0346/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0346/2019-S2 Sucre, 5 de junio de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 26874-2018-54-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 12/18 de 4 de diciembre 2018, cursante de fs. 107 a 118, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por David Ricardo Caicedo Balcázar contra Hugo Juan Iquise Saca y David Valda Terán, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 8 de noviembre de 2018, cursante de fs. 67 a 78, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A consecuencia de la denuncia de Lizeth Vanesa López Arnez en su contra y de Miguel Ángel Brito Yucra, por la presunta comisión del delito de consorcio de jueces, fiscales, policiales y abogados, que los sindica de acordar resoluciones y decretos en el caso 136/2016; el 4 de agosto de 2017, se llevó adelante una acción directa en el Juzgado Público Civil Vigésimo Segundo, que se encuentra a su cargo; donde ingresaron a su despacho funcionarios policiales, cuando se encontraba con el mencionado abogado Miguel Ángel Brito Yucra y dos personas más, revisando el proceso 377/2016, procediéndose a su aprehensión, por supuesta flagrancia.

Aclaró que el expediente 136/2016, contaba con Sentencia ejecutoriada, desde el 5 de abril de 2017, seis meses antes de la acción directa; el expediente 377/2016 no era parte de la investigación, ni fue mencionado en la denuncia, y para la determinación de la flagrancia, según lo establece el art. 230 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ratificado en las SSCC 1855/2004-R de 30 de noviembre y 1317/2011-R de 26 de septiembre, entre otras, debe existir inmediatez y unidad de acción entre la persecución y la aprehensión, que en el caso no se dio.

En la audiencia de medidas cautelares, verificada el 6 de agosto de 2017, planteó el incidente de actividad procesal defectuosa por varios motivos, entre ellos, la inexistencia de flagrancia que fue rechazada por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio de la misma fecha, resolución contra la que interpuso recurso de apelación incidental, cuyo conocimiento correspondió a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que por Auto de Vista 34 de 26 de febrero, declaró admisible e improcedente el recurso planteado, del que solicitó su complementación y enmienda, que fue resuelta por Auto de Vista Complementario 39/2018 de 6 de abril de 2018, que rechazó su solicitud.

El indicado Auto de Vista y su complementario, carecen de fundamentación y motivación; dado que, no obstante de haber realizado un adecuado análisis de la flagrancia, citando varias Sentencia Constitucionales, estableciendo casi que no existió flagrancia, de manera incongruente en el siguiente considerando señalan que como el Juez a quo, dio lugar a la ilegal aprehensión al haberse vencido el plazo para presentar al imputado a la audiencia cautelar, confirman que no existió flagrancia, pero que el resultado sería el mismo; es decir, la ilegal aprehensión, incidente que también planteó pero no apeló, por lo que los Vocales demandados no podían fundar su resolución sobre una situación que no fue apelada para intentar justificar que no hubo flagrancia, pero si una ilegal aprehensión, cuando debieron ceñirse a los fundamentos y pruebas del recurso de apelación que interpuso.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de una debida fundamentación y motivación, por haberse emitido una resolución extra petita e incongruente; así como, su derecho a ser oído; citando al efecto los arts. 117.I, 119.I y II, 120 y 121.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías