc. b) de la 0SC 0078/2010-R, señalando que al estar expresamente fijado el plazo para señalar audiencia en el art. 132.1 del CPP, al tratarse de un actuado de mero trámite, dicho señalamiento deberá ser providenciando en el plazo de 24 horas:

...ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento.

Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de igual año, se introdujeron importantes modificaciones al Código de Procedimiento Penal, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art. 239 del referido Código adjetivo penal referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación5, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de veinticuatro horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, estableció un plazo de cuarenta y ocho horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP?, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva.

Por otro lado, de manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio6, advierte que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto, si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, debiendo ser resuelta por el tribunal de alzada en el plazo improrrogable de setenta y dos horas, de no hacerlo dentro del término señalado significa dilación indebida en el proceso, vulnerando así los derechos a la libertad, vida y otros, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la señalada resolución.

De la misma forma, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero7, entienden que es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, de manera excepcional; es decir, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días; vencido dicho plazo, la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que también puede ser denunciado ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

En el mismo sentido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, afirma que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual, se computa el plazo previsto en el art. 251 del referido Código.

Con similar entendimiento, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las sub reglas señaladas anteriormente de la forma siguiente:

De todo este desarrollo jurisprudencial, se tiene que el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la jurisprudencia emitida cumpliendo el postulado contenido en el art. 115.II de la CPE, como es el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones fue regulando los supuestos de procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, bajo una sola premisa, que cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta, oportunamente y con la debida celeridad, puesto que generalmente lo que se buscará a través de esta, es el cumplimiento de los actuados de mero trámite y simples peticiones en la sustanciación de los procesos penales, empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones.

III.2. Del recurso de reposición

La Constitución Política del Estado en el art. 180.II garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales

El recurso de reposición como medio impugnatorio en la vía penal, se halla previsto en el Código de Procedimiento Penal, que a la letra señala:

Artículo 401.- (Procedencia). El recurso de reposición procederá solamente contra las providencias de mero trámite, a fin de que el mismo juez o tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique.

Artículo 402.- (Trámite y resolución). Este recurso se interpondrá fundamentadamente, por escrito, dentro de veinticuatro horas de notificada la providencia al recurrente y verbalmente cuando sea interpuesto en las audiencias.

El juez o tribunal deberá resolverlo sin substanciación en el plazo de veinticuatro horas o en el mismo acto si se plantea en audiencia, sin recurso ulterior. A este respecto la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0737/2020-S3 de 21 de octubre, prevé en el art. 401 del CPP, que el recurso de reposición puede ser activado por la defensa del peticionante de tutela en caso de considerar vulnerados sus derechos.

III.3. De la comparecencia ante la declaratoria de rebeldía

Respecto a la figura de la declaratoria de rebeldía, la SCP 0271/2020-S3 de 14 de julio, estableció que se constituye en: "...un instituto jurídico que no cesa de forma automática ante la comparecencia; sino, que tiene su propio trámite y efectos, mismos que deben ser conocidos y resueltos intra proceso..."

Por su parte, la SCP 1449/2012 de 24 de septiembre, señaló que:

...la finalidad del instituto procesal de la rebeldía y, por ende, de la medida de aprehensión, es lograr la comparecencia del imputado al proceso. La comparecencia del rebelde en el proceso penal, según lo dispuesto en el art. 91 del CPP, puede ser de dos formas: