0342/2023-S1

Andrea Lovera Uturuncu, Erasmo Josefat Canaviri Cuevas y Romaldo Atora Quispe a través de sus abogados defensores en audiencia señalaron que:

1. a)Respecto a la vulneración al principio de seguridad jurídica, se tiene que el mismo no puede ser analizado a través de la acción de amparo constitucional; puesto que la misma tiene la finalidad de proteger derechos fundamentales;
2. b)Dentro del proceso investigativo signado como ADUANA 28/2018, se realizaron muchos actos investigativos, existiendo entre ellos muestrarios fotográficos donde se evidencia la existencia física de mercadería; así mismo, el Ministerio Público solicitó realizar un peritaje con relación a la mercadería y se emitió un requerimiento solicitando que el SIN certifique la legalidad y validez de la mercadería; es decir, se llevaron adelante muchos actos investigativos, sin poder aperturar un proceso de esta índole cuando no existe mercadería sobre la cual denunciarse;
3. c)Se presentó una querella en la que se señaló que Romaldo Atora Quispe es propietario de la mercancía contenida en el Acta de Intervención GRSZC-SCRZI-0005/2017; por la cual, se le inicia una acción penal, y no se puede alegar la inexistencia de dicha mercadería;
4. d)La Aduana Nacional señaló que existiría otro proceso pendiente y si así fuera, su amparo sería improcedente; puesto que, no se puede plantear una acción tutelar cuando los efectos de una resolución estuviere suspendida;
5. e)Si bien alega que el incidente se basó en el DS 708, este aspecto no fue así y la Aduana maliciosamente trató de confundir y sorprender a sus autoridades, con argumentos que no son o que están fuera de la realidad,
6. f)Se habla mucho de usurpación de funciones y legalidad; sin embargo, el art. 54.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que los jueces serán competentes para conocer y resolver sobre la incautación de bienes y sus incidentes, aspecto que coincide con el art. 255 del CPP; razón por la cual, no se puede hablar de usurpación; además, lo que afirma la aduana es incongruente y atentatorio; puesto que, la Jueza de Instrucción actuó dentro de los parámetros de legalidad debido a que no pueden indicar que no existe mercadería, ya que ellos mismos presentaron su denuncia indicando la existencia de la misma y que esta fue incautada; es decir, si no existiría mercadería no podría siquiera existir el presente proceso;
7. g)Respecto a que el Jefe del Departamento de Fiscalización no es el adecuado para emitir la certificación, se tiene que el mismo dio una respuesta adecuada al requerimiento fiscal; puesto que, se revisó el sistema integrado de recaudo para la administración tributaria y los datos son los adecuados, y si tenía dudas al respecto, podía solicitar su ampliación o semejante; y,
8. h)Finalmente se tiene que no explicaron cómo se lesionaron derechos fundamentales.

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 37/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 250 vta., a 256 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)El Amparo Constitucional no puede ser utilizado como una vía para exigir a esta jurisdicción constitucional se revise si la decisión adoptada por la autoridad judicial tiene signos de incoherencia en su estructura en sus fundamentos jurídicos, o si la interpretación de las normas aplicables al caso concreto, o si la prueba fue debidamente valorada o no, ya que cada vez que la jurisdicción constitucional solo va revisar esa decisión judicial cuando este Tribunal de garantías evidencie la existencia material de hecho que vulnera los derechos fundamentales de la parte impetrante de tutela quedando claro que la labor interpretativa corresponden a la jurisdicción común ordinaria y a la jurisdicción constitucional solo se abocaría a verificar si esa labor interpretativa al momento de haber sido realizada cumplen con esos requisitos interpretativos admitidos por el derecho, ya que pesa sobre sus espaldas del peticionante de tutela la obligatoriedad de ubicar que tipo de interpretación es la que debió utilizar el intérprete al momento de dar su Resolución en este caso las autoridades demandadas, la parte peticionante de tutela sostiene que se realizó una interpretación forzada; sin embargo, no sostiene cual fue esa interpretación forzada que se realiza; además indicó a los Tribunales o a los Jueces Ordinarios que esa interpretación es única y exclusiva de la Aduana Nacional, entonces si esa es una atribución única y exclusiva de dicha institución que interpretación o ¿qué tipo de interpretación le corresponde realizar a la jurisdicción ordinaria?, entonces no basta el hecho de simplemente confundir una acción de defensa como si se tratase en un recurso casacional como ha ocurrido en el presente caso;
