0350/2023-S1

Expediente: 46645-2022-94-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 25/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 146 a 151, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Marina Choque Quispe contra Juan Carlos Zelaya Rojas y Hernán Ocaña Marzana, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Freddy Alberto Llanos Martínez, Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del señalado departamento. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memoriales presentados el 3 y 7 de marzo de 2022, cursantes a fs. 38 a 42 vta., y 45 y vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho: I.1.1. Hechos que motivan la acción Como antecedentes se tiene que, los señores Roberto Delgado Santos y Miguel Largo Quispe, resultan ser sus deudores tras otorgarles un crédito de Bs700 000.- (setecientos mil bolivianos) mediante Escritura Pública 588/2015, garantizado mediante hipoteca de un lote de terreno registrado en Derechos Reales bajo la matrícula computarizada 4.01.1.02.0002548 en la columna B, Asiento B-1; entonces, ante el incumplimiento de la obligación inició una acción civil que se encuentra en ejecución de sentencia; y es justamente en ese proceso donde se enteró sobre la existencia de otro proceso civil de resolución de contrato iniciado ante el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Oruro, incoado por Lucía Fernández Lafuente en contra de sus deudores. Dicha demanda es maliciosa, porque ambas partes tienen conocimiento de la deuda contraída y que la garantía hipotecaria versa sobre el referido lote de terreno; y pese a ello, el objeto de dicha demanda es la garantía otorgada a su persona ya que la demandante intenta cancelar el gravamen hipotecario a su favor; irregularidad no advertida ni por la autoridad jurisdiccional, soslayando inclusive ordenar la citación a las personas que podrían ser perjudicadas para que puedan hacer valer sus derechos como sucede en su caso ya que es acreedora de los demandados, y la resolución podría afectarle. Con esos antecedentes, se apersonó al proceso de resolución de contrato iniciado ante el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Oruro, y en la vía incidental planteó nulidad de obrados por falta de notificación; empero, el Juez demandado mediante Auto de 13 de abril de 2021, sin fundamentación y motivación declaró improbado el incidente. Contra dicha resolución, interpuso el recurso de reposición con alternativa de apelación, que fue resuelto mediante Resolución de 12 de mayo de 2021 que rechazó la reposición y concedió la apelación; posteriormente, los Vocales ahora demandados confirmaron el rechazo mediante Auto de Vista 314/2021 de 28 de septiembre, en el cual sin fundamentación y motivación se limitaron únicamente a señalar que la indefensión fue provocada por su persona, sin considerar que extraoficialmente tuvo conocimiento del proceso que atenta sus derechos; asimismo, omitieron referirse al agravio relacionado a la inaplicabilidad de la línea jurisprudencial a su caso, limitándose a enunciarla. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados El accionante alega como lesionados sus derechos a la defensa material y técnica y al debido proceso, en sus componentes de fundamentación y motivación, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicitó se deje sin efecto el Auto de 13 de abril de 2021 dictado por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Oruro. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia pública el 25 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 137 a 145 vta.; se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La accionante, a través de su abogado ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo manifestó que:

1. a)El "Auto Supremo 146/2021⁵" expone la Resolución de un caso análogo, en el que una entidad financiera tenía una hipoteca registrada sobre un bien inmueble, sobre el cual se llevó a cabo un proceso de anulabilidad sin la participación del banco, concluyendo categóricamente con la anulación de obrados hasta el Decreto de admisión para que la Entidad Financiera asuma defensa y haga prevalecer los derechos que le correspondan; y,
2. b)La jurisprudencia nos mostró el camino a seguir por parte de quienes imparten justicia, quienes ejercemos la profesión libre y al mundo litigante en general, por lo que solicitó se tome en cuenta el mencionado Auto Supremo a momento de emitir su fallo. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas Juan Carlos Zelaya Rojas y Hernán Ocaña Marzana, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe de 21 de marzo de 2022, cursante de fs. 65 a 66 vta., manifestaron, que dentro del Proceso de Resolución de Contrato por Incumplimiento de la Obligación de Pago, se dieron los siguientes hechos:
