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TCP

0340/2025-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de noviembre de 2025
Resumen del caso

Auto 0340/2025-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0340/2025-RCA Sucre, 27 de noviembre de 2025

Expediente: 77512-2025-156-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 81/2025 de 18 de agosto, cursante a fs. 691 y vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Antonio José Sánchez Salinas contra Esther Soria Gonzáles, Directora Ejecutiva, Willy Pantaleón Ramos Vargas, Gerente Departamental de La Paz y Eliot Yujra Limachi, Fiscal de Obras, todos del Fondo Productivo Social (FPS).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memorial presentado el 25 de julio de 2025, cursante de fs. 668 a 679, el accionante manifiesta que, las autoridades demandadas, incurrieron en omisiones administrativas dolosas, realizando observaciones arbitrarias, discriminación profesional y vulnerando el contrato legalmente suscrito, configurando una vulneración directa y actual de sus derechos fundamentales; es así que, el 20 de febrero de 2024, suscribió con el FPS el Contrato Administrativo GDLP/FONPLATA/BOL-34/LP/033/2024, acompañado del Documento Base de Contratación (DBC) y los Términos de Referencia (TDR), en el marco del Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo BOL-34/2018, el objeto contractual fue la supervisión técnica de la construcción de enlosetado vial en quince lotes del departamento de La Paz, en los siguientes componentes: "Lote 14: Tramo U.E. Mcal. A. de Santa Cruz - U.E. Rosemery G. Barrientos (Coripata); Lote 15: Tramo Av. Villaremedios -U.E. Chillamani - Centro de Salud Coripata" (sic), que fue contratado como consultor individual, con un plazo de ejecución comprendido entre el 21 de mayo y el 17 de diciembre de 2024.

El 28 de noviembre de 2024, presentó la planilla 2 junto con la correspondiente solicitud de pago; sin embargo, el FPS no la procesó, contraviniendo lo dispuesto en la Cláusula 29 del contrato y el punto 4.4 de los TDR, en el transcurso de 2025 formuló tres solicitudes formales al Fiscal de Obras del FPS para el procesamiento de dicha planilla, recibiendo observaciones ajenas a su responsabilidad, como la supuesta falta de firma en el formulario S-1 o la inexistencia de informes ambientales, pese a que tales requisitos ya habían sido cumplidos oportunamente y más bien se le conminó a su actualización y nuevo ingreso el 7 de mayo de 2025, en abierta vulneración al principio de silencio administrativo, reconocido por el art. 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-; además, se le exigió indebidamente el pago de aportes a la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, correspondiente a agosto de 2024, pese a tratarse de conceptos vinculados a la planilla 3 y a que presentó respuesta oficial de la Gestora demostrando la improcedencia del requerimiento.

El 24 de abril de 2025, el Fiscal de Obras formuló nuevas observaciones, alegando incumplimiento de plazos, pese a que los TDR establecen que la falta de pronunciamiento en cinco días, constituye una aprobación implícita. Frente a ello, el Fiscal de Obra Municipal, ratificó la aprobación y denunció haber recibido presiones telefónicas del Fiscal de Obras del FPS, configurando un acto de abuso de autoridad; en consecuencia, solicitó reunión con el Gerente Departamental del FPS, Willy Pantaleón Ramos Vargas, sin obtener respuesta durante más de ocho meses, omitiéndose valorar sus denuncias y del control social de la comunidad beneficiaria del proyecto.

Asimismo, denunció actos de discriminación y maltrato por parte del Fiscal de Obras, así como la manipulación del acta de entrega provisional del proyecto lote 15 en favor de la empresa constructora, que incumplió los plazos contractuales, pese a haber presentado informes técnicos y legales respaldatorios, el Gerente Departamental del FPS desestimó sus observaciones y omitió pronunciarse sobre los requerimientos planteados, persistiendo la inacción institucional.

El 28 de abril de 2025 se suscribió un acta de compromiso con la entidad contratante para adoptar acciones conjuntas, especialmente respecto al procesamiento de la planilla 2 y la revisión de documentación presentada; no obstante, el FPS incumplió los compromisos asumidos, incluso el 5 de mayo del mismo año, entregó 518 fojas útiles que respaldaban todas sus actuaciones contractuales y las vulneraciones denunciadas, sin recibir respuesta ni evaluación alguna; posteriormente, el 9 de junio del referido año, sostuvo una reunión en oficinas centrales del FPS con la Diputada Ana María Mendoza Aguilar y el Coordinador General, Edver Aquilino Flores Huanca, ocasión en la que presentó toda la documentación pertinente; sin embargo, la entidad se comprometió a emitir una respuesta oficial, la cual no fue cumplida, habiendo incluso solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo, sin obtener resultados.

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