0349/2023-S2

COBEE S.A. Bolivian Power Company Limited sucursal Bolivia mediante su representante legal ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliando manifestó que:

1. a)El art. 778 del CPCabrg. el cual está vigente para este tipo de procesos, establece ciertamente la posibilidad de que cualquier persona jurídica o natural pueda acudir ante la facultad revisora del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo cuando emite estos actos administrativos, que hace posible el cuestionamiento de justamente las decisiones del Estado que muchas veces son arbitrarias como en el caso, así también lo expresa la jurisprudencia constitucional para citar alguna la "SCP 134/2019⁴";
2. b)El citado artículo no excluye o limita, como lo hicieron los Magistrados demandados, la posibilidad de poder accionar la demanda contenciosa administrativa en materia laboral, por lo que existe una interpretación restrictiva que lesiona el derecho de acceso a la justicia contra la empresa COBEE S.A. Bolivian Power Company Limited sucursal Bolivia;
3. c)Respecto al art. 3 de la LPA en el cual el Auto Supremo basó su rechazó, si bien este artículo excluye algunas razones por las cuales no se puede entrar al proceso contencioso administrativo; sin embargo, los limita solamente a materia civil en el campo privado, en el presente caso están en el campo social en el cual incluso se debe considerar el carácter intervencionista del Estado en los asuntos sociales y laborales, conforme está contenido en la Constitución Política del Estado y el art. 4 inc. c) del DS 28699, por lo que esos son los criterios que debieron haber comprendido dentro la resolución para poder tramitar normalmente el proceso contencioso administrativo; d) El art. 2.2 de la Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativa -Ley 620 de 29 de diciembre de 2014-, puntualmente dispone y otorga las competencias a las Salas Contenciosas Administrativas y no existe ninguna exclusión, tipo de discriminación respecto a la demanda contenciosa administrativa en materia laboral; mas al contrario, dicho artículo establece específicamente que tienen competencia los Magistrados demandados para conocer y resolver demandas contenciosas administrativas a nivel nacional que le resulten de la oposición entre el interés público y privado; y, e) Llama la atención que existiendo jurisprudencia consolidada emitida por la misma Sala del Tribunal Supremo de Justicia, que en diferentes casos han tramitado normalmente demandas contenciosas administrativas, por lo que no se dio un trato igualitario en casos similares y análogos, respecto a la demanda planteada por la prenombrada empresa, siendo evidente la falta de fundamentación en la determinación asumida en el Auto Supremo 7-1-CA.

José Antonio Revilla Martínez, Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, remitió informe escrito de 2 de diciembre de 2021, cursante de fs. 158 a 162, mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. 1)El Auto Supremo 7-1-CA, explicó de forma clara y razonada, los motivos para rechazar la demanda contenciosa administrativa, presentada por COBEE S.A. Bolivian Power Company Limited sucursal Bolivia, contra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, indicando con precisión la norma que justifica su decisión, describiendo las circunstancias de hecho que hacen aplicable la misma, una vez compulsada la prueba y los argumentos expuestos en la demanda contenciosa administrativa, constató que la controversia se originó ante la denuncia de despido injustificado, presentado por José Luis Aruquipa Nina contra la citada COBEE S.A., planteada a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, autoridad que dispuso a través del Auto JDTLP-DASC-008/2020 de 2 de enero, que el denunciante acuda a la autoridad competente para resolver la controversia, ante ello interpuso el recurso de revocatoria, emitiéndose la RA 088-20, que confirmó al Auto recurrido, lo que dio lugar a la interposición del recurso jerárquico, que fue resuelto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante RM 033/21, que revocó al Auto y la Resolución Administrativa, disponiendo la reincorporación laboral del trabajador al mismo puesto que ocupaba; dando lugar, al planteamiento del proceso contencioso administrativo por parte de COBEE S.A. Bolivian Power Company Limited sucursal Bolivia, solicitando se revoque la referida Resolución Ministerial;
2. 2)Conforme los antecedentes, advirtió que con la RM 033/21, se agotó la vía administrativa, aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495 de 1 de mayo de 2010, no constituye una Resolución que defina la situación laboral del trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta disposición en la justicia ordinaria, conforme previene el referido decreto, vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del CPT, precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se determinará si el despido fue o no justificado;
3. 3)El Auto Supremo 7-1-CA, fundamentó y motivó de forma clara, expresa y concreta que, la Ley de Procedimiento Administrativo dispone que el objeto es determinar las normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento administrativo del sector público; asimismo, regula la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados; empero, conforme la parte final del art. 3 inc. c) de la LPA se excluyen todos los actos de la administración pública que por su naturaleza, se encuentren regulados por normas de derecho privado y de derecho social como es el derecho laboral, entendiéndose que cuando esos actos estuvieran regulados por su normativa, no se encuentran obligados a seguir las regulaciones de la LPA;
4. 4)El art. 778 del CPCabrg. determina la procedencia del proceso contencioso administrativo, exigiendo la existencia previa de oposición entre el interés público y el interés privado del administrado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere acudido previamente ante el Poder Ejecutivo, reclamando expresamente el acto administrativo impugnado y agotando ante ese Órgano todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado;
5. 5)Como se advierte el procedimiento impugnatorio que regula las actuaciones administrativas que afectan derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados y su revisión vía proceso contencioso administrativo, es aquel previsto en los arts. 64 al 68 de la LPA (recurso de revocatoria y jerárquico) y el art. 778 del CPCabrg. no abarca al ámbito de la problemática expuesta en la demanda, emergente de relaciones reguladas por la Ley General del Trabajo (empleador y trabajador);
6. 6)El art. 50 de la CPE prescribe que el Estado resolverá los conflictos laborales mediante tribunales u organismos administrativos especializados, obligando la aplicación de la jurisdicción laboral especializada, pero también a especificas instancias administrativas, que respeten los principios del derecho laboral y las relaciones que emergen en ese ámbito;
7. 7)La competencia de los juzgados públicos en materia de trabajo y seguridad social, se encuentra previsto en los arts. 7.3.4 y 8 de la LOJ; concordante con el 43 del CPT que dispone como una de sus competencias de los Juzgados Públicos en materia de Trabajo y Seguridad Social; asimismo, los arts. 1 y 2 del citado Código, regulan los modos y las formas de trámite y resolución de todos los asuntos relativos a las cuestiones laborales, cuyo conocimiento corresponde a la Judicatura del Trabajo y Seguridad Social, advirtiéndose que es la propia norma especial que elimina y excluye todo uso o remisión a las normas adjetivas de otros campos jurídicos, como es el caso del procedimiento impugnatorio previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo y el art. 778 del CPCabrg.; y,
8. 8)El Auto Supremo 7-1-CA, fundamentó su decisión en la SCP 0591/2012 de 20 de julio que señaló: "En el contexto precedente, no es atinado afirmar que los actos de las autoridades administrativas laborales, que resuelven los conflictos emergentes del contrato de trabajo o la relación laboral, se encuentran sujetos a la Ley de Procedimiento Administrativo, puesto que para resolver esos problemas, las autoridades administrativas laborales aplican normas laborales, que aunque tiene trascendencia pública, son normas de carácter privado; por ello, a esos actos no es aplicable la señalada Ley", línea jurisprudencial concordante con la exclusión normativa prevista por el art. 3.II inc. e) de la LPA, que descarta la aplicación del procedimiento impugnatorio prescrito por la señalada normativa.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en aplicación del art. 36.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo) realizó preguntas a la parte accionante, a fin de emitir el fallo correspondiente i) Respecto a que versa la RM 033/21, respondió que sobre una confirmación de reincorporación se otorgó a favor del trabajador José Luis Aruquipa Nina; sin embargo, en este caso existe un proceso administrativo interno, cumpliendo con todas las formalidades y garantías;