3. 1)La interposición del incidente de nulidad de actos procesales hasta la admisión de la demanda, por parte de la ahora accionante, fue declarado IMPROBADO por el Juez de la causa, mediante Auto de 13 de abril de 2021;
4. 2)La impugnación a la señalada resolución, fue resuelta mediante Auto de 12 de mayo de 2021, rechazando el recurso incidental, mismo que habiendo sido alternado de apelación fue concedido en el efecto devolutivo, radicado en la Sala Civil Primera del indicado Tribunal Departamental previo sorteo por sistema; entonces, respecto a los argumentos de la acción de amparo constitucional, se tiene que, no correspondía la nulidad vía incidente del Auto de Vista 314/2021 de 28 de septiembre, toda vez que, para ello debe existir perjuicio real, pues, no hay nulidad sin daño o perjuicio, aspecto que en el presente caso, no es evidente;
5. 3)Por disposición del art. 50 del Código Procesal Civil (CPC), la intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados procede, mientras se encuentre pendiente el proceso, que para el caso concreto, la peticionante de tutela pudo tener intervención oportuna durante la tramitación del mismo, toda vez que al momento de la interposición del incidente de nulidad -26 de febrero de 2021-, ya se había emitido la Sentencia 06/2019 de 4 de febrero, es decir que, dejó trascurrir alrededor de dos años sin interponer el recurso que la norma prevé, sin ejercer derecho alguno;
6. 4)La ahora accionante no demostró oportunamente tener interés legítimo en el proceso;
7. 5)No precisa en qué forma el Auto de Vista 314/2021 de 28 de septiembre, suprimió o restringió sus derechos y garantías constitucionales, ni de qué manera se habría quebrantado el cumplimiento de las normas civiles y sustantivas, por lo que no se advierte la indefensión alegada, ni la vulneración de sus derechos de sus derechos constitucionales; y,
8. 6)Del análisis del Auto de Vista 314/2021, se evidencia que fue motivado de forma pertinente y congruente, precisando los alcances del instituto de la preclusión, lo que no implica desconocer la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, por lo que solicitaron se deniegue la acción constitucional. Freddy Alberto Llanos Martínez, Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Oruro, no se apersonó a audiencia ni presentó informe escrito pese a su legal notificación cursante a fs. 53. I.2.3. Intervención de los terceros interesados Lucía Fernández Lafuente, a través de informe cursante de fs. 152 a 159 vta., manifestó lo siguiente:
9. i)El derecho de persecución y preferencia, siguen vigentes a favor de la ahora accionante, sus derechos de acreencia no han sido alterados; y,
10. ii)Si la accionante se consideró perjudicada por los alcances de la Sentencia 06/2019 de 4 de febrero, debió oportunamente apelarla y no dejar transcurrir el tiempo con una evidente inactividad En audiencia, mediante su abogado manifestó lo siguiente: a) Los antecedentes del "Auto Supremo 146/2021⁵" al que la accionante hace referencia, no pueden ser considerados como un precedente, por cuanto se trata de un proceso de anulabilidad y el caso que nos ocupa es un proceso de resolución de contrato, figuras totalmente distintas como para ser consideradas análogas; y, b) La accionante manifiesta que se hubiera roto la subsidiariedad, olvidando que el art. 129.I de la CPE establece la regla de "siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidas, suprimidas o amenazadas", concluyendo que la presente acción es subsidiaria y por lo tanto, debe ser denegada. I.2.4. Resolución La Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro, mediante Resolución 25/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 146 a 151 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) El Auto de Vista 314/2021 de 28 de septiembre, contiene fundamentación y motivación suficiente, respondiendo a cada uno de los puntos cuestionados en el recurso planteado; además, tiene la suficiente coherencia, citando correctamente las normas legales que sustentan la Resolución; consecuentemente, cumple con la garantía del debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; 2) La accionante no realizó una correcta relación de vinculación entre los hechos y el derecho fundamental invocado; y, 3) Las autoridades demandadas, acertadamente llegaron a la conclusión de que la accionante no tiene legitimación activa y pasiva en el proceso de Resolución de Contrato, siendo que, bien puede hacer valer sus derechos en el proceso que sigue la misma en contra de sus deudores, en el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Oruro; por lo que, las autoridades demandadas no incurrieron en ningún acto ilegal y no vulneraron los