0354/2020-S1

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia:

1. a)Se disponga la nulidad del Auto de Vista 11/2019;
2. b)Se ordene a las autoridades demandadas emitan nueva resolución bajo lineamientos establecidos por la jurisdicción constitucional; y,
3. c)El restablecimiento de sus derechos con costas.

Jorge Alejandro Vargas Villagómez y Alejandra Ortiz Gutiérrez, Vocales de la Salas Penal Segunda y Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Pública Primera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a través de informe escrito, cursante a fs. 94 a 95 vta., informaron que:

1. 1)No es posible la apertura de la jurisdicción constitucional, que está reservada para aquellos casos que no tengan otra vía o que agotada la misma persista la vulneración alegada, lo que no ocurre en el caso de autos; consecuentemente no se activa para reparar supuestos actos que infringen normas procesales o sustantivas o indebida aplicación de las mismas;
2. 2)En cuanto a la vulneración de su derecho al debido proceso en su faz adjetiva, la providencia emitida por el Tribunal de instancia, no tiene carácter de Auto Interlocutorio, dado que no resuelve ningún incidente, por lo que no se apertura la competencia de dicho Tribunal de alzada para pronunciarse sobre la cuestión planteada; en consecuencia, no se inobservó lo dispuesto en el art. 123 del CPP, considerando que los decretos de mero trámite no requieren que se advierta sobre su recurribilidad, debido a que las partes de considerarse agraviadas con la providencia emitida por los jueces, deben interponer el recurso

de reposición previsto en el art. 401 del CPP;

1. 3)Respecto a la vulneración de su derecho a la defensa, en razón a que debió verificarse el cumplimiento del art. 123 del CPP y el principio de favorabilidad, se tiene que los Tribunales de alzada tienen su competencia delimitada; en relación a ello, el art. 403 del CPP especifico contra qué tipo de resoluciones procede el recurso de apelación incidental; en tal sentido, al no encontrarse prevista la apelación contra las providencias, el solicitante de tutela debió activar el recurso de reposición; y,
2. 4)Finalmente, con relación a su derecho a la impugnación, no es evidente tal agravio, considerando lo mencionado anteriormente, debido a que la ley franquea los recursos correspondientes para cada tipo de resolución emitida por las autoridades jurisdiccionales, siendo que la providencia emitida por el Tribunal a quo, no puede ser objeto de análisis por parte de este Tribunal; teniéndose que un Auto es una decisión que adopta un juez sobre un asunto, que por no tener la trascendencia suficiente no precisa que se resuelva por sentencia; y a diferencia de las providencias debe estar fundamentada; por otro lado, la providencia es una resolución judicial de mero trámite que tiene por finalidad la ordenación del proceso y no necesita estar motivada.

Ana María Palmira Flores Escalante de Arroyo a través de su abogado Gustavo Medina, en audiencia manifestó que:

1. i)No se cumplieron los tres presupuestos establecidos por la "SCP 0078/2019-S4", para que la jurisdicción constitucional proceda a la revisión de la legalidad ordinaria; es decir, para que realice la acción de amparo constitucional contra el Auto de Vista, referido a la vulneración del derecho a una resolución congruente y motivada que afecta materialmente el derecho al debido proceso; el segundo presupuesto, por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y finalmente, una correcta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias en el proceso, lesione derechos;
2. ii)Si revisamos la providencia de mero trámite, que pretendía ser impugnada, no vulneró ningún derecho, porque únicamente difiere el tratamiento del incidente de nulidad de la acusación para el juicio oral que es el 31 de octubre de 2019; es decir, se está a un mes para que se desarrolle y esto con base al art. 345 del CPP, que establece que dentro de la audiencia de juicio oral, un momento procesal oportuno para la tramitación y resolución de incidentes y excepciones;
3. iii)No se puede acomodar el procedimiento penal a los intereses del acusado;
4. iv)La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia Tarija, emitió correctamente el Auto de Vista 11/2019; en el sentido de que no se aperturó su competencia; toda vez que, la resolución que pretendía ser impugnada, no está resolviendo el incidente de nulidad; y,
5. v)No se cumple el principio de subsidiariedad, ya que el objeto o problema jurídico de esta acción tutelar, no fue planteado en el recurso de apelación; a efecto de que sea conocido por la jurisdicción constitucional, pretendiendo salvar este principio, indicando que se habría cometido una vía de hecho; sin embargo, en ningún momento acreditó este supuesto.

La Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija, mediante Resolución 88/2019 de 9 de octubre, cursante de fs. 99 a 103 vta., denegó la tutela impetrada, con base a los siguientes argumentos:

1. a)El peticionante de tutela, reclama a las autoridades demandadas, que el Tribunal a quo a tiempo de emitir la Resolución de 30 de agosto de 2019, no dio cumplimiento a lo dispuesto en el art. 123 del CPP; sin embargo, de la revisión de su recurso de apelación incidental aparejado al expediente, se verifica que este aspecto no fue formulado como un agravio en dicho recurso; toda vez que son tres agravios en el punto III.2 de su memorial de recurso de apelación, en el que este aspecto no es mencionado; por lo que no posibilitó que la jurisdicción ordinaria analice, valore y se pronuncie sobre este aspecto, no cumpliendo con el agotamiento de vías para que la jurisdicción constitucional pueda entrar a analizar este aspecto;
2. b)No es evidente que el accionante este frente a una vía de hecho, porque quienes emitieron las resoluciones que se cuestionan son autoridades judiciales, en el ejercicio de la competencia que les fue atribuida para someter cuestiones llevadas a su conocimiento, y por tanto no hay una prescindencia absoluta de los mecanismos legales, que conforme se tiene expuesto no es el presente caso;
3. c)Las autoridades demandadas en el marco de sus facultades, pueden diferir el tratamiento de las excepciones o incidentes a la fase de juicio oral; en tal caso, el tratamiento de las excepciones o incidentes, se realizan conforme lo dispone el art. 345 del CPP; por lo que, aún en el caso de que el Tribunal hubiera referido que se trata de una providencia o de un Auto Interlocutorio, la situación jurídica del accionante sería la misma; porque al haberse determinado el tratamiento del incidente en la etapa de juicio, no habría la posibilidad de que se resuelva y se sustancie el mismo, en momento anterior y por consiguiente, la determinación en el fondo sería la misma; y,
4. d)La jurisdicción constitucional analiza las resoluciones emitidas por la jurisdicción ordinaria cuando se verifica de manera clara la probabilidad de vulneración de derechos constitucionales, aquí se demandan como lesionados; en el presente caso, la violación de su derecho a la defensa no sería evidente; debido a que el Juez solo difirió el tratamiento del incidente de actividad procesal defectuosa y análisis para un momento procesal posterior, que además era muy próximo, porque la audiencia de juicio se realizaría el 31 de octubre de 2019; tampoco se vulneró el derecho de impugnación; toda vez que, en caso de que el Tribunal a cargo del proceso determinase no conceder el incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, la parte accionante tiene la posibilidad de hacer uso del recurso que le franquea la ley, junto con una eventual apelación restringida de la Sentencia.