0353/2021-S1

William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, mediante informe escrito presentado el 19 de febrero de 2020, cursante de fs. 442 a 449 manifestó que:

1. a)El art. 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), faculta a los Fiscales Departamentales la continuación de las investigaciones ante la revocatoria de rechazo;
2. b)La Resolución FDLP/ARVM/R 760/2019; cumple con los cánones de motivación y congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas señalados en la SC 2227/2010-R de 19 noviembre;
3. c)La acción de amparo constitucional interpuesta, no cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en la SCP 1233/2013-L de 10 de octubre, ya que no precisó de forma clara la delimitación de los hechos jurídicamente relevantes respecto a la supuesta transgresión del derecho a la fundamentación y pertinencia del contenido de la Resolución FDLP/ARVM/R 760/2019;
4. d)En cuanto al argumentó de la vulneración del debido proceso por la lesión del derecho a la defensa se debió tener presente, que aquella afirmación de la comisión de un hecho generador de vulneración de derechos a través de la emisión de la citada Resolución Jerárquica, posee un erróneo planteamiento de los requisitos de fondo de la invocación de derechos vulnerados y descripción del nexo de causalidad, debido a que la accionante invocó equivocadamente la tutela de la debida motivación y pertinencia de los alcances considerativos de la citada Resolución y no así el entendimiento del debido proceso como derecho fundamental de los justiciables;
5. e)Se evidenció que Sonia Coty Krsul Andrade pretendió la tutela del derecho a la adecuada fundamentación y pertinencia de la Resolución del Fiscal Departamental, en base a presuntas conjeturas interpretativas a pesar de que durante la apertura del término para la interposición del recurso de objeción, no hizo uso del recurso de objeción a la Resolución de Rechazo conforme prevé el art. 305 del CPP, siendo que fue debidamente notificada con la citada Resolución de Rechazo, el 15 de diciembre de 2017, cuya errónea interpretación de derechos y garantías presuntamente vulnerados por la emisión de la Resolución FDLP/ARVM/R 760/2019 no pueden ser tutelados, menos convalidados conforme al entendimiento previsto por la SCP 1233/2013-L de 10 de octubre;
6. f)Al haberse incumplido con el primer presupuesto previsto por el citado lineamiento jurisprudencial resultó evidente que la presente acción tutelar carece de una adecuada explicación del contenido que debe poseer la misma, que le restan relevancia conforme se entendió de la SC 1233/2013-L de 10 de octubre; respecto al cual tampoco se puede entender acertado la tutela del derecho a la defensa;
7. g)Al resultar evidente que durante la tramitación del recurso de objeción a rechazo resuelto por la Fiscal Departamental de La Paz Aly Rosario Venegas Miranda, que la accionante no hizo uso del recurso de objeción a la Resolución de Rechazo en la cual exponga las expresiones de hecho y derecho, mal puede entenderse que la citada Fiscal Departamental en suplencia legal vulneró en algún modo el derecho a la defensa;
8. h)Fue evidente que al no haberse interpuesto el recurso de objeción a la Resolución de rechazo en su momento, no pudo afirmarse que al momento de la emisión de la Resolución FDLP/ARVM/R 760/2019 se transgredió su derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y pertinencia, ya que resulta forzado señalar que se transgredió su derecho a la defensa bajo conjeturas de que no se atendió los extremos señalados por su contraparte Marianella Cerball de Rowbottom en la tramitación de la objeción a Resolución de Rechazo dentro de la investigación penal "LPZ1110001";
9. i)En cuanto al argumento de que mediante la Resolución FLP/ARVM/R 160/2019 se señaló que la Resolución de Rechazo FIS-CORP-3436/2017 carece de una adecuada fundamentación y por consiguiente no atendió los extremos por los cuales fue solicitado se emita una Resolución Jerárquica mediante el memorial de objeción a Resolución de Rechazo de la prenombrada, siendo que el mismo versa sobre la proposición de que existe prueba documental suficiente que demostraría la comisión de diferentes hechos delictivos;
10. j)Debió considerarse que la Resolución impugnada dictada en suplencia legal atendió los argumentos fácticos y jurídicos expuestos en todo el texto y contenido del memorial de objeción a la Resolución de Rechazo; toda vez que, tal como la accionante expuso en su intervención oral, el mismo detalla en su petitorio que existe prueba documental que demuestra que existen suficientes elementos e indicios de que los sindicados cometieron hechos delictivos, por cuanto aquella argumentación del petitorio del memorial de objeción fue respondido en el segundo considerando del apartado II.3 del análisis del caso concreto;
11. k)Se evidenció que la resolución identificada como vulneradora de derechos otorgó una respuesta a la proposición de existencia suficientes elementos que evidencia la comisión de determinados hechos delictivos, al sentarse que no se desarrolló otros actuados investigativos que permitan desvirtuar o corroborar la hipótesis de sindicación expuesta contra la accionante y por consiguiente que los alcances intelectivos de fundamentación y pertinencia de la Resolución impugnada, en ningún momento trasgredió los cánones de pertinencia de fundamentación y motivación;