derechos fundamentales alegados. II. CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Memorial de 7 de noviembre de 2017, por el que Lucía Fernández Lafuente -ahora tercera interesada- interpone proceso civil ordinario de resolución de contrato por incumplimiento de la obligación de pago, en contra de Miguel Largo Quispe y Roberto Delgado Santos, como resultado del incumplimiento de pago de un contrato de compra venta de un lote de terreno, donde los demandados se constituían en los compradores y la demandante en la vendedora (fs. 2 a 7 vta.). II.2. Cursa Sentencia 06/2019 de 4 de febrero, por la que, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Oruro, declaró probada la demanda ordinaria de resolución de contratos interpuesta por Lucía Fernández Lafuente, contra Miguel Largo Quispe y Roberto Delgado Santos (fs. 11 a 15 vta.). II.3. Por Memorial de 26 de febrero de 2021, Marina Choque Quispe -ahora accionante- interpone ante el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Oruro, Incidente de Nulidad de Obrados dentro del proceso de resolución de contratos seguido por Lucía Fernández Lafuente, en contra de Roberto Delgado Santos y Miguel Largo Quispe, quienes resultan ser deudores de Bs700 000.- (setecientos mil bolivianos) de la incidentista, la que, alegando la vulneración del derecho al debido proceso pidió se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el decreto de admisión de la demanda y se le cite en su domicilio real (fs. 21 a 23). II.4. Ante el Incidente de Nulidad de 26 de febrero de 2021, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Oruro, emitió el Auto de 13 de abril de 2021, por el que, previa argumentación y fundamentación, declara improbado el mismo (fs. 121 a 122 vta.). II.5. Con los argumentos expuestos en el escrito de incidente de nulidad de obrados, la accionante de tutela considera afectados y vulnerados sus derechos a la defensa y al debido proceso y mediante Memorial de 16 de abril de 2021, plantea el Recurso de Reposición con alternativa de apelación, ante la emisión del Auto de 13 de abril de 2021 (fs. 123 a 126). II.6. Mediante Auto de 12 de mayo de 2021, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Oruro, rechazó el recurso de reposición, confirmando el Auto de 13 de abril de 2021, concediendo el recurso de apelación en efecto devolutivo (fs. 29 y 30). II.7. Dentro del Proceso de Resolución de Contrato por incumplimiento de la obligación de pago, fue emitido el Auto de Vista 314/2021 de 28 de septiembre, dictado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mismo que, en grado de apelación CONFIRMA los autos de 13 de abril y de 12 de mayo, ambos de 2021, con costas y costos para la apelante (fs. 31 a 37 vta.). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO La accionante, considera lesionados sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, durante la tramitación de un proceso de resolución de contrato, presentó incidente de nulidad; empero, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades: i) El Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio de 13 de abril de 2021 y sin fundamentación y motivación declaró improbado el incidente; ii) Los Vocales demandados, lo confirmaron mediante Auto de Vista 314/2021 de 28 de septiembre: ii.1) Sin fundamentación y motivación, se limitaron únicamente a señalar que la indefensión habría sido provocada por la accionante, sin considerar que extraoficialmente tuvo conocimiento del proceso que atenta sus derechos; y ii.2) Soslaya referirse al agravio relacionado a la inaplicabilidad de la línea jurisprudencial a su caso, limitándose a enunciarla. Por ello, solicita que se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 13 de abril de 2021. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) La garantía general del debido proceso y el derecho a la defensa; b) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; y,
11. c)Análisis del caso concreto. III.1. La garantía general del debido proceso y el derecho a la defensa El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como la 0SC 0086/2010-R de 4 de mayo, 0SC 902/2010-R, de 10 de agosto, SC 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada 0SC 902/2010-R, 0SC 0981/2010-R de 17 de agosto, 0SC 1145/2010-R de 27 de agosto, asimismo en la SCP 0270/2012 de 4 de junio, SCP 2493/2012 de 3 de diciembre, SCP 0903/2019-S4 de 16 de octubre, SCP 0618/2018-S1 de 11 de octubre, entre otros, del actual Tribunal Constitucional Plurinacional; en ese sentido configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos: "En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones." Configuración, contenido o alcance que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. En el contexto antes