0350/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0350/2019-S1 Sucre, 5 de junio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 26705-2018-54-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 0AC 15/2018 de 28 de noviembre, cursante de fs. 734 a 736 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Daniela Norma Zabala Álvarez contra Edwin José Blanco Soria y William Eduard Alave Laura, ex y actual Fiscal Departamental, ambos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 31 de octubre, 1 y 14 de noviembre, todos de 2018, cursantes de fs. 662 a 687 vta.; 690; y 693 a 697 vta., la accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 10 de abril de 2018, Rafaela María Luisa Fuentes Blacutt de Ruiz -hoy tercera interesada-, interpuso querella en su contra y de Wilson Víctor Medrano Patti -ahora tercero interesado-, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y estafa debido a que, según la citada denunciante, su persona y el prenombrado le habrían solicitado depositar la suma de $us10 000.- (diez mil dólares estadounidenses) a una cuenta de la Cámara de Senadores a fin de que su hijo, procesado por los delitos de uso de instrumento falsificado y uso indebido de la profesión, pueda someterse a un procedimiento abreviado, querella observada por el Ministerio Público que fue subsanada solo con relación al delito de estafa; por lo que, se desestimó el otro delito; sin embargo, por instrucciones del Fiscal de Materia se instruyó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) efectuar las diligencias preliminares por el delito de extorsión, informándose a la autoridad judicial el inicio de investigaciones por dicho delito.

Ante el transcurso del tiempo, la Jueza de control jurisdiccional conminó al Ministerio Público a fin de que emita el requerimiento correspondiente de acuerdo al art. 301 del Código de Procedimiento Penal (CPP); razón por la cual, se emitió la Resolución de Rechazo 758/2018 de 9 de julio, donde se señaló que no se advirtió la existencia de elementos materiales del delito de extorsión, siendo objetada por la querellante bajo el argumento de que no se analizaron los delitos de estafa e incumplimiento de deberes; por lo que, José Edwin Blanco Soria, ex Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado-, determinó la revocatoria mediante Resolución FDLP/EJBS/R-1255/2018 de 7 de septiembre, señalando que no se entendió que la propuesta de no solicitar la detención preventiva como el hecho de no oponerse al procedimiento abreviado configurarían el instrumento por el cual se exteriorizó una amenaza grave logrando una disposición patrimonial; que la solicitud de los $us10 000.- para recuperar los sueldos indebidamente percibidos por el hijo de la querellante, dejando de hacer o realizar un acto relacionado con sus funciones como no oponerse al procedimiento abreviado ni solicitar la detención preventiva, adecuaría su conducta a uno de los tipos penales; y, que existirían actos pendientes por investigar, debiendo haberse solicitado la ampliación del plazo de investigación y no requerirse su rechazo; sin embargo, no señala algún medio probatorio para arribar a estas conclusiones, subsumiendo su conducta a un ilícito ficticio que ni siquiera menciona, omitiendo el juicio de tipicidad, generando indefensión e incertidumbre sobre el tipo penal que se atribuye a su persona, además de no establecer cuáles serían los actos investigativos no realizados y su pertinencia, señalando algunos actuados sin referir dicha utilidad, más aún si los mismos no tendrán efecto en la investigación conforme el cuaderno de investigaciones, resultando arbitrario pretender una ampliación de término de la investigación cuando se sobrepasaron los plazos previstos por los arts. 300 y 301 del CPP, además de tratarse de una atribución privativa de los Fiscales de Materia, provocando el incumplimiento de los plazos señalados por ley.

De acuerdo con lo previsto por los arts. 57 y 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) los Fiscales Superiores, al momento de emitir sus resoluciones, tienen la obligación de realizar una valoración integral y fundamentar su decisión; sin embargo, en la citada Resolución jerárquica, acorde al precitado análisis, se evidencia que la misma resulta una simple consecuencia de la imaginación por no estar sustentada en una valoración integral de la prueba aportada por las partes, tornándose parcializada por tomar en cuenta solo lo señalado por la querellante, omitiendo compulsar y pronunciarse sobre sus pruebas como los memoriales por los que el hijo de la querellante solicitó acogerse a un procedimiento abreviado, en los cuales reconoce que el título que ostentaba era falsificado, que renunciaba al juicio oral, que existía un daño económico causado al Estado, además que dicha solicitud fue realizada de forma voluntaria sin presión de ninguna naturaleza, debiendo tomarse también en cuenta la Resolución de rechazo de querella así como el memorial de 8 de diciembre de 2017, que desvirtuó los elementos del delito de extorsión, pruebas omitidas que impidieron desvirtuar las acusaciones que pesan en su contra. Por otra parte, el argumento sobre el beneficio obtenido a favor de la entidad que representa propició una disposición patrimonial para dejar de hacer o realizar un acto relativo a sus funciones prometiendo que no solicitarían la detención preventiva y no se opondrían al procedimiento abreviado, solo fue mencionado por la querellante y sus testigos de cargo, existiendo otras pruebas que demuestran que su persona y el otro abogado no prometieron llegar a ningún acuerdo y contrariamente reflejan su accionar dentro de las normas que regulan sus funciones como servidores públicos; asimismo, se solicitó la instauración del juicio oral que implica una oposición al referido procedimiento abreviado y, en la audiencia de medidas cautelares de 10 de diciembre de 2017 el abogado de la Cámara de Senadores, Wilson Medrano Patti -hoy tercero interesado-, solicitó la detención preventiva que demuestra su intención de llegar a juicio oral y no a un acuerdo con el procesado, pruebas que de haber sido compulsadas cambiarían la decisión final de la Resolución objetada, omisión que vulnera su derecho a la presunción de inocencia.

La Resolución FDLP/EJBS/R-1255/2018 resulta también incongruente entre lo peticionado y lo resuelto, debido a que en el punto II.2 (Objeción a la Resolución de rechazo) del citado fallo donde se exponen los argumentos de la impugnante, correspondía efectuar la respuesta de los mismos en el acápite de "II.3 Análisis del Caso Concreto" realizando un análisis fáctico normativo, aspecto que no aconteció puesto que no se pronuncia sobre los elementos configuradores de los delitos de estafa e incumplimiento de deberes omitidos por los Fiscales de Materia efectuando una parcializada subsunción de algunas posibles conductas a los que denomina "uno de los tipos penales cometidos por funcionarios públicos" (sic), actuando más allá de lo pedido cuando analiza los elementos "intimidación o amenaza grave" (sic) cuando la querellante refirió que "el caso particular no es un tema de EXTORSIÓN SINO DE ESTAFA" (sic), generando una incongruencia externa al utilizar argumentos ajenos para resolver; de igual manera, se evidencia la incongruencia interna por no existir coherencia lógica entre ambos puntos porque en el primero se expone los argumentos de impugnación y en el segundo se desarrollan otros no considerados, siendo éstos últimos los utilizados para revocar la Resolución de rechazo; por otra parte, la impugnante sostuvo que existirían actos investigativos especificando cuatro puntos, si bien en el análisis toma en cuenta uno de ellos, no introduce los otros; empero, funda su decisión señalando otros actos investigativos para la ampliación del plazo de investigación, resultando su fallo ultra petita; además, que la prenombrada afirmó que ya existían los medios probatorios para denotar la existencia del hecho y la participación de los imputados, demostrándose la discrecionalidad de la actuación del ex Fiscal Departamental de la Paz -hoy demandado-, aplicando selectivamente los fundamentos de la impugnación, elucubrando determinaciones que re direccionan la investigación.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela señala como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, a la defensa, a la igualdad, a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 115.II; 116.I; 117.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio