0349/2019-S4

Henry Aguirre Burga, Director Departamental del SEPDEP del Departamento de La Paz, de 15 de mayo de 2018, mediante informe de fs. 34 a 35, indicó que:

1. a)El impetrante de tutela cuenta con sentencia condenatoria de cinco años, emergente del proceso penal radicado en el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en el que los Defensores Públicos a su cargo, empezaron a tramitar los correspondientes oficios para la junta de trabajo y estudio;
2. b)En el proceso penal dentro del cual el Tribunal de Sentencia Primero del mismo departamento, emitió Sentencia condenatoria de seis años en contra del impetrante de tutela, que radicó en el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento referido, los representantes de Defensa Pública requirieron al juez competente se realice la clasificación dentro del sistema progresivo, petición que fue respondida el 11 de diciembre de 2017;
3. c)En el proceso penal radicado en el Tribunal de Sentencia Cuarto, el accionante fue sancionado por falta disciplinaria a través de Resolución 002/2017 de 4 de enero; en consecuencia, conforme a la Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, para ser favorecido con los beneficios, no debe contar con sanción disciplinaria en el último año;
4. d)En reiteradas oportunidades los Defensores Públicos, presentaron solicitudes de salidas personales a efectos de precautelar la salud del accionante; y, f) El impetrante de tutela no señaló de forma precisa como el SEPDEP vulneró los derechos fundamentales.

El Juez de Partido y Sentencia Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 08/2018 de 16 de mayo, cursante de fs. 56 a 60, denegó la tutela impetrada, en mérito a los siguientes fundamentos:

1. 1)El accionante tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada emergente de un debido proceso, dictada por autoridad competente; por ende, no está ilegalmente detenido ni perseguido, conforme lo establece el Certificado de permanencia y conducta presentado;
2. 2)Del documento aludido, evidenció que tiene varios procesos penales en los que se determinó su detención preventiva e incluso su libertad provisional, lo que acreditó que su detención en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz, no es ilegal, consecuentemente, no existe detención ni persecución indebidas;
3. 3)El accionante no presentó ningún elemento probatorio que establezca que en el Centro Penitenciario mencionado, pretendieran quitarle la vida; además, el hecho de supuesta extorsión debe ser denunciado al Director del Centro Penitenciario indicado y al Ministerio Público, señalando qué internos y qué otras personas hubieren incurrido en ese hecho y habiéndose presentado dicha denuncia, la misma debe resolverse pero no por un tribunal de garantías; tampoco existe prueba de que la autoridades demandadas estén poniendo en peligro su vida;
4. 4)Con relación a que hubiese sido víctima de la pugna por un inmueble ubicado en el ex fundo Parco Pata por mejor derecho propietario; en caso de ser evidente, debe acudir al proceso civil por nulidad que alega haber iniciado, a efectos de hacer prevalecer su derecho propietario y la nulidad que pretende, extremos que constituyéndose en civiles ordinarios, no puede analizar en su condición de Juez de garantías;
5. 5)Si consideró que en su proceso penal sobreviene una excepción de prejudicialidad, el accionante debe presentar ese medio de defensa con los requisitos previstos en el art. 308 inc. 1), 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ante la autoridad competente para hacer prevalecer sus derechos, no pudiendo dicho aspecto, ser resuelto por el Juez de garantías;
6. 6)El Juez de Ejecución Penal demandado, emitió los correspondientes oficios a las instancias pertinentes; por ende, no denegó las solicitudes de salida prolongada, esos oficios son peticiones para que se le califique al accionante en beneficios que establece la ley;
7. 7)Del certificado de permanencia y de conducta, evidenció que por el caso seguido en su contra por el Ministerio Público por el delito de lesiones graves y leves, que se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz, el requerimiento de salida prolongada debe pedirla a dicha autoridad y no al Juez de Ejecución Penal;
8. 8)Si el accionante consideró que el rechazo a la salida prolongada lesionó sus derechos, debió plantear el recurso de reposición y no de manera directa interponer la presente acción de libertad; en consecuencia, no cumplió con el principio de subsidiariedad; y,
9. 9)El impetrante fue asistido por los abogados de Defensa Pública, quienes presentaron varios memoriales dirigidos a distintas autoridades jurisdiccionales solicitando salidas médicas, al Servicio General de Identificación Personal, al Servicio de Registro Único; certificaciones, calificaciones, clasificación del sistema progresivo y otros, estableciéndose que los referidos funcionarios están realizando el trámite del accionante de libertad condicional; incluso, logrando dicho beneficio en algunos de los procesos penales que tiene; consecuentemente, no es evidente que el Director del SEPDEP o sus abogados dependientes, no asumieran defensa del accionante, o tramitado su libertad o presentado ningún memorial, por lo que asumió que existió una defensa técnica activa; peor aún, el referido reclamo no es una causal de acción de libertad; a cuyo efecto, estableció que el SEPDEP cumplió con la defensa legal y técnica encomendada a dicha institución.