0341/2021-S3

Resalta que la Resolución emitida en el Cabildo, está siendo utilizada en el proceso penal por el cual se encuentra imputada y detenida preventivamente, poniendo en riesgo su salud y vida por la pandemia del Coronavirus (COVID-19); y, que por las circunstancias descritas bajo su situación procesal, activa la presenta acción de liberad frente a las personas particulares -hoy coaccionadas- al haber firmado dicha Resolución que tiene vinculación con el proceso penal y su privación de libertad. Por otra parte, el Fiscal de Materia asignado al caso admitió una denuncia sin verificar legalmente la personería del denunciante Franclin Gutiérrez López y menos la corrigió, ya que cuando prestó su declaración informativa presentó su "personería jurídica" y la mantuvo como imputada, y al antes mencionado como denunciante, "...al igual que el Juez Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar" (sic); y, también el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral asumieron su condición de Directorio paralelo e ilegal. Señala que, en audiencia de 6 de marzo de 2020 -de imposición de la detención preventiva-, se observó la participación de uno de los dirigentes de ADEPCOCA, quien participó en dicho acto procesal, existiendo contradicciones por parte del Juez ahora coaccionado, al indicar que no aceptaba el apersonamiento pero sin verificar ninguna acreditación permitió que participe conjuntamente sus abogados; y, en base a esas acciones procesales se emitió la Resolución 091/2020, en la que de forma desproporcional, se dispuso su detención preventiva cuando desvirtuó casi todos los riesgos procesales; determinación que fue ratificada por el Vocal hoy accionado, también de forma desproporcional ya que pudo asumir su detención domiciliaria en lugar de dicha medida extrema. Finalmente, indica que en audiencia de 23 de junio de 2020, se enteró que fue procesada ilegalmente con muerte civil a través del Cabildo de 22 de noviembre de 2019; y, que si estuviera en libertad podría interponer la acción de amparo constitucional, pero al encontrarse detenida preventivamente es viable esta acción de defensa por la conexitud de los acontecimientos. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados La impetrante de tutela por intermedio de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la defensa, a la elección, al trabajo; y, riesgo a la salud y a la vida, citando al efecto los arts. 1, 8.I, 118.I, 178 y 179 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). I.1.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia:

1. a)El Vocal accionado y el Juez coaccionado, emitan resoluciones reparadoras de sus derechos, tomando en cuenta que el denunciante y querellante basaron sus acciones en un acto ilegal como el Cabildo "...para pedir mi detención preventiva debiendo disponerse se dicte nueva Resolución en la que se disponga mi libertad bajo una medida cautelar proporcional y menos gravosa que la detención" (sic); y,
2. b)Se disponga la nulidad de la Resolución del Cabildo de 22 de noviembre de 2019, emitida en Coripata, provincia Nor Yungas del departamento de La Paz, "...los mismos debe reponer mis derechos civiles y políticos vigentes conforme a la Escritura Pública 0148/2019 de fecha 31 de julio del 2019, debiendo inhibirse de utilizar instituciones democráticas como el cabildo para generar muerte civil y se respete mi dignidad el debido proceso, el derecho a la defensa y el respeto a mis derechos civiles y políticos" (sic). I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías Celebrada la audiencia pública el 5 de agosto de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 355 a 359, realizada conforme protocolo de audiencias virtuales BLACKBOARD por la pandemia del COVID-19; presentes en enlace la peticionante de tutela asistida de su abogado patrocinante; y, ausentes las autoridades judiciales así como las personas particulares accionadas, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad y en audiencia ampliándolo, manifestó que:
3. 1)No existe proporcionalidad en el fallo emitido por el Juez ahora coaccionado, porque dispuso la detención preventiva cuando podía haber ordenado la detención domiciliaria, pero decidió coartarle la libertad;
4. 2)El Vocal hoy accionado confirmó dicha Resolución, señalando que se encuentra debidamente fundamentada y coherente, porque concurría el peligro de obstaculización y que debía permanecer detenida hasta que las otras personas del Directorio de ADEPCOCA presten su declaración en la fiscalía; empero, sin que exista prueba idónea que demuestre su conducta peligrosa y que podía obstaculizar, pues se presentó voluntariamente a declarar y proporcionó la documentación de su elección;
5. 3)Se le indicó al Juez a quo que al ser denunciante Franclin Gutiérrez López, estaba bien que hizo conocer la -presunta- comisión de un delito, pero a ese título actúa como querellante, se opone a todo y realiza actos de investigación; siendo ello un excesivo abuso del nombrado, permitido por el Fiscal de Materia y avalado por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el Juez coaccionado y el Vocal accionado no se percataron de esta situación, y sostienen que su persona es Presidente paralela cuando existe un documento idóneo que avala su elección legal y legítima;
6. 4)Con relación a la excepción de falta de acción que planteó, el Juez coaccionado señaló que cuando se querelle o se presente acusación por el prenombrado denunciante, recién su persona podrá activar dicho mecanismo de defensa; pero, en base a lo que sostiene el referido denunciante, se dictan las resoluciones por las autoridades judiciales -ahora accionadas-;
