Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0358/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 49905-2022-100-AL Departamento: Beni
En revisión la Resolución de 17 de agosto de 2022, cursante de fs. 138 a 157; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marco Antonio Miranda Gómez en representación sin mandato de María Inés Iriarte Reyes Ortiz contra Alex Fernando Núñez Vargas, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de la Capital del departamento de Beni.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 16 de agosto de 2022, cursante de fs. 70 a 80 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso laboral seguido por Juan Pablo Figueroa -hoy tercero interviniente- contra su persona, el Juez ahora accionado ordenó su reclusión en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Trinidad de Beni, con base a la interpretación de los arts. 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y 216 del Código Procesal del Trabajo (CPT), al disponer una medida de apremio corporal que, en su criterio, no perseguía la finalidad de la sentencia laboral; puesto que, ofreció el cumplimiento de la obligación mediante la Constitución de una hipoteca judicial sobre un bien inmueble de su propiedad, situado en la calle 25 de mayo esquina Brasil, de ciudad de Cochabamba, registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 3011990003382, bien inmueble cuya anotación preventiva e hipoteca judicial fue solicitada y aceptada por el hoy tercero interviniente como forma de pago.
Como antecedente del proceso laboral, se evidenció que mediante memorial de 24 de junio de 2015, el ahora tercero interviniente solicitó la aplicación de medidas precautorias, consistentes en el congelamiento de cuentas bancarias, solicitud que fue acogida mediante decreto de 26 de noviembre de igual año, ordenándose a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) la retención de fondos hasta el monto demandado.
Posteriormente, ante la constatación de que la medida precautoria no garantizaba el pago, el hoy tercero interviniente, mediante memorial de 5 de febrero de 2016, solicitó el embargo e hipoteca de sus bienes inmuebles, solicitud que fue acogida por decreto de 9 de marzo de ese año, disponiéndose el embargo y la anotación preventiva del referido bien inmueble perteneciente a su persona en la ciudad de Cochabamba y dejándose sin efecto la medida de congelamiento de cuentas bancarias.
De igual manera, mediante decretos de 11 de abril, 12 de mayo y 12 de septiembre de 2016, el Juez hoy accionado liberó exhortos y provisiones ejecutoriales para la efectivización de la hipoteca y anotación preventiva del bien inmueble. Asimismo, por decreto de 9 de noviembre de igual año, se complementó la provisión ejecutorial precisando el monto hasta el cual debía registrarse la medida precautoria.
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