2. 2)La parte solicitante de tutela en su demanda indicó que se incorporó pruebas al proceso que no debieron haber sido incorporadas, pero no la indica y que además carecían de valor y de que las autoridades demandadas hicieron una interpretación incorrecta, ya que el SIN una oficina de otro distrito, de otro lugar distinto certifica la validez de dichas facturas y corrobora, entonces lo que está pidiendo la Aduana Nacional en su acción de amparo es que el Tribunal de garantías realice una valoración de elementos ya valorados por los Jueces Ordinarios pero para que este Tribunal de garantías pueda realizar una valoración, de la forma que se exige, debe cumplir con la carga procesal que le pesa sobre sus espaldas, porque un Tribunal de garantías no valora esos elementos extrañados por la parte accionante, entendiendo que tanto la Juez de primera instancia como las autoridades demandadas en este caso los Vocales Walter Pérez y Gladys Alba Franco, se habrían pronunciado respecto a la certificación emitida por la oficina del SIN, en conocimiento además del requerimiento fiscal evacuado por el Ministerio Público y la solicitud de la Aduana Nacional donde la propia institución impuestos internos manifiestan y acreditan que las facturas cumplen con lo establecido con el numeral 2), parágrafo 1) del art. 41, de la Resolución Normativa de Directorio 10.0016.07 vigente al momento del hecho generador concordante con el numeral 2 parágrafo 1 del art. 54 de la Resolución Normativa del Directorio que establece como requisito indispensable para la validez de crédito fiscal; y,
3. 3)La fundamentación y motivación también es una de las cuestiones, que habría cuestionado la parte impetrante de tutela sosteniendo que no se habrían valorado algunos elementos de convicción presentados ante el Juez de la causa, primero hay que ser coincidentes en que tal y como habría sido planteada la acción de amparo existe la denominada teoría de la auto restricción por la cual el Tribunal de Garantías está impedido de ingresar a considerar aspectos que le corresponden a la jurisdicción ordinaria y que estos aspectos son de competencia o la interpretación ordinaria, es competencia de esos Tribunales ordinarios, abriendo la posibilidad de que el Tribunal de garantías ingrese a considerar la valoración y fundamentación por motivación que haya realizado la autoridad ordinaria en supuestos claramente establecidos, señalándose algunos requisitos para eso, el primero de ellos es la identificación de los hechos agraviantes, el segundo requisito es identificar los derechos que se hubiesen lesionado o agraviado, luego el nexo de causalidad que se hubiese establecido entre los hechos y los derechos presuntamente lesionados, y finalmente señalar en realidad la parte más importante cual sería los elementos a tomarse en cuenta con relevancia constitucional y que puedan servir para que el Tribunal de garantías habrá su competencia, además la parte peticionante de tutela no señaló cual es la interpretación errada y cual debió haber sido la correcta, con esas consideraciones y al encontrarse este Tribunal impedido de ingresar a considerar estos aspectos; puestos de que, como se sabe al momento no se tiene acreditado por parte de la parte solicítate de tutela una versión constitucional de su planteamiento, además de que se identificaron elementos o agravios que no fueron cuestionados en el Recurso de Apelación y que ahora aparecen en la acción de amparo esta situación impide a este Tribunal ingresar a considerar las cuestiones que se hayan presentado, dentro de la presente acción de amparo; sin embargo, más allá de aquello, el Tribunal para efectos de dar satisfacción a la acción planteada es necesario establecer de que de la revisión de la decisión cuestionada a través de la presente acción de amparo se debe considerar que los estándares mínimos de fundamentación motivación y congruencia que manejó el Tribunal demandado son los estándares mínimos suficientes como para garantizar una fundamentación y motivación adecuada no encontrando este Tribunal de que haya existido alguna incongruencia material o sustancial en cuanto a la fundamentación de motivación respecto a los elementos probatorios, el Tribunal Constitucional Plurinacional a denominado teoría de la auto restricción por la cual el Tribunal está impedido a considerar las cuestiones de orden ordinario; por lo que este Tribunal de garantías declara denegar la tutela solicitada.