7. 5)La Resolución cautelar es totalmente desproporcional sabiendo que el origen de toda esa ideología montada está en la Resolución del Cabildo de 22 de noviembre de 2019;
8. 6)Con la Resolución del Cabildo antes mencionada ni siquiera fue notificada, como tampoco con el orden del día para que pueda defenderse, por lo que fue juzgada en un cabildo inconstitucional; y,
9. 7)Encontrándose detenida preventivamente no tiene protección ni salubridad ante el COVID-19, además que debe mantener un hijo con capacidades diferentes y a su madre que es de la tercera edad, y no puede privarse de su libertad a una mujer que es descendiente de africano y afroboliviana. En uso de la réplica, manifestó que el 21 de julio de 2020 se retiró la apelación incidental relacionada con la excepción de falta de acción. I.2.2. Informe de las autoridades judiciales y personas particulares accionadas Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito -sin firma- cursante a fs. 319 y vta., manifestó que:
10. i)En los fundamentos sustanciales de la acción de tutelar, la impetrante de tutela destacó hechos que habrían motivado conflictos en ADEPCOCA y la realización de un cabildo; sin embargo, estos hechos incumben al director funcional de las investigaciones;
11. ii)Decidió sobre el recurso de apelación incidental en base a los agravios que formuló la parte apelante, resolviendo conforme a la línea jurisprudencial todos los planteamientos; y,
12. iii)No existen derechos conculcados; por lo que, respecto a su autoridad solicita se deniegue la tutela impetrada.

Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 321 a 322 vta., señaló que:

1. a)No está en debate si la hoy peticionante de tutela es o no Presidente de ADEPCOCA, o por el contrario el denunciante, como tampoco se puede denominar como Directorio paralelo, sino que, de lo que se trata es de establecer sí la imputada es autora o no de los delitos que se le atribuyen;
2. b)Por Resolución 091/2020, se dispuso la detención preventiva de la ahora accionante, en la cual se efectuó un análisis exhaustivo de los argumentos de las partes, la valoración objetiva e integral de los elementos probatorios y de los antecedentes del caso, estableciéndose la concurrencia de los presupuestos del art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en apego a los principios de legalidad y proporcionalidad, siendo varios los elementos de convicción que fueron valorados en la audiencia de medidas cautelares; tal decisión, fue confirmada por el Vocal hoy accionado; consecuentemente, se debe entender que todo lo presuntamente ilegal, irregular, arbitrario, omisivo o discrecional, en que se hubiese incurrido tuvo que ser cuestionado a través del recurso de apelación incidental;
3. c)En relación a la persecución indebida, del cuaderno de control jurisdiccional se puede evidenciar que la imputada -ahora impetrante de tutela- interpuso los recursos que la ley le franquea, como se tiene la objeción a la querella, incidentes y excepciones que fueron atendidos en su momento e incluso la presente acción de libertad; aspecto, que establecen que está tomando un rol activo en relación a la tramitación de la causa penal;
4. d)En cuanto a la excepción de falta de acción que fue declarada infundada por Resolución 168/2020 de 23 de junio, se encuentra en grado de apelación incidental, por lo que no se cumplió con el principio de subsidiariedad; también cabe aclarar que a tiempo de resolver la misma, si bien se escuchó en audiencia al abogado apoderado de Franclin Gutiérrez López, fue en calidad de víctima y no de denunciante; y, los documentos que menciona la ahora peticionante de tutela no sirvieron de sustento en la determinación asumida; corresponde recordar que una de las formas de iniciar un proceso penal es a través de una denuncia, sin necesidad de establecer la cualidad del denunciante; por lo que, en la presente causa penal no está en cuestionamiento sí el cabildo al que se hace referencia fue legal o ilegal, o cómo fue elegida la imputada -hoy accionante-, si su elección fue legal o no, si es representante o no de ADEPCOCA, aspectos en los que de forma equivocada se centra esta acción de defensa;
5. e)La impetrante de tutela confunde los institutos jurídicos de las medidas cautelares y la excepción de falta de acción;
6. f)Respecto a la participación de "Alex Victoriano Quisbert" en la audiencia de medidas cautelares, la misma fue en calidad de víctima al ser socio de la mencionada Asociación;
7. g)Sobre el presunto peligro a la salud y a la vida de la peticionante de tutela, no se establece de qué manera hubiera incurrido en dicho peligro; es más, en el cuaderno de control jurisdiccional no se tiene memorial alguno por el que se hubiese puesto en conocimiento el estado de salud delicado debidamente acreditado y lo propio respecto al peligro a la vida; debiéndose considerar que ante la pandemia del COVID-19, los centros penitenciarios adoptaron medidas estrictas de seguridad y salud;
8. h)La petición de esta acción tutelar es incongruente, por cuanto se impetra que ambas autoridades judiciales emitan resoluciones al mismo tiempo, que es contradictorio, porque el fallo que resuelve una apelación incidental es posterior a la de imposición de una medida cautelar;
9. i)De manera fuera de lugar, se solicita se disponga la nulidad de la Resolución del Cabildo de 22 de noviembre de 2019, por lo que no amerita referirse a un pedido aberrante; y,
10. j)Al no vulnerarse derechos o garantías constitucionales, impetró se deniegue la tutela invocada.

