0338/2022-S4

Ryan Justiniano Caba Salazar, Encargado Nacional del REJAP del Consejo de la Magistratura, a través del Informe escrito de 5 de mayo de 2021, cursante de fs. 45 a 50, señaló lo siguiente:

1. a)En el despacho administrativo cursa archivo de registro de antecedentes penales con número 07010992016003642, que tiene en datos generales del proceso al Tribunal de Sentencia Noveno de Santa Cruz, como emisor de la Sentencia condenatoria de 26 de noviembre de 2015, dentro del proceso 701199200740126, sentencia condenatoria de un año por el delito de estelionato, declarando como efecto de una pena mínima el perdón judicial;
2. b)De acuerdo a las funciones de los Responsables Distritales, establecidas en el Reglamento del REJAP, el Acuerdo 38/2019 en su artículo 9 inciso i) señala "Recibir y remitir a la Unidad Nacional del REJAP, las resoluciones de cancelación de antecedentes penales de los juzgados y tribunales en materia penal" Paola Calderón Encinas, responsable del REJAP de Santa Cruz, remitió el oficio cancelación de antecedentes penales el 5 de febrero de 2020, con la resolución judicial que instruyó; pero como consta en el registro judicial 0701099201603642 donde se arrimó la sentencia condenatoria de 26 de noviembre de 2015, no han transcurrido los ocho años que, el artículo 441 del CPP establece en su inciso 1) "después de transcurridos ocho años de la extinción de la pena privativa de libertad"; es en ese sentido, como Encargado Nacional del REJAP y en cumplimiento de sus atribuciones establecidas realizó la observación pertinente por el tema del tiempo y por consiguiente la devolución de toda la documentación a la Encargada del REJAP de Santa Cruz, quien debió remitir esta devolución de los antecedentes de Juan Carlos Feli Flores, al despacho que emitió la resolución de cancelación;
3. c)La facultad de observar cancelaciones a las autoridades judiciales implica poder corregir una inobservancia o error en que incurre para que las mismas advertidas puedan retractarse o fundamentar su decisión, lo que constituye solo el fundamento de la norma; en ese sentido, se realizó la observación, pero, no hubo respuesta de la autoridad;
4. d)El 11 de febrero de 2020, se hizo la devolución de solicitud de cancelación de antecedentes penales de Juan Carlos Feli Flores -hoy accionante-, porque no se cumplió lo que establece el art. 441 del CPP, y no existiendo respuesta a la observación realizada, se presumió la existencia de una aceptación a la observación, entonces, la fecha de cancelación de la sentencia condenatoria de 26 de noviembre de 2015 se cumplirá el 26 de noviembre de 2023, situación que la Responsable del REJAP-Santa Cruz fue de conocimiento de Juan Carlos Feli Flores, mediante CITE. 16/2020 de 17 de febrero;
5. e)Se realizó la observación con la devolución de los antecedentes el 11de febrero de 2020, siendo de conocimiento del accionante de esta determinación el mes de febrero mediante nota CITE 16/2020, habiendo transcurrido desde esa fecha al presente más de un año; por lo que, la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, no constituye una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario la acción es extemporánea -Sentencia Constitucional Plurinacional 1140/2017-S2 de 6 de noviembre-;
6. f)Al existir sentencia condenatoria, si bien con el beneficio del perdón judicial, nos remitimos a los ocho años que señala el inciso 1, porque la sentencia es condenatoria sin importar la cantidad de años que se fije, se debe de tener en cuenta que el perdón judicial es una causa de extinción o finalización de la responsabilidad penal que supone el perdón de la ejecución de la pena, no se debe confundir el perdón judicial con la amnistía, ya que esta última supone renunciar o perseguir el delito, el perdón judicial solo puede ser otorgado a quien ha sido condenado, situación que hace la existencia previa de una sentencia y la misma por efecto merece su registro, el mismo que a partir de transcurridos ocho años se extingue, caso contrario, el procedimiento penal establecería de manera expresa un plazo de extinción para el caso específico del perdón judicial, razón suficiente para observar una resolución judicial de cancelación que no contempla el plazo del procedimiento; y,
7. g)El hoy impetrante de tutela señaló que, la no cancelación de antecedentes penales vulneró su derecho al trabajo; empero, esta cancelación en aplicación del art. 441-1) del CPP, corresponderá a partir del 26 de noviembre de 2023; en consecuencia, solicitó, rechazar de manera in limine la presente acción tutelar al no haberse cumplido con el principio de inmediatez y porque el accionante dejó transcurrir más de un año para accionar; y, en caso de no dar curso a la excepción por preclusión, denegar la tutela.

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 68 de 5 de mayo de 2021, cursante de fs. 54 a 56, denegó la tutela impetrada, decisión que fue asumida bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)Se evidencia que, Juan Carlos Feli Flores, fue sometido a un proceso, en el cual las autoridades son las llamadas a resolver todos los problemas que emergieran de ese proceso como lo establece el art. 44 del CPP, que dice: "...el Juez o Tribunal que sea competente parta conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas..." (sic); en consecuencia, teniendo un Juez que ya libró un oficio para el levantamiento de sus antecedentes penales y si hubiese habido observación por parte de una oficina del REJAP, corresponde al Juez resolver dichas observaciones cuestionadas y no acudir directamente a la acción de amparo constitucional; es decir, no opera cuando existe un medio o una autoridad ante quien acudir; en este caso, el Juez que ordenó el levantamiento de los antecedentes penales; y,
2. 2)En cuanto a la inmediatez, tenía el término de seis meses para interponer la acción tutelar frente a la negativa del levantamiento de los antecedentes penales mediante CITE: 16/2020 de 17 de febrero, oficio con el que se notificó al impetrante de tutela, el 18 de febrero de 2020; y, la interposición del presente recurso fue interpuesto el "23" de marzo de 2021; es decir, transcurrió más de un año de la supuesta vulneración de sus derechos constitucionales.