0351/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0351/2019-S1 Sucre, 5 de junio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 26696-2018-54-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 10/2018 de 8 de noviembre, cursante de fs. 102 a 107 vta., dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por José Luis Lenz Mamani contra Jorge Alejandro Vargas Villagómez y Blanca Carolina Chamón Calvimontes, Vocales de Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 24 y 31 de octubre de 2018, cursantes de fs. 36 a 57 y 61 a 64, el accionante expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público (MP) en su contra por la presunta comisión del ilícito de incumplimiento de deberes y negativa o retardo de justicia, que tuvo como origen el requerimiento fiscal de 5 de septiembre de 2016, la misma presenta una serie de deficiencias e irregularidades que convierten a la misma en arbitraria e ilegal, actuación contra el cual de conformidad a los arts. 314 y 169.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP) interpuso Incidente de Nulidad por falta de fundamentación y Excepción de Falta de Acción.

Refiere que la Jueza de Instrucción Cautelar Tercero del departamento de Tarija, mediante Auto Interlocutorio 53/2017 de 3 de marzo, evidencio la vulneración del debido proceso y al no haber certeza del hecho que se le atribuye - vulneración del derecho a la defensa - declaró ha lugar el incidente de nulidad de actuados hasta el vicio más antiguo, ante la petición de complementación y enmienda efectuado por el MP, la Jueza de mérito ratificó dicha Resolución refiriendo que el oficio - de 5 de septiembre de 2016 - cuestionado, no establece de manera clara el hecho atribuido, por lo que consideró que se enmarca dentro del art. 169.3 del CPP el cual establece que no son susceptibles de convalidación los defectos que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos por la Constitución Política del Estado (CPE).

Contra el mencionado Auto el MP y el Gobierno Autónomo departamental de Tarija presentaron el recurso de apelación, mismo que recayó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de dicha ciudad constituida por los Vocales ahora demandados, emitiendo el Auto de Vista (Apelación Incidental) 31/2018 de 23 de abril que revocó la referida Resolucion, en el cual hicieron referencia a los arts. 4 al 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico (LOMP); empero, cuando señalan lo previsto por el art. 8 de la citada norma solo refirieron "lo que significa que el Ministerio Publico, es único e indivisible en el ejercicio de sus funciones y cuando tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible, le corresponde promover de oficio la acción penal" (sic); cuando el referido artículo señala "La y los Fiscales, bajo su responsabilidad promoverán de oficio la acción penal publica, toda vez que tengan conocimiento de un hecho punible y donde se encuentre flagrancia". Es decir, de manera mal intencionada y parcializada los demandados citaron dicha disposición legal incompleta, ello debido a que el requerimiento de 5 de septiembre de 2016 es emergente luego de varios requerimientos de petición de sorteo y pronunciamiento; es decir que, el hecho que se le atribuye no es un hecho flagrante, situación que impide al MP iniciar la acción penal de oficio, vulnerándose dicho precepto citado.

Señala que, el dicho Auto de Vista en la parte específica refiere: "Se evidencia que el mismo carece en esencia de una fundamentación adecuada que permita entender para las partes procesales, es imperioso proceder a la nulidad, no justificó los motivos por los cuales la nulidad dispuesta obedece a una nulidad establecida previamente por el ordenamiento jurídico ni explico la necesidad de la medida incurriendo en inobservancia del debido proceso" (sic); siendo una apreciación totalmente subjetiva y errónea, por cuanto el Auto Interlocutorio 053/2017, de forma textual refiere que "En el caso en cuestión se presenta incidente de nulidad y excepción de falta de acción, con relación al incidente de nulidad que se pide de la resolución de fecha 05 de septiembre de 2016, (...) no establece de manera clara si se tenía por finalidad denunciar un hecho, misma que debe estar enmarcada en la normativa ya citada o informar un indicio de responsabilidad penal de ser esta la finalidad, pues corresponderá la aplicación del Art. 34 de la Ley 260, que establece los Fiscales Departamentales tiene como una de sus atribuciones específicas, la de representar al Ministerio Publico. Al existir vulneración del derecho a la defensa, se tiene que se ha incurrido en lo que establece el art. 169 inc. 3 del C.P.P. y atendiendo el objeto y fin de las nulidades procedimentales conforme señala PODETTI 'que la nulidad es un resguardo a una garantía constitucional' y de ahí que como lo advierte ALSINA donde hay indefensión hay nulidad" (sic); apreciando de lo anterior que el citado Auto Interlocutorio se encuentra debidamente fundamentado siendo totalmente claro.

En el fragmento que señala "...se evidencia que el mismo carece de esencia de una fundamentación adecuada que permita entender para las partes procesales que evidentemente es imperioso procederá la nulidad, ni explico la necesidad de la medida incurriendo en inobservancia del debido proceso (sic)", teniendo de lo referido que el término "necesidad" no constituye ningún derecho que sea componente del debido proceso, siendo lo aseverado, impertinente, totalmente subjetivo y fuera de todo razonamiento jurídico.