0358/2022-CA

Manifiesta que la Resolución Suprema 212414 (Reglamento de Faltas y Sanciones de la Dirección Distrital), es contraria a las disposiciones de la Norma Suprema; precisando que estos:

1. a)Arts. 1 y 2 del nombrado Reglamento, en cuanto a las las excepciones en dicha instancia, no identifican la forma en la que podrán ser interpuestas, el tipo o contra qué resoluciones serán procedentes;
2. b)Arts. 7 y 11 inc. m) del mencionado Reglamento, enuncian las faltas o infracciones disciplinarias, encontrándose dentro de estas la calificación de "muy graves" mas no se individualizan las formas de su comisión, la identificación de sus autores, ni los factores por los cuales reciben ese calificativo;
3. c)El art. 12 del nombrado Reglamento, inscrito como "atenuantes o agravantes en el proceso", no obstante, no cataloga las situaciones que atenúan o agravan una falta, para que puedan ser consideradas por el Tribunal; y,
4. d)El art. 24 inc. c) del aludido Reglamento, que dispone el periodo probatorio dentro de veinte días bajo la consigna de "...cuestiones previas prejudiciales..." (sic) empero, a lo largo del citado Reglamento no se menciona el tiempo para la presentación de impugnaciones en caso de considerarse pertinente; máxime, que el Reglamento en cuestión no instituye los ámbitos de aplicación, prescripción, recusación, non bis in idem y demás herramientas que promuevan la seguridad jurídica, limitándose con todo lo detallado el derecho a la defensa de los investigados. En ese sentido, señala que los artículos detallados ut supra transgreden la Ley Fundamental, en relación a:
5. 1)El principio de jerarquía normativa, que implica una sucesión escalonada de los elementos legales teniendo en la cúspide a la Constitución Política del Estado, acorde al art. 410 de la misma Norma Suprema;
6. 2)El principio de legalidad, porque no se garantizan los mecanismos de defensa a las partes siendo que es el mismo reglamento impugnado el que debería precisarlos;
7. 3)El debido proceso en sus componentes de legalidad, tipicidad y taxatividad, puesto que las conductas que previamente al proceso estén calificadas como faltas serán aquellas que podrán ser sancionadas por los juzgadores en materia disciplinaria, e igualmente citando los arts. 115.II y 117.I de la CPE, destacó que la protección de las partes responde a que no se cometan lesiones contra sus derechos o garantías;
8. 4)Derecho a la defensa por los fundamentos insertos en la SCP 0978/2012 de 22 de agosto; y,
9. 5)La presunción de inocencia conforme el art. 116.II de la Ley Suprema y la jurisprudencia que manifiestan que este extremo se encuentra ligado al debido proceso y la defensa.

Por Resolución Administrativa 5146/2022 de 26 de septiembre, cursante a fs. 24 a 28 vta., Iván Wilfredo Villa Bernal, Director Departamental de Educación de Cochabamba rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta, señalando que:

1. i)En anteriores oportunidades fueron planteadas acciones de inconstitucionalidad concreta contra la RS 212414, que fueron rechazadas por este Tribunal con los Autos Constitucionales "...0317/2021-CA de 10 de septiembre de 2021, 0028/2021-CA de 28 de enero de 2021, 0234/2019-CA de 26 de septiembre de 2019, 0387/2018-CA de 05 de diciembre de 2018, 0025/2018-CA de 15 de febrero de 2018, 0228/2017-CA de 10 de agosto de 2017 y 0360/2012-CA de 16 de abril de 2012" (sic) los cuales sirvieron para sustentar el fallo del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Arani, en contra del ahora accionante, Autos que a su vez demuestran la improcedencia de la actual solicitud de acción normativa;
2. ii)La Resolución que es motivo de la presente causa se encuentra en revisión en la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba aguardando su confirmación o revocación;
3. iii)El reglamento cuestionado actúa en apego de la Ley 2341, por lo que se encontraría subordinado a la Constitución Política del Estado; además, fue emitido en mérito al Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992 contando con normativa específica, de tal modo, que no provoca transgresiones contra la seguridad jurídica, ni el principio de legalidad;
4. iv)Respecto a la contravención de los arts. 115 y 116 de la CPE, precisa que "...las faltas atribuidas y que fueron objeto de proceso disciplinario ya se encontraban vigentes al momento de su juzgamiento..." (sic); máxime, que la Resolución Ministerial antedicha describe claramente las faltas o conductas que serán sancionadas;
5. v)Con relación al art. 178.I de la Norma Fundamental, se indicó que existe falta de tipificación, sin embargo, tal aseveración carece de fundamento alguno ya que no se señala la imprecisión cometida;
6. vi)El art. 5 de la RS 212414 instaura que "se presume la inocencia del encausado, mientras no se pruebe su culpabilidad, de acuerdo al Art. 70 del Código Penal" (sic) por lo que no se quebrantó el principio de presunción de inocencia;
7. vii)Es el mismo reglamento que dispone el principio nulla poena sine juditio que se encuentra reglado en el Código Penal;
8. viii)La denuncia realizada en relación al principio de non bis in idem contenido en el art. 117.II de la CPE, no compete en esta acción normativa ya que es la misma jurisprudencia que dispone que el proceso disciplinario será celebrado independientemente aunque posteriormente se esgrima la misma relación de hechos para proseguir con otra causa en materia penal; y,
9. ix)El art. 73 núm. 2 del Código de Procesal Constitucional (CPCo) establece que las acciones de inconstitucionalidad concreta procederán en los casos en materia judicial o administrativa, de ese modo, al tratarse de un proceso disciplinario es pertinente actuar acorde al art. 80 del mismo cuerpo normativo.