0362/2022-S1

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga:

1. a)Se anule el Auto Supremo 23 de 10 de febrero de 2021; y,
2. b)Se ordene la emisión de un nuevo Auto Supremo, que considere el art. 151 del Código Procesal del Trabajo, de acuerdo al entendimiento de la Resolución constitucional que se emita en la presente acción de defensa.

José Antonio Revilla Martínez, Presidente de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, a través de informe escrito, de 9 de junio, cursante de fs. 51 a 55 vta., expresó lo siguiente:

1. 1)La acción de amparo constitucional planteada en su contra, no observó los requisitos de contenido establecidos en los arts. 129.II de la CPE, 54 y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo.), acusando un supuesto acto indebido, con argumentos que demuestran que la empresa accionante incurrió en error al plantear una acción tutelar, como si se tratase de una instancia adicional ordinaria, desconociendo la naturaleza de la acción de amparo constitucional, alegando la vulneración de las garantías generales del debido proceso, sin sustentar fáctica y normativamente sus pretensiones, omitiendo precisar cómo se lesionaron los derechos constitucionales invocados en alguno de los fundamentos del Auto Supremo que cuestiona;
2. 2)La jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a verificar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por los jueces y tribunales ordinarios, por ser de exclusiva competencia de esta jurisdicción, salvo que concurrieran los requisitos exigidos para ello, que deben ser cumplidos por la empresa solicitante de tutela, debiendo demostrar que la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, que es arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, identificando en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia;
3. 3)Respecto a la falta de motivación, fundamentación y congruencia alegadas, sostiene que tal extremo no es evidente, por cuanto el Auto Supremo 23 de 10 de febrero de 2021, conforme con los antecedentes del proceso y pruebas presentadas por ambas partes, identificó la problemática del caso, desglosando la normativa pertinente, analizando toda la prueba aportada tanto por la sociedad solicitante de tutela como por las autoridades ahora demandadas, tomando en cuenta que conforme con la previsión contenida en el art. 180.I de la CPE, la jurisdicción ordinaria en estricto cumplimiento de las garantías procesales, del contraste de las pruebas se tuvo como probados los argumentos de la empresa demandante de tutela y se resolvió el conflicto de manera congruente, suficiente y pertinente, garantizando a ambas partes conocer el porqué de la decisión, justificando la determinación asumida;
4. 4)Con relación a la violación del art. 1297 del CC, respecto al documento privado de cancelación de finiquito, se precisó que por disposición del art. 252 del CPT, los aspectos no previstos en dicha norma laboral, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y del Código de Procedimiento Civil, siempre que no signifiquen la violación de los principios generales del derecho procesal laboral; y, en el Auto Supremo cuestionado no se incurrió en errónea apreciación de la prueba, porque el citado art. 1297 no se aplica en materia laboral por disposición del art. 158 del CPT, que establece que los tribunales de instancia, no están sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino que deben formar libremente su convencimiento, inspirados en principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y conducta procesal observada por las partes, por lo que se ajustó a las normas legales en vigencia al advertir como verdad material que el empleador, a pesar de haber suscrito el documento de cancelación de los beneficios sociales y derechos de la actora, no hizo efectivo el pago total adeudado;
5. 5)El Auto Supremo 23, hizo constar que no era suficiente que la empresa -ahora peticionante de tutela- presentara solo el finiquito cuestionado para pretender acreditar el pago efectivo de los beneficios y derechos sociales por el tiempo de servicios a favor de la trabajadora, al haber sido cuestionado desde la presentación de la demanda el documento de cancelación de beneficios sociales, por lo que era obligación de la sociedad impetrante de tutela, demostrar lo contrario y respaldar por recibos, comprobantes contables de pago, u otros documentos análogos que demuestren que los pagos señalados en el finiquito habrían sido efectivizados, por lo que no se observó en el Auto Supremo emitido que se hubiese incurrido en error de derecho en la apreciación de esas literales y menos que se incurrió en la vulneración de los arts. 1297 del CC y 135 del CPT, por el contrario dicha resolución contiene la motivación, fundamentación y congruencia interna y externa, sin que se hubiese trasgredido la normativa constitucional, resolviendo en observancia de la jurisprudencia ordinaria; y,
6. 6)No hubo apartamiento de los marcos de razonabilidad y equidad al establecer que, si bien cursaba en obrados un documento en el que presuntamente se hizo constar el pago de beneficios sociales, la actora en la demanda impugnó su contenido, denunciando que ese pago no se hizo efectivo, hecho de trascendental importancia, que debió ser desvirtuado por la empresa accionante; tampoco se omitió valorar el referido documento que fue evaluado de manera conjunta, menos se alagó que el Tribunal de casación hubiese basado la decisión en prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento en la demanda o contestación. Consiguientemente, corresponde denegar la tutela solicitada.

Lilian Vidaurre Flores, en su condición de demandante del pago de beneficios sociales, mediante informe de 8 de junio de 2021, cursante de fs. 49 a 50, expuso lo siguiente:

1. i)Presentaron la demanda laboral cinco trabajadores, misma que fue declarada probada; decisión que quedó ejecutoriada después de haber sido apelada y luego recurrida en casación, correspondiendo su cumplimiento, dado que el abogado y apoderado de la Empresa, hizo abuso de los recursos que franquea la ley, con el propósito de eludir el pago con el falso argumento de que hubiera sido cancelado el finiquito, que no pudo demostrar en el fenecido proceso laboral, habiendo cancelado un monto con el compromiso de pagar en cuotas, volviéndola a contratar, pero no le cancelaron por dos meses el finiquito y fue despedida nuevamente;
2. ii)No se presentó ninguna prueba que sustente el pago que pretende hacer valer la empresa obligada y el argumento que sostiene la misma, de haberse efectuado una valoración parcial e incorrecta que hubiera favorecido a los trabajadores contra el empleador, es una afirmación fuera de la realidad, porque las autoridades demandadas al pronunciar el Auto Supremo impugnado, obraron en estricta justicia, reconociendo y confirmando la Sentencia y Auto de Vista recurridos; y,
3. iii)Se pronunciaron tres Autos Supremos en procesos similares de otros compañeros de trabajo, el 23 y 41 de 10 de febrero de 2021 y el Auto Supremo 686/2020 de 3 de diciembre que casó el Auto de Vista, omitiendo aplicar el principio in dubio pro operario. I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Pando, a través de la Resolución AAC 047/2021 de 10 de junio, cursante de fs. 60 a 64, denegó la tutela impetrada; dicha determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. a)Con relación a la falta de motivación alegada, revisado el Auto Supremo 23 de 10 de febrero de 2021, se puede advertir que en la parte de fundamentos jurídicos del fallo -resolución del caso- las autoridades demandadas expusieron las razones por las cuales declararon infundado el recurso de casación, señalando que el documento privado de pago de finiquito, conforme se desprende de la pre liquidación se encuentra controvertido desde un inicio, por lo que no era suficiente que la entidad ahora impetrante de tutela presentase solo el finiquito cuestionado para pretender acreditar el pago de beneficios sociales, dado que estos documentos al ser cuestionados desde la demanda merecerían ser respaldados por recibos, comprobantes contables de pago, u otros análogos; argumentación que es clara y precisa no advirtiéndose que se vulneró el debido proceso en el elemento motivación;
2. b)En cuanto a la incorrecta interpretación de los arts. 1327 y 1328 del CC, las autoridades demandadas hicieron referencia al art. 252 del CPT, concluyendo que el Tribunal de alzada no incurrió en violación de las normas acusadas, toda vez que la citada norma procesal no hace referencia a la aplicación del Código Civil, además que señala que se aplicará la Ley de Organización Judicial y el Código de Procedimiento Civil, siempre que no signifique violación de los principios generales del derecho procesal laboral, entre ellos el principio in dubio pro operario, que en caso de existir duda sobre la interpretación de una norma, se debe preferir la que sea más favorable al trabajador; así como la regla de la norma más favorable, cuando se presenten más de dos normas, se aplicará la que beneficie más al trabajador y la regla de la condición más beneficiosa, según la cual ninguna norma debe aplicarse si tiende a desmejorar las condiciones del trabajador; el principio de la primacía de la realidad donde prevalece la verdad de los hechos ante lo determinado por acuerdo de partes; el principio de imperatividad o irrenunciabilidad de derechos, por lo que la empresa demandante de tutela mal podría pretender la aplicación del Código Civil en desmedro de los principios antes señalados, los cuales deben ser aplicados en todas las instancias y por todos los jueces y tribunales en materia laboral; y,
3. c)El documento privado de pago de finiquito es un acuerdo contrario al art. 48.II, III y IV de la CPE, y dicho documento no fue producto de un acto civil, sino de un acto laboral, por lo que se debe aplicar la norma más favorable al trabajador.

1. 1)Durante el trámite del proceso laboral, la empresa demandada a tiempo de contestar la demanda, interpuso excepción perentoria de pago, evidenciándose que existen documentos controvertidos, puesto que desde el inicio de la demanda y la contestación, hasta la excepción planteada, se afirmó haberse suscrito un documento, pero que el pago total no fue efectivizado, por lo que en ese sentido, no era suficiente que la entidad demandada hubiera presentado solo el finiquito cuestionado para pretender acreditar el pago efectivo de los beneficios y derechos sociales por el tiempo de servicios prestados por el trabajador, puesto que debió presentar otros documentos que demuestren que el pago fue efectivizado; razonamiento expresado en primera instancia y en apelación, por lo que no se observa que el Tribunal de alzada hubiese incurrido en error de derecho en la apreciación de tales documentos, menos en inobservancia de los arts. 1297 del CC y 135 del CP;

1. 2)Uno de los principios rectores que guía la actuación de la justicia ordinaria es el de la verdad material, que convoca a la autoridad jurisdiccional a verificar los hechos que sirven de motivo a sus decisiones debiendo tomar con sumo cuidado aquellas formalidades que se presenten, puesto que a simple vista podrían mostrar realidades aparentes, muchas veces introducidas deliberadamente con la finalidad de evitar el pago de ciertos beneficios sociales o derechos laborales, debiendo aplicar principios y medidas tendientes a la protección de los trabajadores;

1. 3)La Sociedad demandada no demostró -conforme al principio de verdad material y el principio de inversión de la prueba- el pago del finiquito y que el monto señalado en el mismo, hubiese sido efectivamente cancelado a la actora;

1. 4)Respecto a la violación de los arts. 1327 y 1328 del CC, no son aplicables por cuanto la determinación de lo dispuesto por el art. 252 del CPT, sobre que los aspectos no previstos en dicha norma, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y del Código de Procedimiento Civil, por lo que el Tribunal de alzada, no incurrió en la violación de las normas acusadas ni en errónea apreciación de la prueba, dado que las citadas normas civiles, no se aplican en materia laboral, además que los tribunales de instancia, no están sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino que deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informa la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes; consiguientemente el Auto de Vista recurrido se ajusta a las normas legales en vigencia (fs. 4 a 7 vta.). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En consecuencia, con carácter previo, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o de denegar la tutela solicitada; para el efecto, se abordarán los siguientes temas:

1. i)Fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso;
2. ii)La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y,
3. iii)Análisis del caso concreto.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre4 se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. 1)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. 3)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
4. 4)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. 5)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-6.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:

1. i)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
2. ii)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
3. iii)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
4. iv)Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio7, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo10 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.