señalado, como uno de los elementos de la garantía del debido proceso, es el derecho fundamental a la defensa consagrado por el art. 115.II de la CPE, que tiene dos connotaciones: la primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, por ello en caso de constatarse la restricción al derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional. En sintonía con esta disposición, la jurisprudencia constitucional pronunciada en la 0SC 0657/2010 de 19 de julio, señalo: "Respecto al debido proceso consagrado como garantía constitucional en el art. 16 de la CPEabrg y art. 115.II de la CPE vigente; y como derecho humano en el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este Tribunal ha entendido, en su uniforme jurisprudencia, como "el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos" (0SSCC 418/2000-R y 01276/2001-R), siendo entendido el derecho a la defensa y presunción de inocencia en el orden constitucional, como instituto integrante de la garantía del debido proceso, los cuales son aplicables también en el ámbito administrativo sancionatorio". En ese contexto, corresponde señalar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad. Al respecto la 0SC 0902/2010-R de 10 de agosto, respecto al debido proceso, señaló en su Fundamento Jurídico III.5, que se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado en una triple dimensión, derecho, garantía y principio, y que éste: "...no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, es decir, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda a partir de un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso." El derecho al debido proceso, consagrado en la Norma Suprema, se encuentra en armonía con los instrumentos internacionales de los cuales es signatario el Estado Boliviano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus arts. 8.2 incs. b), c), d), e) y f); 7; 9; 10; 24; 25; y, 27, que lo determina como un derecho humano; asimismo, está contemplado en el art. 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, pues incluyen procedimientos administrativos de toda orden; entendimiento, que fue recogido en la SCP 0567/2012 de 20 de julio, que determinó una importante doctrina jurisprudencial. Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas, y conforme a la jurisprudencia constitucional, sufrió una transformación de un concepto abstracto que perseguía la perfección de los procedimientos, es decir, que daba preeminencia a la justicia formal, a un ideal moderno que destaca su rol como única garantía fundamental para la protección de los derechos humanos. En ese entendido, concluimos afirmando que el ámbito normativo de nuestro país, el debido proceso se manifiesta en una triple dimensión: Derecho, Garantía y Principio; el cual es un derecho de aplicación inmediata, vinculada a todas las autoridades judiciales o administrativas, constituyéndose en una garantía de legalidad procesal. III.2. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones. III.3. Análisis del caso concreto La accionante, considera lesionados sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, durante la tramitación de un proceso de resolución de contrato, presentó incidente de nulidad; empero, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades:

1. a)El Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio de 13 de abril de 2021 y sin fundamentación y motivación declaró improbado el incidente; y,
2. b)Los Vocales demandados, lo confirmaron mediante Auto de Vista 314/2021 de 28 de septiembre:
3. b.1)Sin fundamentación y motivación, se limitaron únicamente a señalar que la indefensión habría sido provocada por la accionante, sin considerar que extraoficialmente tuvo conocimiento del proceso que atenta sus derechos; y
4. b.2)Soslaya referirse al agravio relacionado a la inaplicabilidad de la línea jurisprudencial a su caso, limitándose a enunciarla. Por ello, solicita que se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 13 de abril de 2021. Expuesta la problemática, de las conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que, la ahora impetrante de tutela, instauró una demandada ejecutiva en contra de Roberto Delgado Santos y Miguel Largo Quispe, por el incumplimiento de pago de una deuda de Bs700 000.