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TCP

0345/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
17 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0345/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0345/2026-S2 Sucre, 17 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 81420-2026-163-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 016/2026 de 19 de enero, cursante de fs. 192 a 196 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nelson Agapito Huayta Tambo contra José Luis Lupo Flores, Ministro de la Presidencia; y, Juan Yamil Flores Lazo, ex Ministro del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 12 y 24 de noviembre de 2025, cursantes de fs. 103 a 112; y, 114 a 116 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El caso se origina en la impugnación contra el proceso disciplinario administrativo iniciado en el Viceministerio de Tierras, sustentado en el Instructivo INS/VT/002/2024 de 31 de octubre, con referencia: '"CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA ATENCIÓN A HOJAS DE RUTA"' (sic), que estableció plazos de veinte días calendario para fiscalizaciones y cinco días para hojas de ruta de mero trámite; sin embargo, no habilitó la realización de días ni horas extraordinarias; pese a ello, la autoridad administrativa computó los plazos incluyendo fines de semana y feriados, vulnerando las normas que rigen el procedimiento administrativo.

Asimismo, en aplicación de este instructivo, se emitieron de manera consecutiva los memorándums "MEN/VT/DGTPA/0001-2024, MEN/VT/DGTPA/002-2024 y MEN/VT/DGTPA/0003-2024", suscritos por Vilma Martínez Puma, Directora General de Tierras y Procesos Agrarios, dependiente del Viceministerio de Tierras del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, mediante los cuales se le impusieron "severas llamadas de atención", siendo extendidos incluso antes del vencimiento de los plazos establecidos y sustentados en una supuesta reincidencia en faltas leves, atribuida a amonestaciones verbales; no obstante, se observa la inexistencia de formularios o registros que acrediten dichas amonestaciones verbales, exigidos por el Reglamento Interno de Personal, además de que la figura de la "severa llamada de atención" no se encuentra prevista en la normativa vigente. Los informes que sirvieron de base para los memorándums y para el posterior inicio del proceso disciplinario reiteraron la existencia de llamadas de atención verbales no acreditadas; sobre esa base, se dictó el Auto Inicial de Sumario Administrativo, Resolución MDRYT/SUM/0002/2025 de 21 de febrero, en el cual su persona, en los descargos de 13 de marzo de 2025, sostuvo que se vulneró su derecho al debido proceso, que no se valoró la información presentada, que se desconoció el principio de legalidad y que se le inició un proceso por supuesta reincidencia sin precisar de qué manera ni en qué forma habría incumplido la instrucción.

Posteriormente, el 20 de marzo de 2025, se dictó la Resolución Final MDRYT/, sustentada en el Informe Legal INF/VT/UJ/00005-2025 I/01372-2025 de 17 de enero, mediante la cual se le atribuyeron incumplimientos laborales y reiteradas llamadas de atención verbales por el responsable de la unidad; sin embargo, conforme al art. 47 del Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, las faltas gravísimas sancionadas con destitución son aquellas derivadas de la reincidencia por quinta vez en faltas leves; empero, los memorándums utilizados como sustento del proceso disciplinario apuntan a "severas llamadas de atención" y no a amonestaciones verbales previstas en el art. 43 del mismo cuerpo normativo; en consecuencia, no existirían registros ni formularios que acrediten la existencia de dichas amonestaciones verbales, extremo que se considera desvirtúa la reincidencia alegada.

Pese a que dicha documentación fue presentada en descargos, la autoridad sumariante omitió valorarla adecuadamente, limitándose a afirmar que no se evidenció prueba suficiente, sin analizar su pertinencia, congruencia ni realizar una valoración razonada; esta omisión generó incongruencia, al no demostrarse la existencia de las amonestaciones verbales ni la reincidencia necesaria para configurar una falta gravísima, por lo que la decisión adoptada carece de motivación y fundamentación suficiente, vulnerando el debido proceso, el derecho a la defensa, la legalidad administrativa, la seguridad jurídica y el principio non bis in idem, al sancionar reiteradamente los mismos hechos, pese a los descargos presentados.

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Tribunal Constitucional Plurinacional17 de marzo de 20260345/2026-S2Fuente oficial