Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0348/2019-S2 Sucre, 5 de junio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 26944-2018-54-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 03/2018 de 10 de julio, cursante de fs. 117 a 120 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Rivera Soliz en representación legal de Liliam Soliz Velásquez contra Celia Ortiz Vaca, Willy Vidaurre Ortiz, María Luisa Ortiz Vaca, Marisol Ruiz Rioja, Francisco Javier Marichal Pérez, Waldina Rioja Vargas, Demetrio Mendoza Zeballos, Lola Mendoza Rioja, Carmen Vaca y Carmen Choque.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memoriales presentados el 27 de junio y 4 de julio, ambos de 2018, cursantes de fs. 31 a 40 vta.; y, 53 y vta., la accionante a través de su representante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Es propietaria del inmueble ubicado en la zona Rincón del Sauce, comunidad Las Gamas, cantón Chuchío de la provincia Warnes del departamento de Santa Cruz, con una superficie de 7 ha y 2653,25 m2, debidamente inscrito en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.), bajo la matrícula computarizada 7.01.2.01.0021727 de 9 de enero de 2008, encontrándose registrado en el Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, según certificado catastral original X000497772Y008054307 emitido en la misma fecha, plano de ubicación y uso de suelo original otorgado y aprobado por dicho Gobierno Municipal el 12 de julio de 2007, y formulario de pago de impuestos 001061, correspondiente a la gestión 2013.
En dicha parcela, cultivaron caña, produjeron grama esmeralda, palmeras y jazmines; el lado Oeste, fue vendido a algunos vecinos y en el lado Noreste se encuentra una vivienda precaria, que consta de dos habitaciones con su alero, la misma que era utilizada como depósito de máquinas, equipos, cañerías plásticas para distribución de agua, herramientas y agroquímicos utilizados en su producción agrícola, y como vivienda del cuidador Pablo Crespo Camacho, que era una persona "sola" de la tercera edad -al que le permitieron sembrar yuca alrededor de la casa, para su sustento, realizar la conexión del servicio de luz eléctrica a su nombre, pagando su consumo y un acceso al sistema de agua de la Comunidad-; empero, en marzo de 2018 falleció sin dejar descendencia; pues, su conviviente Celia Ortíz Vaca lo visitaba de vez en cuando, ya que vive en Santa Cruz de la Sierra, siendo su última visita el día de su fallecimiento y pasado el sepelio dispuso de todos sus enseres domésticos, personales y herramientas y abandonó la vivienda.
Empero, el 10 de junio de 2018, aproximadamente a horas 14:00, Celia Ortíz Vaca junto a Willy Vidaurre Ortiz, Marisa Luisa Ortiz Vaca, Marisol Ruiz Rioja, Francisco Javier Marichal Pérez, Waldina Rioja Vargas, Demetrio Mendoza Zeballos, Lola Mendoza Rioja, Carmen Vaca, Carmen Choque y otras personas no identificadas, mediante el uso de la fuerza derribaron el letrero que indicaba: "PROPIEDAD PRIVADA PROHIBIDO EL INGRESO" (sic) y lo arrojaron a cien metros del lugar e ingresaron de forma violenta y clandestina a las habitaciones del citado inmueble, posesionándose de forma ilegal, manteniendo su ilícita posesión cubierta por turno. Asimismo, rompieron aldabas e inutilizaron candados, vulnerando con ello su derecho a la propiedad privada; además, sacaron del lugar las herramientas de trabajo agrícola y otros, generándoles una serie de daños y perjuicios.
Consumado el avasallamiento, tanto su persona como las autoridades de la Comunidad de Las Gamas -incluso ante efectivos policiales-, se apersonaron al lugar con el fin de verificar lo acontecido, pidiendo a los ocupantes ilegales que se retiren; sin embargo, recibieron una respuesta negativa.
