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TCP

0341/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
6 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0341/2026-S3

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0341/2026-S3 Sucre, 6 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 55740-2023-112-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 061/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 20 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Joshua Leonardo Cabrera Cabero en representación sin mandato de José Joaquín Aponte Zambrana contra Mariela Toledo Durán, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de mayo de 2023, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante a través de su representante sin mandato manifestó:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por la suscripción de un contrato de préstamo, pese a que el proceso ejecutivo tramitado en el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de La Paz, seguido en su contra, ya se encontraba en fase de ejecución, se pretendió criminalizar dicho asunto; en consecuencia, a instancia de Marcelo Miranda, se inició un proceso penal en su contra por la presunta comisión de los delitos de estelionato y estafa, encontrándose de este modo ilegalmente perseguido por un delito que no cometió.

Es así que, con la finalidad de apoderarse ilegítimamente de su patrimonio, se dio curso a esta acción penal, vulnerando el derecho al debido proceso y los plazos procedimentales. Además, tras un año y medio de tramitación, se forzó la figura jurídica de estafa agravada, toda vez que fue citado por una supuesta ampliación de investigación por este delito, incluyéndose en el proceso a personas con las que no tenía relación alguna, considerando que no suscribió contrato ni recibió suma de dinero alguna.

Ante ello, acreditó mediante certificados médicos y exámenes de laboratorio que padecía una incapacidad permanente, razón por la cual, con el objeto de proteger su vida y salud, debido a que se encontraba bajo tratamiento en la ciudad de La Paz, justificó su inasistencia a las audiencias programadas para su declaración informativa; sin embargo, Mariela Toledo Durán, Fiscal de Materia -ahora demandada-, nunca respondió a ninguno de los memoriales presentados y, al margen del procedimiento legal, emitió de manera arbitraria e ilegal una orden de aprehensión en su contra. Asimismo, además de disponer su aprehensión, sin valorar las pruebas aportadas, amenazó a sus defensores y suprimió datos necesarios para el ejercicio de la defensa.

Conforme a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad presentada no se encontraba sujeta al principio de subsidiariedad, toda vez que existía un justificativo de impedimento para prestar declaración informativa, sustentado en su delicado estado de salud. El art. 8.I de la Constitución Política del Estado (CPE) establece los principios ético-morales que sustentan la sociedad plural, entre los cuales se encuentra el ama qhilla; al respecto, la sostuvo que dicho principio constituye un fundamento de la administración de justicia en Bolivia, conforme al cual toda servidora o servidor público debe actuar con diligencia en los procesos a su cargo, garantizando el respeto de los derechos y garantías constitucionales.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso, a ser escuchado, a no ser juzgado sin haber sido oído, a la defensa, a la salud, a la vida y a la dignidad, en su dimensión de derecho y valor supremo; así como a los principios ético-morales de la sociedad plural -ama qhilla- y a los principios procesales de celeridad, respeto a los derechos y eficacia; citando al efecto los arts. 22, 23, 116, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y 9.1 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

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