0338/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0338/2019-S4 Sucre, 5 de junio de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional

Expediente: 26819-2018-54-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 07/2018 de 26 de noviembre, cursante de fs. 274 a 276, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Jenny Soraya Torres contra Oscar Javier Barriga Arteaga, Presidente Ejecutivo a.i y Gualberto Edwin Romero Huerta, Autoridad Sumariante ambos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de octubre de 2018, cursante de fs. 135 a 144 vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por denuncia anónima y posterior Informe DTC-JUPPD-CH 026/2017 de 31 de julio, emitido por el Profesional en Análisis e Investigación Regional de Chuquisaca (YPFB), se inició un proceso sumario en su contra, respecto a que su persona hubiese cobrado el bono de transporte de manera ilegal, falseando para ello los datos de la declaración jurada, en la cual declaró que su domicilio se encuentra a más de dos kilómetros de distancia de su fuente laboral, requisito con el cual se accedió al pago de dicho bono, pues según el mencionado informe, se hubiese corroborado que su persona no tenía domicilio en el barrio Rincón Florida, sino que su domicilio estuviese ubicado en la av. Germán Mendoza número 88 de ciudad de Sucre.

Con ese antecedente se instauró proceso sumario en el cual se presentó documentación de cargo, así como de descargo, y una vez vencido el respectivo plazo, se emitió Resolución final de proceso sumario interno DCCH-AS-CH 07/2017 de 3 de noviembre, en cual se determinó responsabilidad administrativa y por consiguiente se dispuso su destitución; sin embargo, a pesar que en el citado sumario interno, se produjo abundante prueba, tal no fue valorada conforme a ley, realizándose una ponderación parcializada, cuando lo que correspondía era que las mismas sean apreciadas empleando la sana crítica; por tal motivo, el 10 de noviembre de 2017, presentó recurso de revocatoria contra la Resolución pronunciada por el sumariante, reclamando por la discrecional e inadecuada valoración probatoria que no cumplió con las reglas de la sana crítica y prudente criterio; dictándose la Resolución de recurso de revocatoria RES. -RR-AS-CH N°02/2017 de 21 de noviembre, que resolvió ratificar el fallo recurrido, argumentando que el sumariante otorgó valor probatorio a cada una de las pruebas, aspecto que no era evidente, razón por la que formuló recurso jerárquico, reclamando puntualmente la falta de pronunciamiento sobre todos los puntos reclamados en su recurso de revocatoria, y reiteró su reclamo sobre la discrecional e inadecuada valoración probatoria, emitiéndose en consecuencia la Resolución de Recurso Jerárquico PRS 34 de 16 de febrero de 2018, que ratificó la sanción de destitución sobre su persona, incurriendo nuevamente en la omisión de pronunciamiento respecto a los puntos reclamados, refiriendo simplemente que es evidente que la prueba fue valorada, cuando claramente en la primera resolución el sumariante no les otorgó valor probatorio.