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TCP

0339/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
13 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0339/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0339/2026-S2 Sucre, 13 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 80015-2025-161-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 273/2025 de 20 de noviembre, cursante de fs. 122 a 128, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Dalia Fernández Huanca contra Germán Cardozo Olguín, Director Departamental de Educación; y, Raúl Javier Ojeda Fernández, Director de la Unidad Educativa "Victor Callejas B" del municipio de Caracollo, ambos del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 6 y 12 de noviembre de 2025, cursantes a fs. 1, 14 a 20; y, 24 a 29 vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Es madre de dos niños -de ocho años y el otro de nueve meses- y que se encontraba trabajando como profesora de "Cosmovisiones, filosofías y Sicología Educación Secundaria Comunitaria Productiva" (sic) hasta el mes de marzo en el Distrito Educativo de Huanuni en la Unidad Educativa "Sebastián Pagador de Tayaquira" desde la gestión 2019. El 1 de abril de 2025 solicitó permuta voluntaria con Alex Gustavo Llanque Calle -Profesor de la misma materia en la Unidad Educativa "Víctor Callejas B" del municipio de Caracollo (ahora tercero interesado)- al Ejecutivo General de los Maestros Rurales del departamento de Oruro, misma que fue aceptada; ya con todos los trámites administrativos realizados, se presentó a trabajar a la Unidad Educativa "Víctor Callejas B" donde firmó un compromiso con la junta escolar y con Raúl Javier Ojeda Fernández, Director de dicha Unidad Educativa -ahora codemandado-, y pagó la suma de Bs2 000.- (dos mil bolivianos) a la Vicepresidenta de dicha junta escolar bajo el concepto de "DERECHO DE PISO".

El 7 de mayo de 2025, cuando estaba ingresando a trabajar a la referida Unidad Educativa, fue increpada por las madres de familia acompañadas junto al Director codemandado, señalándole que no la dejarían trabajar más, porque manifestaron que era egresada de la Unidad Educativa Litoral, que no se permitían personas de dicha Unidad, que debió de haber estudiado en la Escuela Superior de Formación de Maestros "ANGEL MENDOZA JUSTINIANO", y que además era mujer, por lo que querían el anterior profesor u otro, pero que sea varón. Al ver que no reaccionaba, le empezaron a acusar de ejercer violencia psicológica y causar traumas en los estudiantes, le amenazaron señalándole que si se quedaba trabajando se realizaría la transferencia de sus hijos a otro lugar.

Ante esta situación, Angelino Ramírez Patzi, Director Distrital de Caracollo -ahora tercero interesado- convocó a reunión para el 8 de mayo de 2025 en la Dirección Distrital de Oruro, donde se reunieron el Director codemandado, el representante de la Federación Ramiro Mamani y el profesor Alex Gustavo Llanque Calle, y los padres de familia, saliendo todos a favor del prenombrado, emitiéndose incluso un voto resolutivo en su contra, señalando, en lo pertinente, que no permitirán el ingreso de su persona a la Unidad Educativa, y pidiendo el cambio inmediato; por lo que ante tanta insistencia y amenazas presentó su renuncia forzada, esperando volver a su Unidad Educativa en Tayaquira; no obstante, tanto el Director Distrital de Caracollo, como el de "Huanuni" -lo correcto German Cardozo Olguín, Director Departamental de Educación de Oruro, ahora demandado-, emitieron los Informes DDEC 034/2025 de 18 de julio y CITE: C/DDEO/UAA/PLLA 473/2025 de 28 de igual mes, manifestando el primero, que por el hecho de que la renuncia fue "voluntaria" no tiene competencia para restituir o asignar un ítem en otra unidad, y, el segundo, que por la renuncia no era viable la solicitud de que ambos vuelvan a los trabajos previos, por lo que no le dieron solución al asunto, vulnerándose de esa manera su derecho al trabajo, y la de sus hijos que necesitan de este salario para subsistir.

Refiere que no existe instancia superior alguna que pueda reparar la lesión de sus derechos, por lo que le abre la competencia a la justicia constitucional, siendo que además debe observarse el interés superior del niño en casos en los que exista una afectación directa o indirecta de sus derechos, como es su caso, siendo que uno de sus hijos aún tiene nueve meses, por lo que debe aplicarse la jurisprudencia de excepción de subsidiariedad para padre progenitores que tiene hijos menos de un año de edad.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados

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