"i) En el presente caso se tiene las facturas del 21 de Marzo del 2017 en relación a distintos Ítems de mercaderías con el NIT y numero de factura emitido por el comercial AREVALO de MARIA ALEJANDRA AREVALO PEDRAZA casa matriz, calle Fructuoso, Mercado sin número, zona Santo Domingo, celular 77458807, Quillacollo-Cochabamba - Bolivia, efectivamente tenemos varias facturas como ser las: 00952, 00953, 00955, 00956, 00960, 00962, 00961, 00954, 00957 a través de la cuales declara un sin números de ITEMS, los cuales si bien el Ministerio público ha objetado el día de hoy ha objetado que estaría debidamente identificados, con las características, podemos ver que en la segunda instancias cuando la Aduana Nacional hace la intervención procede a describir a detalle cada objeto, procede a establecer las características y marcas y bueno la cantidad que también refiere las facturas, sin embargo la emisión de facturas no puede ser una acto atribuible a la parte recurrente, es decir que cuando una persona va a comprar algo, no necesariamente le llenan todas las características de toda la mercadería, aquello no quiere decir que dichas facturas fueran invalidas, el hechos de la omisión de establecer a detalle todas las características de una compra, lo cual no siempre lleva la factura, casi nunca por lo que no vamos a referir que estas sean falsas o que no corresponda a dicha documental, toda vez que la parte recurrente ha presentado una resolución que valida estas facturas, las cuales han sido hemos podido ver actuados atrás un requerimiento fiscal, a través del cual se tiene que se ha solicitado a objeto de que se pueda respaldar dichas facturas;

1. ii)Tenemos las diferentes Actas e Inspecciones Oculares que se han realizado en relación a la mercadería, con fotografías entre otros y podemos observar, como iba fundamentando existe un requerimiento fiscal dirigido a Impuestos Nacionales en la cual solicita se certifique la legalidad de la facturas siguientes, un numero de nueve facturas las cuales terminan en 00952, 00953, 00955, 00956, 00960, 00962, 00961, 00954, 00957 las cuales hemos podido advertir que cursan en actuados del cuaderno de investigaciones. Así mismo tenemos la respuestas al requerimiento emitido por Impuestos Nacionales en la cual refiere en atención al requerimiento fiscal para el caso mencionado por la presunta comisión del delito de contrabando, contra Romualdo Atora Quispe, solicita se certifique la legalidad de las facturas siguientes, son las mismas en la cantidad de nueve unidades con las mismas numeraciones que hemos valorados y dice "así mismo debe ser cierto y evidente que a la fecha de emisión, las fecha en las que hizo su correspondiente valoración, revisado el sistema integrado de recaudo para la administración tributaria del sistema de facturación virtual, de la contribuyente Arévalo Pedraza María Alejandra con NIT N° 3537503012 para las facturas citadas se encuentran dosificadas en la gestión 2017, los datos corresponden al número de autorización 2751017038162, las mismas si cumplen con lo establecido en el Numeral II, Parágrafo I del artículo 41 de la Resolución Normativa del Directorio N° 10.001607 vigente en el momento del hecho generador concordante con el Numeral II del Parágrafo I del Art. 54 de la Resolución Normativa del Directorio que establece que como requisito indispensable para validez del crédito fiscal, que la nota fiscal hubiera sido debidamente dosificada por la administración tributaria, por lo que las notas fiscales son válidas para el computo del crédito fiscal, firmando Juan Pablo Rojas Zurita Jefe de Departamento de Fiscalización Gerencia Distrital de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, así mismos tenemos la notificación y la respuesta al requerimiento fiscal, se está certificando las cartas que se habrían emitido. Tenemos la misma Acta de Intervención que ha sido presentada ya con un Inventario realizado por la Aduana Nacional muy ampuloso que nos refiere el Ministerio Publico que se encuentran con todas las características y detalles, Acta de Intervención N° 0005/2017, entre otros, memoriales de apersonamiento y solicita peritaje Andrea Lovera Uturrunco, requerimiento fiscal de designación de perito a objeto verificar los contenedores, requerimiento fiscal que ya habíamos valorado y compulsado con anterioridad, el apersonamiento de la Aduana Nacional, remite final inventario ya debidamente detallado por la Aduana Nacional, entre otros;