12. l)Fue evidente que en respuesta y análisis la Fiscal Departamental de La Paz, estableció que resulta necesario el desarrollo de otros actuados investigativos para entender acertado aquel criterio, siendo aquel el motivo por el cual describió posteriormente en más de una plana la sugerencia de actuados investigativos que la Comisión de Fiscales debe considerar realizar en estricta observancia del principio de objetividad previsto por el art.5.3 de la LOMP;
13. m)En cuanto al argumento de que el memorial de objeción interpuesto por la contra parte de la accionante se cuestionó el fondo de la interpretación de la Resolución de Rechazo y no la falta de fundamentación e individualización de los autores y agentes que cometieron diferentes tipos penales; se debió tener presente que los argumentos descritos en el primer y tercer considerando del apartado II.3 del análisis del caso concreto de la Resolución FDLP/ARVM/R 760/2019 fueron expuestos en atención a la facultad de reparación de omisiones y trasgresiones indebidas cometidas por los Fiscales de Materia que emiten una Resolución Fiscal conforme estableció la SC 2011-R de 10 de octubre;
14. n)Un razonamiento contrario y el no pronunciamiento sobre la falta de fundamentación de la Resolución de rechazo, significaría la convalidación tacita de que una resolución fiscal únicamente bajo el criterio tozudo de la accionante y confusión de la esencia del recurso de objeción a Resolución de Rechazo, amparado únicamente en el entendimiento de que al no ser solicitado por la objetante la revisión de la fundamentación no debía haberse pronunciado por la falta de fundamentación y motivación de la Resolución de Rechazo, a pesar de que al momento de la revisión de los alcances y entendimientos de la Resolución de Rechazo, la autoridad jerárquica identificó que sus argumentos trasgreden el art. 73 del CPP; ñ) La accionante pretendió confundir a través de supuestas conjeturas la lesión del derecho a la debida fundamentación y pertinencia, bajo el disimulado criterio de que el recurso de objeción a rechazo debe resolverse entre lo solicitado en el memorial de objeción a Resolución de Rechazo, soslayando la verdadera esencia de las Resoluciones emitidas por los fiscales departamentales y sus facultades reparadoras de omisiones y vulneraciones derechos cometidas por los Fiscales de Materia conforme se expuso mediante el lineamiento jurisprudencial de la SC 1442/2011-R de 10 de octubre;
15. o)En cuanto al argumento de que la Resolución FDLP/ARVM/R 760/2019, dispuso que se practiquen actuados investigativos que en ningún momento se hubiera solicitado por la objetante Marianella Ceball de Rowbottom; se debió tener presente que la determinación y exposición de los extremos descritos en el segundo considerando del punto II.3 del análisis del caso concreto, fueron arribados en razón a criterios de revisión integra de los antecedentes de la investigación y en conformidad a lo previsto en el art. 305 del CPP, que regula los alcances y procedimientos del recurso de objeción;
16. p)El citado entendimiento permitió evidenciar que a pesar de que no se haya solicitado la complementación de diligencias investigativas en un memorial de objeción a Resolución de Rechazo, el afirmar en el texto de una Resolución Jerárquica la continuación de la investigación y el desarrollo de otros actuados investigativos no puede ser entendido como la expresión de un argumento que resta criterios de fundamentación o pertinencia a los contendidos de la Resolución impugnada al estar facultada aquella determinación por el texto del art. 305 del CPP;
17. q)La pretensión de la accionante fue que no se continúen desarrollando determinados actuados investigativos en su contra únicamente bajo el argumento de que no son correctos, incompletos e inclusive alejados de la realidad, cuestionando el modo en el cual fueron transcritos en la Resolución FDLP/ARVM/R 760/2019 a pesar de que la identificación de utilidad y pertinencia del desarrollo de actuaciones investigativas e inclusive ilógicas e irracionales de la actuación investigativa durante el desarrollo de un proceso penal son cuestiones concernientes al Fiscal de Materia y desarrolladas bajo el control de un Juez de Instrucción;
18. r)En consecuencia si Sonia Koty krsul Andrade considera ilógico e irracional el desarrollo de determinadas actuaciones investigativas debió acudir y expresar los motivos de aquellos entendimientos ante el Fiscal de Materia encargado de la investigación e incluso ante el Juez de control jurisdiccional y no así ante la jurisdiccional constitucional que por su esencia jurídica según el 0Auto Constitucional 0083/2012-RCA de 16 de octubre únicamente protege derechos y garantías sobre actos u omisiones indebidas sobre los cuales no existe otro medio o recurso legal; y,
19. s)Finalmente solicitó que se tenga presente que al momento de la emisión de la resolución, posterior a la intervención oral de la accionante, en conformidad a la previsto en el art. 36.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo), se omita las argumentaciones fácticas adicionales a las expuestas en su memorial, así como también desestime cualquier supuesta ampliación de vulneración de derechos y garantías, ello en consideración a la SC 0348/2011-R de 7 de abril.

