0356/2020-S4

Por tales antecedentes consideró que los ahora demandados, a su turno, vulneraron sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, de la siguiente manera:

1. a)Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera del departamento de La Paz, al haber inicialmente señalado audiencia de cesación a la detención preventiva, siete días después de efectuada su solicitud, cuando el adjetivo penal estipula un plazo de cuarenta y ocho horas, y una vez instalada dicho acto procesal, declaró cuarto intermedio para dos días después, fecha en la cual, pese a encontrarse todas las partes presentes, decidió suspenderla nuevamente porque supuestamente remitió (obrados) a su similar Quinto "por acuerdo interno entre juzgados", a sabiendas de que debía efectuarse la audiencia de cesación a la detención preventiva y pese a sus reclamos, no atendió su requerimiento de señalar nueva fecha para su verificativo;
2. b)Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria del mismo Juzgado, por no haber observado el art. 56 del adjetivo penal, colaborando a la Jueza a preparar sus audiencias y supuestamente remitir antecedentes al Juzgado de turno, pese a tener conocimiento del cuarto intermedio dispuesto en la audiencia del 29 de noviembre de 2019; así como, la dilación en dicha remisión, dando lugar a encubrir actos irregulares, que dejan en el limbo su situación jurídica;
3. c)Paola Willma García Alcon, Auxiliar del precitado Juzgado, por haber colaborado en la remisión y llenado de cuadernos, a sabiendas de la existencia de su audiencia;
4. d)Rudy Mamani Apaza, Oficial de Diligencias del referido Juzgado, al no haber cumplido sus funciones, pese a que coadyuvo para las notificaciones de la audiencia de igual mes y año, extrañamente no notificó al Ministerio de Gobierno, generando el inicio de la lesión de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, poniendo como única excusa que tiene recarga procesal;
5. e)William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del mencionado departamento, por haber aceptado la remisión de los cuadernos -según lo aseverado por la Jueza Claudia Marcela Castro Dorado-, pese a que su persona tenía audiencia de cesación a la detención preventiva y por ende, estar privado de su libertad;
6. f)Gisela Fátima Calle Chambi, Secretaria del mencionado Juzgado de turno, quien refirió que el Consejo de la Magistratura no les había entregado el "libro del litigante", que no se les remitió ningún cuaderno, cuando a las 18:00 del 2 de diciembre del año indicado, se estaba recibiendo sin hora y fecha ni nombre de quien remite y recibe, incumpliendo el art. 56 del CPP; y,
7. g)Los auxiliares de los dos Juzgados mencionados, que al tomar conocimiento de las audiencias pendientes, no cumplen las funciones inherentes a su cargo.

Solicitó se conceda la tutela impetrada, restituyendo el derecho al debido proceso en relación al derecho de locomoción; y, en consecuencia se disponga:

1. 1)El cese inmediato del procesamiento indebido en su contra y consiguientemente que por cualquiera de las autoridades demandadas, en el día, se proceda a señalar audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva solicitada, conforme a la jurisprudencia constitucional de carácter vinculante y al art. 239.1 modificado por la "Ley 1173";
2. 2)El señalamiento de día y hora de la audiencia referida, con la celeridad del caso, bajo alternativa de responsabilidad penal por la omisión o comisión del hecho y por el personal subalterno, se cumpla en el día las notificaciones y actuaciones según sus funciones;
3. 3)Que por cualquiera de las autoridades demandadas que tenga a su cargo y cursen los antecedentes en su despacho, en el día se recepcione actuaciones, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento, sin necesidad de "rogar o implorar" por una notificación o llenado de libros en observancia de su trabajo, sin argumentar carga procesal; y,
4. 4)Se establezca responsabilidad de acuerdo al art. 39.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), ordenándose la remisión de una copia de la Resolución ante el Consejo de la Magistratura con la finalidad de inicio de procesos disciplinarios para cada uno de los funcionarios, por la acción y omisión de sus deberes; así como, la violación de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, salvando derechos por falsedad ideológica o material que se habría podido cometer en la audiencia de 2 de diciembre de 2019, la remisión del cuaderno y la aceptación del mismo.

El accionante por medio de su defensa técnica, ratificó in extenso los términos expuestos en su demanda de acción de libertad; y, ampliándolos señalo que:

1. i)En la audiencia del 2 de diciembre de 2019, después de la instalación de la misma y que la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera del departamento de La Paz, alegara que había remitido obrados ante el Juzgado de turno porque entraban en vacación judicial el 3 de igual mes y año, se invocó los arts. 169 y 401 del CPP, ante cuyos recursos la autoridad indicada hizo caso omiso, agotando la vía ordinaria, se anunció que se recurriría ante la justicia constitucional; y,
2. ii)No obstante de haber suspendido el verificativo so pretexto de la remisión de obrados, en la misma fecha y en horas posteriores a su suspensión, la autoridad jurisdiccional indicada, atendió mediante decretos de dicha fecha, solicitudes de salidas judiciales realizadas en forma posterior a la referida audiencia, por parte de los otros procesados, demostrando con ello parcialización hacía las partes, además de dejar en evidencia que los cuadernos de control jurisdiccional aún estaban en su poder.