2. iii)De la valoración y compulsa de estos elementos en el cuaderno de investigaciones, del fundamento de las partes como ser el Ministerio Publico podemos advertir que efectivamente hay un Acta de Intervención en la cual se detalla la mercadería por la Aduana Nacional supuestamente: internada en dependencias de la Aduana pero debemos leer también el Acta de Intervención 0005/2017, es decir por qué se procede a esta Acta de intervención el pasado 24 de Marzo del 2017 por que dice que efectivos de URCA de Santa Cruz Aduana escoltando el CAMIÓN con PLACA 2349XEG que ha sido entregado al recinto aduanero ALBO S.A, el 27 de Marzo del 2017 el personal de la Aduana arriba al recinto del medio de transporte con la misma placa escoltando mercadería declarada, la cual el fiscal ha referido ya ha sido devuelto, pero en caso referido se hace la verificación de la mercadería encontrándose mercadería manifiesta, dice que ?? supuestamente esta mercadería que esta detallada tanto por la Aduana de la cual hoy se pide su devolución, en el momento de los hechos es decir el pasado 24 de Marzo del 2017 seria mercadería no manifiesta, seria mercadería no declarada. Entonces que sucede con esto, la Aduana dice según los cuadros de valoración preliminar esta mercadería supera los 200,000 UFVs y aquello que contraviene, refiere la misma Aduana en su misma Acta que de acuerdo al Art. 151 de Ley 2492 genera responsabilidad por ilícitos tributarios, por que surge una responsabilidad por el pago de la deuda tributaria, donde este momento se suponía que la mercadería al no estar declarada, no presenta las facturas tenía un pago pendiente de deuda tributaria, así mismo de acuerdo al Art. 183 de la Ley 2492, establece que de acuerdo a la Acción penal tributaria de orden público será ejercida de oficio por el Ministerio Publico y refiere que la Administración tributaria acreedora de la deuda tributaria se podrá constituir en querellante, en este caso la finalidad es el pago de la deuda tributaria que pueda generarse una Contravención o un llícito penal, el Art. 181 del Parágrafo V de la Ley 2492 refiere que quien importe mercaderia con respaldo parcial serán procesados por contrabando por el total" en el caso concreto tenemos que se importó mercadería, se puede observar que a fojas 242, 243, 244, 245, 246 del cuaderno de investigación se tiene la facturas que acreditan la legal obtención de esta mercadería que cursa a detalle en el Acta N° 005/2017 hemos podido dar lectura de una ratificación por Impuestos Nacionales a través de la cual nos establece que estas facturas con numeración final 00952, 00953, 00955, 00956, 00960, 00962, 00961, 00954, 00957 han sido emitidos en tiempo hábil y oportunos que condicen con las fechas 21 de Marzo del 2017, con lo cual se establecen su legalidad. Por lo cual que, si en aquella oportunidad no contaba la persona que trasportaba dicha mercadería se hace la intervención y el comiso de esta mercadería, sin embargo se ha presentado a posterior las facturas, se han hecho actos investigativos un sin números de actos investigativos a objetos de que se pueda establecer la veracidad y legalidad de la emisión de las facturas, con lo que se acreditado a través de una certificación obtenida a través de un requerimiento fiscal donde Impuestos Nacionales manifiesta que si se trata de legalidad de la mercadería que habría sido intersectada en un inicio el pasado 24 de Marzo del 2017. En el caso concreto podemos advertir que efectivamente ha sido denunciado el señor Romualdo Atora Quispe, sin embargo nos refiere el día de hoy que se han aperturado un sin número de procesos con la misma acta a objeto de poder investigar o procesar a distintas personas siendo que se presentan copias de los mismos procesos penales instaurados a distintas personas con las misma Acta Nº 0005/2017, sin embargo el Ministerio Publico refiere que en todo caso el señor aquí que cuenta con un poder emitido por el conferente señora Andrea Lovera Uturrunco, no tendría acreditado la legalidad de su petición, en razón a que la señora Mirian Vaca Oliva, se apersona y en primera instancia solicita nacionalización de dicha mercadería, pero podemos advertir que una fotocopia simples que no tiene ningún detalle que especifique de que mercadería se trataría, ya que no se adjunta una factura como en el caso en concreto, por lo que esta documental no tiene valor legal para su consideración;
3. iv)De la misma manera el Ministerio Publico presenta un apersonamiento y un incidente de nacionalización lo que no es los mismo que un incidente de devolución, presentado por Mirian Vaca oliva a través de la cual se establece su apersonamiento, motivo de la fundamentación, y el petitorio de nacionalización de la mercadería a ello adjunto una impresión de la comercial IMBOY en la cual se detalla varios objetos, etc. Sin embargo esto no tiene una firma de autorización es una fotocopia simple, la cual refiere el Ministerio Publico que una factura comercial, la cual no es acreditada en Bolivia por que tiene que tener los elementos necesarios nacionales para que pueda validarse como factura comercial en nuestro territorio nacional, menos si no tiene una factura de una persona sino un supuesto sello que no se puede divisar, lo cual no es valorable como un documento público inclusive en el estado plurinacional de Bolivia, por lo que la señora Mirian Vaca Oliva además que no se sabe de qué proceso fuera, no se tiene acreditado las facturas como se ha presentado actualmente por la parte incidentista, como ser factura, el detalle, número y la certificación de Impuestos Nacionales le da veracidad y legalidad. En el caso concreto de Romualdo Atora Quispe es una apelación incidental y podemos establecer que es la misma persona que está dentro de este proceso penal y se nos ha hecho saber que se ha aperturado distintos procesos penales con la misma Acta de Intervención y esta Apelación Incidental imagino que es emergente del otro proceso que se le hubiera instaurado al señor Romualdo Atora Quispe. Una denuncia contra Andrea Lovera Uturunco por Falsedad material por otro proceso Penal si bien tiene otro proceso penal, pero el mismo que presenta el Ministerio Publico como la parte incidentista sin embargo se refiere al uso de instrumento falsificado si bien el cual todavía se encuentra con solicitud de audiencia de Medidas Cautelares, eso es lo que nos han presentado el día hoy, así como también un testimonio y un informe de Acción Directa, mas no se tiene acreditado que fuera por este proceso, máxime si el Ministerio Publico nos refiere que no se trata de las mismas facturas por lo cual esta documentación es irrelevante en el presente incidente. Con respecto a Vladimir Ovidio Veizan quien ya cuenta con una imputación formal por el delito de Contrabando presentado y se refiere también a la Acta de intervención con N° 005/2017 que también se ha aperturado a otra persona, entonces debe ser el motivo por el cual distintas personas se apersonan apelando o incidentando toda vez que el Ministerio Publico se ha dado la tarea de aperturar un sin número de procesos, con el mismo Acta de Intervención, en el caso concreto es irrelevante y que no tiene acreditado con documental sustentatoria y además no ha sido una parte recurrente en este acto procesal para que yo pueda dar valor, es valorada la documentación pero es irrelevante para el caso en concreto en relación a lo que se nos ha solicitado el día de hoy y máxime si presentan memoriales en fotocopia simple a fojas cero, lo cuales no establecen ninguna documental o prueba que pueda contradecir la veracidad del apersonamiento del recurrente para esta audiencia en razón a la devolución de su mercadería, toda vez que se ha solicitado la devolución de la misma al haber cumplido con todos los requisitos necesarios para acreditar la legal obtención la facturas, hemos podido advertir el Acta de la Aduana Nacional y la finalidad es evitar la omisión de los pagos tributarios por una persona que este importando, exportando o que está haciendo la compra de mercaderías por lo que inclusive no veo la supuesta concurrencia de un ilícito penal de toda la valoración que cursa hasta este momento procesal de los actuados ampulosos cursantes hasta este momento procesal, por lo que en atención a la solicitud presentada por la parte recurrente y tomando en cuenta que el artículo 186 establece el procedimiento para el secuestro, sin embargo en la parte infine y el Art. 189 si bien estos objetos no han sido secuestrados por el Ministerio pero están internados en la Aduana emergente de la Acta de Intervención Ne 005/2017 del pasado 24 de Marzo del 2017, sin embargo el párrafo infine del Art. 189 del Código de Procedimiento Penal establece que en caso de controversia a cerca de tenencia o dominio sobre una cosa o documento para entregárselo el deposito o devolverlo se tramitara un incidente ante juez competente, declarando la devolución establecido en el Art. 189 del CPP" (sic [fs. 11 a 17]).

II.2. Se tiene Acta de Audiencia Virtual de Apelación incidental de 11 de mayo de 2021; a través de la cual, la parte ahora accionante señaló los siguientes agravios respecto al Auto Interlocutorio 32 de 25 de enero de igual año:

1. i)Como antecedente señaló que ante la emisión del Acta de Intervención 005/2017, se aperturó el proceso penal 23/2017; sin embargo, en el presente proceso que inició a denuncia de la Aduana Nacional contra Romaldo Atora Quispe, se da porque el señalado, indicó ser dueño de la mercancía comisada en el proceso 23/2017; es decir, que en dicho proceso 23/2017 donde esta decomisada la mercancía que ahora se pide su devolución y no así en el presente proceso;
2. ii)La Resolución emitida por la Jueza de Instrucción Penal Décima Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, no consideró que la mercadería fue decomisada dentro del citado proceso penal y no así dentro del presente proceso; por lo que, la misma no es parte del proceso;
3. iii)Respecto a las nueve facturas presentadas, todas corresponden a ventas por menor y colocando el caso de que hubiesen sido emitidas dentro del presente proceso, la misma corresponde a mercancía de procedencia extranjera, la cual no tiene ninguna relación con la que fue sujeto de comiso y de la que se pide su devolución, desconociendo el art. 2 del DS 708, aclarando entonces que lo decomisado se trata de una compra internacional, pero las facturas presentadas corresponden a una compra interna; y,
4. iv)La Resolución de primera instancia carece de fundamentación y motivación, teniendo que la Jueza no podía pronunciarse sobre aspectos que no eran de su competencia; por lo que, solicita se revoque el auto de primera instancia.

La parte impetrante de tutela alega la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, además del principio de seguridad jurídica y legalidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido contra Romaldo Atora Quispe, Erasmo Josefat Canaviri Cuevas representante legal de Andrea Lovera Uturuncu planteó incidente de devolución de mercancía mismo que:

1. a)Fue resuelto a través de Auto Interlocutorio 32/2021, en el cual, la Jueza ahora demandada incurrió en los siguientes agravios:
2. a.1)Se lesionó su derecho a la seguridad jurídica; puesto que pretende fundar su resolución aduciendo que existe una certificación emitida por, el Jefe de Fiscalización del SIN que acreditaría la legalidad de las facturas 000952, 000953, 000955, 000956, 000960, 000962, 000961, 000954 y 000957; sin embargo, se debe hacer notar que dicha certificación no es válida; puesto que, la emite la autoridad competente como ser Gerente Regional de dicha institución pública, aspecto que no fue analizado por la Jueza ahora demandada; teniendo en cuenta que la única autoridad que podría emitir un criterio sobre la legalidad o pertinencia de la presentación de supuestas facturas de compra interna de mercadería que se encontraba dentro de un vehículo automotor, en tránsito aduanero internacional es la Aduana Nacional, conforme señala el art. 26 del RLGA;
3. a.2)La Jueza demandada pretende usurpar funciones de otro Juez; toda vez que, tiene certeza de la existencia de otro proceso penal iniciado contra otras personas en el cual se debate la ilegalidad de la mercadería de la cual se exige su devolución; tratando de atribuir supuesta inoperancia al Ministerio Público;
4. b)Recurrida en apelación incidental dicha Resolución, los Vocales ahora demandados emitieron el Auto de Vista 66, que incurrió en los siguientes agravios:
5. b.1)No consideró la exclusividad con la que cuenta la Aduana Nacional para emitir opinión técnica sobre los alcances de las disposiciones legales que se proyecten en materia aduanera de conformidad al art. 26 del RLGA; además de usurpar funciones de otro juez contralor; puesto que, existe otro proceso penal (FIS ADUANA 23/2017), donde la mercancía reclamada es también objeto del proceso;
6. b.2)No se refirieron de ninguna manera a los hechos expresados como agravios por la Aduana Nacional en su condición de apelante, teniendo que los mismos señalaron que resultaba incomprensible que la mercancía que fue adquirida por el incidentista podría encontrarse dentro de un contenedor cerrado debidamente precintado por una ruta y horarios establecidos previamente en el Manifiesto Internacional de Carga (documento aduanero);
7. b.3)Se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva; puesto que, el incidente se basó en el art. 2 del D.S. 708 de 24 de noviembre de 2010; sin embargo, en el presente caso no se configuran dichos elementos; puesto que, no existe mercancía que pueda ser sujeta de devolución; puesto que, en el caso (FIS ADUANA 28/2018), no fue comisada mercancía; además, no se trataba de un traslado interdepartamental o interprovincial, sino que se trataba de un traslado internacional que venía de Chile a Santa Cruz y puesto que la Jueza Cautelar, no verificó ni solicitó a la Aduana Nacional, el organismo competente, la verificación de la información presentada con el SIN. También las facturas de compra interna no fueron presentadas en el momento del operativo sino un año y ocho meses después y la exigencia de la aplicación del Decreto Supremo es que la mercancía se encuentre nacionalizada; sin embargo, no se presentó documental de nacionalización; por lo que, no correspondía aplicar dicho Decreto Supremo para resolver el caso;
