0337/2022-S3

1. a)A la tutela judicial efectiva en su elemento a la justicia material vinculado al principio pro homine, pues si bien hay fallos constitucionales en los que se establece que los jueces bolivianos "son transitorios", al mismo tiempo existe jurisprudencia de la Corte IDH que resuelve el mismo problema jurídico respecto a las garantías reforzadas que tienen los jueces y con relación a la transitoriedad, realizando una interpretación evolutiva que los protege de mejor manera, vinculando su situación a la independencia judicial y las garantías del debido proceso, como ocurre en las Sentencias de la señalada Corte que fueron precedentemente invocadas; lo que hace evidente la arbitrariedad de la Resolución RR/SP 008/2020, que optó por aplicar la jurisprudencia constitucional con criterios restrictivos, frente a la emergente de una fuente internacional en vigor, no obstante de tener pleno conocimiento de ésta, en las que se destaca que la inamovilidad de los jueces y su permanencia en el cargo, son garantías de la independencia judicial, sea que se trate de jueces provisorios como titulares, siendo que en cuanto a los primeros debe precautelarse una cierta inamovilidad en su cargo, que se traduce en la exigencia de que puedan disfrutar de los beneficios de la permanencia hasta tanto acaezca la condición resolutoria que pondrá fin a su mandato y su cesación sólo podría proceder en el marco de un proceso disciplinario o a través de un acto administrativo debidamente motivado; más aún, si en su caso, fue considerada erróneamente como Jueza provisoria, cuando es una autoridad judicial de carrera.

1. b)Así también, se lesionó su derecho a la motivación y fundamentación de las resoluciones, como elemento del debido proceso adjetivo y sustantivo, vinculado a la garantía de independencia judicial y estabilidad en el cargo, ya que soslayaron que el art. 178.II de la CPE, otorga una serie de garantías a favor de las juezas y jueces, y que los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas el 6 de septiembre de 1985, sostienen que todas las instituciones gubernamentales y de otra índole, deben respetar la independencia judicial proscribiendo que dichas autoridades puedan ser separadas de sus cargos, salvo incapacidad o comportamiento que los inhabilite; como también se sistematizó en la Sentencia de la Corte IDH de 23 de agosto de 2013, en el caso Quintana Coello vs. Ecuador.

1. c)También se lesionó la congruencia externa, como elemento del debido proceso, con relación a las cuestiones planteadas en los motivos del recurso de revocatoria, que se evidencian en el Punto Uno del Considerando IV de la Resolución RR/SP 008/2020, dentro el cual no existe pronunciamiento de las autoridades accionadas sobre el reclamo efectuado con relación a su solicitud de control de convencionalidad del Acuerdo 16/2020, verificando si las normas internas que incorporan la figura de la transitoriedad de los jueces (Ley del Órgano Judicial; Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público; Ley de Adecuación de Plazos para la Elección de los Vocales Electorales Departamentales y la Conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional) son o no compatibles con los derechos protegidos por los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 1 y 18 de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas el 6 de septiembre de 1985 y los estándares de la Corte IDH. Petición que quedó sin resolverse; no obstante, de ser crucial en su caso, para salvaguardar sus derechos y garantías como Jueza de carrera, así como para evitar una posible responsabilidad estatal ante la indicada Corte, que involucre el pago por reparación económica a los jueces víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

1. d)Se vulneraron las garantías mínimas del debido proceso, ya que se impuso su desvinculación sin proceso previo, conculcando los arts. "17.I" de la CPE; 8.2 de la CADH; y, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la misma que es un acto administrativo sancionatorio que no puede sustraerse del debido proceso, teniendo las autoridades accionadas la obligación de respetar dichas garantías mínimas que se encuentran reforzadas por su condición de mujer, madre, cabeza y sostén de su familia, por lo que debían aplicarse con mayor intensidad y con enfoque de género; lesión que se hace evidente en el Punto Tres del Considerando IV de la Resolución RR/SP 008/2020, en la que los Consejeros accionados afirmaron que por haber "reconocido" su condición de Jueza transitoria, no tenía derecho a que se le establezca una causal de cesación o del agradecimiento a sus servicios, lo que resulta gravísimo, pues se desconoce el principio de constitucionalidad y se reducen las garantías mínimas del debido proceso a mandatos legales y jurisprudencia interna, no dejándole más opción que acudir a instancias internacionales para que se realice el control de convencionalidad sobre la normativa interna que regula desatinadamente la figura de la transitoriedad como mecanismo para desconocer el ejercicio y goce de los derechos humanos y garantías reforzadas que tienen los jueces y las juezas en nuestro país.

