Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0336/2026-S2 Sucre, 12 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 74516-2025-150-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 155/2025 de 9 de junio, cursante de fs. 119 a 121 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Porfirio Machado Gisbert contra Óscar Hassenteufel Salazar, Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 4 de junio de 2025, cursante de fs. 81 a 90, el accionante manifiesta lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 2 de junio de 2025, presentó solicitud escrita ante el Tribunal Supremo Electoral para ser habilitado como candidato independiente a la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, para las elecciones generales convocadas para el 17 de agosto del citado año; postulación que pretendió en el marco supraconstitucional y vinculante del art. 23.1 inc. b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) -que configura el derecho a ser elegido sin restricciones indebidas ni exigencias de afiliación partidaria-, así como del art. 256 de la Constitución Política del Estado (CPE) -que establece que los derechos reconocidos en la Constitución deben ser interpretados de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables-; no obstante, la indicada solicitud fue rechazada de manera informal por Luis Fernando Arteaga, Secretario de Cámara del señalado Tribunal, quien le negó su derecho político fundamental sin previa resolución administrativa debidamente fundamentada que le posibilite activar un medio de impugnación eficaz.
La Ley de Régimen Electoral, al forzar de manera obligatoria la intermediación de organizaciones políticas registradas para habilitar candidaturas, restringe de manera desproporcionada y arbitraria el ejercicio del derecho a la participación política directa, en abierta contradicción con los arts. 26, 256 y 410.II de la CPE, y 23.1 inc. b), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
La exigencia de filiación partidaria para acceder a cargos electivos constituye una limitación indebida; pues, el Estado Boliviano está obligado a garantizar que sus marcos normativos y prácticas electorales no excluyan arbitrariamente a ciudadanos por razones ideológicas, estructurales o procedimentales, asegurando que el derecho a ser elegido se ejerza en condiciones de igualdad real, sin discriminación política y con plena efectividad, conforme a los principios del bloque de constitucionalidad.
La relevancia constitucional radica en que Bolivia es parte de la CADH, estando por ello obligada a respetar y garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, incluyendo el de ser elegido y el acceso a recursos de impugnación efectivos, debiendo evitar restricciones desproporcionadas, especialmente aquellas que impidan candidaturas independientes sin una justificación legítima y proporcional; asimismo, la Constitución Política del Estado reconoce la supremacía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y tiene la obligación de adecuar su legislación interna.
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