Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0356/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 56553-2023-114-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 71/2023 de 2 de junio, cursante de 206 a 210 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rubén Ciro Rojas Baspineiro en representación legal de Blanca Evelin Vega Ortuño de Espinoza y Alberto Vega Ortuño contra Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde y Gabriela Garzón Cruz, Presidenta del Concejo Municipal ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Los accionantes a través de su representante legal por memoriales presentados el 15 y 23 de mayo de 2023, cursantes de fs. 153 a 172; y, 175 a 179 vta., manifestaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Son herederos forzosos de su madre Julia Ortuño Herrera, fallecida el 22 de Julio de 2001, quien fue propietaria de un lote de terreno con una superficie de 14.491.03 ha, ubicado en el sector denominado "TIERRAS NUEVAS", entre el quinto y sexto anillo, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Unidades Vecinales (UV) 118 y 118-A, registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 7.01.1.06.0084884. Sobre ese predio, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, expidió la Ordenanza Municipal (OM) 102/83 de 12 de diciembre de 1983, declarando la necesidad y utilidad pública de una extensión de 14.491.03 ha, disponiendo la expropiación, firmado por Huber Oliva Salvatierra, entonces Alcalde y Marcelo Pereira Almeida, Oficial Mayor ambos del citado Gobierno Autónomo Municipal, sin que a la fecha se hubiese pagado el justo precio, como legalmente correspondía. Asimismo, se dictó la Resolución 196/84 de 7 de mayo de 1984, ratificando la expropiación, consolidando así el Municipio de Santa Cruz, el "parcelamiento" y ocupación sin gozar de derecho propietario, declarando como propietarios a todos los poseedores de terrenos en el área, sin cancelar ningún monto a la propietaria, actuando con total abuso e ilegalidad, dicha Resolución fue suscrita por Oscar Barbery Justiniano, entonces Alcalde, y Marcelo Pereyra Almeida como Oficial Mayor, ambos del referido Gobierno Autónomo Municipal. Posteriormente, se emitió la Resolución Administrativa (RA) 226/85 de 30 de octubre de 1985, dejando sin efecto la Resolución Administrativa "s/n" de 25 de marzo de ese año, que dispuso la expropiación de los terrenos comprendidos en las UV 118 y 118-A, reponiendo en su posesión y derechos a los propietarios, asi como se anularon todas las transferencias otorgadas, disponiendo la notificación a la Oficina de DD.RR., Dirección Distrital de Catastro y demás reparticiones competentes, para que anulen todas las inscripciones o registros efectuados emergentes de la Resolución anulada, firmado por Pedro Rivera Sánchez como Alcalde en ejercicio y Jorge Eduardo Gonzales Ávila, Oficial Mayor Administrativo, siendo desde entonces sus personas -accionantes- los únicos propietarios; empero, a la fecha se encuentra consolidada "de hecho" por actuaciones abusivas del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, sin que se hubiese pagado a sus verdaderos propietarios.
De acuerdo al Informe COM.D.T.P. 040/2004 de 19 de abril, emitido por Mario Darío Vaca Pereira, Presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial y Planificación dirigido al Presidente del Concejo Municipal, con referencia Informe de Paralización de Trámite de Expropiación del Barrio Villa Ortuño UV 118 y 118-A., señaló que: "?El Gobierno Municipal ha procedido a extender minutas de adjudicación en favor de los asentados, toda vez que no existe ninguna demanda judicial ni administrativa por parte de la Sra. Julia Ortuño Herrera que se oponga al proceso expropiatorio o solicite indemnización, por ello en su gran mayoría los vecinos cuentan con sus títulos de propiedad'" (sic); asimismo, señaló que: ?"...es responsabilidad del Ejecutivo el proceso del trámite legal en beneficio de las partes y el informe enviado no establece los motivos de paralización o lentitud del proceso quedando dudas respecto al pago de los terrenos en caso de que los afectados abran un proceso para el respectivo cobro de los terrenos expropiados'" (sic); concluyendo: "?1. Instruir al Ejecutivo finalizar el proceso de Expropiación y Adjudicación de los terrenos de la UV 118 y 18-A. 2.- Precautelar el cumplimiento del justiprecio a quien acredite mejor derecho propietario, mediante la apertura de una cuenta bancaria para el fin específico? (sic). De lo descrito, resulta que el 2004, los funcionarios de la entidad municipal continuaron recomendando que se pague el precio a los dueños del bien inmueble; empero, la entidad municipal nunca inició ni finalizó el trámite expropiación.
