Texto del fallo
Sintesis del caso
El accionante denunció lesionado el debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, la tutela judicial efectiva y la valoración a la prueba; toda vez que, los Magistrados demandados, dentro del proceso ordinario de mejor derecho propietario, que inició contra Julio Marín Durán, declararon infundado su recurso de casación, saliendo del marco de la Resolución impugnada y los agravios expuestos en su recurso, lo que implica que el , no contiene la suficiente motivación exigida por ley, incurriendo en incongruencia omisiva, citra petita o ex silentio, al omitir el pronunciarse sobre cada una de las cuestiones y aspectos planteados en el recurso de impugnación, así como en relación a las pruebas identificadas en la mencionada impugnación.
Sintesis de la ratio decidendi
Se concede la acción de amparo constitucional, al ser evidente la vulneración del debido proceso civil en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia del Auto Supremo cuestionado.
Extracto de la ratio decidendi
F.J.III.2 “…se advierte que en cuanto al primer agravio, si bien los Magistrados demandados señalaron que el recurrente no tenía legitimación para cuestionar el acto de liberalidad efectuada en favor del dominiado, se debe tener en cuenta que el reclamo puntual del ahora accionante en su recurso de casación, tuvo más que ver con el hecho de que existiese violación al principio de verdad material, en razón a que los documentos de propiedad del demandado serian simulados y efecto de ilegalidades, que en su criterio debieron ser tomados en cuenta, en aplicación del principio antes mencionado; razón por la que las autoridades demandas debieron responder a tal reclamo explicando los motivos y razones por los que el principio de verdad material operaria o no al encontrar ilegalidades si estas fuesen evidentes, no existiendo respuesta alguna al respecto. En cuanto al segundo agravio, se advierte que el recurrente ahora accionante, acusó error en la valoración de la prueba, puesto que en las certificaciones que identificó, se acreditaría la inexistencia de antecedente dominial del derecho propietario del demando; en tal sentido, lo que correspondía era verificar y analizar tal reclamo conforme se expuso en el recurso de casación, y determinar primero, si la prueba que refiere el recurrente acreditaría si el antecedente dominial del demandado existe o no en obrados, para luego explicar si tal aspecto tiene incidencia o no en el análisis de prelación del mejor derecho propietario y no limitarse a señalar que dichas pruebas no pueden analizarse de manera aislada sino integralmente. Respecto al tercer agravio, el recurrente –hoy impetrante de tutela–, cuestionó la respuesta del Tribunal de alzada referente a que no se podrían modificar las decisiones de la judicatura agraria, que si bien en su criterio dicho argumento es correcto, éste sólo encubriría la falsedad acreditada con las certificaciones y argumentos expuestos en su recurso, aspecto que debería ser considerado en función al principio de verdad material; reclamo sobre el que tampoco se observa respuesta, puesto que al igual que en el primer punto, los Magistrados demandados deben fundamentar y motivar en función a los alcances de la verdad material si dicho aspecto o criterio argüido corresponde o no. En referencia al cuarto agravio, tampoco se observa consideración alguna, siendo que se cuestionó que existe línea jurisprudencial que establece que no es necesario que el derecho propietario de las partes tenga un mismo origen o un vendedor en común, que según el recurrente debió ser tomado en cuenta para la resolución del mejor derecho propietario; en tal razón, es necesario que las autoridades demandas expongan si corresponde o no tal criterio para la resolución de fondo del litigio en cuestión, siempre en el marco de la naturaleza de las acciones ordinarias que resuelven. Con respecto al quinto agravio, donde se acusó error en la valoración de la prueba, puesto que identificaron prueba que acreditaría que la ubicación del inmueble del demandado estaría en otro lugar, correspondía que los Magistrados demandados analicen dicha prueba y determinen si evidentemente ésta acreditaba que el derecho propietario del demando se encontraba o no en la misma ubicación del inmueble del demandante y no excusarse en el limitado criterio de que existía una afirmación del demandante sobre que el referido bien se encontraba en el mismo lugar, o en su caso, realizar un análisis de contrastación probatoria, explicando los motivos por los que la prueba identificada por el recurrente tendría o no eficacia frente a la afirmación expresada en la demanda principal. Finalmente, en cuanto al sexto agravio, donde se cuestionó el cambio de entendimiento de la doctrina legal, dicho reclamo si contiene la debida motivación puesto que se explicó que los tres autos de vista a los que se hizo mención no pueden generar jurisprudencia; toda vez que, la misma es generada y uniformada por el Tribunal Supremo de Justicia conforme prevé el art. 42.I núm. 3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–.”
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0360/2019-S4 Sucre, 18 de junio de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 27011-2019-55-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 37/2018 de 27 de diciembre, cursante de fs. 179 a 185 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Javier Fernández Baptista contra Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizu y Edwin Aguayo Arando, Magistrados de la Sala Civil y Penal, todos del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 19 de diciembre de 2018, cursante de fs. 145 a 154 vta., el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante Escritura Pública 164/1978 de 21 de febrero, adquirió a título oneroso un lote de terreno ubicado en las calles 26 (ahora Ovidio Suarez Morales) y José Gavino Villanueva de la zona Alto Calacoto de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, derecho propietario que le fue transferido por Luis Patiño Sánchez Bustamente, que se encuentra debidamente registrado en DD.RR., bajo la partida computarizada 01001841 y Matrícula 2.01.0.99.0061782 cuyo antecedente dominial data de 2 de junio de 1948; derecho que fue respaldado con la obtención del certificado de Registro catastral y formulario único obteniendo el Código Catastral 044-0612-0009 en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, habiéndose incluso pagado el impuesto anual sobre bienes inmuebles desde 1978 al presente, de manera puntual; empero, de manera fraudulenta, Julio Marín Durán, presuntamente adquirió de Fidel Alarcón Calle, el mismo lote de terreno, que se encuentra registrado en DD.RR., bajo la Matricula "2011010007279" de 16 de mayo de 2005, siendo en base a la mencionada transferencia que ingresó al lote de terreno el 2005, detentándolo actualmente de manera arbitraria, dado que el mismo no cuenta con registro catastral y menos con el pago anual de los impuestos municipales; es más, su derecho propietario tiene como antecedente que Fidel Alarcón Calle como causahabiente de "Gregoria v. de Pariguana", lo recibió en calidad de anticipo de legítima mediante la Escritura Pública 860/1998 de 2 de octubre, documento que no cumple los preceptos contenidos en los arts. 1059 y sgtes. del Código Civil (CC), por cuanto la legitima o porción disponible, sólo está establecida en favor de los herederos forzosos, es decir para los ascendientes, descendientes y cónyuge del causante; Fidel Alarcón Calle, no era hijo biológico, ni adoptado, siendo simplemente yerno, razón por la que la mencionada Escritura Pública tiene un vicio insubsanable que la hace nula de pleno derecho.
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