0344/2022-S1

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga:

1. a)La inmediata reincorporación a su fuente de trabajo, en el cargo de Secretario de la Unidad Especializada de la persona con discapacidad del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro; y,
2. b)A la cancelación de sus haberes devengados, desde su destitución ilegal hasta el momento efectivo de su reincorporación y demás derechos sociales.

El solicitante de tutela a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido de su demanda de acción de amparo constitucional; además indicó que:

1. 1)El memorándum de agradecimiento de servicios no fue entregado por ningún funcionario público, sino que le comunicaron que el memorándum se encontraba encima la mesa y que vaya a conversar con el jefe de recursos humanos, es por esa razón que levantó de su escritorio; y,
2. 2)Si ha faltado a su fuente de empleo por más de tres días o más, debía realizarse un proceso interno para la desvinculación, pero no se lo ha realizado, vulnerando el derecho a la estabilidad laboral.

Vladimir Walter Oquendo García y Mónica Coria Vásquez en representación legal de Johnny Franklin Vedia Rodríguez, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, presentaron un informe escrito, cursante de fs. 42 a 45 vta., haciendo conocer lo siguiente:

1. i)La notificación con el Memorándum RR.HH.A-040/2020 de 18 de noviembre, fue la misma fecha y es a partir de ello que el accionante tenía para presentar la acción de amparo constitucional; sin embargo la acción de tutela fue presentada el 11 de junio de 2021 después de siete meses de ocurrido el supuesto agravio; por lo que, se debe disponer el rechazo in límine de la acción de tutela;
2. ii)El peticionante de tutela fue suspendido por treinta días sin goce de haberes, computable desde el 18 de septiembre de 2020 hasta el 29 de octubre del mismo año; sin embargo, no volvió a su fuente laboral;
3. iii)Los supuestos problemas de salud no fueron reportados, tampoco presentó documentación que acredite alguna baja por motivo de salud;
4. iv)Se ha notificado con el Memorándum RR.HH. A -040/2020, ante Notario de Gobierno, conforme consta de la representación emitida en la misma fecha;
5. v)El Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, referente a las causales de destitución en el art. 49, señala que: "Retiro del funcionario por omisiones o delitos flagrantes y debidamente comprobados; EN EL QUE, NO ES PRECISA LA REALIZACIÓN DE UN SUMARIO Y UN PROCESO ADMINISTRATIVO; las causales se aplicarán en los siguientes casos: c) POR INASISTENCIA O ABANDONO INJUSTIFICADO DEL TRABAJO DURANTE TRES DÍAS HÁBILES CONTINUOS Y SEIS DÍAS DISCONTINUOS EN EL TRANSCURSO DE UN MES" (sic); y,
6. vi)El Memorándum RR.HH.A-040/2020 de agradecimiento, emitida por la inasistencia injustificada por tres días hábiles continuos a su fuente laboral, que conforme el Reglamento Interno de Personal es una causal de retiro que no amerita un proceso sumario interno, por tanto no se ha vulnerado derecho alguno. Por lo indicado, solicitan se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro, mediante Resolución Constitucional 58/2021 de 23 de junio, cursante de fs. 98 a 105, concedió la tutela solicitada; y en consecuencia, se determinó:

1. a)Dejar sin efecto el Memorándum RR.HH. A -040/2020, debiendo notificarse de forma personal a Johnny Franklin Vedia Rodríguez, actual Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, para el cumplimiento de la resolución con respecto a la restitución que se ordena del ahora accionante a las mismas funciones que anteriormente desempeñaba;
2. b)Se dispuso que la unidad correspondiente por los medios que vea conveniente la autoridad demandada proceda a la cancelación de los sueldos y salarios devengados y el ejercicio de los demás derechos sociales que le correspondan al demandante de tutela, merced al despido injustificado del cual ha sido objeto;
3. c)La presente resolución no impuso costas ni demás sanciones procesales, debido a que se consideró excusable; bajo los siguientes argumentos:
4. 1)Se ha activado la excepcionalidad al principio de subsidiariedad, pues al solicitante de tutela no le asiste la obligación de agotar ninguna instancia o medio legal, previamente para acudir a la instancia constitucional, pues la jurisprudencia determina que ante la inminencia de despido injustificado de sus funciones, este tiene la posibilidad de acudir de forma directa a la justicia constitucional, prescindiendo de otros mecanismos idóneos, como la vía administrativa o laboral;
5. 2)El Notario de Gobierno refiere que el accionante no pudo ser encontrado, por lo tanto ese acto de comunicación más allá de que sea formal o informal haya logrado la finalidad a la que estaba dispuesta, no ha sido acreditada por parte de la autoridad ahora demandada; por ende, se estima veraz el argumento de que habría tenido conocimiento de este acto el 15 de diciembre de 2020, por esta razón se ingresa a analizar la problemática;
6. 3)El Reglamento Interno de Personal no tiene la condición ni la calidad de Ley del Estado o siquiera en el ámbito material o Decreto Supremo que pueda provenir de un Órgano Legislativo, por lo cual si el Reglamento establece la sanción por inasistencia esta debió emitirse en función a un proceso administrativo interno que respete el debido proceso, que no limite y no vulnere la presunción de inocencia, puesto que en el caso, si bien se ha manifestado cuestiones de salud, independientemente de no haberlo acreditado, pudo bien haberlo hecho en el proceso de naturaleza administrativa disciplinaria interna que es menester que se realice antes de asumir cualquier medida de hecho que en el presente caso deviene en un despido injustificado como denunció el accionante;
7. 4)El despido del que fue objeto el impetrante de tutela es vulneratorio de los derechos de orden constitucional en vinculación con el derecho a la vida y la salud que el tribunal ha manifestado que en casos de grupos vulnerables este no solo afecta su esfera personal e individual sino que trasunta en otros derechos vinculados por esa conexitud de derechos sociales y que afecta también a las personas que forman parte de su entorno familiar; y,
8. 5)Como corolario de este razonamiento al privársele de una fuente laboral durante este tiempo, también se le ha privado de una remuneración justa, independientemente de los plazos que hubiesen ameritado sanciones previas, establecidas mediante resoluciones administrativas ejecutoriadas.

El accionante alega la lesión de sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral como persona con discapacidad; a la salud; a la vida y al trabajo; toda vez que, cuando se presentó a trabajar el 15 de diciembre de 2020, se le entregó el Memorándum RR.HH. A -040/2020 de 18 de noviembre de agradecimiento de servicios, por inasistencia injustificada por tres días hábiles consecutivos, a su fuente laboral y por ser funcionario provisorio, desconociendo que su persona, en mérito a su condición de discapacidad gozaba del derecho a la inamovilidad laboral; además de que no se le instauró un proceso previo a objeto de que este pudiera defenderse de los hechos de los que se le acusa, consiguientemente a través de esta acción tutelar solicita que:

1. i)Se disponga la inmediata reincorporación a su fuente de trabajo en el cargo de Secretario de la Unidad Especializada de la Persona con Discapacidad del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro; y,
2. ii)Se disponga la cancelación de sus haberes devengados, desde su destitución ilegal hasta el momento efectivo de su reincorporación y demás derechos sociales.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán los siguientes temas:

1. a)Excepción al principio de vulnerabilidad ante despidos intempestivos. Grupos vulnerables;
2. b)Protección constitucional reforzada de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad;
3. c)El derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad; y,
4. d)Análisis del caso concreto.