Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0351/2019-S3 Sucre, 29 de julio de 2019
SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional
Expediente: 26700-2018-54-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 8 de 30 de noviembre de 2018, cursante de fs. 250 a 256 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jeffrey Moreno Pérez en representación de María Eugenia Contreras Brittez, Andrea Vincenti Contreras de Tillmann; y, María Eugenia, Noelia y Jorge, Vincenti Contreras contra María Teresa Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panozo, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 21 de noviembre de 2018, cursante de fs. 146 a 162 vta., los accionantes a través de su representante, expusieron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Que son únicos y absolutos propietarios del predio rural denominado Agua Dulce de 693 ha, ubicado en el cantón Ayacucho, provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz; quienes enterados extraoficialmente que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Santa Cruz, ejecutó un procedimiento administrativo de saneamiento de la propiedad agraria, en favor de la comunidad campesina "3 de febrero" ubicada en el municipio Porongo de la misma provincia y departamento y ante la evidencia de que parte de las tierras que dicha Comunidad pretendió sanear, son de propiedad de los nombrados, ya que 162 ha se encuentran superpuestas al fundo Agua Dulce.
Con la finalidad de acudir a la tutela y protección judicial para defender su derecho sobre la propiedad Agua Dulce, solicitaron se ejecute el saneamiento a la propiedad agraria citada y posteriormente denunciaron el avasallamiento del que fueron objeto; finalmente ante el silencio a las peticiones efectuadas al INRA, requirieron acceso al expediente o carpeta de saneamiento de la referida Comunidad, impetrando la otorgación de fotocopias de todo el procedimiento, con el propósito de activar los recursos impugnativos de los actos administrativos del INRA por afectar su derecho propietario, entre los que se encontraba la Resolución Final de Saneamiento; sin embargo, ante la negativa de lo solicitado y a pesar de acreditar su derecho propietario sobre el predio Agua Dulce y consiguiente interés legal que refiere el art. 7 inc. a) del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007 plantearon acción de amparo constitucional contra la Directora Nacional del INRA, por vulnerar sus derechos a la petición y acceso a la información.
La Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, concedió en parte la tutela reclamada, ordenando a la indicada Directora, para que en el plazo de tres días franquee fotocopias de la carpeta de saneamiento de la citada Comunidad a favor de los accionantes, tutela que fue confirmada por la ; aclarando que la entrega de los antecedentes de dicha carpeta fue efectuada el 31 de enero de 2018 en fotocopias simples y no legalizadas como las requerían para hacer valer sus derechos en la instancia agroambiental, negándoles sistemáticamente el INRA a notificarles con la Resolución Administrativa RA-SS 0687 de 27 de abril de 2015, impidiéndoles ilegítimamente que puedan acudir a la justicia agroambiental.
El 27 de febrero de 2017, María Eugenia Contreras Brittez e hijos, a través de su apoderado Adolfo Efner Cerruto Salazar, adjuntando ochenta y tres folios de prueba documental, de manera fundada y motivada, plantearon demanda contenciosa administrativa, contra la Resolución Administrativa RA-SS 0687, dentro del proceso de saneamiento de la referida Comunidad, demanda en la que denunciaron irregularidades y yerros en la forma y fondo en los que incurrió el INRA de manera repetida en dicho proceso de saneamiento, afectando gravemente su derecho propietario. Asimismo, en el Otrosí 4 del memorial de la demanda contenciosa administrativa, solicitaron a esa institución, remita la carpeta de saneamiento del polígono 234, que fue ofrecido como prueba y donde se encontraba la señalada Resolución, negando la entrega en fotocopia legalizada y su respectiva notificación.
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