0348/2023-S3

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga:

1. a)se deje sin efecto el Memorando MSyD/DGAA/URRHH/AGRAD/285/2021 de 7 de julio, y se ordene su restitución al cargo que desempeñaba; y,
2. b)La cancelación de todos los sueldos del que fue privado.

El accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que:

1. 1)El memorando de agradecimiento de servicios fue impugnado mediante solicitud de reconsideración en principio y luego recurso jerárquico, cuyos plazos para responder ya vencieron, en ese entendido el plazo máximo para dictar resolución desde el primer acto de reclamo -15 de julio de 2021- se tiene seis meses, es decir hasta el 15 de enero de 2022, que no fue respondido, por lo que opera el silencio administrativo negativo para que se pueda deducir el recurso administrativo o jurisdiccional establecido por el art. 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, por cuanto no se puede alegar que la presentación de la acción de amparo constitucional se encuentra fuera de plazo; y,
2. 2)El accionante ingresó a trabajar el 23 de junio de 2016, al 23 -siendo lo correcto 7- de julio de 2021, día de entrega del memorando de agradecimiento de servicios, tuvo cinco años de antigüedad y diecinueve días, por lo que su derecho a la estabilidad laboral se encuentra consolidado en el Estatuto del Funcionario Público que se constituye en un funcionario de carrera tal cual establece el art. 5 inc. d) por el transcurso de cinco años de trabajo ininterrumpido, le da esa calidad, por su forma de permanencia resulta ser un funcionario de carrera.

Janeth Alemán Paca, Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Salud y Deportes, mediante informe de 20 de abril de 2022 -sin fecha de recepción- cursante de fs. 48 a 56, manifestó que:

1. i)De los antecedentes del proceso, se establece que el presunto hecho vulnerado es el Memorando MSyD/DGAA/URRHH/AGRAD/285/2021 de 7 de julio, considerando la data de ese hecho, el plazo para la interposición de la acción de amparo constitucional, ha vencido superabundantemente, ya que fue presentado extemporáneamente, puesto que, después de presentada la reconsideración -que no es lo mismo que un recurso de revocatoria- y recurso jerárquico en el marco de la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, y el Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992, el plazo de los seis meses, era computable desde el 11 de agosto de 2021;
2. ii)El accionante se vinculó laboralmente mediante una invitación directa, puesto que en su archivo personal no se advierte que su contratación responda a una convocatoria de personal en el marco del Estatuto del Funcionario Público y el DS 26115 de 16 de marzo de 2001, por consiguiente se trata de un funcionario provisorio;
3. iii)De manera interesada el accionante omite la interrupción laboral ocurrida en la gestión 2016, desmintiéndose la presunta continuidad laboral alegada como causal para ser considerado funcionario de carrera, tomando en cuenta que la simple continuidad laboral no constituye incorporación a la carrera administrativa;
4. iv)Para mayor abundamiento, es necesario tomar en cuenta que por Disposición Final Séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado -Ley 1356 de 28 de diciembre de 2020-, fue suprimida en forma expresa la carrera administrativa a partir de su vigencia;
5. v)Respecto a los supuestos recursos administrativos presentados contra la desvinculación laboral, es necesario hacer notar que las mismas fueron planteadas alegando la normativa aplicable al derecho administrativo sancionador previstos en el DS 23318-A y el Estatuto del Funcionario Público y no son acordes a la pretensión del interesado, por lo que se tiene por no presentado conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo; y,
6. vi)A partir del hecho de que el accionante no es un funcionario de carrera, la vulneración al debido proceso como garantía constitucional es inexistente, ya que no se le negó el ejercicio de las acciones que le son franqueados legalmente. Por lo expuesto pidió se deniegue la tutela solicitada.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 14/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 82 a 86, declara la "IMPROCEDENCIA" de la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Ante el Memorándo MSyD/DGAA/URRHH/AGRAD/285/2021 de 7 de julio de desvinculación laboral, el accionante presentó una carta de reconsideración, documento que no es precisamente un recurso de revocatoria conforme las normas que rigen la materia, generando un procedimiento anómalo, que no se ajusta al procedimiento administrativo, respecto al cual no hubo pronunciamiento; y,
2. b)De antecedentes se tiene que también se presentó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y no se sabe en qué termino, si hubo conciliación o resolución administrativa de reincorporación, puesto que de esa resolución derivaba un recurso de revocatoria y luego un recurso jerárquico, por lo que la Sala Constitucional no tiene competencia para ingresar al fondo de la problemática planteada.