0346/2022-S3

En respuesta a su impugnación, el Tribunal Calificador ahora accionado emitió la Resolución de 9 de octubre de 2020, ratificando el fallo refutado y reiterando la ilegalidad de sus actos; toda vez, que:

1. a)Afirmó que la finalidad de la Resolución de 5 de ese mes y año fue sanear el proceso. Al respecto, no identificó específicamente en qué consistió el saneamiento;
2. b)Indicó que se revisó el proceso producto de las impugnaciones del resultado del examen de 30 de septiembre de igual año, presentadas por algunos postulantes. No obstante, no identificó quién o quiénes presentaron impugnación ni respecto a qué acto fue dirigida la misma, lo que genera incertidumbre;
3. c)Manifestó que de conformidad a la Norma Suprema y al art. 106 del Código Procesal Civil (CPC), aplicado supletoriamente a la causa, se procedió a revisar el proceso del concurso de méritos y examen de competencia, identificando la omisión de etapas procedimentales que violaron derechos fundamentales. Sin embargo, no identificó las etapas omitidas ni consideró el principio de especificidad, perjuicio, convalidación, trascendencia e indefensión en los que debe fundarse toda nulidad. Además, respecto al art. 106 del CPC, este no resulta suficiente para subsanar la ausencia de fundamentación y motivación de la Resolución de 9 de octubre de 2020; puesto, que para que opere la nulidad resulta necesario que la ley la califique de manera expresa, caso contrario, la decisión se torna ilegal, arbitraria, grosera y abusiva, siendo que en el caso concreto el Reglamento de Concurso de Méritos y Examen de Competencia del Colegio Médico de Bolivia, no otorga al Tribunal Calificador ahora accionado la facultad para anular obrados; y,
4. d)Señaló la transgresión de derechos fundamentales, pero no especificó ni precisó cuáles fueron esos derechos y de quién habrían sido lesionados, concluyéndose en la ausencia de fundamentación del mencionado fallo.

Solicita se conceda la tutela, disponiéndose:

1. 1)Dejar sin efecto la Resolución de Saneamiento de 5 de octubre de 2020 y la Resolución de 9 del mismo mes y año, pronunciadas por el Tribunal Calificador hoy accionado, de la Convocatoria S-02/2020 de 29 de enero;
2. 2)La vigencia plena del Acta de 30 de septiembre de 2020 y publicación de calificaciones de anestesiología;
3. 3)La extensión del Memorando como Médico Especialista en Anestesiología, Ítem 9548, Nivel 09, Centro de Trabajo HIES OBRERO 05, salario Vigente, carga horaria tiempo completo, a requerimiento institucional, y con la restitución de sus sueldos devengados desde el momento en el que se publicaron las calificaciones; y,
4. 4)Los accionados sean sancionados con costas, daños y perjuicios.

El accionante a través de sus abogados, en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestaron que:

1. i)La Resolución de 9 de octubre de 2020, señaló que algunos postulantes presentaron impugnaciones al resultado del examen, argumento que resulta ser contradictorio, porque el mismo fallo indicó que se procedió a la revisión de todos los pasos del proceso de concurso de méritos y examen de competencia; por lo cual, no se comprende si la impugnación estaba dirigida al resultado del examen o a la calificación de méritos, tratando las autoridades ahora accionadas de justificar su determinación en hechos que presuntamente ocurrirían a futuro; por lo que, su argumentación carece de motivación y fundamentación;
2. ii)La precitada Resolución, hizo referencia al art. 106 del CPC; no obstante, no especificó cuál fue el perjuicio, si existió convalidación, cuál fue la trascendencia, o porqué se generó indefensión, tampoco estableció qué derechos y garantías fueron vulnerados. En ese orden, el indicado artículo determina que la nulidad debe estar calificada expresamente por la ley, por lo que obedeciendo al principio de especificidad cuestiona si realmente correspondía invocar la mencionada norma; por cuanto, el Reglamento no prevé específicamente la posibilidad de anular el proceso de selección a título de saneamiento; más al contrario, de existir impugnación el Tribunal Calificador ahora accionado, debió modificar las calificaciones y volverlas a publicar, estableciendo la existencia de un error al momento de la sumatoria de las calificaciones del proceso conforme al art. 42 del Reglamento de Concurso de Méritos y Examen de Competencia del Colegio Médico de Bolivia;
3. iii)En esa audiencia de acción de amparo constitucional las autoridades hoy accionadas, debieron presentar las impugnaciones al igual que las notas de la calificación de méritos que fue publicada; sin embargo, las notas presentadas como prueba datan de 2 de octubre de 2020, después de rendido el examen y de haberse publicado las calificaciones de anestesiología "...a nosotros nos parece extraño (...) que el ganador después en la compulsa con 77 puntos estaba simplemente con 57,35 puntos el Dr. Marlon A. Torrez, se le ha dado la posibilidad al Dr. en desventaja de nuestro cliente de que rinda nuevo examen y obviamente en teoría obtenga una mejor calificación..." (sic);
4. iv)Las autoridades ahora accionadas indicaron en su informe que el Tribunal Calificador estaba compuesto por médicos y no por abogados; por lo que, no tenían la obligación de realizar ninguna fundamentación jurídica en la Resolución de Saneamiento de 5 de octubre de 2020, cuando el art. 13.2 del Reglamento de Concurso de Méritos y Examen de Competencia del Colegio Médico de Bolivia, estipula que ese Tribunal Calificador, debe ser presidido por un delegado del Colegio Médico, el cual cuenta con un equipo de asesores;
5. v)Respecto al informe de Marlon Antonio Torrez Salinas ahora tercer interesado, que tilda como escaneo una fotocopia a colores, pretendiendo quitarle el valor a esa documentación; por cuanto, no se presentó el original ni la copia legalizada, no se entiende cómo puede afirmarse en el informe de la Secretaria del Colegio Médico Departamental de Potosí, que el tenor de la fotocopia es diferente; por lo cual, en audiencia presentó la Nota original;
6. vi)Respecto a los requisitos para la procedencia de la acción de amparo constitucional, ya existe un Auto Constitucional emitido por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional; de igual manera, se indicó que no se accionó contra todos los que tenían legitimación pasiva, lo cual no resulta cierto porque están debidamente identificados al haber firmado las Resoluciones hoy impugnadas; y,
7. vii)Se presentó como prueba las impugnaciones del "...Dr. Delgado y del Dr. Berríos..." (sic), cuando esos hechos debieron ser expuestos en la Resolución de Saneamiento de 5 de octubre de 2020 y no en instancia constitucional.