1. e)Se conculcó su derecho a un recurso efectivo con enfoque de género, puesto que en el señalado Considerando IV de la Resolución RR/SP 008/2020, no hubo un pronunciamiento en sujeción al bloque de constitucionalidad sobre todas las cuestiones planteadas en el primer, segundo, tercer y cuarto motivo del recurso de revocatoria, apreciándose únicamente cita normativa y jurisprudencia referida a la transitoriedad sin efectuar un control de convencionalidad; de lo que se advierte que el recurso que planteó no tuvo ninguna efectividad para el restablecimiento de sus derechos, ya que el Pleno del Consejo de la Magistratura no lo resolvió a la luz de las garantías mínimas y los derechos protegidos en el bloque de constitucionalidad, soslayando los múltiples escenarios de discriminación de la que es sujeto en su condición de mujer, madre, cabeza y sostén de su familia, que obligan a visibilizar dichos elementos a momento de fallar sobre el recurso, que ameritaban efectuar un examen del mismo bajo una perspectiva de género, por lo que -aduce- fue discriminada por esa condición, desconociéndose su derecho a conservar su cargo como Jueza, en tanto no se den causales para su desvinculación, siendo evidente que excluyeron aplicar el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, constituyendo ello un acto arbitrario; y,

1. f)Se lesionó su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, en su condición de Jueza de carrera, ya que en el cuarto motivo de su recurso de revocatoria cuestionó que se haya dispuesto su desvinculación en un periodo donde no había egresados de la Escuela de Jueces del Estado ni convocatorias para el Juzgado que dejaba acéfalo, el mismo que se mantuvo así por más de nueve meses tras su cesación hasta el 26 de noviembre de 2020, fecha en la que designaron recién a otro titular. Alega que, fue tratada como una "cosa" y no como una persona dotada de dignidad, ya que tuvo que soportar las gravísimas consecuencias de su cesación durante la pandemia por el Coronavirus (COVID-19).

Solicita se conceda la tutela impetrada y se disponga el restablecimiento de sus derechos invocados tomando en cuenta el contexto de la pandemia y en consecuencia:

1. 1)Se deje sin efecto la Resolución RR/SP 008/2020, y se ordene a los Consejeros accionados, a que emitan una nueva resolución fundamentada, motivada y congruente, aplicando criterios con perspectiva de género, dada su condición de mujer, madre, cabeza y sostén de su familia, en estricta sujeción al bloque de constitucionalidad, que protegen de manera reforzada los derechos y garantías que tienen los jueces;
2. 2)Asimismo, se disponga su reincorporación inmediata como Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca, ordenando el pago de sus salarios devengados desde el momento de su desvinculación arbitraria hasta su efectiva reincorporación;
3. 3)En mérito a la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, se condene a la reparación integral del daño causado en su contra, averiguable en ejecución del fallo, a fin de evitar una futura responsabilidad internacional del Estado;
4. 4)Como medida de reparación, a objeto de evitar despidos arbitrarios contra juezas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sin previo proceso y en contexto de la pandemia por COVID-19, se exhorte a la Escuela de Jueces del Estado, a que se realicen de manera urgente cursos de capacitación para todos los Consejeros del Consejo de la Magistratura, sobre el control de convencionalidad y aplicación de las normas del bloque de constitucionalidad con enfoque de género a tiempo de emitir Acuerdos, Resoluciones y actos administrativos; así como también, el respeto a derechos y garantías reforzadas a favor de las juezas y jueces en un Estado Constitucional de Derecho; y,
5. 5)Se disponga la condenación de costas y costos a cargo de los Consejeros accionados.

Dolka Vanessa Gómez Espada y Gonzalo Alcón Aliaga, Consejeros del Consejo de la Magistratura, mediante informe escrito cursante de fs. 153 a 162, y en audiencia a través de su abogado y apoderado, señalaron que:

1. i)La acción de amparo constitucional es improcedente porque no se dirigió contra todas las autoridades que intervinieron en la firma del Acuerdo 16/2020, ejecutado mediante Memorándum CM-DIR.NAL.RR.HH.-J-018/2020, lo que podría afectar derechos y garantías constitucionales de terceros;
2. ii)La jurisprudencia constitucional precisó que las funcionarias y los funcionarios jurisdiccionales no gozan de inamovilidad y estabilidad laboral, por lo que inclusive el recurso interpuesto por la accionante no tenía "razón de ser", toda vez que desde la promulgación de la Ley del Órgano Judicial; Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público; Ley de Adecuación de Plazos para la Elección de los Vocales Electorales Departamentales y la Conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, aunque hubiese ingresado por el Instituto de la Judicatura con formación inicial, ya conocía de su transitoriedad, por efecto inclusive de la Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ;
3. iii)En consecuencia, el agradecimiento de funciones de la prenombrada, no constituye un acto ilegal ni una omisión de fundamento o motivación del Acuerdo 16/2020 ni del Memorándum que le dio ejecución, pues se enmarcan en el pronunciamiento de las SSCC 0420/2002-R; 1013/2002-R; 1229/2002-R; 0281/2003-R; 1516/2003-R; 1692/2003-R; 0371/2004-R; 0463/2004-R; y, 0694/2004-R;
4. iv)Por imperio del art. 2 de la Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 212 de 23 de diciembre de 2011-, las autoridades jurisdiccionales que fueron designadas durante la vigencia de la Ley de Organización Judicial abrogada, son transitorias y no gozan de inamovilidad y estabilidad laboral, por lo que no son funcionarios ni funcionarias de carrera; lo que es concordante con el art. 21 y ss. de la LOJ y su Disposición Transitoria Cuarta; corroborándose aquello en la SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo; más aún si en el caso concreto, el cargo que ostentaba la impetrante de tutela como Jueza provisoria, está siendo actualmente ejercido por un Juez que ingresó por institucionalización del sistema judicial, contando con el título de Juez de carrera;
5. v)La SCP 0051/2018-S3 de 15 de marzo, con relación a la transitoriedad de los servidores jurisdiccionales y administrativos del Órgano Judicial, ratificó que no gozan de inamovilidad y únicamente están ejerciendo su cargo hasta la designación de las nuevas y los nuevos vocales, juezas y jueces y servidoras y servidores;
6. vi)Por su parte, la SCP 0499/2016-S2, moduló las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0504/2015-S1 de 1 de junio y 0832/2015-S3 de 17 de agosto, estableciendo la transitoriedad de las autoridades jurisdiccionales y del personal de apoyo judicial, por lo tanto la peticionante de tutela no fue Juez de carrera ni goza de inamovilidad o estabilidad laboral; de igual forma se pronunció la SCP 0953/2017-S1 de 28 de agosto, no alcanzando la calidad de servidora de carrera por el solo transcurso del tiempo, como se entiende del art. 217 de la LOJ, que establece un subsistema de ingreso a la carrera judicial, a través del proceso de selección en concursos de méritos y examen de competencias;
7. vii)En ese orden normativo, el Consejo de la Magistratura aprobó el Acuerdo "072/2020" "Reglamento de la Carrera Judicial" y por Acuerdo 073/2020 de 8 de diciembre, el "Manual del Subsistema de Ingreso a la Carrera Judicial - Modalidad de Concurso de Méritos y Examen de Competencia", que regulan la forma y manera de ingresar a la carrera judicial, en el marco de la política de consolidación de la misma, bajo cuyo cumplimiento se emitieron convocatorias públicas para cargos acéfalos y aquellos transitorios con la finalidad de constitucionalizar la jurisdicción;
8. viii)Es totalmente errado entender que los jueces transitorios pasarían a ser de carrera por el transcurso del tiempo, cuando la normativa deja claramente establecidas las formas de ingreso a la carrera judicial; en todo caso, la accionante debió después de la gestión 2011, postularse conforme al art. 217 de la LOJ, lo cual no aconteció;
9. ix)La SCP 0004/2019-S4 de 28 de enero, es taxativa en refrendar la transitoriedad de las autoridades jurisdiccionales;