- misma que se encontraba garantizada con un lote de terreno registrado en Derechos Reales; sin embargo, conoció extraoficialmente de la tramitación de otro Proceso Civil Ordinario de Resolución de Contrato radicado en el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Oruro, instaurado por Lucía Fernández Lafuente en contra también de Roberto Delgado Santos y Miguel Largo Quispe (Conclusión II.1); como resultado del mencionado proceso civil ordinario de resolución de contrato, el Juez de aquella causa, mediante Sentencia 06/2019 de 4 de febrero declaró probada la demanda, afectando a criterio de la ahora accionante, sus derechos como acreedora de los perdidosos en dicho proceso (Conclusión II.2); entonces, se apersonó como tercera interesada en la demanda antes referida el 26 de febrero de 2021; y, mediante escrito, la misma planteó la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo -emisión del Decreto de Admisión de la demanda-, pidiendo ser notificada en su domicilio real (Conclusión II.3); Ante el incidente de nulidad planteado, el Juez de la causa, lo resolvió emitiendo el Auto de 13 de abril de 2021 por el que, previa argumentación y fundamentación lo declaró improbado. Ante esta decisión judicial, la accionante interpone el Recurso de Reposición con alternativa de apelación ante la misma autoridad, misma que mereció la emisión del Auto de 12 de mayo de 2021 por el que la autoridad ahora recurrida, lo rechaza confirmando el Auto de 13 de abril de ese año y abriendo la posibilidad de la apelación con efecto devolutivo ante autoridad superior (Conclusión II.4, II.5 y II.6). Precisamente, haciendo uso de su derecho en el marco del desarrollo del proceso civil ordinario, la accionante de tutela interpone el Recurso de Apelación, mereciendo la emisión del Auto de Vista 314/2021 de 28 de septiembre, por el que los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, resuelven CONFIRMAR los Autos de 13 de abril y 12 de mayo ambos de 2021, con costas y costos para la apelante (Conclusión II.7). Precisadas como se tienen las conclusiones jurídicas del presente fallo constitucional, a tiempo de ingresar al tratamiento de la problemática en sí, incumbe rememorar que, mediante Decreto de 7 de marzo de 2022, el Vocal Presidente de la Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro, efectuó observaciones a la presente demanda de acción de amparo constitucional, conminando a la accionante a su subsanación bajo alternativa de disponerse la no presentación de la acción conforme a lo dispuesto por el art. 30.I.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), observaciones que fueron subsanadas por la parte accionante mediante memorial de 11 del mismo mes y año (fs. 45), en el cual, la accionante identificó a los terceros interesados con sus domicilios procesales o laborales y, precisó su petitorio solicitando concreta y únicamente, la nulidad del Auto de 13 de abril 2021 dictado por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Oruro; frente a lo cual, la mencionada Sala Constitucional, emitió el Auto de 15 de marzo de 2022, cursante a fs.48 y vta., admitiendo la demanda de acción de amparo constitucional en contra de Hernán Ocaña Marzana y Juan Carlos Selaya Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, y Freddy Alberto Llanos Martínez, Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del mismo departamento. En ese mérito, se comprende que, el accionante pide la nulidad a partir del indicado Auto Interlocutorio hasta el Auto de Vista 314/2021; en consecuencia, se compulsará las dos resoluciones, conforme a la problemática advertida en la demanda. En ese marco, se tiene que la parte accionante denuncia que el Juez ahora demandado emitió el Auto Interlocutorio de 13 de abril de 2021, mismo que careciendo de fundamentación y motivación, declaró improbado su incidente de nulidad de obrados por falta de notificación y, que los Vocales demandados confirmaron lo resuelto por el mencionado Auto, sin fundamentar ni motivar su Auto de Vista 314/2021 de 28 de septiembre, limitándose únicamente a señalar que la indefensión habría sido provocada por la accionante, sin considerar que extraoficialmente tuvo conocimiento del proceso que atenta sus derechos, y soslayando referirse al agravio relacionado a la inaplicabilidad de la línea jurisprudencial a su caso, enunciándola simplemente. Ahora bien, por didáctica constitucional, previamente a ingresar al tratamiento de la problemática planteada, así como de los agravios identificados en la presente sentencia constitucional, a manera de contextualización normativa general aplicable al caso concreto, incumbe remitirnos previamente al art. 115.II3 de la CPE, que instituyó como uno de los principales deberes del Estado, el garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, que en sintonía con la voluntad del constituyente, estableció que ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso, tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I4 de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia de este Tribunal concluyó que el debido proceso se ha erigido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el debido proceso es sin duda un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando5.

