Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0348/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 71066-2025-143-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 38/24 de 30 de noviembre de 2024, cursante de fs. 127 a 128; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por NN en representación sin mandato de AA contra María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; Mariela Toledo Durán, Fiscal de Materia y Eliana Méndez Avellaneda.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La parte accionante, por memorial presentado el 29 de noviembre de 2024, cursante de fs. 29 a 35 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de NN -accionante- contra su concubino PP, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, signado con Código Único de Denuncia (CUD) 701102032402336, PP tras prestar su declaración informativa y acogerse al derecho al silencio, fue aprehendido por disposición del Ministerio Público, programándose posteriormente una audiencia de aplicación de medidas cautelares. No obstante, antes de su realización, el nombrado se sometió a un procedimiento abreviado, aceptando su responsabilidad penal; por lo que, la Jueza hoy accionada emitió sentencia condenatoria y dispuso su traslado al Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento, para el cumplimiento de su condena.
Durante la audiencia de medidas cautelares de 28 de noviembre de 2024, manifestó que Eliana Méndez Avellaneda -ahora coaccionada- y hermana de PP, mantuvo retenida a su hija menor de cinco años de edad, AA; por lo que, solicitó a la Jueza ahora accionada ordene su entrega inmediata, en resguardo del interés superior de la menor de edad. Sin embargo, la nombrada no se pronunció sobre dicha petición, manteniéndose la retención de la menor de edad, lo que constituye una omisión ilegal y arbitraria que vulnera derechos fundamentales de la menor de edad, que se encuentra en edad escolar y próxima al inicio del calendario educativo 2025. Ante ello, la conducta de la Jueza hoy accionada evidenció desconocimiento de la situación de vulnerabilidad de la menor de edad, quien también fue víctima indirecta de los actos de violencia ejercidos por PP, ya condenado por tales hechos. En ese sentido, la inacción judicial vulnera los derechos de la menor de edad.
Finalmente, se debe considerar que el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), dispone que la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y limitada a los asuntos previstos por ley, señalando que la falta de pronunciamiento judicial respecto a la restitución de la menor de edad constituye un acto arbitrario no susceptible de convalidación, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.
1.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia, además de los principios de legalidad y del interés superior del niño; citando al efecto los arts. 115.II, 119.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:
- a)Otorgar la libertad de su hija menor de edad AA, que se encuentra retenida contra su voluntad en el domicilio de la ahora coaccionada.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia virtual el 30 de noviembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 125 a 127, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que:
- 1)Resulta lamentable que haya tenido que acudir a la jurisdicción constitucional para hacer prevalecer sus derechos fundamentales como la vida, la protección inmediata y la debida diligencia, los cuales deben ser garantizados por los Fiscales de Materia, la Policía Boliviana y el Órgano Judicial, especialmente cuando se trata de una menor de edad, considerada sujeto de especial protección por su condición de vulnerabilidad, al igual que las personas adultas mayores;
- 2)De acuerdo con el informe emitido por la Jueza ahora accionada, dispuso mediante Oficio 1729/2024 de 29 de noviembre, la restitución de la menor de edad a su madre; sin embargo, observó que no se fijó un plazo expreso para el cumplimiento de dicha orden, lo que genera dilaciones indebidas en un asunto de urgencia y relevancia constitucional; y,
- 3)Solicitó a la Jueza de garantías que, en ejercicio de sus atribuciones, ordene la entrega inmediata de la menor de edad AA a su madre, fijando un plazo máximo de veinticuatro horas para su ejecución, en consideración a que la nombrada se encuentra actualmente bajo el cuidado de familiares de PP, circunstancia que incrementa su situación de riesgo y vulnerabilidad. Concluyó reiterando que el caso exige una actuación pronta y eficaz conforme al principio de protección integral del menor y a la obligación de debida diligencia del Estado.
En el desarrollo de la audiencia de acción de libertad de 30 de noviembre de 2024, la Jueza de garantías, solicitó al Secretario del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, precisar los antecedentes documentales remitidos por la Jueza hoy accionada, constatando que únicamente hubiese recibido el Oficio 1729/2024, el cual fue debidamente digitalizado y correspondía a la orden de restitución de la menor de edad AA a favor de su madre.
La Jueza de garantías verificó que el Oficio 1729/2024 fue emitido el 29 de noviembre de 2024, en cumplimiento de un Auto Interlocutorio de 28 de igual mes y año, mediante el cual la Jueza ahora accionada dispuso la entrega de la menor de edad AA a su madre. No obstante, al interrogar a la parte accionante sobre su conocimiento y notificación con el documento, manifestó no haber sido notificada ni haber recibido aún a su hija menor de edad, a pesar de la existencia de la referida orden judicial.
Ante tales manifestaciones, la Jueza de garantías dejó constancia de que el objeto de la audiencia se centró precisamente en la verificación del cumplimiento de la orden de restitución de la menor de edad, aclarando que la Jueza hoy accionada habría dispuesto dicha medida mediante el Oficio 1729/2024.
I.2.2. Informe de las autoridades y persona particular accionadas
María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad ni remitió informe alguno pese a su citación vía WhatsApp cursante de fs. 77 a 78.
María Toledo Durán, Fiscal de Materia, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad ni remitió informe alguno pese a su citación vía WhatsApp cursante a fs. 117.
Eliana Méndez Avellaneda a través de su abogada, en audiencia, manifestó que:
- i)Desde que la accionante inició el proceso penal contra PP, la menor de edad AA se encontraba bajo su cuidado en razón de los frecuentes abandonos de la nombrada hacia sus hijas;
- ii)La accionante presentó antecedentes de violencia sexual por parte de su propio padre, quien habría cometido el delito de violación contra la accionante desde que tenía once años de edad, configurando un cuadro de afectación psicológica y síndrome de Estocolmo; puesto que, actualmente convive con dicho agresor junto a sus hijas menores de edad;
- iii)Afirmó que la menor de edad AA, actualmente bajo custodia de su persona, relató que, en una visita al domicilio del abuelo, el nombrado la llevó a su camión de transporte internacional, en el cual le hubiese realizado toques indebidos en sus partes íntimas, constituyendo un acto de abuso sexual, además la niña presenta síntomas de trauma, pesadillas y conductas defensivas; por lo que, su persona se negó a entregarla cuando fue citada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) el "14 de noviembre"; y,
- iv)En virtud de los antecedentes expuestos, la abogada solicitó a la Jueza ahora accionada que, en resguardo del interés superior de la menor de edad, se disponga la realización de una entrevista psicológica especializada a través del grupo interdisciplinario del Órgano Judicial, con el objetivo de corroborar los hechos denunciados, proteger la integridad física y psicológica de la niña; y, evitar su entrega a la madre y al entorno del presunto agresor. Advirtió además que existe un riesgo de que el abuelo materno intente sacar del país a la menor de edad AA con la colaboración de la madre, justificando la necesidad de medidas de protección urgentes y eficaces.
I.2.3. Resolución
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