Nancy Agustina Siñani Mancilla, Representante del Colegio Médico de Departamental de Potosí y miembro del Tribunal Calificador, mediante informe presentado el 21 de octubre de 2021, cursante de fs. 92 a 94 vta., manifestó lo siguiente:

1. a)Su persona presidió el concurso de méritos y examen de competencia en la Convocatoria S-02/2020, habiéndose integrado en la toma del examen en septiembre de 2020; toda vez, que el representante del Colegio Médico Departamental de Potosí, en esa convocatoria fue Juan Daniel Pozo Barrancos;
2. b)El 30 del último mes y año citado, se tomó un examen en el que la mejor puntuación la obtuvo el ahora accionante. Una vez publicadas las calificaciones, dos de los postulantes presentaron impugnación y solicitud de nulidad del examen por presuntas vulneraciones a sus derechos e incumplimiento de etapas procesales; es decir, con la publicación de Notas de los méritos; existiendo además, una impugnación pendiente de resolución que fue presentada en etapa de habilitación. Verificados los antecedentes, se evidenció el incumplimiento de plazos procesales, pudiendo afectarse a otros postulantes en caso de continuar con el último paso, porque "...quien fuera el ganador no se iba a emitir el memorándum de Designación en el Cargo..." (sic); toda vez, que antes de la designación, en las Oficinas centrales de la CNS Regional La Paz, se realiza un estricto control con auditoría y fiscalización, y en caso de encontrarse algún error, la carpeta del proceso es devuelta y se anula todo el proceso de selección;
3. c)El resultado del examen no da la condición de ganador, puesto que después de la publicación de las notas, los interesados pueden presentar impugnación en el plazo de tres días, para luego de vencido ese periodo emitirse la resolución que designa un ganador, lo que no aconteció en el presente caso; por cuanto, dentro del periodo de impugnación dos postulantes formularon su reclamo;
4. d)Fue emitida la Resolución de Saneamiento de 5 de octubre de 2020, por un Tribunal compuesto por médicos y no por abogados, tratándose de ser claros en la emisión de ese fallo, que fue notificado al accionante de manera oportuna para que pueda ejercer sus derechos;
5. e)El 6 del precitado mes y año, el accionante presentó impugnación mellando la dignidad del Tribunal Calificador ahora accionado, pero pese a los insultos del accionante, fue emitida la Resolución de 9 de igual mes y año;
6. f)El accionante, de manera voluntaria, se sometió al examen programado y conoció el resultado el mismo día, conforme se tiene en el Acta adjunta a la presente acción tutelar, habiendo participado una Notaria de Fe Pública y la "...secretaria de asuntos gremiales del colegio Médico..." (sic), para evitar susceptibilidades en los postulantes;
7. g)Es falsa la acusación del accionante respecto a que fue obligado a rendir el examen; pues si bien, es cierto que habló con el nombrado accionante, simplemente fue para pedirle que cuide sus aseveraciones; toda vez, que en la impugnación realizó acusaciones que dañan la imagen de los miembros del Tribunal Calificador hoy accionado;
8. h)El "8 de octubre de 2021" el ahora accionante presentó una Nota de aclaración, la cual no tiene relación con la Nota adjunta a la presente acción de amparo constitucional, en la que supuestamente el accionante denunció amedrentamiento; documento este último que fue escaneado "...y que a claras luces muestra que se incorporó el sello escaneado del colegio médico a una nota que jamás llegó..." (sic), aspecto que puede verificarse por el informe y la copia legalizada presentada;
9. i)El accionante se sometió voluntariamente al examen programado para el 12 de octubre de 2020, pudiendo haber presentado su reclamo u observación de conformidad al art. 14 del Reglamento de Concurso de Méritos y Examen de Competencia del Colegio Médico de Bolivia;
10. j)El art. 42 del señalado Reglamento, estipula que después de las revisiones y observaciones realizadas, el fallo emitido por el Tribunal Calificador ahora accionado, es inapelable y causa estado, coligiéndose de esa norma que ese Tribunal el que de manera oficial debe comunicar al ganador del concurso, hecho que en la presente causa no ocurrió, porque si bien fueron publicados los resultados de 30 de septiembre de 2020, nunca se le dijo al accionante que fue el ganador del concurso ni le fue ofrecido el cargo, en razón a que durante el plazo de impugnación se solicitó la nulidad de varios actos, a cuya consecuencia se emitió la Resolución de Saneamiento de 5 de octubre de 2020. Asimismo, el accionante no debió considerarse ganador de oficio, pretendiendo forzar su nombramiento, porque el art. 43 del Reglamento de Concurso de Méritos y Examen de Competencia del Colegio Médico de Bolivia, el profesional que ocupó el primer lugar en el concurso tiene un plazo de cinco días a partir de la recepción del comunicado oficial; y,
11. k)Aclaró que su persona -hoy coaccionada- ya no es Directivo del Colegio Médico Departamental de Potosí, sino que asumió el cargo de Jefe Médico de la CNS en febrero de 2021, habiendo renunciado al ente colegiado; por lo que, consideró pertinente que se convoque al mencionado Colegio. Por todo lo expuesto, pidió se admita y considere su informe, al momento de emitir el fallo constitucional, denegando la tutela solicitada por el accionante.

