0350/2021-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0350/2021-S4 Sucre, 26 de julio de 2021

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad

Expediente: 35126-2020-71-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 08/2020 de 21 de agosto, cursante de fs. 47 a 49 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesto por Giovanni Boris Gonzales Céspedes contra Luis Fernando Pérez Montaño, Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero (EPI-NORTE) del departamento de Cochabamba; y, Elaine Ruth Bishop Urzagaste, Fiscal de Materia.

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de agosto de 2020, cursante de fs. 1; y, 8 a 9 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 11 de noviembre de 2019, fue injustamente "aprehendido" en vía pública en la Av. Panamericana por un grupo de uniformados, quienes luego de propinarle una paliza, lo condujeron ensangrentado -junto a otro grupo de personas- a dependencias de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), ubicada en la Av. Heroínas, donde lo mantuvieron incomunicado y en calidad de "preso de guerra", cerca de las cuarenta y ocho horas; lapso en el que todos los allí "detenidos" (aproximadamente cincuenta personas), recibieron la explicación de Elaine Ruth Bishop Urzagaste, Fiscal de Materia, de la demanda penal que pesaba sobre éstos.

Tal es así que, dentro de proceso penal que se le sigue por los delitos previstos en los arts. 206, 207, 223, 332 y ampliado al 133 todos del Código Penal (CP), el 13 de noviembre de 2019, se celebró la audiencia de consideración de medidas cautelares, en la que no se le permitió expresarse y relatar los hechos que mediaron su "aprehensión", ordenando su reclusión en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba.

Posterior a ello, un mes después, fue notificado por el Ministerio Público para una audiencia de reconstrucción de los hechos; sin embargo, no se le permitió salir del citado Centro, con el argumento de que la "Gobernación" no había sido notificado.

Lo que hace evidente el desinterés de la "Fiscalía" por conocer la verdad histórica de los hechos.

Luego de tres a cuatro meses de investigación, -entretanto el solicitante de tutela se mantuvo detenido-, en audiencia de 13 de marzo de 2020, realizada ante el Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero (EPI-NORTE) del departamento de Cochabamba -autoridad ahora demandada-, se le otorgó la cesación a su detención preventiva, disponiendo su arraigo y la presentación de dos garantes personales. Lamentablemente, la instructiva para iniciar estos trámites se emitió dos meses después, no obstante que los juzgados penales no interrumpieron su trabajo por efecto de las restricciones por la pandemia de COVID-19.

Pese a la manifiesta retardación de justicia, de 26 de junio del mismo año, solicitó audiencia para efectivizar la cesación de su detención preventiva ya otorgada; verificativo que se señaló para un mes después, el 28 de julio de igual año, y que no pudo llevarse a cabo por razones ajenas a su voluntad; sin embargo, este acto procesal no fue reprogramado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, como prevé la "Ley 1173".

Finalmente señaló, que el 3 de agosto de 2020, reiteró su solicitud de señalamiento de audiencia, la que se programó para el 20 del mismo mes y año; empero, extrañamente diez días antes de su realización -el 10 de ese mes y año-, el Juez ahora demandado declinó competencia al Juzgado de turno del departamento de La Paz; vulnerando con ello el derecho a la libertad, por la prolongación indebida de su detención preventiva.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados