Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0357/2019-S4 Sucre, 12 de junio de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad
Expediente: 27005-2018-55-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 7/2018 de 21 de diciembre, cursante de fs. 22 a 28 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fernando Junior Espinoza Medrano y Jhonny Luis Pinto Céspedes en representación sin mandato de Marco Antonio Segales Veneros contra Nelson César Pereira Antezana y Elisa Sánchez Mamani, Vocales de la Sala Penal Tercera y Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia, respectivamente, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memorial presentado el 20 de diciembre de 2018, cursante de fs. 2 a 9, el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
A través de Auto de 8 de octubre de 2018, Elizeth Mireya Antezana Vera, Salomé Guzmán Terán y Richard Cruz Vargas, miembros del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, determinaron la cesación de la detención preventiva que se le impuso anteriormente, imponiéndole determinadas medidas sustitutivas, decisión contra la que el acusador particular, Francisco Villanueva Ortiz, interpuso recurso de apelación incidental.
En ese contexto, el 20 de diciembre de igual gestión, se llevó a cabo la audiencia de resolución del recurso de apelación citado, celebrada por Nelson César Pereira Antezana y Elisa Sánchez Mamani, Vocales de las Salas Penal Tercera, y Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia -respectivamente- ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, hoy demandados, donde el impugnante expuso como puntos de agravios, que el informe de verificación policial domiciliaria presentado por la defensa del ahora solicitante de tutela, en la audiencia de cesación de la detención preventiva, no estableció la existencia de servicios básicos en la vivienda donde se cumpliría la detención domiciliaria otorgada; en consecuencia, atacó la no acreditación de los presupuestos de habitabilidad y habitualidad del domicilio propuesto.
Con relación al elemento arraigador de actividad lícita, se cuestionó que desde la audiencia de aplicación de medidas cautelares refirió ser diseñador de modas de profesión; empero, en la audiencia de cesación de la detención preventiva, aceptó la acreditación de sastre, con lo que desvirtuó los peligros procesales previstos en el art. 234.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); estos argumentos, fueron rebatidos por el recurrente; sostenidos y reiterados por la representación del Ministerio Público, adicionando que el acusado recibió condena en primera instancia y que fueron víctimas de una violación al derecho al debido proceso en sus vertientes de certeza y congruencia.
En mérito a dichos antecedentes, las autoridades demandadas emitieron el Auto de vista de 20 de diciembre de 2018, en el que determinaron no tenerse por acreditados los elementos relativos a domicilio y trabajo o actividad lícita; en consecuencia, dispusieron la extensión de mandamiento de detención preventiva en contra suya, en el Centro Penitenciario "San Pablo" de Quillacollo del departamento de Cochabamba, exponiendo los siguientes fundamentos:
- a)Henry Edwin Miguel Candia, no es el verdadero propietario del bien inmueble -donde debía vivir el impetrante de tutela- en razón a que la minuta de compraventa presentada al Tribunal de primera instancia, no se encontraba debidamente registrada en la oficina de Derechos Reales (DD. RR.), por lo que no podía surtir efectos con respecto a terceros;
- b)Que el imputado dijo ser concubino de Leyla Martina Rojas López; empero, "llama la atención al tribunal" (sic) que la nombrada no se encuentre viviendo en el bien inmueble donde se supone que viviría también el acusado, porque en ningún momento se indicó que la concubina viva allí;
- c)El Auto apelado, dispuso la detención domiciliaria del acusado en el domicilio real acreditado dentro de la presente causa, donde radica junto a su madre bajo control del investigador asignado al caso, extremo incongruente y contradictorio en mérito a que en ningún momento se refirió que éste viviría con su madre en dicho domicilio; en consecuencia, las autoridades a quo, incurrieron en una incorrecta valoración de los elementos de prueba y el contexto donde se produjeron;
- d)Respecto al elemento de trabajo y/o actividad lícita; si bien los oficios de diseñador de modas y sastre eran absolutamente diferentes; empero, se aplicó el principio de favorabilidad; y,
- e)Se sostuvo que Leyla Martina Rojas López es su concubina, y que es propietaria de un negocio denominado "TRUSSAR", que el accionante aprendió el oficio de sastre o costurero con una tercera persona, respecto a lo cual resultaba necesario analizar si la nombrada era o no su concubina, lo que no fue debidamente acreditado, puesto que no se presentó ningún registro al respecto, emitido por las oficinas del Servicio de Registro Cívico (SERECI).
En mérito a ello, las autoridades demandadas, no se pronunciaron sobre ninguno de los agravios expresados por el apelante e incorporaron argumentos extraños que nadie solicitó, agravando su situación jurídica, en mérito a que crearon nuevos obstáculos que en su condición de acusado, debería superar para lograr la acreditación de los presupuestos arraigadores de domicilio y trabajo, para con ello conseguir la cesación de su detención preventiva; en consecuencia, las autoridades demandadas realizaron una motivación arbitraria basada más en sus intereses que en las limitaciones legales impuestas, ingresando a una incongruencia externa, de manera ultra petita y oficiosa.
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