Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0353/2025-RCA Sucre, 27 de noviembre de 2025
Expediente: 78154-2025-157-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 22 de septiembre de 2025, cursante de fs. 66 a 68 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Raúl Pablo Brañez Araoz contra María Yrene Azogue Talamas, Jefa de Auditoria Interna, Manuel Paz Gómez, Jefe de Recursos Humanos (RR.HH.) y Miguel Alejandro Villegas Ergueta, Analista Legal Regulatorio, todos de la Comisión Disciplinaria del Banco Mercantil Santa Cruz Sociedad Anónima (S.A.).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 19 de septiembre de 2025, cursante de fs. 59 a 65 vta., el accionante manifiesta que, el 27 de agosto de ese año, fue notificado con la Resolución Disciplinaria 007/2025 de 25 de ese mes, emitido por la Comisión Disciplinaria del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. que declaró: "...no ha lugar las nulidades planteadas ante el Abogado Sumariante, probada la comisión de las infracciones que han dado lugar a los cargos y se dispu[so su] retiro forzoso..." (sic), omitiendo pronunciarse sobre varios de sus requerimientos, entre ellos, la solicitud de copias legalizadas de la documentación relacionada con su caso, especificadas en el memorial de 22 de mayo de igual año.
El 29 de agosto de 2025, interpuso recurso de apelación ante la Comisión Disciplinaria del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., al amparo del art. 30.I del Reglamento de Procesos Disciplinarios de la mencionada entidad bancaria impugnando la Resolución 007/2025, sin embargo, la referida Comisión, en lugar de elevar el recurso y sus antecedentes ante la instancia competente de apelación, tal como dispone de manera imperativa el art. 31.I del citado Reglamento, resolvió directamente el recurso mediante Resolución de 2 de septiembre de similar año, enmendando y ratificando la Resolución 007/2025, ante lo cual invocó la figura de la enmienda, no prevista en el indicado instrumento normativo, sustentándose además en el art. 4.I de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, norma inaplicable al ámbito privado.
Lo irregular de dicha actuación radica en que la Comisión Disciplinaria del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., se arrogó facultades exclusivas de la instancia de apelación, vulnerando el principio de competencia que integra el derecho al juez natural, de acuerdo con el art. 31.II del mencionado Reglamento, pues, la instancia competente para conocer y resolver los recursos de apelación es el superior jerárquico, el gerente o vicepresidente que hubiera dispuesto la investigación preliminar; por lo que, la mencionada Comisión Disciplinaria tenía la obligación ineludible de conceder el recurso y remitirlo a la autoridad correspondiente, conforme al art. 31.V del mismo cuerpo reglamentario, y no así resolver sin competencia el recurso interpuesto, incurriendo en usurpación de funciones en los términos del art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), lo que genera la nulidad absoluta de la Resolución de 2 de septiembre de 2025, actuación con la que se vulneró el debido proceso en su componente de juez natural, así como los principios de legalidad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y reserva legal.
Asimismo, la Resolución de 2 de septiembre de 2025 dispuso en su punto Cuarto proporcionar las copias legalizadas solicitadas en el recurso; sin embargo, este mandato no fue cumplido; dado que, el 16 de igual mes y año, se apersonó a las oficinas del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. para recabar dichas copias, pero le fueron negadas bajo el argumento de falta de autorización, hecho acreditado con la nota de la misma fecha sellada por la Unidad de RR.HH., omisión con la que se vulneró su derecho constitucional a la petición, reconocido en el art. 24 de la CPE, lo que además restringió de manera directa su derecho a la defensa.
De la secuencia de los hechos se evidencia una relación causal directa entre la usurpación de funciones cometida por la Comisión Disciplinaria y la vulneración de derechos fundamentales; puesto que, se impidió que la instancia jerárquica legalmente competente conociera y resolviera el recurso de apelación; además, al señalarse en la propia Resolución que la decisión podía ser impugnada, se incurrió en una interpretación arbitraria del art. 32 del Reglamento de Procesos Disciplinarios del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., que expresamente establece que las decisiones de la instancia de apelación no admiten recursos ulteriores, situación que lo coloca en un estado de vulnerabilidad y amenaza inminente de despido, afectando su derecho a la estabilidad laboral. La aplicación indebida de la Ley 2341 -norma reservada al ámbito público- y la creación de figuras no previstas en el Reglamento de Procesos Disciplinarios de la mencionada entidad bancaria, como la enmienda, agravan la transgresión a los principios de legalidad y objetividad de la ley.
En suma, la Resolución de 2 de septiembre de 2025 constituye un acto nulo de pleno derecho, emitido sin competencia, contrario al debido proceso y lesivo de los derechos constitucionales a la defensa, a la petición, a la seguridad jurídica y a la estabilidad laboral, correspondiendo que se valore en su verdadera magnitud la vulneración sufrida y se disponga la tutela efectiva de los derechos constitucionales afectados.
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