En audiencia, la referida autoridad junto con Ivanna Urioste Rojas, Presidenta de la Sociedad de Anestesiología de Potosí y miembro del Tribunal Calificador, a través de su abogada, manifestaron lo siguiente:

1. 1)No puede omitirse el análisis de los principios de inmediatez y de subsidiariedad, por cuanto la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (AC 0112/2021-RCA) basó su determinación en el actuado de "fs. 38", el cual fue fraguado conforme al informe emitido por "Cristina Zamudio";
2. 2)El accionante alegó no conocer derecho; por lo que, al haber sido amedrentado fue a dar el examen -de 12 de octubre de 2020- cuando su apoderada, Victoria Fuertes Flores hizo seguimiento al proceso desde el inicio, pues la misma fue notificada con la Resolución de 5 de igual mes y año; por consiguiente, el nombrado accionante no puede acusar indefensión; puesto, que participó voluntariamente en el referido examen, incurriendo la presente acción tutelar en la causal determinada en el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo) por haber consentido el acto, habiéndose rendido el examen por los tres postulantes en presencia del Tribunal en Pleno, un veedor del Colegio Médico de Bolivia y Eunice Karen Cruz Saavedra, Notaria de Fe Pública;
3. 3)El accionante actuó de mala fe, porque pretende que la jurisdicción constitucional, ordene la entrega de un memorando, cuando en cambio solo debe determinar si hubo o no vulneración a derechos. Asimismo, respecto a la legitimación pasiva, el mencionado accionante únicamente demandó a algunas autoridades, y pese a que se dispuso la notificación de los terceros interesados, los mismos no tienen la misma responsabilidad que los accionados; en ese sentido, debió accionar contra la CNS, con sede en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, que es el ente convocante que cuenta con toda la documentación original y que deberá cumplir lo resuelto por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Potosí, debiendo haberse notificado directamente a los representantes de los cinco entes que conformaron el Tribunal Calificador de acuerdo al "art. 11", no como terceros interesados sino como accionados a efecto de la calificación de daños si correspondía;
4. 4)El accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad; puesto, que si fue obligado a rendir el examen de 12 de octubre de 2020, tuvo la oportunidad de apelar; empero, no acudió ante el Tribunal Calificador ahora accionado, para denunciar las supuestas amenazas, consintiendo el hecho y dejando precluir su derecho al cargo que fue ofrecido al "Dr. Marlon", quien ya se encuentra trabajando en la CNS;
5. 5)En la Resolución de Saneamiento de 5 de octubre de 2020, se hizo referencia al art. 108 de la CPE, que determina que todos los bolivianos se encuentran obligados a proteger los derechos y garantías constitucionales, emitiéndose el referido fallo dentro de ese marco. Además, el accionante cuestionó la existencia de una norma que permita al Tribunal Calificador la nulidad de obrados, obviando el contenido del art. 8 inc. c) del Reglamento del Concurso de Méritos y Examen de Competencia del Colegio Médico de Bolivia, que determina la nulidad de pleno derecho de los concursos de méritos y examen de competencia que no se sujeten a ese Reglamento y al Estatuto Médico, siendo evidente que pueden anularse etapas del proceso de selección o todo el proceso, como en el presente caso en el que se anuló el examen y todos los actos anteriores hasta el vicio más antiguo; por cuanto, no se habrían publicado los resultados de la valoración de los expedientes;
6. 6)La "SC-1185-S3 de 2017" determina como obligación de un Tribunal, cuidar que el concurso finalice con la emisión de un cargo. En el presente caso, de no sanearse el proceso de selección se vulneraría derechos al entregarse la nota al ganador para luego de un año anular dicho proceso; por lo cual, la resolución emitida por el Tribunal Calificador ahora accionado cumplió con todas las exigencias, basándose asimismo en el mandato del art. 108 de la CPE;
7. 7)El accionante alegó como lesionado su derecho a la dignidad por considerarse el ganador del concurso de méritos, cuando al contrario, el nombrado al momento de formular su impugnación, endilgó al Tribunal Calificador hoy accionado, el cobro de una suma de dinero para favorecer a otro postulante. Asimismo, el accionante no debió considerarse ganador, porque la etapa de las impugnaciones aún no había concluido, lo cual se denota del memorial presentado en el que refirió que se dirigió ante el "Dr. Guerra" para renunciar a otros cargos y que este le indicó que espere; de lo cual, se advierte que el accionante conocía que aún no se había consolidado el hecho de ser ganador del cargo al que postuló;
8. 8)En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la función pública, se accede al mismo una vez cumplido todo el procedimiento establecido al efecto, más aun, los empleados de la CNS son dependientes de la Ley General del Trabajo y no tienen calidad de funcionarios públicos, en cambio el accionante se presentó a un concurso especial de selección de personal médico, bajo normativa especial respaldada en la "Resolución Ministerial (RM) 622/2008", la señalada Ley y la normativa de la CNS;
9. 9)Tampoco se impidió al accionante el ejercicio de su derecho al trabajo, por cuanto no existe un memorando a su favor ni existió oposición a que trabaje. Además, el accionante hizo referencia a la "SC 0203/2005-R de 9 de marzo", fallo constitucional que una persona debe cumplir requisitos conforme a la norma específica si requiere un trabajo. Al respecto, en el presente caso el proceso fue anulado antes de la conclusión de la segunda etapa de calificación, habiéndose subsanado errores a través de la Resolución de Saneamiento de 5 de octubre de 2020. Asimismo, el accionante consintió la realización de otro examen e indicó que se encuentra trabajando en otro lugar; por lo que, nadie le impidió a trabajar libremente;
10. 10)El accionante no identificó a la norma que no habría sido aplicada legalmente;
11. 11)La prueba presentada consistente en el informe de "fs. 81" y la Nota de "fs. 82", el Acta de toma de examen y fotocopias legalizadas de "fs. 83 y 84", más la prueba cursante a "fs. 89, 90 y 91", no fue observada por el accionante; por lo que, solicitó que sea introducida, valorada y considerada al momento de dictar la correspondiente resolución constitucional. Pruebas que demuestran que la Nota presentada por el accionante forzó la admisión de la presente acción de amparo constitucional; que la Resolución de 5 de ese mes y año fue emitida en virtud a una impugnación presentada el 9 de enero de igual año; y, que el accionante se presentó de manera libre y voluntaria al nuevo examen de 12 de octubre de 2020, cuyo banco de preguntas fue realizado "...aquí en la departamental..." (sic) habiéndose pedido un informe a la Sociedad Científica de Anestesiología que envíe un sobre cerrado, el cual fue abierto por una Notaria de Fe Pública para evitar susceptibilidades;
12. 12)Debe denegarse la tutela porque existió un acto consentido al momento en que el accionante se sometió a un nuevo examen, ya que el nombrado pudo apelar el resultado del examen dentro de los tres días; asimismo, solicitó la condenación de costas y costos; y,
13. 13)No debe considerarse la prueba ofrecida por el accionante en la audiencia de amparo constitucional; toda vez, que debió hacerlo al momento de plantear la presente acción tutelar conforme determina el art. 33.7 del CPCo, debiendo la Nota quedarse en instancia constitucional para luego ser remitida al Ministerio Público.

