0360/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0360/2019-S2 Sucre, 5 de junio de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 26784-2018-54-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 368/2018 de 23 de noviembre, cursante de fs. 1148 a 1157, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Carlos Pozo Uria contra Esteban Miranda Terán y María Cristina Diaz Sosa, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 10, 20 y 27 de septiembre de 2018, cursantes de fs. 84 a 100 vta.; 109 a 118 vta.; y, 122 a 140 vta., el accionante señaló lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Orden de Verificación 0012OVE01740 de 25 de julio de 2012, notificada a su persona el 31 del mismo mes y año, se inició el proceso de verificación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) por los periodos fiscales de abril de 2009 a marzo de 2010, que culminó con la emisión de la Resolución Determinativa 00063/2014 de 1 de abril, que impugnó alegando en lo principal que los descargos que adjuntó se rechazaron por tratarse de fotocopias simples; por lo que, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0593/2014 de 4 de agosto, anuló obrados. En tal contexto, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), presentó el recurso jerárquico que fue resuelto por la Resolución AGIT-RJ 1482/2014 de 27 de octubre, que mantuvo subsistente la Resolución de alzada; a cuya consecuencia, el SIN activó el proceso contencioso administrativo que originó la Sentencia 64 de 25 de agosto de 2016, por la cual se declaró probada la demanda, manteniendo -por consecuencia- firme la Resolución Determinativa.

Bajo tales antecedentes, acusó que la Sentencia no se pronunció sobe todos los puntos planteados por el SIN y la respuesta de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); sino que, únicamente se manifestó con base en dos problemáticas, la determinación sobre la base imponible -estableciendo que fue aplicada sobre base cierta y presunta en función de los documentos que el contribuyente, hoy accionante, presentó-; y, el conocimiento material del proceso, por parte del administrado que incluso intervino en dicho trámite ejerciendo su derecho a la defensa y realizando distintas peticiones. Consecuentemente, acusó la incongruencia del fallo precitado. La Sentencia 64, carece de motivación pues se limitó a transcribir literalmente normas aisladas que no correspondían a todas las invocadas por la AGIT y concluyó sin mayor justificación que la Administración Tributaria cumplió a cabalidad las normas legales transcritas; empero, desconociendo la petición de la AGIT y todos los cuestionamientos que planteó dicha entidad. Añadió que el SIN no valoró sus descargos en fotocopias simples, en inobservancia del principio de verdad material y en aplicación inadecuada del art. 8 del Decreto Supremo (DS) 24051 de 29 de junio de 1995; además, debió considerarse que la Administración Tributaria tenía amplias facultades de investigación que pudo emplear para encontrar la verdad en lugar de limitarse a los alegatos y pruebas de las partes. Por otro lado, el SIN generalizó la información de terceros para establecer un ingreso que no se encontraba justificado; y, en la determinación del gasto (para establecer el monto del ingreso por la venta de inmuebles), no tomó en cuenta todos sus elementos como mano de obra, materiales o gastos indirectos propios del sector de la construcción.

Finalmente acusó que por el mismo hecho (la venta de departamentos y pisos en los edificios Nicole y Melisa), se iniciaron dos procesos que culminaron con la Sentencia 64 -que hoy cuestiona-, que declaró probada la demanda interpuesta por el SIN (y consecuentemente mantuvo la deuda determinada por la Resolución Determinativa); y, la Sentencia 12/2017 de 18 de enero, que declaró improbada la demanda del SIN bajo supuestos fácticos análogos; por lo que, planteó los incidentes de nulidad que fueron declarados "No ha lugar" por las providencias de 22 de septiembre de 2017 y 11 de junio de 2018. Contra esta última, interpuso el recurso de reposición de 26 de igual mes y año, rechazado por decreto de 10 de julio del mismo año; sin considerar que en su incidente expuso varias pretensiones para anular la Sentencia 64 y las autoridades no brindaron una respuesta ni exteriorizaron los fundamentos legales y normas que sustentaban la parte dispositiva; toda vez que, concluyeron de forma unilateral que la Administración Tributaria cumplió a cabalidad las normas legales transcritas en el decreto de 10 de julio de 2018.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Alega como lesionados sus derechos a la propiedad, al debido proceso en sus vertientes de motivación, congruencia y suficiente fundamentación; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías