0362/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0362/2019-S4 Sucre, 18 de junio de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional

Expediente: 27071-2019-55-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 008/2018 de 31 de diciembre, cursante de fs. 369 a 377, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Amalia Beatriz Laura Patzi contra Marvell José María Leyes Justiniano, Alcalde; Melvi Rosario López Gonzales, Luz Clara Rojas y Antonio Ferrufino, Directores de la Intendencia Municipal; Pedro Ochoa Chávez, Jefe a.i. de la División de Mercados; Hasel Paola Flores Flores, Jefa del Departamento 1 de Mercados y Sitios de la Intendencia Municipal; Christian Saúl Gonzales Cortez, Jefe del Departamento 1 de Mercados y Sitios; y, Emilio José Vargas, Auxiliar 6 de la Intendencia Municipal; todos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 4 de diciembre de 2018, cursantes de fs. 30 a 42 vta.; y el de subsanación de 7 del mismo mes y año (fs. 59 a 64), la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 18 de junio de 2018, funcionarios de la Intendencia del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, a la cabeza de Cristian Saúl Gonzales y Pedro Ochoa Chávez -ahora codemandados-, procedieron a clausurar su caseta de venta de velas en el sector del mercado "La Pampa" del departamento de Cochabamba, de la cual es adjudicataria, argumentando, que existía un proceso de reversión que fue instaurado de oficio por la autoridad correspondiente, afirmación reiterada en instalaciones de la intendencia municipal el 19 del mismo mes y año por el segundo de los nombrados, quien además le indicó que infringió lo previsto por el art. 15.6 de la Ley Municipal (LM) 0048/2014 de 8 de julio, referida a la prohibición de transferencia temporal o definitiva de sitios municipales.

Con el objetivo de hacer conocer sobre la clausura arbitraria de su caseta y lograr que se deje sin efecto dicha medida, presentó las siguientes notas: El 25 de junio de 2018, dirigida al Presidente del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal del referido departamento; el 3 de julio de 2018, dirigida al Alcalde hoy demandado; el 30 de agosto de 2018, dirigida al Presidente del Concejo Municipal; y, el 31 de agosto de 2018, a la Alcaldesa Municipal de Cochabamba; no habiendo obtenido respuesta alguna a ninguna de ellas, lo que la motivó a vender sus productos frente a su puesto que fue clausurado, del cual también desalojada en dos oportunidades. El 1 de noviembre de 2018, fue notificada con el auto de inicio de Reversión, dentro del cual nuevamente solicitó, el 20 del mismo mes y año, se deje sin efecto la medida de clausura de su caseta; sin embargo, cuando acudió junto a su abogado el 30 del citado mes y año, a la intendencia municipal, Emilio José Vargas y Hasel Paola Flores Flores -ahora codemandados- le indicaron que la clausura correspondía porque había documentación suficiente que probaba la transgresión, por lo que, consideró que la sentenciaron sin defensa alguna; evidenciándose que la clausura fue arbitraria y de hecho, sin un previo y debido proceso que le permitiera asumir defensa, fundados simplemente en la existencia de una denuncia, afectando con ello su negocio y también a su familia, particularmente a sus hijas quienes dependen de sus ingresos económicos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante consideró lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a la petición, al trabajo digno con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio y a dedicarse al comercio, y a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 24, 46.I núm. 1, 47.I, 115, 116.I, 117.I y 119.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); 2.3 y 14.1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y, 6 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

I.1.3. Petitorio