Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0351/2026-CA Sucre, 10 de julio de 2026
Expediente: 85578-2026-172-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Oruro
En consulta la Resolución de 007/2026 de 17 junio, cursante a fs. 1 y vta., pronunciada por el Tribunal Disciplinario Departamental de Oruro de la Policía Boliviana, por la que resolvió rechazar la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Miguel Ángel Michaga Rios, demandando la inconstitucionalidad del art. 14.3 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB), por ser presuntamente contrario a los arts. 105, 109.II, 116.II, 178 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
La acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta en audiencia pública de juicio de 27 de mayo de 2026, cursante de fs. 2 a 8 vta., el accionante manifestó que dentro el proceso disciplinario seguido en su contra por la presunta comisión de las faltas disciplinarias graves establecidas en los arts. 14.3 de la LRDPB, interpuso acción de inconstitucionalidad concreta, alegando lo siguiente:
El art. 14.3 de la LRPB, cuyo texto sanciona "el incurrir en actos públicos deshonrando los símbolos nacionales, la institución o el uniforme policial", adolece de una absoluta falta de parámetros objetivos, estandarizados y mensurables que permiten delimitar con certidumbre qué espectro de conductas humanas se subsumen de forma idónea en lo que el legislador denominó como una supuesta deshonra hacia los símbolos, la institución o la indumentaria policial. De este modo, denunció que ante semejante vacío legal, indeterminación conceptual y la ausencia de una descripción clara del elemento configurativo denominado acto público, la norma delegaba de forma indebida una amplísima y discrecional potestad de libre apreciación a favor de la autoridad disciplinaria que eventualmente tendría la tarea de juzgar la causa. Advirtió que esta preocupante ausencia de certidumbre jurídica obligaba al juzgador administrativo a realizar valoraciones subjetivas, morales y eminentemente personales para completar el tipo sancionatorio a tiempo de emitir un veredicto, lo cual lesionaba de gravedad la seguridad jurídica de su persona; puesto que, la concreción y delimitación dogmática de las conductas sancionables es una atribución privativa del órgano legislativo y no de los operadores de justicia.
Finalmente señaló que la acción era viable por cuanto la decisión final que debía adoptar el Tribunal de primera instancia dependía indefectiblemente de la validez o invalidez constitucional de la ley cuya inaplicabilidad se pretendía, cumpliendo con el mandato del art. 81.I del mismo ordenamiento procesal, que faculta al ciudadano afectado a interponer esta defensa por única vez en cualquier etapa del proceso judicial o administrativo antes del pronunciamiento del fallo de fondo.
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