Fernando Acebey Ramos, Presidente del Colegio Médico Departamental de Potosí, mediante memorial presentado el 27 de octubre de 2021, manifestó lo siguiente:

1. i)El Tribunal Calificador para cualquier cargo médico debe ser conformado de acuerdo a lo determinado por el art. 11 del Reglamento de Concurso de Méritos y Examen de Competencia del Colegio Médico de Bolivia; en ese sentido, cuando se llega a la etapa de calificación, participa un representante del Colegio Médico de Bolivia;
2. ii)El concurso de méritos y examen de competencia consta de tres fases: Emisión de la convocatoria a cargo del Colegio Médico -elaboración, publicación y recepción-, calificación de méritos y toma de examen o defensa de trabajo que preside dicho Colegio -conformación del Tribunal Calificador, recepción de sobres, verificación de requisitos habilitantes, calificación de méritos, toma de examen, cierre de la etapa donde se emite la resolución que consolida al ganador y ofrecimiento del cargo a este último- y Contratación del profesional médico a cargo del ente convocante -recepción de la documentación por Jefatura Médica del ente convocante, quien continúa el trámite hasta la entrega del memorando-;
3. iii)El Tribunal Calificador ahora accionado, anuló obrados hasta el vicio más antiguo, porque en el paso cinco de la segunda etapa existían errores insubsanables que hubieran generado grandes perjuicios de no ser corregidos;
4. iv)Participó un veedor en el segundo examen, además de la delegada al Tribunal, recomendándose convocar a un Notario de Fe Pública que verifique la ausencia de vulneración a los derechos del Tribunal Calificador hoy accionado y de los postulantes;
5. v)De acuerdo al informe que cursa en actas, el concurso se realizó sin mayores observaciones, pues las mismas fueron resueltas de forma oportuna; asimismo, con relación al examen rendido el 12 de octubre de 2020, todos los postulantes participaron de forma voluntaria, calificándoselo frente a los postulantes y a conformidad de ellos, en presencia de una Notaria de Fe Pública; y,
6. vi)Dentro de la presente acción tutelar se presentó un documento de 8 de octubre de 2020, en fotocopia con sello del Colegio Médico, el cual contradice el documento original, entregado con informe a la "Dra. Siñani", reservándose el Colegio Médico la posibilidad de iniciar el correspondiente proceso penal.

Marlon Antonio Torrez Salinas a través de su abogado en audiencia, manifestó lo siguiente:

1. a)La presente acción de defensa no fue dirigida contra todos los miembros del ente colegiado, conformado según el "art. 11" por seis representantes: del Colegio Médico, del Ministerio de Salud, de la Sociedad Científica o afines, el Jefe Médico, el Director del ente convocante, del Organismo Médico Gremial de la institución y de la Cátedra de la Especialidad para la cual se concursa; por consiguiente, la acción ingresa en la causal de improcedencia prevista en el art. 53 del CPCo; toda vez, que debió accionarse contra todos los miembros del ente colegiado, conforme también estableció en un caso análogo la "SC 520/2011-R de 25 de abril";
2. b)El Tribunal Constitucional Plurinacional, admitió la presente acción tutelar, argumentando que el accionante fue amenazado para que ingrese al examen -de 12 de octubre de 2020-, basándose en el documento presentado a "fs. 38" en fotocopia simple o escaneado, que supuestamente desvirtuó la existencia de actos consentidos; empero, esa documental debió ser

presentada en original o fotocopia legalizada, pues no coincide con el contenido ni firma de recepción del documento original cursante a "fs. 82" que tiene plena validez, por consiguiente, se adhiere a la prueba presentada por los "recurridos" -accionados- que demuestra que el accionante se sometió voluntariamente al mencionado examen, encontrándose la acción de amparo constitucional dentro de la causal de improcedencia prevista en el art. 53.2 del CPCo;

1. c)Su persona se presentó al concurso de méritos el cual ganó; de esa manera, tuvo que esperar siete meses para ser designado; toda vez, que el proceso fue controlado por auditoría y podía ser anulado;
2. d)El accionante alegó que el Tribunal Calificador hoy accionado, no tenía la facultad de anular el proceso de selección; no obstante, no denunció la vulneración del debido proceso en su vertiente al principio del juez natural. En ese sentido, el Reglamento de Concurso de Méritos y Examen de Competencia del Colegio Médico de Bolivia, prevé la nulidad de los concursos de méritos; además, el Tribunal Constitucional Plurinacional conoció casos análogos en los que determinó que todo procedimiento debe ser llevado sin vicios de nulidad. Asimismo, respecto al art. 106 del CPC, que fue mencionado en la Resolución impugnada, se tiene que puede ser aplicado subsidiariamente, y más aún cuando existe una norma especial prevista en el "art. 8 inc. c)"; por lo cual, no es necesaria una mayor fundamentación, más aun cuando en materia administrativa rige el principio de informalismo al que están supeditados los administrados y administradores, en virtud al art. 119 de la CPE; por ende, no fue lesionada ninguna norma;
3. e)El proceso de selección fue declarado nulo por la falta de publicación de calificaciones en la primera fase; por ese aspecto, ante la presentación de impugnaciones o incluso de oficio, el Tribunal Calificador ahora accionado tenía que "anularlo", existiendo un caso análogo donde el SEDES Cochabamba declaró la nulidad del proceso, el cual fue resuelto mediante la "SC 0752/2013-L"; y,
4. f)Se cumplieron de manera objetiva todos los presupuestos; toda vez, que aun siendo médicos trataron de fundamentar su determinación pese a mencionar una norma de la Constitución Política del Estado, dando a conocer el motivo y fundamento jurídico; por lo cual, solicitó que se deniegue la tutela solicitada por el accionante.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en audiencia de amparo constitucional llevada a cabo el 22 de octubre de 2021, dictó el Auto de la misma fecha, disponiendo:

