0357/2023-S4

En uso de la palabra en audiencia, manifestaron lo siguiente:

1. a)Se onobservó el principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional, toda vez que, al no haber obtenido respuesta a las notas remitidas, se entiende que opero el silencio administrativo; por lo que, los peticionantes de tutela debieron activar los mecanismos de impugnación previstos en el procedimiento administrativo; es decir, el recurso de revocatoria y posteriormente el jerárquico; puesto que, corresponde que, sin ingresar al fondo de la problemática, se declare la improcedencia de la acción tutelar;
2. b)De igual forma, fue incumplido el principio de inmediatez, habida cuenta que, desde el mes de mayo de 2021, en que los propios peticionarios de tutela afirman presentaron sus solicitudes, transcurrieron más de los seis meses previstos en la normativa procesal constitucional para activar la justicia constitucional; extremo por el que también debe denegarse la tutela sin ingresar al análisis de fondo de lo denunciado;
3. c)Los argumentos expuestos por los impetrantes de tutela, son falsos, no responden a la realidad y omiten pronunciarse sobre el procedimiento administrativo que debe seguirse a efectos de procederá la cancelación de vacaciones devengadas;
4. d)Conforme establece el Informe Técnico 53/2022, existe una desarrollo cronológico que ha realizado la Gobernación a efectos de proceder a la cancelación de vacaciones devengadas;
5. e)No se niega ni desconoce que dicho paga es un derecho social imprescriptible e irrenunciable, cuyo pago está siendo perseguido por la entidad departamental, por lo que no es evidente que de esta parte existiera negligencia alguna; tal es así, que el 22 de octubre -se entiende de 2021- se solicitó a la Secretaría Departamental de Economía y Finanzas, la modificación presupuestaria para proceder al pago requerido por vacaciones no utilizadas por los ex funcionarios; sin embargo, dicha modificación presupuestaria que afecta directamente la Partida 1000 de persona, no puede modificarse internamente, sino que precisa su consideración por la Asamblea Legislativa Departamental, lo que a su vez, implica todo un procedimiento que exige, entre otras cosas, que los servidores peticionantes, presenten facturas para la retención del 13%;
6. f)A efectos de la cancelación por vacaciones no utilizadas, no puede hacerse una modificación presupuestaria que satisfaga la pretensión de nueve personas que son las que presentan la acción tutelar, sino que, conforme a las planillas presentadas, dicho pago se adeuda a doscientos cincuenta y seis personas y es a todas ellas a las que debe cancelárseles;
7. g)La modificación presupuestaria fua activada el 22 de octubre de 2021 y hasta el 15 de diciembre de igual año, fueron recepcionados 205 Formularios RC-IVA con facturas originales, mismos que en algunos casos fueron observados y devueltos para su subsanación, situación que ocasionó que transcurra el tiempo; sin embargo, una vez que todo lo observado fue subsanado y paralelamente se aprobaba la modificación presupuestaria en la Asamblea Legislativa, se advirtió que únicamente restaban quince días para la finalización de la gestión; por lo que, se remitieron las solicitudes correspondientes al Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de que dicha instancia habilite excepcionalmente aquella modificación, lo que ocurrió el 29 de diciembre de 2021, de donde se evidencia que no existe por parte de la Gobernación de La Paz ninguna intención de no proceder al pago del beneficio social reclamado;
8. h)Ante la iniciación de una nueva gestión, se hace necesario una nueva tramitación para el pago de beneficios sociales, misma que ya se encuentra en curso pero que exige el cumplimiento de procedimientos administrativos que no involucran únicamente a la Gobernación, sino también a la Asamblea Legislativa Departamental y al Ministerio de Economía y Finanzas;
9. i)Los accionantes denuncian la vulneración del derecho a la petición, al que ligan el pago de vacaciones y además denuncian la lesión del debido proceso, aludiendo que se los hubiera dejado en indefensión, formulando como sustento argumentos contradictorios e incongruentes, pues inicialmente reclaman la falta de contestación a sus solicitudes y sin embargo y a la vez, afirman que se les niega el pago de sus beneficios sociales, lo que constituye una apreciación subjetiva pues no existe respuesta alguna que así lo determine; no obstante, esta falta de contestación se la entiende por los impetrantes de tutela como un silencio administrativo negativo que, de ser el caso, existen los mecanismos de impugnación necesarios para obtener una respuesta; y,