Armin Lluta Chuquimina y Nelzon Nina Quispe, Secretario General y Ejecutivo de la Federación Ancestral Milenaria de la Hoja de Coca de Coripata, provincia Nor Yungas; Erlin Pari Pampa, Presidente de ADEPCOCA-Coripata; "Valerio Carlo", Presidente Regional de Milluhuaya de la referida Asociación; José Jiménez Parisaca, Presidente Regional de Coroico; Idel Merma Poblete, Secretario de Actas; "Felipe Chambi", Secretario de Relaciones de la CSUTCB; "Jhonny Fernández", Presidente del Comité Comunal Santiago 7 Lomas; Jahssel Choque Condori, Presidente Regional de ADEPCOCA San Juan; Daniel Ayllon Mamani, Secretario General de la Comunidad Pararani; "Zadon Colco", Presidente Ejecutivo Juvenil; "Ernesto Vera", Secretario General de la Comunidad Huayrapata (Gestión 2019); German Escobar Choque, Secretario General del Sindicato Agrario Tabacal de Coripata, provincia Nor Yungas; Víctor Zuleta Quispe, Secretario General de la Comunidad Milluhuaya; Ruddy Paxy Mamani, Presidente Regional de Trinidad Pampa; Benito Mamani Machaca y Lorenzo Flores Mamani, Secretario General y Secretario de Relación de la Central Agraria Campesina de Coripata, provincia Nor Yungas; Gabriel Escobar Alaro, Secretario General de la Central Agraria de Trinidad Pampa; Fredy Samo Quispe, Ejecutivo de la Federación Orgánica "La Concordia Arapata"; Mictonio Cuaquira Villca, Secretario Ejecutivo del Consejo de CO.FE.CA.Y; "German Olorro", Presidente Regional de Arapata; "Javier Mendoza", Secretario General de la Comunidad Tres Ríos, provincia Nor Yungas; y, "René Chipana", Secretario General de la Central Agraria de la segunda sección de la citada provincia, todos del departamento de La Paz; no presentaron informe alguno ni concurrieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, pese a sus citaciones por orden instruida, cursante de fs. 333 a 352. I.2.3. Resolución El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 09/2020 de 5 de agosto, cursante de fs. 386 a 391, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)La accionante no explicó de forma clara y concreta en qué forma se habrían vulnerado sus derechos y garantías constitucionales por las autoridades judiciales ahora accionadas, ya que no se demostró que su vida está en peligro al no presentarse documentación idónea que indique alguna enfermedad terminal, solo se refirió que la misma está relacionada con la emergencia sanitaria; no se encuentra ilegalmente perseguida, toda vez que existe un mandamiento de aprehensión que fue ejecutado en su oportunidad; no está indebidamente procesada, ya que el Ministerio Público dispuso su imputación formal por delitos comunes y existe en su contra una orden de detención preventiva hasta el 7 de agosto de 2020, donde se determinará su posterior situación jurídica;
2. 2)En cuanto a la solicitud relacionada con la nulidad de la Resolución del Cabildo de 22 de noviembre de 2019, se debe considerar que en el proceso penal no es un tema de debate el hecho de que la ahora impetrante de tutela haya sido o sea Presidente de ADEPCOCA, cuando los delitos "acusados" -lo correcto es imputados- penalmente son hechos vinculados a ilícitos de acción pública, y que serán las investigaciones y el órgano jurisdiccional que determinen su participación en los mismos; tampoco en esta instancia, se puede corroborar sí Franclin Gutiérrez López es o no Presidente de dicha Asociación, o que de uno de ellos el Directorio sea considerado como paralelo; y, que si mediante la referida Resolución se vulneraron los derechos civiles y políticos de la hoy peticionante de tutela, estos deben ser reclamados ante la instancia correspondiente, ya que el proceso común ordinario que se está tramitando en su contra establecerá sí es autora o no de los delitos que se le imputan; y,
3. 3)La presente acción de defensa no puede ser utilizada como pretende la accionante, para revisar resoluciones dictadas por autoridades judiciales en pleno y legal ejercicio de sus atribuciones y menos para establecer sí efectuaron una correcta valoración de las pruebas, antecedentes o motivos que fundaron su decisión para determinar la existencia o no de materia justiciable o disponer la detención preventiva, conforme dispone el art. 235 inc. 2) del CPP, siendo ello facultad exclusiva de las autoridades ordinarias que conocen el proceso; además, los jueces al pronunciar su resolución lo hacen dentro de las atribuciones y competencias que la Ley les otorga, estructurando las mismas de forma clara