1. 1)Rectificar el nombre del accionado, de "Delfín" a Teófilo Blas Valverde;
2. 2)Suspender la audiencia para el 27 de octubre de 2021, a horas 08:30; por cuanto, Fernando Acebey Ramos, devolvió las notificaciones practicadas a "...Marlon Antonio Torrez, Ivana Urioste Rojas, Carlos Guerra Céspedes y Teófilo Blas Balverde..." (sic), ordenando que previamente se cumpla correctamente con la notificación; y,
3. 3)La notificación de los terceros interesados: "...Dr. Gonzalo Javier Delgado Chuquisea, Dra. María Dolores Pinto, Dra. Verónica Bermúdez Manríquez, Dr. José David Berrios Lizarazu y al Dr. Feliz Ramiro Nina..." (sic); asimismo, al Presidente del Colegio Médico Departamental de Potosí, al Director Departamental de Salud de Potosí, al Representante de la Sociedad Científica de la Especialidad de Anestesiología, al Director del Hospital Obrero 5, a Vladimir Salinas, Ejecutivo del SIMRA y al Representante de la Gerencia de la Administración Regional de Potosí de la CNS.

Posteriormente, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pronunció la Resolución 049/2021 de 27 de octubre, cursante de fs. 183 vta. a 196 vta., concediendo en forma parcial -lo correcto es en parte- la tutela, disponiendo:

