Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0337/2019-CA Sucre, 26 de diciembre de 2019
Expediente: 32287-2019-65-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: La Paz
La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Norma Alicia Piérola de Gutiérrez, Diputada Titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demandando la inconstitucionalidad del art. 36 y la Disposición Final Primera de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010 -Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz"-, por ser presuntamente contrarios a los arts. 13, 14, 115.II, 116, 117, 119, 178.I, 180, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 7, 8, 9, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 9, 14, 15 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN
I.1. Argumentos jurídicos de la acción
Por memorial presentado el 16 de diciembre de 2019, cursante de fs. 287 a 299 vta., la accionante demanda la inconstitucionalidad del art. 36 (en cuyo contenido, determina que se incluyan en el Código de Procedimiento Penal, los arts. 91 Bis y 344 Bis) y Disposición Final Primera de la Ley 004, argumentando que dichas disposiciones, lesionan el derecho a la igualdad de juzgamiento penal de todos los ciudadanos bolivianos, establecido en el art. 14 de la CPE, pues si bien el art. 123 de la Norma Suprema, admite la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva en materia de corrupción, se atenta contra el principio de legalidad penal al permitir que los jueces y tribunales de sentencia juzguen en rebeldía a ex y actuales servidores públicos imputados y/o acusados por delitos de corrupción que se encuentran fuera del territorio del país, con refugio o asilo político, ante la sindicación y persecución injusta de la que son objeto, por actos supuestamente cometidos en las gestiones 2006, 2007 y 2008; vale decir, antes de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado y de la propia Ley 004 promulgada el 31 de marzo de 2010 (Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz").
Añade que, dicha situación determinó la presentación de incidentes de nulidad por defectos absolutos no susceptibles de convalidación, por parte de los defensores de oficio de los ex y actuales servidores públicos procesados en ausencia, en ejercicio del derecho a la defensa, al constituir un acto procesal que viola la garantía del debido proceso, derecho de acceso a la justicia y principios de inmediatez y legalidad penal, incidentes que fueron rechazados por los jueces o tribunales de la causa, amparados en las disposiciones hoy impugnadas de inconstitucionales, no pudiendo ser reparada esa situación por los Vocales de las Salas Penales de los Tribunales Departamentales ni por los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia a momento de resolver los recursos de apelación restringida y de casación, ni por la jurisdicción constitucional a través de las acciones de defensa; en consecuencia, las autoridades constitucionales no pueden cumplir lo previsto por el art. 256.I de la Norma Suprema, ni aplicar disposiciones supranacionales que otorgan derechos más favorables que la Constitución Política del Estado, observancia que constituye la única manera de proteger el principio de legalidad penal y por lo tanto, corresponde declarar la inconstitucionalidad de las normas hoy sujetas a control constitucional.
Refiere que, de acuerdo con lo previsto por los arts. 115 y 117 de la CPE, todo imputado, incluyendo los ex y actuales servidores públicos, deben ser juzgados considerando los siguientes extremos: 1. De acuerdo al mandato contenido en el art. 1 de la Norma Suprema, Bolivia se constituye en un Estado de Derecho; es decir, un modelo de Estado que debe determinar la existencia de leyes prospectivas y no retroactivas, como las hoy impugnadas, que no solo permiten sino instituyen el juzgamiento en rebeldía de los ex y actuales funcionarios públicos, aplicando disposiciones gravosas y desfavorables para los procesados por delitos de corrupción; 2. Los arts. 13 y 256.I de la CPE, prevén la prevalencia de los Tratados y Convenios Internacionales frente a la normativa interna, cuando declaren derechos más favorables; 3. Se infringen los arts. 116.II de la Ley Fundamental; 9 de la Convención América sobre Derechos Humanos; y, 15 del PIDCP, habida cuenta que los ex y actuales servidores públicos son sometidos a procesos penales en rebeldía, por actos o hechos supuestamente ocurridos en los años 2006, 2007 y 2008, aplicándoles tipos penales incorporados posteriormente, a través de Ley 004, que en su Disposición Final Primera prevé la aplicación retroactiva para procesar y sancionar los delitos establecidos en el art. 25 numerales 2) y 3), quedando los numerales 1), 4), 5), 6), 7) y 8) sujetos al principio de legalidad e irretroactividad de la ley; y, 4. Si bien la , declaró la constitucionalidad de la Disposición Final Primera de la Ley 004, dicha decisión fue asumida a partir de una interpretación realizada al art. 123 de la Norma Suprema; empero, como también se está impugnando el art. 36 de la Ley 004, el cual determina que se incluyan los arts. 91 Bis y 344 Bis al Código de Procedimiento Penal; en el caso concreto, se denuncia la lesión del derecho a la igualdad procesal de ex o actuales servidores públicos, dado que la regla determina que cuando el imputado o acusado no acude al llamado jurisdiccional debe ser declarado rebelde y por ende, suspendido el proceso iniciado en su contra, no siendo constitucional permitirse como excepción, juzgar en rebeldía a un ex o actual funcionario público, con el argumento de tratarse de un delito de corrupción pública y que debe finalizar en el plazo más breve posible, con la finalidad de que el sindicado no burle la acción de la justicia; criterio que omite considerar lo previsto en los arts. 31, 90 y 131 del Código de Procedimiento Penal (CPP), referidos a suspender tanto el proceso del declarado rebelde en cuanto el término de la prescripción, sin darse lugar a la extinción del proceso penal por excesiva duración del proceso; siendo ahora también distinto el argumento expuesto, respecto a la Disposición Final Primera de la Ley 004, al referirse a la permisibilidad de juzgar, aun en rebeldía, a los ex y actuales servidores públicos procesados ausentes previstos en el art. 36 de la mencionada Ley, situación muy diferente a la de cualquier ciudadano, a quien una vez declarado rebelde, se le suspende el proceso penal.
I.2. Petición
La accionante solicita se admita la acción normativa y se declare la inconstitucionalidad del art. 36 de la Ley 004; en cuyo contenido, determina la inclusión de los arts. 91 Bis y 344 Bis en el Código de Procedimiento Penal, para el procesamiento en rebeldía de los ex y actuales servidores públicos imputados por los delitos de corrupción pública y de la Disposición Final Primera de dicha Ley, con los efectos previstos en el art. 78.II.2 y 4 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ADMISIÓN
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