Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0339/2019-S1 Sucre, 5 de junio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 26660-2018-54-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución AC-14/2018 de 15 de noviembre, cursante de fs. 227 a 229, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Hernán Guevara Díaz contra Margot Pérez Montaño y Ángel Arias Morales, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memoriales presentados el 25 de septiembre y 11 de octubre, ambos de 2018, cursantes de fs. 61 a 74, y de 85 a 95 vta., respectivamente, el accionante manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público y el Comando General de la Policía Boliviana y otros por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y otros relacionados con un contrato administrativo signado como 003/2015 de 6 de abril de 2015 para la adquisición de 83 882.- (ochenta y tres mil ochocientos ochenta y dos) quintales de harina, suscrito entre la citada institución policial y la Empresa Foods Company S.A.; se tiene que en su cláusula vigésima novena de resolución de controversias, acuerda la solución de conflictos en la jurisdicción coactiva fiscal. Es así que, en ejercicio de su derecho a la defensa, interpuso excepción de prejudicialidad en aplicación del art. 308 y 309 del Código de Procedimiento Penal (CPP), entendiendo que existe un proceso extrapenal, como es el proceso coactivo fiscal, del cual dependen los elementos constitutivos del tipo penal sindicado en su contra y que impide la prosecución de la causa. En ese sentido, mediante Auto Interlocutorio 415/2016 de 21 de julio, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer declaró probada dicha excepción que fue apelada por la parte contraria y resuelta por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por Resolución 39/2018 de 7 de febrero, que de forma directa y radical transgredió su derecho al debido proceso, en su vertiente de igualdad ante la Ley, por infracción al principio de vinculación vertical del precedente. Las autoridades demandadas:
- a)No consideraron ni aplicaron, al momento de resolver la excepción de prejudicialidad, precedentes obligatorios que fueron dictados al efecto por el Tribunal Supremo de Justicia y por el Tribunal Constitucional Plurinacional como la , pues en el indicado fallo se efectúan afirmaciones que transgreden el razonamiento impuesto sobre la misma materia por parte de las máximas autoridades del Órgano Judicial que determinaron, en situaciones análogas, que cuando se verifica la existencia de una cláusula de resolución de controversias vía jurisdicción coactiva fiscal, se constituye una vinculación obligatoria de las partes a los términos contractuales y en consecuencia se sujetan a la jurisdicción coactiva fiscal, conforme lo expuso la Sala Plena en la Sentencia 404/2013 y del expediente 062/2012 que determina la importancia de lo estipulado en el contrato administrativo, como vinculante y obligatorio para las partes en cuanto a su ejecución y solución de controversias; pero no solo ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional instituyó la importancia de la jurisdicción coactiva fiscal para atender emergencias de las relaciones contractuales, determinando esta vía como la adecuada, según lo establecen las y ; empero, pese a toda esta profunda línea jurisprudencial, las autoridades demandadas en el párrafo 2.3 de la Resolución 39/2018, refieren contradictoriamente: "Del agravio que no se demostró mediante documentos la existencia del proceso extra penal o algún proceso civil, coactivo, vulnerando de esta manera el Debido Proceso y los Principios de Seguridad Jurídica establecido en los Arts. 109, 110, 115. II de la Constitución Política del Estado" (sic). De lo que se advierte, que no solo desconocen la vinculación vertical del precedente, sino que incurren en incongruencia interna en el fallo observado al alegar que no se demostró la existencia de un proceso civil o coactivo, cuando del mismo acuerdo administrativo objeto de la causa penal, su existencia es imperativa en los contratos administrativos estatales, por la incorporación de una cláusula de resolución de controversias en la jurisdicción coactivo fiscal;
- b)Las autoridades demandas lesionaron su derecho a la igualdad ante la ley, al mencionar en el Auto de Vista observado en su párrafo "2.4.- que el PROCESO COACTIVO FISCAL DEBIÓ SER INICIADO Y QUE LUEGO SERVIRÁ DE BASE PARA DETERMINAR LA PRESENCIA, EXISTENCIA DE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL TIPO PENAL." (sic), declaración que constituye una agresión al debido proceso, con relación al derecho a la igualdad ante la Ley, puesto que los precedentes emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia, sobre la excepción de prejudicialidad, establecieron con claridad que no se requiere el inicio anterior a la causa penal en curso del proceso extra penal, en razón a que la posibilidad cierta de una cuestión prejudicial, es lo que importa a los propósitos de la excepción correspondiente; según lo manifestó la . Así, las autoridades demandadas, lejos de considerar lo referido por el Tribunal Supremo de Justicia y por el Tribunal Constitucional de ese entonces, respecto a los alcances de la excepción de prejudicialidad, se limitaron a efectuar alegaciones que contradicen radicalmente lo establecido por estas instancias de unificación de interpretación; incorporando aspectos no contemplados por la doctrina académica y jurisprudencial respecto a esta excepción, debido a que no es
necesaria la interposición previa de la demanda extrapenal para tener por cierta la presencia de una cuestión prejudicial, pues como bien menciona la jurisprudencia constitucional, la posibilidad de realización de esta instancia es suficiente para tener por cumplido el requisito de la eventual causa extrapenal; y, c) Se lesionó el derecho al debido proceso, relativo al adecuado fundamento la congruencia interna del fallo, relativo al argumento necesario y suficiente de las resoluciones judiciales, estando prohibido el ingreso en alguno de los niveles de incongruencia establecidos por la jurisprudencia constitucional () ya que las autoridades demandadas a tiempo de emitir la Resolución 39/2018, incurrieron en la lesión del debido proceso relativo a la congruencia de las resoluciones al mencionar lo siguiente: "2.3. Del agravio que no se demostró mediante documentos la existencia del proceso extra penal o algún proceso civil, coactivo, vulnerando de esta manera el Debido Proceso y los Principio de Seguridad Jurídica establecido en los Arts. 109, 110, 115.II de la Constitución Política del Estado." (sic). Argumento irreal a lo sometido en debate ante esas autoridades, puesto que el recurso de apelación así como la tesis propuesta por las partes, descansa en la existencia de un proceso coactivo fiscal como resultado de la estructura propia del contrato administrativo fiscal, pues las instancias gubernamentales de hacienda y presupuesto, así como el Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) incorporan la existencia de la jurisdicción coactiva fiscal como mecanismo judicial para dirimir aspectos relativos a la ejecución y cumplimiento de los contratos estatales. De esta manera, resulta verificable la incongruencia manifiesta respecto a lo aseverado por Vocales demandados en sentido de no existir evidencia del proceso extrapenal, cuando el mismo es parte de la precitada cláusula décimo novena del contrato de servicios, misma que fue transcrita en la Resolución 39/2018, para luego, en radical contradicción, mencionar la falta de evidencia de esta posibilidad extrapenal. I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados El impetrante de tutela, alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes igualdad ante la ley, fundamentación y congruencia de las resoluciones, y al principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 109, 110, 115.II y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela disponiendo que las autoridades demandadas dejen sin efecto la Resolución 39/2018 de 7 de febrero y pronuncien un nuevo fallo tomando en cuenta los argumentos jurídico-constitucionales expresados en la presente acción de defensa. I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías Celebrada la audiencia pública el 15 de noviembre de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 220 a 226, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó y reiteró los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.
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