1. i)Dejar sin efecto la Resolución de 9 de octubre de 2020;
2. ii)Se dicte un nuevo fallo que responda todos los agravios vertidos en la impugnación del accionante, considerando cada uno de los puntos extrañados y establecidos en la parte considerativa de esa Resolución constitucional respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación;
3. iii)No dar lugar a la improcedencia solicitada por los accionados y tercero interesado, en razón al AC 0112/2021-RCA y porque los nuevos elementos aportados para lograr la improcedencia no alcanzaron dicho fin; y,
4. iv)Respecto a las peticiones efectuadas por el accionante signadas con los numerales "1, 3, 4 y 5" no conceder la tutela. Decisión que fue emitido, bajo los siguientes fundamentos:
5. a)Mediante Resolución de 19 de abril de 2021, se declaró la improcedencia de la acción por dos motivos, el primero, el hecho de que el accionante participó en un nuevo examen, consintiendo los supuestos actos ilegales reclamados en la acción tutelar, y el segundo, por cuanto el nombrado accionante no apeló los resultados del segundo examen, por lo que no agotó instancia; sin embargo, al impugnarse la improcedencia fue emitido el AC 0112/2021-RCA, que concluyó que el fallo refutado no consideró las notas respecto a los "amedrentamientos" para que el accionante rindiera el examen, determinando, a consecuencia de lo anterior, que fueron cumplidos los requisitos de admisibilidad y que el último actuado, como es la Resolución de 9 de octubre de 2020, no merecía ningún recurso ulterior; por lo tanto, ordenó la consideración en el fondo de la problemática planteada, por lo que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, debe circunscribir su análisis en ese último fallo, actuar en contrario, significaría incumplir el indicado Auto Constitucional, y si bien Marlon Antonio Torrez Salinas hoy tercero interesado, a través de su abogado manifestó que no tuvo la oportunidad de manifestarse sobre la improcedencia; empero, tendrían que adjuntarse nuevos elementos o cambiar las circunstancias; por cuanto, el aspecto referido a la improcedencia ya fue resuelto;
6. b)No obstante de lo anterior, se tiene que las autoridades accionadas indicaron como un nuevo elemento que el accionante fraguó un documento para que la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional incurra en error; toda vez, que de acuerdo a la documental presentada en la audiencia de amparo constitucional, se constataría prueba original que demostraría lo contrario. Al respecto, conforme a la "SC 245/2012" en las acciones tutelares, los Tribunales de garantías deben permitir la presentación de fotocopias simples, quedando estos obligados a valorarlas y considerar la finalidad de la acción; en ese sentido, puede demostrarse en un proceso "extra" que el documento que se hizo valer en la presente acción de defensa es falso, pero no es tarea de esa Sala Constitucional verificar tal aspecto; por lo cual, las fotocopias son válidas. "Por si fuera poco además a ojos vivendi en esta audiencia se presenta el original de ese documento tachado de falso, entonces de buena fe se debe otorgar su valor..." (sic);
7. c)Con relación a la legitimación pasiva, se denunció que en la presente causa, el accionante omitió accionar contra todos los miembros del Tribunal Calificador dirigido por seis entes según el art. 11 del Reglamento de Concurso de Méritos y Examen de Competencia del Colegio Médico de Bolivia. Sin embargo, el AC 0112/2021-RCA, ya se pronunció al respecto, y además, el accionante individualizó y dirigió la presente acción tutelar contra las personas que supuestamente transgredieron sus derechos, constando sus nombres y firmas, teniéndose asimismo, que esa Sala Constitucional, no debe analizar actuados que ameriten citar a otros posibles accionados; por lo cual, habiéndose identificado a los accionados, quienes tuvieron la oportunidad de argumentar su verdad en audiencia, corresponde ingresar al análisis de fondo -de la problemática planteada-;
8. d)En cuanto a la congruencia, el Tribunal Calificador ahora accionado, ejerció el papel de Juez, y quien pidió el análisis de los agravios sufridos fue el accionante a través de su apelación; por consiguiente, dicho Tribunal, tenía la obligación de dar respuesta a cada uno de ellos. Asimismo, de las actas adjuntas a la presente acción tutelar, se tiene que intervinieron abogados en la respuesta -Resolución de 9 de octubre de 2020-; por lo que, debió responderse conforme a derecho;
9. e)El accionante en su recurso de apelación denunció que el Tribunal Calificador ahora accionado, reiteró la ilegalidad de sus actos confirmando la Resolución de 5 del precitado mes y año, argumentando que este fallo tuvo la finalidad de sanear el proceso; empero, no identificó qué se enmendó. El Tribunal Calificador ahora accionado, tampoco especificó quiénes presentaron impugnación y respecto a qué acto, dando a entender que fue a las calificaciones o el resultado del examen de 30 de septiembre de 2020. Además, el nombrado Tribunal, manifestó que conforme a la Norma Suprema y al art. 106 del CPC aplicable supletoriamente al caso concreto, se procedió a la revisión de todos los pasos del concurso de méritos y examen de competencia, concluyendo en la existencia de omisión de etapas procedimentales, lo cual lesionó derechos fundamentales; no obstante, no identificó la etapa omitida, al margen que la nulidad importa la materialización de los principios de perjuicio, convalidación, trascendencia, especificidad e indefensión, que deberían estar debidamente fundamentados. Finalmente, el indicado Tribunal mencionó la vulneración de derechos sin especificar cuáles, de