Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0345/2019-S1 Sucre, 5 de junio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad
Expediente: 27041-2019-55-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 030/2018 de 27 de diciembre, cursante de fs. 34 a 36, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cristian Marcelo Alanes Flores en representación sin mandato de Juan German Ochoa Blanco contra Víctor Luis Guaqui Condori y Ana María Villa Gómez Oña, Vocales de la Sala Penal Primera; Tomas Eulogio Condori Mamani y Jimena Velásquez Albarracín, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero todos del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 26 de diciembre de 2018, cursante de fs. 22 a 24 vta., la parte accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido contra su representado por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, mediante Auto Interlocutorio 159/2018 de 23 de abril, el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz dispuso su detención preventiva, fijando dos riesgos procesales aún vigentes, previstos en los arts. 234.1 -relativo a la actividad lícita- y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Solicitó la cesación de su detención preventiva, ante el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del citado departamento, presentando para el efecto una certificación del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz, que le autoriza la explotación de áridos acreditando que realiza una actividad lícita; empero, la parte querellante para desacreditar lo referido, presentó en fotocopia simple una circular que establecía que la explotación de áridos quedaba suspendida desde el 1 de octubre de 2018 al 30 de abril de 2019, en cuyo mérito el mencionado Tribunal, dictó la Resolución 15/2018 de 17 de octubre, que rechazó su solicitud; el Tribunal de alzada mediante Auto de Vista 354/2018 de 7 de noviembre, confirmó el rechazo.
En las citadas decisiones no consideraron:
- a)El principio de igualdad, puesto que a la defensa se obliga a presentar documentación idónea obtenida de forma legal, pero a la parte querellante se acepta fotocopias simples sin acreditar su obtención licita;
- b)De ser cierta la suspensión de explotación de áridos, no afectaría su condición de comerciante puesto que desde el inicio del proceso sostuvo que era proveedor y explotaba los mismos con el fin de comercializarlos, tampoco extingue su condición de explotador de áridos, acreditas en todo el país, que no fueron valoradas; y,
- c)Respecto al riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, la autoridad judicial a momento de rechazar su solicitud de cesación de la detención preventiva, no consideró que el Ministerio Público no presentó documentación alguna que demuestre que pueda influenciar de alguna manera a los comunarios de Chicani, por lo que este riesgo se fundamentó en meras suposiciones a tiempo de disponer su detención; además, a la fecha ya no existen citaciones ni declaraciones pendientes, por lo que ese riesgo procesal desapareció, tal cual se demostró en las audiencias de 17 de octubre y 7 de noviembre de 2018, careciendo en ambos casos de la justificación idónea y razonada.
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
Denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, acceso a la justicia, debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación y los principios de tipicidad, legalidad, presunción de inocencia, y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 23.I y III, 115 y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 1 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
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