0350/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0350/2019-S4 Sucre, 5 de junio de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional

Expediente: 26845-2018-54-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 08/2018 de 30 de noviembre, cursante de fs. 406 a 409, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Salomón Huarina Llanqui y María Luz Vedia contra Lucio Fuentes Hinojosa, Deysi Villagómez Velasco y Bernardo Huarachi Tola; Ex Magistrados; Elva Terceros Cuéllar y Rufo Nivardo Vásquez Mercado, actuales Magistrados de la Sala Segunda; todos del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes, mediante memorial presentado el 29 de junio de 2018, cursante de fs. 206 a 223, expusieron los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Interpusieron una demanda contenciosa administrativa contra Juan Evo Morales Ayma y César Hugo Cocarico Yana, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, respectivamente, impugnando la Resolución Suprema (RS) 18937 de 8 de junio de 2016, así como el proceso de saneamiento integrado al Catastro Legal (CAT-SAN) sobre el polígono 029 de la propiedad denominada Comunidad Tuero Chico, ubicada en el municipio de Yotala, provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, al haberse declarado ilegal su posesión sobre la parcela 046, con una superficie de 0,00176 ha, sin considerar que construyeron su vivienda en ese predio; además por haber consignado en lo que respecta a la parcela 125, una menor superficie reduciendo a 0,0778 ha, cuando el documento de transferencia del terreno que se efectuó a su favor, comprende una extensión de 1 557,21 m2.

La referida demanda contencioso administrativa, fue declarada improbada a través de la Sentencia Agroambiental S2ª 128/2017 de 30 de noviembre, basada en afirmaciones subjetivas, en desconocimiento de la normativa constitucional y agraria, sin tomar en cuenta su posesión legal sobre la superficie de 0,0176 ha, donde con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Solidaria SP1 y una inversión de Bs12 724,71 (doce mil setecientos veinticuatro 71/100 bolivianos) construyeron su vivienda, cuya Acta de Conformidad y Recepción Definitiva de 12 de marzo de 2011, fue adjuntada como prueba de haber sido reconocidos como los únicos propietarios del indicado bien inmueble; documento público que tiene validez y eficacia mientras no sea declarado nulo por una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, dentro de un proceso en la vía ordinaria y ante autoridad competente y no en un proceso contencioso administrativo, cuya finalidad es efectuar el control de legalidad constitucional de los actos en sede administrativa, careciendo por tanto las autoridades demandadas, de facultades para declarar la nulidad de un documento público.

La Sentencia Agroambiental S2ª 128/2017 basó exclusivamente su decisión en las afirmaciones efectuadas por la Directora Nacional a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), repitiendo textualmente los argumentos expuestos en el Informe Legal DDCH-USCH-INF-SAN 309/2015 de 21 de julio, con posterioridad al proceso de saneamiento integrado al Catastro Legal (CAT-SAN) respecto al polígono 029 de la propiedad Comunidad Tuero Chico, señalando que con dicho informe, habían sido notificados mediante cédula en dependencias del INRA-Chuquisaca el 21 de julio de 2015, sin considerar que al haberse afectado su derecho propietario sobre la parcela 046, en la que con sacrificio fue construida su vivienda, debió realizarse esa notificación en forma personal en su domicilio constituido en la vivienda 13, de la Comunidad Tuero Chico, omisión que no les permitió ejercer su derecho a la defensa. Por otra parte, las autoridades demandadas, al emitir la Sentencia Agroambiental objeto de la presente acción tutelar, desconocieron que se cumplió con la función social al haber construido su vivienda, invirtiendo recursos como se advierte en el relevamiento de información contenida en el formulario de cumplimiento de la función social, lo que permite concluir que las autoridades demandadas no efectuaron la interpretación integral y armónica de la Constitución y de la Ley INRA -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996- y Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria -Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006-, no efectuaron una valoración racional de los medios probatorios.