Marianella Cerball de Rowbotton; María Amanda Viviane Vargas Salas y Cristina Elena Pareja Lara, mediante informe escrito presentado el 2 de enero de 2020 cursante de fs. 164 a 172 vta. manifestaron que:

1. 1)Respecto a los derechos y garantías vulnerados, el ahora accionante simplemente realizó una cita amplia de sentencias constitucionales;
2. 2)Se aplicó el debido proceso en la resolución ahora cuestionada, puesto que no existen actos ilegales en la resolución impugnada y la misma tampoco es incongruente, puesto que no desconoce el nexo de causalidad con lo expresamente dispuesto en la Resolución de Rechazo FIS-CORP-3436/2017;
3. 3)En cuanto a la vulneración de la legalidad ordinaria e ilegal apreciación de los antecedentes del proceso; los argumentos vertidos por el ahora peticionante de tutela son falsos y contradictorios, puesto que la declaración del imputado es un medio de defensa eficaz para oponerse al poder punitivo del estado, por lo que no existe arbitrariedad en la resolución impugnada;
4. 4)El hecho de que la accionante, desconozca lo que significa "entrevista informativa" no torna en arbitraria la diligencia ordenada por la autoridad accionada;
5. 5)Respecto a la Nota ASFI/DAJ/R-52545/2014 de 7 de abril la accionante pretende desconocer que se atribuyen a "Lenny Valdivia como directora de la ASFI" (sic) los delitos de incumplimiento de deberes, encubrimiento, receptación proveniente de delitos de corrupción y omisión de denuncia, mismos que se encuentran fundamentados en la ampliación y objeción de querella, por lo tanto, es evidente que estos delitos guardan estrecha relación con todos los demás imputados; la referida nota además aun no fue analizada, como menciona la ahora impetrante de tutela, situación que fue observada a momento de objetar la querella correspondiente; si bien señala además, que la prueba no existe, esta es una situación que debe valorarse realizando una "ITO" en la ASFI, pues no es suficiente que la accionante diga que no existe, es más si la prueba existiría, se probarían todos los delitos denunciados. La Nota ASFI/DAJ/R-52545/2014 si bien remite toda la información solicitada, no es impedimento para que la autoridad superior jerárquica solicite actos investigativos, pues cuenta con la competencia y facultad para hacerlo, no correspondiendo la impugnación que hace la accionante;
6. 6)Es falso que se hubiera realizado una simple transferencia o compra de acciones del titular al portador, es decir, se trató de una venta forzosa y pública del total de acciones y bienes del activo y pasivo del Banco Popular S.A. reflejado en su Balance General a favor del Banco de Crédito del Perú y sus subsidiarias por lo cual suscribieron un contrato de compraventa de 12 de noviembre de 1993;
7. 7)Respecto al muestrario fotográfico, los argumentos vertidos por la impetrante de tutela, no demuestran acto ilegal o violación a sus derechos y garantías constitucionales;
8. 8)Con relación a la constatación física del Contrato de Compra el mismo texto reiterado por el ahora accionante, señala claramente la importancia del mismo, en resguardo y cumplimiento al principio de objetividad, traducido en la consideración de las circunstancias q permitan demostrar la responsabilidad penal de los imputados, como también los que sirvan para eximirla o reducirla, haciendo creer que se pretende que se realicen diligencias investigativas en Perú, situación que resulta falsa;
9. 9)Respecto a la inspección técnica ocular en el archivo documental de la ASFI y en la Notaría de Fe Pública 20, la misma se realizó el martes 31 de diciembre de 2019, de conformidad a la orden emitida por la Fiscal Departamental de La Paz, situación que permitió comprobar una serie de hechos;
10. 10)La Resolución impugnada, no es incongruente, porque se relaciona a los solicitado, no se alega ni se demuestra vulneración o lesión al debido proceso y la legalidad, pretendiendo desconocer que la Fiscalía Departamental, tiene plena facultad y competencia para disponer que se practiquen diligencias investigativas;
11. 11)Esta Sala Constitucional no tiene competencia y facultad de analizar y valorar las pruebas, por cuanto la facultad de valoración de las pruebas es una interpretación de la legalidad exclusiva de los jueces;
12. 12)La acción no expresa de manera adecuada los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos y solo señala que la apreciación es equivocada y contra la ley;
13. 13)La acción de amparo constitucional es improcedente puesto que solo se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas; y,
14. 14)Al no existir ningún acto ilegal ni vulneración a derechos y garantías constitucionales, solicita, se declare improcedente, denegando la tutela solicitada y continuando con la investigación.