qué manera y de quién fue lesionado, por lo cual la Resolución de alzada resulta carente de fundamentación. Bajo ese contexto, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, advirtió que el fallo refutado contiene consideraciones generales; toda vez, que solo indicó la existencia de impugnaciones sin adentrarse en su análisis. Asimismo, en la Resolución de apelación fue aplicado supletoriamente el art. 106 del CPC, procediéndose con base al mismo, a anular -el proceso de selección- para supuestamente no generar indefensión ni vulnerar derechos; sin embargo, el Tribunal Calificador hoy accionado, tenían que haber explicado de qué manera se generó indefensión y respecto a qué apelantes, y cuáles fueron los derechos transgredidos, citándose la norma correspondiente, lo cual no tuvo lugar. Al mismo tiempo, el Tribunal Calificador ahora accionado, señaló que se habría procedido a la revisión de todos los pasos del concurso de méritos y examen de competencia; no obstante, en su fallo de alzada no se estableció a qué pasos se refería. Al margen de lo anterior, el señalado Tribunal alegó que se habrían omitido etapas procedimentales a cuya consecuencia se lesionaron derechos fundamentales; empero, solo indicó que no se realizó la publicación de algunas notas. De ser así, las autoridades ahora accionadas, debieron considerar los principios enunciados por el accionante -perjuicio, convalidación, trascendencia, especificidad e indefensión-, lo cual no fue realizado para posteriormente dar lugar a la nulidad;
10. f)Respecto a lo anterior, Marlon Antonio Torrez Salinas hoy tercero interesado, a través de su abogado afirmó que la Resolución de alzada cumplió con la fundamentación y motivación, puesto que los arts. 106 de la CPE y 8 inc. c) del Reglamento de Concurso de Méritos y Examen de Competencia del Colegio Médico de Bolivia, permiten al Tribunal Calificador hoy accionado, anular obrados. En ese sentido, el cuestionamiento está referido a las disposiciones que no se sujetan al referido Reglamento y que dieron lugar a la nulidad de obrados; por lo que, no existe fundamento suficiente en el fallo de apelación. Respecto al art. 106.I del CPC, determina que la nulidad puede ser declarada a pedido de parte u oficio, en cualquier estado del proceso, siempre y cuando que la ley la califique expresamente, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, cuestiona si en el prenombrado Reglamento existe una norma que indique cuándo se puede dar una nulidad; además, en cuanto al parágrafo II del indicado artículo, se tiene que la nulidad fue de oficio en virtud a observaciones e impugnaciones, pero no con base a incidentes de nulidad; por ende, los miembros del Tribunal Calificador hoy accionado no pueden acogerse a ese parágrafo salvo criterio distinto de quienes van a resolver la causa nuevamente de acuerdo a sus competencias. Consiguientemente, no existe fundamentación al no ser suficiente la invocación de los precitados artículos;
11. g)Con relación a la motivación, esta no fue observada al emitir la Resolución de 9 de octubre de 2020, debiendo dictarse un nuevo fallo considerando lo siguiente:
12. 1)Indicar claramente e individualizar quiénes formularon impugnaciones objetando el primer examen;
13. 2)Referir cuáles fueron los agravios de apelación de cada uno de los apelantes;
14. 3)Explicar la razón de la aplicación supletoria del art. 106 del CPC;
15. 4)Señalar a quién se provocaría indefensión de no "anularse" obrados, qué derecho sería lesionado con ese acto, contrastándolo con la norma legal o constitucional, cumpliendo la debida fundamentación;
16. 5)Referir qué pasos o etapas verificadas ameritaron su nulidad;
17. 6)Indicar qué etapas fueron omitidas para dar lugar a la nulidad y cumplir con los principios de especificidad, convalidación, indefensión, perjuicio y transcendencia;
18. 7)Se alegó la falta de diligencias como motivo de la nulidad del proceso de selección; por lo cual, debe identificarse qué diligencias faltaron, y por qué es trascendental su cumplimiento; y,
19. 8)De obrados se establece la existencia de las publicaciones de méritos y notas, contrariamente a lo argumentado por las autoridades ahora accionadas sobre la falta de publicaciones; de ser así, debe indicarse, por qué valen o no dichas publicaciones. Los prenombrados aspectos son extrañados en la motivación y en la fundamentación, como elementos del debido proceso. Por su parte, la Resolución de Saneamiento de 5 de octubre de 2020, emergió de un acta signada también por María Llanos y Ruth Olivera, ambas abogadas, por lo que se evidenció, que ese fallo no fue dictado únicamente por médicos. La merituada determinación fue asumida en virtud a lo señalado en la SCP 1030/2016-S3, que establece que esa instancia no es casacional o impugnaticia; no obstante, de existir vulneración a derechos puede dejarse sin efecto el acto y disponer se dicte una nueva resolución de acuerdo a los parámetros del fallo constitucional;
20. h)En cuanto al derecho a la dignidad, las Resoluciones de 5 y 9 de octubre de 2020 no fueron direccionados de ninguna manera a denigrar la dignidad del accionante;
21. i)Respecto a los derechos al trabajo y a ejercer la función pública, este último no fue ejercido por el accionante; por lo que, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, al no poder declarar derechos no puede conceder la tutela de ese derecho, mismo que a su vez se encuentra relacionado con el derecho al trabajo; y,
22. j)Con relación al principio de legalidad, para su análisis debe estar vinculado con algún derecho, por lo cual, no corresponde ser tutelado de forma independiente a través del amparo constitucional.