y motivada, sustentadas en la normativa y basadas en la sana crítica, por lo que no es posible realizar una nueva valoración de los elementos de juicios o que se determine la revocatoria de la decisión asumida, tanto por el Juez y el Vocal ahora accionados; más aún, cuando la impetrante de tutela no demostró de forma clara qué derechos y garantías habrían sido vulnerados por dichas autoridades judiciales; debiéndose tener en cuenta que la detención preventiva puede ser modificada conforme dispone el art. 250 del citado Código. En vía de explicación y complementación, la parte peticionante de tutela, señaló que no se consideró ni fundamentó sobre la jurisprudencia adjuntada, siendo que en una acción de libertad también se puede tratar una de amparo constitucional donde estén involucrados los derechos civiles y políticos, siempre que la accionante este detenida y exista vinculación entre el elemento material que se acusa como vulneración a un derecho civil y político, como es el Cabildo de Coripata que tiene que ver con el proceso penal, al demostrarse que el Juez coaccionado hizo referencia a este documento en la audiencia de la excepción de falta de acción, por cuanto forma parte del proceso penal investigativo; por lo que, solicitó se explique por qué se está apartando de las "...SSCC 0400/2018-S1, 013/2017⁴, 0217/014 y 1609/2014..." (sic), por cuanto al estar detenida no podrá cumplir con los requisitos de la acción de amparo constitucional y se estaría dando constitucionalidad a la referida Resolución. Ante lo cual, el Juez de garantías sostuvo que, si bien los fallos constitucionales mencionados son vinculantes, se debe tener presente que este caso está basado en una denuncia penal con imputación por delitos de orden público y que la indicada Resolución está dirigida a la vulneración de los derechos civiles y políticos, donde se le restringe a la impetrante de tutela que pueda formar parte de ADEPCOCA, pero dicha -presunta- lesión deben ser conocida mediante otra vía constitucional; y, como Juez constitucional en ningún momento dio validez a la misma dentro del proceso penal. II. CONCLUSIONES De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta "Resoluciones" del Cabildo de 22 de noviembre de 2019, en la cual entre otros aspectos en el punto 3, se determinó: "Expulsar de por vida, anulando sus carnets de socios productores a aquellos malos operadores políticos del gobierno del MAS, que nos han traicionado y han desunido a los productores de coca de los Yungas de La Paz, además de exigir que el Viceministerio de Coca la depuración de sus carpetas al detalle, en aplicación con el Estatuto Orgánico de ADEPCOCA..." (sic), encontrándose inmersas en la lista detallada la hoy impetrante de tutela (fs. 277 a 281 y 283). II.2. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Franclin Gutiérrez López y querella del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por memorial presentado el 4 de marzo de 2020, el Fiscal de Materia asignado al caso, imputó formalmente a Yrene Elena Flores Torrez -hoy peticionante de tutela-, por la presunta comisión de los delitos de allanamiento de domicilio o sus dependencias, robo agravado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional e impedir o estorbar el ejercicio de funciones; y, solicitó la aplicación de la medida cautelar de carácter personal de la detención preventiva para la nombrada (fs. 23 a 32 vta.). II.3. Cursa acta de audiencia de consideración de medidas cautelares de 6 de marzo de 2020 (fs. 110 a 123); en la cual, Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz -hoy coaccionado- dictó la Resolución 091/2020, por la que -en lo central- dispuso la detención preventiva de la ahora accionante en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes del citado departamento, por el plazo de cinco meses y a efectos de considerar su situación jurídica señaló audiencia para el 7 de agosto de igual año; misma que fue apelada de forma oral por la defensa técnica de la nombrada y de ADEPCOCA (fs. 124 a 128); y, por Franclin Gutiérrez López a través del memorial presentado el 9 de marzo del mismo año (fs. 152). II.4. Mediante Auto de Vista 102/2020 de 18 de marzo, Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora autoridad accionada-, dispuso: "...la ADMISIBILIDAD del recurso interpuesto por la parte imputada y ADEPCOCA, declara la IMPROCEDENCIA de las cuestiones planteadas y CONFIRMA la Resolución Nº 91/2020" (sic [381 a 384 vta.]).