0359/2021-S1

Las accionantes, en el desarrollo de la audiencia, por intermedio de sus abogadas procedieron a ratificar la acción, y añadieron lo siguiente:

1. a)Refieren que dentro de un proceso de altísima gravedad y con relevancia social, como de violencia sexual traducido en el tipo penal de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, correspondió presentar la acción de cumplimiento, planteada contra el Ministro de Educación, de Deportes y Culturas y la Dirección Departamental de Educación de Potosí, por el incumplimiento de los Decretos Supremos 1302 y 1320, con el propósito que la autoridad judicial ordene al funcionario público renuente, dar cumplimiento a un deber específico contenido en la precitada norma, conforme a la Sentencia Constitucional 1386/2011-R de 30 de septiembre;
2. b)En particular el Decreto Supremo 1302 tiene como objeto principal establecer precisamente mecanismos qué coadyuven la erradicación de la violencia, maltrato y abuso contra la vida, e integridad física, psicológica de todas las niñas, niños, adolescentes, y sobre todo de estudiantes en el ámbito educativo;
3. c)El citado Decreto Supremo obliga precisamente al Ministerio de Educación, y al Director Departamental de Educación, que cuando exista una víctima de violencia sexual, cometido específicamente por parte de un director, docente o administrativo de una unidad educativa, estos tendrán la obligación de denunciar y coadyuvar con la acción penal correspondiente hasta su conclusión ante el Ministerio Público, autoridad jurisdiccional u otra autoridad competente;
4. d)La citada norma ha sido incumplida por las autoridades ahora demandadas, pues al tratarse de delitos sexuales contra una población altamente vulnerable y amparada por el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género del Órgano Judicial, se requirió la asistencia técnica de un abogado del Ministerio de Educación;
5. e)Si bien se apersonó esa repartición del Estado, sólo cumplieron con una mera formalidad de presentarse ante el Ministerio Público y ante la autoridad jurisdiccional sin realizar ningún otro tipo de apersonamiento, ni participación, y menos asistencia a las víctimas durante el proceso;
6. f)Posteriormente, se reiteraron las solicitudes por parte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, requiriendo su participación activa en los actos procesales, lo que no sucedió, y tan sólo tuvieron una actitud pasiva ante el rechazo de su personería por parte de la autoridad jurisdiccional;
7. g)El Protocolo de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual en unidades educativas, adoptada por el propio Ministerio de Educación, dispone: "que la o el Director Distrito debe poner en conocimiento del Director Departamental quién a través de los abogados, defensores deberá presentar la denuncia ante el Ministerio Público y/o querellarse en todos aquellos procesos seguidos contra directores, maestros o personal administrativo del Sistema Educativo Plurinacional que hubiesen sido sindicados de la comisión de delitos en este caso de violencia; debiendo proseguir las acciones penales hasta la conclusión del proceso" (sic). El mismo Protocolo señala que la o el director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes estudiantes, será suspendido de sus funciones sin goce de haberes mientras dure del proceso penal correspondiente, como medida de seguridad y protección del estudiante, y a su vez asumir las acciones administrativas posteriores;
8. h)La participación activa del Ministerio de Educación y la Dirección Departamental de Educación, debieron hacer cumplir el Decreto Supremo 1320 del 8 de agosto de 2012, a partir de la acción y la asistencia permanente a las víctimas, y no solamente a través de un apersonamiento, sino con una actuación activa y de asistencia durante todo el proceso hasta su conclusión;
9. i)Se requirió el cumplimiento de los arts. 1 y 2 del precitado Decreto Supremo 1302, puesto que el mismo tiene por objeto coadyuvar en erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida, e integridad física, sexual y psicológica de las niñas dentro del ámbito educativo, toda vez que la impunidad refuerza la violencia, es decir, aquellos maestros que quedan en la impunidad, van a repetir el hecho delictivo, mismo que nos lleva a la naturalización de la violencia sexual, motivo por el cual es tan importante la intervención del Ministerio de Educación, a fin de evitar la impunidad de los denunciados por este tipo de delitos;
10. j)El art. 26 del Código Penal dice "que los fines de la pena es una prevención general y una prevención particular", ahí radica la importancia en que debe coadyuvar el Ministerio de Educación, y esta intervención debe ser coadyuvante, es decir, desde el inicio de la investigación hasta que se dicte sentencia, e incluso, hasta la reparación del daño;
11. k)La sanción está encaminada a la restitución del orden y la paz social, que terminó quebrantada a partir de un hecho delictivo, por lo que la sanción busca la reparación del daño a las víctimas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Espinoza versus Perú, dijo "que la reparación del daño involucra daño emergente, lucro cesante, y proyección de vida" y lo que debe hacer la reparación del daño es recomponer a las víctimas y ponerlas en una situación similar a la que se encontraban antes del hecho delictivo, porque estamos ante un hecho delictivo de violencia sexual a niñas que están en pleno desarrollo físico, psicológico y moral, eso se ha quebrantado, por lo tanto ante tal vulneración del desarrollo que debemos garantizar a estas menores, no se puede admitir la indiferencia del Estado a partir del Órgano Ejecutivo, que lesiona la protección reforzada de los niños;
12. l)Ante el requerimiento como coadyuvante, presentaron memoriales de apersonamiento, mismos que tuvieron como respuesta la emisión de un Decreto del Juez, que determinó "no ha lugar el apersonamiento del impetrante toda vez que el mismo no es parte del proceso" (sic), por otra parte se debe dejar claramente establecido que los diferentes acuerdos y Decretos Supremos a los que hace referencia el impetrante, tienen el objeto de denunciar en el momento de la presunta comisión del hecho antijurídico y coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación de los hechos, extremos que aparentemente se han incumplido y que son de su responsabilidad; en esta etapa del juicio ya no es posible adherirse a la denuncia o a la acusación del Ministerio Público, pues el impetrante no es víctima en el caso de autos; y refieren que contra ese decreto, las autoridades demandadas no plantearon ningún recurso;
13. m)Refieren que el Ministro de Educación, de Deportes y Culturas no remitió respuesta o informe alguno, al respecto sostienen que la línea jurisprudencial establece que ante el silencio de la autoridad demandada, hace una aceptación tácita de la veracidad de los extremos expuestos.