Es más, mediante la OM 76/2008 de 20 de octubre, expedida por Percy Fernández Añez, entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, continuó reconociendo, la expropiación efectuada a su madre -de los accionantes-. De igual manera se puede apreciar del Acta de la decimotercera audiencia pública del Concejo Municipal de 29 de marzo de 2019, en la que el entonces Subdirector de Límites de Gestión Metropolitana de la Secretaría Municipal de Finanzas, indicó, de forma irresponsable y sin conocimiento de causa, que hubiesen procesos administrativos y judiciales ya concluidos, consumados ya en los años "80", llegando a la conclusión absurda de que ya se habría pagado por los terrenos que debía expropiar la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, traducido en la suma de Bs10,12.- (diez 12/100 bolivianos), depositados en una cuenta fiscal y que supuestamente, por negligencia, su madre no hubiese recogido; por lo que, ya no correspondía atender un proceso de mediación o conciliación que fue rechazado en varias oportunidades a la propietaria primigenia. No obstante, de esa falsedad, no solo la madre de los accionantes -mandantes- sino también ellos, realizaron de manera permanente los reclamos infructuosos para el pago; empero, a cambio les coaccionaban y presionaban con que debía entregarse, pagarse y destinarse un porcentaje del monto de indemnización para las "autoridades anteriores"; razón por la que, nunca pudieron percibir un solo centavo del valor de sus terrenos "hasta la fecha", lo que resulta abusivo, inmoral y hasta conducta delictiva; además, de corrupción intolerable; puesto que, la entidad municipal vendió los terrenos de sus personas como si fuera propietario a los actuales ocupantes sin serlo, lo cual lo reconocen en sus propios informes; por lo que, hoy en día están ocupando de manera ilegal e ilegítima esos predios, llegando su madre a fallecer en el intento de cobro; más aun cuando sus personas, no cuentan con recursos económicos para "acelerar" el trámite de expropiación; transcurriendo así los años sin que sean escuchados, menos se hubiese realizado un trámite serio y responsable para su conclusión en observancia de las leyes vigentes; por ello, solicitaron se proceda al inicio del trámite de expropiación y se les pague el justo precio por sus terrenos.
En ese contexto, el 22 de diciembre de 2021, plantearon un Reclamo Administrativo al Presidente y Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, solicitando dar inicio del trámite de apropiación con base en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública, de 30 de diciembre de 1884, arts. 57 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 16 y 26 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales -Ley 482 de 9 de enero de 2014-, la Ley Autonómica Municipal de Expropiaciones 084/2015 de 21 de mayo, normas que facultan al Ejecutivo así como al Legislativo Municipal, iniciar el trámite de expropiación, lo cual no fue respondido en el fondo de la pretensión planteada; puesto que, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, dispuso la remisión de la solicitud al Ejecutivo Municipal de la referida entidad municipal, el 13 de enero de 2022, en la que se emitieron los siguientes Informes:
- a)Comunicación Interna C.I. EXPRO 22/2022 de 2 de febrero;
- b)Comunicación Interna C.I. EXPRO. 111/2021 de 16 de septiembre; y,
- c)C.I. DPTO TAES 226/2022 de 8 de febrero, que indica: "?El Órgano Deliberante del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra determinó solicitar informe sobre los terrenos que no se les ha hecho efectivos el pago a los propietarios....'" (sic), concluyendo que: ?...a la fecha, según la documental cursante, el Dpto. de Gestión de Proyectos ya ha remitido su informe respectivo al órgano solicitante, por lo cual el trámite previo de informe solicitado, ya se encuentra cumplido? (sic). Además, con total abuso de poder se sobre entiende que las UV 118 y 118-A ya serán de propiedad municipal. En el punto 1.1, afirma que ?LOS FOLIOS REALES DEBEN CORRESPONDER A LA INSCRIPCION DE LAS MINUTAS DE TRANSFERENCIA Y NO ASI DE LA ORDENANZA MUNICIPAL? (sic); debido a que, la Secretaria de Asuntos Jurídicos les señaló que: ?para acreditar que el Gobierno Municipal tiene la titularidad de derecho sobre los terrenos que se pretende adjudicar, no es suficiente que las Ordenanzas Expropiatorias estén inscritas en la Oficina de DD.RR, ya que, ello solo implica la existencia de una restricción en los inmuebles afectados y no acredita el derecho propietario sobre estos, situación que se consolida con el registro en Derechos Reales de las Minutas de Transferencias suscritas por los enajenantes a favor del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, es por esto que los folios reales que se remitan deben corresponder a la inscripción de las minutas de transferencia y no así de la Ordenanza Municipal...? (sic). En sus Conclusiones indicó que:
- 1)?El registro que aparece en DD.RR. del área expropiada corresponde a la publicidad de la Ordenanza Municipal No. 102/83 y Resolución No. 196/84 de 7 de Mayo de 1984; mas no al registro de la Minuta de Transferencia por parte de los enajenantes...? (sic), aclarando que nunca existió la venta o transferencia alguna;
- 2)La OM 78/2008 promulgada el 20 de octubre, ratificó la expropiación; sin evidenciar documentación alguna que acredite un eventual registro en DD.RR.; y,
- 3)Finalizó señalando que ?...la ordenanza inscrita no es suficiente título para adjudicar, faltando para ello la inscripción de la Minuta de Transferencia al Municipio por parte del Propietario previo pago del justiprecio? (sic). Tomando en cuenta lo anterior, indicaron: ?nos encontraríamos en impedidos de tramitar la Adjudicación Definitiva a favor de los solicitantes. Motivo por el cual solicitamos a su Secretaría... se analice la viabilidad o no de la prosecución de las adjudicaciones respecto a la U.V.118, Villa Ortuño...? (sic) concluyendo: ?...no tenemos tuición en el mismo al ser un proceso ya concluido el cual en todo caso debe ser reclamado por instancias judiciales y no así ante el Municipio...? (sic); y,
- 4)El informe C.I. DGGU 043/2022 de 23 de febrero, reiteró todo lo anterior, ocurriendo lo propio con la C.I. SITPLAN 273/2022 de 24 de febrero.
Con los Informes descritos precedentemente fueron notificados el 31 de marzo de 2022; por lo que, dentro del plazo legal interpusieron el Recurso de Revocatoria el 7 de Abril de 2022, contra los Informes de Comunicación Interna: C.I. SITPLAN 273/2022, C.I. DGGU 043/2022, C.I. DEPTO TAES 226/2022 y C.I. EXPRO 22/2022, solicitando reiniciar el trámite de expropiación respecto a su propiedad en sujeción a la normativa vigente; en virtud del cual, Israel Alcocer Candía, Presidente del Concejo Municipal remitió el Oficio C.M. PIE 900/2021-2022 de 14 de abril, ante el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra pidiendo informe, que fue respondida vía Dirección General Municipal de esa entidad municipal, mediante Nota Dirección General Municipal Of. 1044/2022 de 13 de mayo, dando respuesta supuestamente por parte del Alcalde del referido Gobierno Autónomo Municipal, con la C.I. SITPLAN 589/2022 de 11 de mayo, arrimando la Comunicación Interna C.I. EXPRO 153/2022 de 4 de mayo, que a los puntos 1, 2 y 3 indica: "1.- Relaciona las Ordenanzas Municipales dictadas sobre el caso y dice que hasta la fecha mantienen su vigencia.
- 2.-Señala que la expropiación se inició el año 1983, ratificada los años 1.984 y 2.008, por lo que parte de la normativa ?inclusive constitucional' con la cual se llevó a cabo no es la que se encuentra vigente, salvo excepciones como la Ley de Expropiación.
- 3.-Menciona que ?Existiendo personas beneficiadas con lotes en los terrenos afectados por la presente Ordenanza Municipal que debieron cumplir con un pago del valor catastral entre otros hasta la fecha de la adjudicación se estaría hablando de una expropiación por causa de interés social', concluyendo que el Departamento de Expropiaciones, contempla la ejecución de una expropiación una vez se informa que existe una Utilidad y Necesidad Publica, por lo cual no podrían generar un informe que solicite el pago o cualquier otro acto administrativo respecto a este caso, pues no cuentan con las competencias para atenderlo" (sic).
Posteriormente, la Comisión de Constitución y Gestión Institucional del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, emitió el INFORME CM-CCGI 014/2022-2023 de 24 de mayo de 2023, dirigida al Pleno del Concejo Municipal, realizando una serie de consideraciones legales, técnicas y de jurisprudencia, con recomendaciones: Haciendo mención a la , describió la vía o camino que debe seguir su petitorio, luego lo dejó "en el limbo" e incertidumbre; puesto que, lo sostenido no "comulga" con su recomendación final, aunque se indicó el camino a seguir al Ejecutivo Municipal que hizo caso omiso de la misma, señalando que la intervención del Órgano Legislativo Municipal de la referida entidad municipal en la expropiación de bienes privados debe limitarse a la autorización de inicio del proceso de expropiación; por lo que, si bien corresponde al citado Órgano Legislativo declarar la necesidad y utilidad pública y determinar el previo pago de indemnización justa; no obstante de ello, corresponderá a dicho Ejecutivo Municipal el desarrollo del indicado proceso, lo cual guarda concordancia con lo dispuesto por los arts. 56, 57 y 302.1.22 de la CPE; además, de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública de 30 de diciembre de 1884 y la misma Ley Autonómica Municipal de Expropiaciones 084/2015, vigentes a la fecha; empero, que no fueron aplicados en el caso presente.
Sin embargo, la Comisión de Constitución y Gestión Institucional del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, contrariamente a las normas que transcribió, en el punto I refirió que de acuerdo al informe de "Cristian Colque", Subdirector de Límites de Gestión Metropolitana de la Secretaría Municipal de Finanzas, ya no corresponde al Gobierno Autónomo Municipal de Sana Cruz de la Sierra fijar justo precio; ya que, el precio por expropiación fue fijado mediante la Resolución 196/84, existiendo los depósitos realizados por los avasalladores asentados en los terrenos que se encuentran, en el Banco Central de Bolivia (BCB) en fondos de custodia, por un monto de Bs1 119 130.- (un millón ciento diecinueve mil ciento treinta bolivianos), suma de dinero que por negligencia no fue cobrada por la propietaria Julia Ortuño Herrera, y que estaría a disposición de sus herederos para que cuando se apersonen, realicen el respectivo cobro; por lo que, el monto a cobrar en la actualidad por la expropiación de terrenos de Julia Ortuño Herrera sería de Bs10,12.-, lo que parece una broma, de manera que sus personas nunca participaron de tramitación alguna "seria", ni responsable como administrados.
En el punto 4. hicieron referencia al Recurso de Revocatoria, indicando que el Concejo Municipal no emitió resolución alguna sobre la problemática planteada más al contrario cumplió con su rol fiscalizador de solicitar al Órgano Ejecutivo Municipal una petición de informe; por lo que, nuevamente señalaron que se debe remitir la solicitud al Ejecutivo Municipal para fines de su correcto tratamiento y administrativos que persigue el peticionante, a los efectos que obtenga una respuesta definitiva sobre el tema en cuestión, recomendando remitir un oficio al Órgano Ejecutivo Municipal, a efectos de que las Secretarías competentes ?...analicen de manera técnica, administrativa, económica y legal, la procedencia o improcedencia de la solicitud...? (sic). Con ese informe suscrito por "Lola Terrazas", Presidenta del Concejo Municipal, fueron notificados el 27 de Julio de 2022, reiterando que ?al órgano legislativo no le corresponde pronunciarse sobre la solicitud presentada...? (sic).
Después de seis meses, la Comisión de Constitución y Gestión Institucional del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, emitió el INFORME CM-CCGI 125/2022-2023 de 25 de enero de 2023, dirigida al Pleno del Concejo Municipal, recomendando se comunique al peticionante "...la respuesta remitida por el Órgano Ejecutivo Municipal, referente a RECURSO DE REVOCATORIA Y SOLICITUD DE NUEVO PROCESO DE EXPROPIACION DE TERRENOS UBICADOS EN EL DISTRITO MUNICIPAL N° 10, UV 118 y 118-A contenida en la COMUNICACIÓN INTERNA SEMPLAD N° 575/2022, de 29 de septiembre de 2022, emitida por Andrea Daza Justiniano-Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo, dando respuesta a lo requerido" (sic), con la que fueron notificados el 4 de mayo -de 2023- en archivos de la entidad hoy accionada, a la que consideran como la respuesta definitiva. Dichos documentos señalan, que sus personas efectivamente tienen razón en su petitorio; empero, no se viabilizó debido a que los funcionarios municipales no entienden o no quieren proceder conforme al procedimiento de expropiación que tiene la institución y las leyes que la rigen actualmente; puesto que, el Alcalde hoy accionado, por Oficio Dirección General Municipal Of. 2300/2022 de 14 de octubre, respondió adjuntando la C.I. SEMPLAD 575/2022 de 29 de septiembre, la cual contendría respuesta sobre la procedencia o improcedencia de su petitorio, siendo que en los hechos no lo hace; por cuanto, dicha Nota les remitió a otra C.I. DGGU 022/2022 de 28 de septiembre, que reiterando las anteriores notas ya conocidas, señala que a la Dirección General de Gestión Urbana dependiente de la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, no le corresponde pronunciarse sobre el recurso de revocatoria interpuesto ante el órgano legislativo; puesto que, no emitió resolución o disposición alguna sobre la pretensión de los recurrentes que pueda ser objeto de impugnación. Como se puede observar, la entidad ahora accionada a través de sus funcionarios no tienen la mínima intención, tanto el órgano Legislativo como el Ejecutivo Municipal, para viabilizar o dar respuesta fundada, positiva o negativa a su petitorio, cuando el procedimiento de expropiación se encuentra previsto en la normativa nacional y municipal, las que debieron aplicarse oportunamente para salvaguardar su responsabilidad administrativa como funcionarios públicos.
En ese orden, el Alcalde y la Presidenta del Concejo Municipal ahora accionados no entienden que sus personas -accionantes- son personas adultas mayores; puesto que, les asiste el derecho de propiedad, y se encuentran en grave estado de salud; empero, hacen caso omiso a sus peticiones, evidenciando que la entidad municipal hoy accionada no dio "nunca" cumplimiento a las leyes vigentes sobre la expropiación incurriendo en arbitrariedad, abuso de poder y conducta omisiva.
I.1.2. Derechos, garantías y principio supuestamente vulnerados
Los accionantes a través de su representante legal denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado a la verdad material, celeridad y aplicación objetiva de las leyes, a la propiedad, de petición y a recibir una respuesta fundamentada, motivada y razonable en tiempo oportuno considerando su situación de adultos mayores; citando al efecto los arts. 24, 56, 57, 115.II, 117.I, 178, 180.I, 232 de la CPE; 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).
I.1.3. Petitorio
Solicitan se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga:
- i)Ante las medidas de hecho, actos ilegales en que incurrió la entidad municipal ahora accionada como la ocupación y cesión de sus terrenos, se ordene iniciar o reiniciar de inmediato el proceso administrativo de expropiación de las UV 118 y 118-A del Distrito Municipal 10;
- ii)La entidad municipal hoy accionada aplique, observe y se sujete al procedimiento vigente sobre las expropiaciones en el Estado Plurinacional de Bolivia, dictando las resoluciones administrativas que correspondan cumpliendo las partes sus obligaciones reciprocas;
- iii)Se otorgue un plazo a la entidad municipal ahora accionada para la culminación del proceso de expropiación iniciado en 1984 con el respectivo pago de justo precio; y,
- iv)Se condene al pago de daños y perjuicios a la citada entidad municipal debido a la "inmovilización" del bien inmueble durante casi cuarenta años.
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