En ese contexto, alegan que la exconviviente del cuidador junto a su sobrino, Willy Vidaurre Ortiz, vendieron mediante contrato, las habitaciones y el terreno colindante de gran extensión a Marisol Ruiz Rioja, sin contar con algún documento que acredite su derecho propietario; por lo que, con el fin de consolidar su despojo levantaron las cercas y otras construcciones que impiden su desalojo sin el uso de la fuerza, pretendiendo demostrar una posesión pacífica, con el fin de interponer una demanda de usucapión u otras acciones judiciales fraudulentas, basadas en el engaño, con el propósito de conseguir documentación sobre el referido inmueble.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Considera lesionados sus derechos a la propiedad privada, al trabajo digno, a la vivienda, a la dignidad y los principios de seguridad jurídica, legalidad y verdad material; citando al efecto los arts. 19, 22, 46, 56 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene el inmediato desapoderamiento de los ilegales ocupantes del inmueble RINCON DEL SAUCE, sea con el uso de la fuerza pública y facultades de allanamiento, en caso de ser necesario.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
La audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 10 de julio de 2018, según consta en acta cursante de fs. 114 a 117, produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte accionante a través de su abogado, en audiencia, se ratificó íntegramente en los términos de su memorial de esta acción tutelar y ampliando la misma señaló que las principales autoridades de la Comunidad de Las Gamas, emitieron el informe "1 del 2018" (sic), y la Certificación interinstitucional 2/2018, mediante la cual señalaron aspectos fundamentales por los cuales se determinó que el inmueble en cuestión se encontraba ocupado por los propietarios a momento del avasallamiento ilegal, a través de la Certificación interinstitucional 3/2018 señalaron otra situaciones, como la fabricación de documentación ilegal con el fin de hacer aparecer un supuesto derecho propietario sobre ese inmueble; vale decir que, Celia Ortiz Vaca vendió todo el manzano de su propiedad, para el efecto, anexaron fotocopias legalizadas de la referida compra venta; y, en el Certificado interinstitucional 4/2018 consta el contrato falso, en el cual observaron diversos borrones, tanto en la supuesta cantidad de compra como en la superficie aparentemente transferida del inmueble en cuestión, extremo que demuestra que las personas demandadas intentaron elaborar documentación fraudulenta con el fin de simular un inexistente derecho propietario.
I.2.2. Informe de las personas demandadas
Celia Ortiz Vaca, Willy Vidaurre Ortiz, María Luisa Ortiz Vaca, Marisol Ruiz Rioja, Francisco Javier Marichal Pérez, Waldina Rioja Vargas, Demetrio Mendoza Zeballos, Lola Mendoza Rioja, Carmen Vaca y Carmen Choque, por medio de su abogado, en audiencia señalaron que:
- a)Celia Ortiz Vaca tiene los mismos derechos de su esposo, quien adquirió ese inmueble hace treinta y dos años y la unión libre fue reconocida por el art. 63 de la CPE;
- b)No cometieron ningún acto doloso; toda vez que, poseen un contrato de compra de una parte del inmueble y precisamente por esa razón, desde la gestión 2005, le instalaron el servicio de energía eléctrica, cuyo extracto adjunta; asimismo, presentó documentación que prueba los créditos que sacaron y que ahí siempre trabajaron sembrando yuca para su sustento. De igual modo, adjuntó fotografías del tiempo que construyeron su precaria casita, facturas de agua y luz, el certificado catastral, plano de ubicación, el pago de impuestos e incluso como testigos firmaron en apoyo todos los vecinos, con lo que demostraron su legal posesión; y,
- c)Las personas demandadas en la presente acción tutelar, son de avanzada edad, por cuanto no podían avasallar, deshacer un alambrado, abrir una casa y botar el referido letrero.
I.2.3. Resolución
El Juez Público Mixto y de Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 03/2018 de 10 de julio, cursante de fs. 117 a 120 vta., denegó la tutela solicitada, argumentando que no se cumplió con el principio de subsidiariedad, extremo que no permite ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; toda vez que, tomando en cuenta un caso análogo resuelto por el mismo Juzgado, de acuerdo a lo manifestado por la parte accionante, la propiedad tiene un "destino agroambiental"; por lo que, es aplicable la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013- que establece un procedimiento incluso más rápido que la acción de amparo constitucional, al determinar que en el plazo de veinticuatro horas se realice la inspección y la restitución inmediata de la propiedad cuando se encuentra destinada a fines agrícolas, así sea cambiando el uso de suelo por la entidad edil.
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