10. j)No se los colocó en estado de indefensión que amerite protección del debido proceso, pues como se tiene evidenciado y refieren los propios accionantes, no existe proceso alguno, advirtiéndose en consecuencia que, a través de los argumentos expuestos, los accionantes pretenden inducir al error a la justicia constitucional, existiendo contradicción en sus pretensiones , al margen de que no se delimita por persona los derechos vulnerados, pretendiendo demostrar que todos de manera conjunta presentaron una nota en la misma fecha, cuando de la propia demanda tutelar se advierte que lo hicieron individualmente y en distintas fechas. Por todo lo manifestado, solicitó se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 31/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 217 a 219 vta., concedió en parte la tutela solicitada respecto al derecho a la petición, disponiendo que el Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, responda a las notas remitida por los impetrantes de tutela; y, denegó la tutela con referencia al pago de vacaciones; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)Los accionantes no identificaron plenamente el acto u omisión, pues si bien inicialmente en la demanda tutelar se reclama el derecho de petición, luego la pretensión muta y ya no solo se exige una respuesta pronta y oportuna, sino que existe la defección del señalado derecho de que los peticionantes de tutela gocen de las vacaciones impagas que les adeuda la Gobernación;
2. 2)La demanda tutelar adolece de varios defectos, pero esencialmente el referido a la falta de claridad de su postulación, el objeto de la pretensión claramente no es lo que se pretende, pues de los argumentos expuestos se advierte que existe una omisión de respuesta a sus solicitudes; sin embargo, aparentemente se trata de una omisión de pago;
3. 3)Si de obtener el pago se tratara; es decir, si la pretensión fuera el pago, la acción nació muerta, debido a que la denegatoria de pago que se considera ilegal debe recaer sobre un acto formal que mínimamente deberá consistir en su denegatoria; empero, la justicia constitucional no puede emitir pronunciamiento sobre dicho pago, cuando no existe un pronunciamiento formal de la administración, pues la Sala Constitucional debe actuar en coherencia de los actos de postulación y los actos procesales; por ello, si del pago se trata, estaríamos frente a un acto, de ahí que la pretensión al respecto se halla erróneamente propuesta y el silencio ante la misma no tiene relación o coherencia con el cuerpo de la demanda tutelar;
4. 4)Ante dicha falencia procesal, a la luz del principio iura novit curia, podría flexibilizarse dicho yerro procesal; sin embargo, existe otro defecto insuperable que es la identificación de quien formula la acción de defensa que si bien puede soportar una pluralidad de sujetos, se debe tener en cuenta el objeto de la pretensión; así, por ejemplo, cuando 10 personas son sometidas a un procedimiento sancionatorio y se emite una sola resolución, los diez podrán presentar una acción de amparo constitucional impugnado ese acto administrativo que les afecta por igual, lo que ocurre en el presente caso, en el que existe una pluralidad de omisiones, debido a que todos de forma independiente formularon sus solicitudes al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y consecuentemente corresponde que el ente departamental responda a cada uno de ellos; pues si la autoridad decidiera responder a todos a través del mismo acto, otras serían las circunstancias, de ahí la importancia de identificar el acto u omisión;
5. 5)Si se entendiera -lo que no es asó- de que habría operado el silencio administrativo negativo, este operaría de manera individual respecto a todos los que presentaron sus notas y no merecieron respuesta, lo que obligaría a la jurisdicción constitucional a generar una decisión que cree una suerte de unidad en la determinación de la administración, lo que constituye otro defecto procesal;
6. 6)En cuanto ala legitimación activa surge otro inconveniente en cuanto a la postulación de identificar los hechos y relacionarlos con el petitorio, pues son los hechos que dan cuenta de una serie de actos que desencadenan en alguna pretensión;
7. 7)El defecto de identificación de los supuestos procesales, dificulta pensar en la concesión de tutela sobre la pretensión de pago, dado que el argumento central de la demanda es el derecho de petición y la pretensión de fondo es petición y pago, situación que inicialmente resulta imposible en los términos postulados;
8. 8)No resulta aplicable el silencio administrativo, pues no se está en fase recursiva y la administración se halla en la obligación de responder positiva o negativamente y de manera fundada, formal y material a las solicitudes que le haga el administrado, en este caso, ex servidores que no están solicitando documental, sino exigiendo al Gobernador -ahora demandado- el cumplimiento de un derecho que deviene de una relación laboral sostenida con anterioridad, de donde emerge el ejercicio o pago de sus vacaciones;
9. 9)El Gobernador ahora demandado, debe tener la gentileza de responder a las solicitudes que le fueron formuladas de manera pronta, pues solo así, se garantizará a los ex servidores el acceso a los mecanismos que a su turno vean por convenientes; y,
10. 10)Por todo lo manifestado, se tiene que el derecho de petición no ha sido satisfecho y no puede aplicarse el silencio administrativo negativo, debiendo otorgarse una contestación que garantice a los accionantes la fase de impugnación.