1. ii)Con relación al Auto Supremo 7-1-CA, confirmó la RM 033/21, contestó que no, lo que hace es rechazar in límine la demanda contenciosa administrativa;
2. iii)Cuál es el argumentó normativo por el que rechaza la admisión de la demanda, respondió que el Auto Supremo realiza una interpretación restrictiva del art. 778 del CPC abrg.; y,
3. iv)Porque presentó la demanda contenciosa administrativa ante la Sala especializada Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Por qué el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió la RM 033/21, vulnerando los derechos de acceso a la justicia, al debido proceso y en este caso existe un proceso interno previo contra el trabajador; y, el Tribunal Constitucional Plurinacional, refirió que en estos casos el Ministerio no tenía competencia; por otra parte, existe prueba que no fue valorada por el citado Ministerio para tomar una decisión; esencialmente, estos son los elementos por los cuales se pidió la revisión al Órgano Judicial.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 11/2022 de 26 de enero, cursante de fs. 208 a 212 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Se encuentra de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia, puesto que las cuestiones de beneficios sociales o reincorporación, son materia exclusiva de la jurisdicción laboral, en caso de reincorporación inclusive el trabajador podrá acudir directamente a la jurisdicción constitucional;
2. b)El proceso contencioso administrativo está reservado para el control judicial del acto o la actividad administrativa, sea contrato, acto administrativo, en este caso en apariencia administrativo, pero no es acto administrativo o manifestación de la voluntad de la administración que hacen nacer, modificar o extinguir situaciones de derecho público con la resolución de un contrato administrativo, como un dispositivo sancionador como una cuestión trilateral administrativa, porque el procedimiento administrativo tiene tres vertientes general, sancionatorio y trilaterizado, por su naturaleza tienen que ver con cuestiones de derecho público impugnativas, en algunos casos de generación de autotutela en base al acto administrativo propiamente dicho, en otros por objeto están reservados eventualmente a control judicial de la administración que es esencialmente contencioso; y,
3. c)La competencia del Ministerio de Trabajo radica en ver cuestiones de derecho de trabajo, el objeto que se debate ante el citado Ministerio radica alrededor de la Ley General del Trabajo, las decisiones emitidas tienen su jurisdicción particular, la jurisdicción laboral; en consecuencia, ante el Tribunal Supremo de Justicia no existe la posibilidad alguna de debatir las cuestiones de legalidad dentro del proceso contencioso administrativo actos administrativos respecto a las pretensiones que se lleven en él.

Respecto al intitulado, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, efectuando un análisis y extracto de la contextualización jurisprudencial emitida por el órgano de constitucionalidad en cuanto a la posibilidad de revisar la actividad jurisdiccional de otros tribunales; concluye que: "...la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia:

1. i)Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de 'legalidad ordinaria', pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma;
2. ii)La noción de 'reglas admitidas por el Derecho' rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución;
3. iii)La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y,
4. iv)Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas:

1. a)Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación;
2. b)Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y,
3. c)Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales" (las negrillas y el subrayado son nuestros).

...a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,

1. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
2. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
3. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
4. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
5. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio3, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la 0SC 0802/2007-R de 2 de octubre4 se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. a)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. b)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. c)Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación;
4. d)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y,
5. e)La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²6-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la 0SC 0863/2003-R de 25 de junio7, así como en la 0SC 0358/2010 de 22 de junio8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la 0SC 0682/2004-R de 6 de mayo10, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.