La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz por Resolución 95/2020 de 31 de julio, cursante de fs. 472 a 476, concedió la tutela solicitada y dejó sin efecto la Resolución FDLP/ARVM/R 760/2019, al efecto dispuso que en un plazo de setenta y dos horas emita una nueva resolución, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)La Resolución FDLP/ARVM/R 760/2019, cumple con la descripción de los hechos atribuidos, en este caso el y los denunciados de la comisión de los delitos de falsedad material y otros, por lo tanto, no existió necesidad de mayor evaluación;
2. ii)La Sala Constitucional entendió que la obligación de que contenga una exposición clara de los aspectos facticos fue parcialmente cumplida por el demandado; sin embargo, extrañó la ausencia de otros, como la relación que existe entre el hecho alegado como delictivo, la consecuencia factual, aparente y la determinación conclusiva -falsedad material alegada- por la denunciante y resistida por la accionante;
3. iii)Respecto al requisito de que debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso, la misma no es más que el criterio hipotético de la norma y la aplicación de los supuestos traídos por quien pretende, obligación que no se pudo advertir, en la resolución impugnada ante la Jurisdicción Constitucional, no perdiendo de vista que en efecto, el Ministerio Público en cualquiera de sus instancias está en la obligación de investigar, sin embargo, la misma debió estar fundada en algún tipo de presupuesto, en razón a la instancia resolutiva del justiciable, la certeza de que es lo que decide y porque en su criterio deben de proveerse mayores medios de prueba, reeditarse algunos u omitir los que ya se tienen;
4. iv)Debió describirse de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes, evidentemente el Fiscal Departamental de La Paz respecto a esta obligación, cumplió con individualizar los pocos medios probatorios traídos a su fuero, empero se extraña que determinados medios probatorios se encuentra ausente en el texto, la razón por la que los medios probatorios son necesarios o porque deban reiterarse en el "ordo" probatorio, es más, ni siquiera se hizo referencia puntual de por qué los que existen serían innecesarios;
5. v)Es obligación del Ministerio Público lograr su objetivo, en la etapa procesal que corresponda, en consecuencia, no se entiende como no aplicó los que tiene para lograr la averiguación de la verdad, máxime si en la presente causa se logró advertir que han pasado varios años desde la denuncia; cuando esto sucede la Sala Constitucional considera que, desde luego la necesidad pueda obligar a dilatar el tiempo investigativo, sin embargo, esto no quita el deber de la autoridad de fundar el motivo de su decisión en los términos expuestos ex ante;
6. vi)La obligación de motivación no fue cumplida, pues la autoridad demandada no hizo saber por qué deben realizarse nuevos actos investigativos a más de ocho años de investigación, y por qué reeditar los que ya existen y fundamentalmente porque no explica el descarte de los ya existentes;
7. vii)Se debió valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, al no existir el "presupuesto cuatro", por lógica no existió el cumplimiento del presente presupuesto;
8. viii)Debió determinarse el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado;
9. ix)En el fondo, la cuestión que se trae, según el accionante es sobre seis agravios, sin embargo, la autoridad demandada solo se pronunció respecto de dos; dejando en incertidumbre los restantes cuatro agravios, extremo que en razón a la exposición jurisprudencial, no es otra cosa que la transgresión al debido proceso respecto a la motivación como elemento del debido proceso; y,
10. x)Realizado el test de procedibilidad respecto a la motivación, como elemento del debido proceso, la Sala Constitucional entendió que la Resolución FDLP/ARVM/R 760/2019 emitida por el Fiscal Departamental de La Paz, tiene mérito para la concesión de tutela.