6. Que, con relación a las nulidades, la doctrina señala tres presupuestos como condición para la declaración de nulidad:

1. 1)Quien alega la nulidad debe mencionar expresamente las defensas de las que ha sido privado de oponer;
2. 2)Acreditar la existencia de un perjuicio cierto e irreparable;
3. 3)Debe probar cual el interés jurídico que se pretende satisfacer con la invalidez que propugna. Presupuestos que no se han cumplido en la solicitud del peticionante de nulidad. La finalidad que tienden los requisitos y formas de los actos procesales, no son otra cosa que, la de salvaguardar el adecuado ejercicio del derecho a la defensa, de modo que no puede haber declaración de nulidad cuando el acto impugnado, pese a su irregularidad (exista o no expresa sanción de ésta en la ley) no ha afectado el mencionado derecho.

III.2.- La problemática del recurso radica fundamentalmente en que existiría falta de aplicación de los presupuestos para la procedencia de la nulidad, que le causan agravio que se resume en:

1. a)En lo que respecta al Principio de especificidad o legalidad, se le impidió asumir defensa, presentar alguna oposición a la demanda, oponer excepciones, puesto que se emitió una Sentencia que revocando la titularidad de derecho propietario de lote de Terreno que fue otorgado en calidad de garantía por un préstamo de dinero que otorgo su persona a los demandados, más aun considerando que este crédito hipotecario se halla debidamente registrado en la columna B Restricciones de la matricula computarizada Nro. 4.01.1.02.0002548.,
2. b)Del principio de finalidad del acto,
3. c)Del Principio de trascendencia, en el caso presente al no citársele, no se le permitió plantear los medios de defensa que corresponden, en los plazos que establece la norma procesal, y con ello simplemente se me deja en indefensión absoluta.
4. d)En cuanto al Principio de convalidación,
5. e)En lo que respecta al principio de protección, no se habría hecho conocer ningún actuado del presente proceso, cuando correspondía que desde la citación con la demanda sea citada para defender sus derechos.
6. f)Existiría inaplicabilidad de lo establecido en el Art. 48 del Código Procesal Civil, no se habría considerado que la naturaleza jurídica de la institución procesal del litisconsorcio, se encuentra centrada en el interés común o interés jurídico relevante que vincula a las partes que intervienen en la presente causa, con su persona, para calificar la pertinencia de su intervención es Imprescindible determinaren principio la naturaleza de la relación jurídica, en este entendido al ser mi intervención indivisible e Inseparable, siendo necesaria su participación en el presente proceso.
7. g)Existiría falta de aplicación a lo establecido en el Art. 24 numeral 4) del Código Procesal Civil, Art 25 numeral 3, Art. 229, Art. 50. II del Código Procesal Civil, A si también el Art.115.1 de la Constitución Política del Estado, afectándose el debido proceso en su elemento derecho a la defensa en la presente causa al no hacerle conocer sobre la tramitación de la causa.

