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TCP

0351/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
5 de junio de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0351/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0351/2019-S2 Sucre, 5 de junio de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 26951-2018-54-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 06/2018 de 14 de diciembre, cursante de fs. 118 a 123 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Alfonso Quiroga García contra Teresa Roxana del Castillo Meneses, Registradora; y, Paola Soledad Jiménez Chávez, Técnica IV, ambas de Derechos Reales (DDRR) del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de diciembre de 2018, cursantes de fs. 53 a 56 vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La Escritura Pública 1624/2014 de 15 de octubre, otorgada ante la Notaría de Fe Pública 15, demuestra que compró una propiedad de una extensión superficial de 9.002.533 m2, misma que se encontraba registrada bajo la matrícula computarizada 4011030006621, de su anterior propietaria Elena López Adrián, al momento de pretender la publicidad y registro correspondiente en DDRR, fue rechazada supuestamente debido a que existía una observación respecto a la superficie registrada de 159.166.00 m2.

Posteriormente, por informe emitido por la Registradora de DDRR, tomó conocimiento que la referida matrícula se encontraba bloqueada. Por tal motivo interpuso una demanda voluntaria de Inscripción de derecho propietario, dentro de la cual se emitió el Auto Definitivo 80/2016 de 21 de septiembre, que dispuso se proceda a la inscripción de la Escritura Pública 1624/2014, limitándose a la matricula 4011030006621. Sin embargo, una vez que se procedió a notificar a la oficina de DDRR, la demandada señaló que dicho registro se encontraba bloqueado, sin explicar quién ordenó el mismo; para luego sostener que los datos que se encontraban en archivos no coincidían con los que aparecían en el registrado del Sistema Nacional de Registro Público (SINAREP).

Alegó que a raíz de la emisión del citado informe, solicitó a la Jueza Civil y Comercial Decimotercera de la Capital del departamento de Oruro, que conmine a DDRR para que proceda a la inscripción de su derecho propietario, no obstante la referida autoridad jurisdiccional, mediante Auto de 23 de febrero de 2017 dispuso textualmente "NO HA LUGAR A LA SOLICITUD DE CONMINATORIA... debiendo el demandante aguardar el resultado de la acción penal instaurado a denuncia de la Representación Departamental del Consejo de la Magistratura, a los fines de asumir una decisión eficaz, eficiente y en particular para la protección de los derechos del actor" (sic).

El accionante manifestó que el señalado proceso penal fue iniciado a denuncia del Consejo de la Magistratura contra Elena López Adrián, y el mismo fue resuelto por la Resolución 418/2018 de 4 de junio, dictada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, quien declaró fundada la excepción de extinción de la acción penal por muerte de la denunciada y en consecuencia resolvió prescindir la persecución penal y ordenó el archivo de obrados; Resolución que no fue impugnada por la parte denunciante por lo que adquirió calidad de cosa juzgada. Ante dicha situación, acudió ante la Jueza Civil y Comercial Decimotercera del mismo departamento, con el fin que en observancia de lo resuelto en el proceso penal, ordene el desbloqueo de la matrícula. No obstante, la autoridad jurisdiccional resolvió no dar lugar a lo solicitado, en razón que él no ordenó dicho bloqueó.

Finalmente, manifestó que mediante memorial de 17 de septiembre de 2018, nuevamente solicitó a la registradora de DDRR el desbloqueo de la matrícula 4011030006621, a cuya consecuencia se emitió un informe sin fecha en el que dicha autoridad, hace alusión a aspectos técnicos de la propiedad, pero sin responder el fondo de la petición realizada.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

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