En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pronunció el Auto de 27 de octubre de 2021, cursante de fs. 195 vta. a 196, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)El nuevo fallo debe ser pronunciado por las mismas autoridades que dictaron la Resolución de 9 de octubre de 2020, que deben reunirse solo para ese fin;
2. ii)El AC 0112/2021-RCA, indicó que la Resolución de 9 de octubre de 2020, se constituyó en el último actuado, sin considerar los actuados posteriores que son responsabilidad de los que los ejecutaron; por lo que, esa Sala Constitucional no puede inmiscuirse, al ser decisión de las autoridades que vayan a emitir el nuevo fallo; y,
3. iii)Corresponde al Tribunal Calificador hoy accionado, al pronunciar una nueva resolución, dejar sin efecto o no los actuados anteriores.

El accionante denuncia que las Resoluciones de Saneamiento de 5 y la de 9, ambas de octubre de 2020, pronunciadas por el Tribunal Calificador ahora accionado, vulneraron sus derechos:

1. a)Al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, por no contener sustento jurídico-legal ni especificar la norma que permitió anular el proceso de selección, quiénes lo impugnaron, qué derechos y garantías fueron vulnerados y de qué postulantes, e incumplir el principio de especificidad, perjuicio, convalidación, trascendencia o indefensión, resultando inaplicables los artículos citados por aquellas resoluciones;
2. b)A la dignidad al no ser reconocido como ganador del concurso de mérito y examen de competencia pese a obtener la mayor calificación, anulándose obrados sin justificativo alguno ni sustento legal, por lo que "...obviamente se me ha faltado al respeto..." (sic);
3. c)A ejercer funciones públicas, porque no obstante de haber ganado el concurso se encuentra impedido de ejercer el cargo;
4. d)Al trabajo, por cuanto, al haber culminado el proceso de selección correspondía a su persona -accionante- ejercer el cargo de médico especialista en anestesiología desde el mes de octubre de 2020; y,
5. e)Al debido proceso en su componente de la garantía de legalidad, puesto que el Tribunal Calificador ahora accionado no demostró la existencia de una norma o disposición legal que le permita anular obrados, por lo que esa determinación resulta ilegal al invocar y aplicar incorrectamente disposiciones legales tales como los arts. 108 de la CPE y 106 del CPC.