1. 1.-Sobre la nulidad de actos procesales. A cuyo efecto nos remitimos a lo que señala el Art. 105 del Código Procesal Civil que señala: 'I. Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviera expresamente determinada por la ley, bajo responsabilidad. II. No obstante, ningún acto procesal podrá ser invalidado cuando carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin. El acto ser válido, aunque sea irregular, si con el se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que hubiere provocado indefensión'.

1. 2.-Sobre los principios que rigen la nulidad. En toda nulidad deben concurrir los principios de Especificidad o Legalidad y la Trascendencia. Con relación a la Especificidad o legalidad implica que para declarar la nulidad procesal, el juez deberá estar autorizado expresamente por un texto legal que contemple la causal de invalidez del acto, es decir 'No hay nulidad sin ley especifica que la establezca' (pas de nullitesanstexte).

'Ahora bien, los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son:

1. a)Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos 'No hay nulidad, sin ley específica que la establezca' (Eduardo Cuoture, 'Fundamentos de Derecho Procesal Civil', p. 386);
2. b)Principio de finalidad del acto, 'la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto' (Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinado;
3. c)Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture Cop. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y,
4. d)Principio de convalidación, 'en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento' (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, 'Nulidades Procesales'). En concordancia con este último principio se tiene a la impugnación tardía de las nulidades, que siguiendo al mismo autor Couture, op. cit. p. 396, se da en cuatro supuestos:
5. 1)Cuando la parte que tiene en su mano el medio de impugnación de una sentencia y no lo hace valer en el tiempo y en la forma adecuada, presta su conformidad a los vicios del procedimiento, y en ese caso su conformidad trae aparejada la aceptación;
6. 2)Si tiene conocimiento de la nulidad durante el juicio y no la impugna mediante recurso, la nulidad queda convalidada;
7. 3)Si vencido el plazo del recurso y pudiéndola atacar mediante un incidente, deja concluirse el juicio sin promoverlo, también consiente, y;
8. 4)Pudiendo promover un juicio ordinario, hace expresa declaración de que renuncia a él, también debe reputarse que con su conformidad convalida los vicios y errores que pudieran existir en el proceso. Supuestos relacionados con el principio de preclusión, entendido como la clausura definitiva de cada una de las etapas procesales, Impidiéndose el regreso fases y momentos procesales ya extinguidos o consumades (...). Criterio jurisprudencial que fue reiterado en la SCP Nº 0876/2012 de 20 de agosto, complementado a su vez el razonamiento en la SCP 0376/2015-S1 de 21 de abril de 2015 donde estableció los presupuestos para la procedencia de la nulidad de los actos procesales, se tiene respecto al criterio que debe interesar para disponer una nulidad procesal, refiere: '...La Sala de este Tribunal Superno de Justicia en atención a los principios constitucionales que rigen la administración de justicia, así como los principios específicos propios de las nulidades procesales, ha modulado la jurisprudencia trazada por la Ex Corte Suprema de Justicia, superando aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal en resguardo simplemente de las formas previstas por la ley procesal; lo que en definitiva debe analizarse, es si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio recayendo en una injusticia, cuya situación no pueda ser remediada de algún otro modo, solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un juez natural y competente, siempre y cuando el estado de Indefensión no haya sido provocado o atribuible a la propia parte litigante que reclama la nulidad;' (...) 'En cuanto a la nulidad de los actos procesales, complementando el entendimiento establecido en la 0SC 0731/2010-R 26 de julio, en la SC 0242/2011-R de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional afirmó: "...el que demande por vicios procesales, para que su incidente sea considerado por la autoridad judicial, debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: 1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió No se debe haber convalidado ni ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y,
9. 5)consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad (...)'".