8. b.4)La Resolución carece de fundamentación y motivación; toda vez que, no existe una adecuada relación de hechos y no se fundó con normativa adecuada para su consideración; además, que no consideraron lo señalado por la Aduana Nacional a momento de impugnar el fallo de primera instancia.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas:

1. i)El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso;
2. ii)El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y,
3. iii)Análisis del caso concreto. III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

La parte peticionante de tutela alega la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, además del principio de seguridad jurídica y legalidad; toda vez, que dentro del proceso penal seguido contra Romaldo Atora Quispe, Erasmo Josefat Canaviri Cuevas representante legal de Andrea Lovera Uturuncu planteó incidente de devolución de mercancía mismo que:

1. a)Fue resuelto a través de Auto Interlocutorio 32/2021 en el cual la Jueza ahora demandada incurrió en los siguientes agravios:
2. a.1)Se vulneró su derecho a la seguridad jurídica; puesto que, pretende fundar su resolución aduciendo que existe una certificación emitida por el Jefe de Fiscalización del SIN que acreditaría la legalidad de las facturas 000952, 000953, 000955, 000956, 000960, 000962, 000961, 000954 y 000957; sin embargo, se debe hacer notar que dicha certificación no es válida; puesto que, la emite la autoridad competente como ser el Gerente Regional de dicha institución pública, aspecto que no fue analizado por la Jueza ahora demandada; teniendo en cuenta que la única autoridad que podría emitir un criterio sobre la legalidad o pertinencia de la presentación de supuestas facturas de compra interna de mercadería que se encontraba dentro de un vehículo automotor, en tránsito aduanero internacional es la Aduana Nacional, conforme señala el art. 26 del RLGA;
3. a.2)La Jueza demandada pretende usurpar funciones de otro Juez; toda vez que, tiene certeza de la existencia de otro proceso penal iniciado contra otras personas en el cual se debate la ilegalidad de la mercadería de la cual se exige su devolución; tratando de atribuir supuesta inoperancia al Ministerio Público;
4. b)Recurrida en apelación incidental dicha resolución, los Vocales ahora demandados emitieron el Auto de Vista 66, que incurrió en los siguientes agravios:
5. b.1)No consideró la exclusividad con la que cuenta la Aduana Nacional para emitir opinión técnica sobre los alcances de las disposiciones legales que se proyecten en materia aduanera de conformidad al art. 26 del RLGA; además de usurpar funciones de otro Juez contralor; puesto que, existe otro proceso penal (FIS ADUANA 23/2017), donde la mercancía reclamada es también objeto del proceso;
6. b.2)No se refirieron de ninguna manera a los hechos expresados como agravios por la Aduana Nacional en su condición de apelante, teniendo que los mismos señalaron que resultaba incomprensible que la mercancía que fue adquirida por el incidentista podría encontrarse dentro de un contenedor cerrado debidamente precintado por una ruta y horarios establecidos previamente en el Manifiesto Internacional de Carga (documento aduanero);
7. b.3)Se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva; puesto que, el incidente se basó en el art. 2 del D.S. 708 de 24 de noviembre de 2010; sin embargo, en el presente caso no se configuran dichos elementos; puesto que, no existe mercancía que pueda ser sujeta de devolución; puesto que, en caso (FIS ADUANA 28/2018), no fue comisada mercancía; además, no se trataba de un traslado interdepartamental o interprovincial, sino que se trataba de un traslado internacional que venía de Chile a Santa Cruz y puesto que la Jueza Cautelar, no verificó ni solicitó a la Aduana Nacional, el organismo competente, la verificación de la información presentada con el SIN. También las facturas de compra interna no fueron presentadas en el momento del operativo sino un año y ocho meses después y la exigencia de la aplicación del Decreto Supremo es que la mercancía se encuentre nacionalizada; sin embargo, no se presentó documental de nacionalización; por lo que, no correspondía aplicar dicho Decreto Supremo para resolver el caso;
8. b.4)La Resolución carece de fundamentación y motivación; toda vez que, no existe una adecuada relación de hechos y no se fundó con normativa adecuada para su consideración; además, que no consideraron lo señalado por la Aduana Nacional a momento de impugnar el fallo de primera instancia.