10. x)Considerando el contenido de la Ley del Órgano Judicial; Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público; Ley de Adecuación de Plazos para la Elección de los Vocales Electorales Departamentales y la Conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, y particularmente los arts. 193.I y 195.8 de la CPE, el Consejo de la Magistratura tiene la atribución de designar, mediante concurso de méritos y exámenes de competencia a los jueces y juezas de partido y de instrucción; al respecto, los arts. 62, 183.IV numerales 2, 7 y 12; y, 214.1 de la LOJ, le otorgan potestad para regular y administrar la carrera judicial. En consecuencia, al cargo que ostentaba la impetrante de tutela, ingresó el hoy tercero interesado en esta acción tutelar, en el marco del ingreso a la carrera judicial, de modo que el Memorándum de agradecimiento de funciones a la hoy peticionante de tutela, respondió a motivos meramente normativos y cumplimiento de las competencias del Consejo de la Magistratura, por lo que no se vulneró ningún derecho o garantía constitucional;
11. xi)No se lesionó el derecho al trabajo y a la estabilidad de la accionante, pues si bien ingresó al sistema judicial por egreso del ex Instituto de la Judicatura, fue declarada transitoria en mérito a las Leyes antes señaladas, advirtiéndose que si pretendía ingresar a la carrera judicial, pudo optar por las formas de ingreso en el marco del art. 127 de la LOJ; no obstante de ello, permaneció cerca de diez años como Jueza provisoria, por lo que no se la cesó de manera ilegal o ilegítima;
12. xii)En la señalada SCP 0499/2016-S2, el Tribunal Constitucional Plurinacional, lejos de salir en defensa de la carrera judicial que reconoce la Constitución Política del Estado, declaró la constitucionalidad de los cargos temporales de los jueces, y por lo tanto, inauguró la inédita etapa de los jueces transitorios; por consiguiente, el Consejo de la Magistratura tiene la facultad constitucional de emitir convocatorias públicas para todos los cargos judiciales actuales, y de nueva creación, sin necesidad de procedimiento previo ni notificación alguna a quienes actualmente están en su ejercicio, dado que todos y todas, por mandato legal, tienen carácter transitorio;
13. xiii)La ex Jueza, hoy impetrante de tutela, decidió permanecer en el sistema judicial como autoridad transitoria, ya que no participó de ninguna convocatoria o concurso de méritos u otro mecanismo idóneo para ingresar a la carrera judicial, por lo que no pertenece a ella y no le corresponde la inamovilidad laboral;
14. xiv)La normativa señalada en el informe goza de presunción de constitucionalidad y es de inexcusable cumplimiento, más aún cuando está en curso la construcción de una nueva estructura judicial en el llamado periodo de transición a los nuevos entes del Órgano Judicial; evidenciándose en ese contexto, que el Memorándum CM.DIR.NAL.RR.HH.-J-018/2020 y el Acuerdo 16/2020, no constituyen una medida ilegal, arbitraria o discrecional, sino que fueron expedidos conforme a las específicas competencias del Consejo de la Magistratura, en aplicación de lo previsto en el art. 217.I de la LOJ, referido al subsistema de ingreso a la carrera judicial a través de la promoción de autoridades jurisdiccionales, de los egresados de la Escuela de Jueces del Estado, más aún si la peticionante de tutela conocía de la transitoriedad de su cargo;
15. xv)En consecuencia, el Acuerdo y Memorándum impugnados, se encuentran conforme a la Norma Fundamental, Ley del Órgano Judicial; Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público; Ley de Adecuación de Plazos para la Elección de los Vocales Electorales Departamentales y la Conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional y el "Manual del Subsistema de Ingreso a la Carrera Judicial - Modalidad Concurso de Méritos y Exámenes de Competencia", concordante con el art. 2.I de la Ley 212; y,
16. xvi)Finalmente, indican que otros jueces de la judicatura agroambiental presentaron una acción de amparo constitucional con los mismos argumentos, que fue denegada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a través de la Resolución 52/2021 de 14 de abril, estableciéndose que efectivamente los jueces alcanzados por la Ley del Órgano Judicial; Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público; Ley de Adecuación de Plazos para la Elección de los Vocales Electorales Departamentales y la Conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, son transitorios. A las preguntas efectuadas por la Sala Constitucional, con relación al Acuerdo 16/2020, el abogado de los Consejeros accionados indicó que no contaba con el mismo y que suponía que éste fue presentado por la accionante, ordenándose a ese efecto, que el Consejo de la Magistratura a través de su apoderado remita vía digital dicho Acuerdo, exhortación que no fue cumplida; y, con relación al acta de designación del Juez al cargo que desempeñaba la hoy impetrante de tutela, el indicado profesional señaló que desconoce la fecha de dicha designación, pero que se remitiría la documental pertinente por parte del Consejo de la Magistratura.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 67/2021 de 4 de junio, cursante de fs. 442 a 444 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:

1. a)La fundamentación de la Resolución RR/SP 008/2020 radica en la Ley del Órgano Judicial; Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público; Ley de Adecuación de Plazos para la Elección de los Vocales Electorales Departamentales y la Conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, además de la Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ y la SCP 0499/2016-S2 que resultan ser vinculantes; indicándose por las autoridades accionadas, que no se vulnera el derecho a la igualdad, puesto que en cumplimiento de la ley, no se puede cesar al mismo tiempo a la totalidad de jueces que ejercen funciones de manera transitoria, pues ello implicaría un caos jurídico en la impartición de justicia, y que el señalado derecho -desarrollado en la SCP 0005/2015 de 6 de febrero, establece que debe entenderse como la proporcionalidad y equilibrio que impone el trato diferente; razones por las que resuelven confirmar totalmente el Acuerdo 16/2020 y el Memorándum CM.DIR.NAL.RR.HH.-J-018/2020, por el que se agradecen los servicios de la ahora impetrante de tutela;
2. b)La SCP 0499/2016-S2 expresó que la Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ, declara la provisionalidad o transitoriedad de todos los cargos de Vocales, Jueces y demás servidores judiciales, a partir de lo cual, de manera excepcional se podía designar personal de forma provisional en tanto se apruebe el Reglamento que regule el sistema de ingreso a la carrera judicial, estabilidad, evaluación, promoción, traslado, permutas, suspensión y remoción de servidores judiciales y administrativos, y mientras dure la implementación de la carrera judicial; en virtud de lo cual, el Consejo de la Magistratura tiene la facultad de emitir convocatorias públicas, dado que todos aquellos servidores por mandato legal han dejado de pertenecer a la carrera judicial y pasaron a ser transitorios; entendimiento que se ratifica en la SCP 0416/2018-S4 de 15 de agosto;
3. c)Si bien la hoy accionante egresó del ex Instituto de la Judicatura y con base a ello fue designada como Jueza, con la vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009, la Disposición transitoria Sexta está orientada a implementar una nueva institucionalidad del Órgano Judicial, resultando que dicho marco normativo no corresponde ser analizado vía acción tutelar, sino a través del control normativo; y,
4. d)Respecto a que su nombramiento fue en vigencia de la Ley del Órgano Judicial y que no puede ser considerada transitoria, se debe tomar en cuenta lo razonado en la SCP 0004/2019-S4 de 28 de enero, que resolviendo una acción de similar naturaleza, planteada por una autoridad judicial designada en la gestión 2011, concluyó que la misma fue nombrada con carácter transitorio hasta la designación de nuevos servidores judiciales, conforme a normativa, que goza de presunción de constitucionalidad y que es de inexcusable cumplimiento; por lo que, la revisión del Escalafón Judicial prevista en la Disposición Transitoria Sexta de la CPE, no es aplicable para quienes están actualmente ejerciendo cargos, debido al carácter de transitoriedad de los mismos;
5. e)Si bien es evidente que la impetrante de tutela también expresó que en su caso, para proceder a su desvinculación, no se cumplió con los presupuestos de la Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ, referidos a que a momento de su cesación no existía una nueva designación basada en el sistema vigente para el ingreso a la carrera judicial; empero, dicho planteamiento es contradictorio y excluyente con la pretensión de que se la reconozca como Jueza de carrera y se disponga su restitución al cargo que ostentaba, ya que ello derivaría en la vulneración de derechos del nuevo servidor que ingresó a la carrera judicial, más aún si la peticionante de tutela no impugnó ese proceso oportunamente; lo que únicamente podría dar lugar a una eventual reparación económica;
6. f)En cuanto a que los Consejeros accionados debieron aplicar la perspectiva de género para resolver su caso, debe tomarse en cuenta que los fundamentos legales y jurisprudenciales que sustenta la transitoriedad de las autoridades judiciales no están referidos a casos concretos, sino que responden a una política de transición a la nueva institucionalidad apoyada en una normativa de alcance general para autoridades jurisdiccionales y personal de apoyo jurisdiccional, por lo que no es posible asignarle un alcance diferenciado en función al género y la condición de mujer de la accionante; y,
7. g)Por consiguiente, no resulta viable el análisis de una presunta lesión al derecho a la inamovilidad en el cargo de Jueza, vinculado con la garantía de la independencia judicial, ni en lo referente a la presunta lesión del derecho al trabajo.