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TCP

0364/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de marzo de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0364/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0364/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 74161-2025-149-AAC Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 072/2025 de 2 de junio, cursante de fs. 114 a 119 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por NN en representación de su hijo menor de edad AA contra Betzabe Saavedra Estrada y Rimberty Mamani Herrera, Vocales de la Sala Civil Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante, por memorial presentado el 23 de mayo de 2025, cursante de fs. 38 a 44 y vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el menor de edad AA -accionate-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), se encuentra con detención domiciliaria y derecho a estudio; no obstante, posteriormente a la etapa investigativa fue acusado por la presunta comisión de los delitos establecidos por los arts. 308 bis y 310 inc. o) del referido Código, emitiéndose la Sentencia 01/2025 de 19 de febrero; en la que, se le declaró responsable de la comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del citado Código, imponiéndole la pena máxima para ese delito, que es de tres años de privación de libertad en el régimen de internamiento en el Centro de Rehabilitación Social "Nuevos Horizontes" de la ciudad de Potosí; empero, de ninguna manera se estableció porque dicha pena máxima cumpliría con el postulado de justicia, correspondiéndole a la Jueza de primera instancia considerar a objeto de fijar la pena prevista por los arts. 37, 38, 39 y 40 y s.s. del mismo Código; sin embargo, en la indicada Sentencia no se mencionó los señalados artículos; por lo que, es visible de la lectura de esa Sentencia el referido agravio, siendo que debió considerarse una pena intermedia entre el máximo y mínimo.

Asimismo, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia 01/2025, identificando como agravio el que no existió fundamentación o que ésa sea insuficiente o contradictoria conforme lo prevé el art. 315.II del inc. e) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-; así también, el Ministerio Público y la parte acusadora formularon sus recursos de apelación, los cuales radicaron ante los Vocales ahora accionados, quienes señalaron audiencia oral reservada de fundamentación de apelaciones para el 5 de mayo de 2025, a las 9:00 horas; empero, mediante memorial presentado el 2 de dicho mes y año, solicitaron la suspensión de ese actuado procesal; ya que, su abogado particular el mismo día debía asistir a otra audiencia de juicio oral, público y contradictorio en otro proceso penal a las 8:30 horas. El 5 del citado mes y año, se hicieron presentes en la audiencia programada, llevando una copia del acta de 8 de abril del referido año, que acreditaba que su abogado particular se encontraba en otra audiencia; por lo que, procedía a la suspensión de la misma porque su hijo menor de edad AA -accionante- se encontraba sin su defensa técnica; además, que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, no se encontraba presente y tampoco se le hubiese designado un defensor de oficio; es decir, que técnicamente ese menor de edad no estaba representado.

A pesar de dicha situación, los Vocales hoy accionados determinaron continuar con el desarrollo de la audiencia del recurso de apelación de sentencia fijado, señalando que el memorial de solicitud de suspensión de esa audiencia no adjuntaba prueba que respalde para ser considerada; además, que en el caso también se encuentran comprometidos los intereses de la víctima menor de edad; por lo que, sin tomar en cuenta la copia del decreto de señalamiento de audiencia del otro proceso penal, el menor de edad AA -accionante- participó de esa audiencia sin defensa técnica, ni la participación de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, lo cual motivo a que no interviniera y tampoco fuera escuchado, ni oído por los citados Vocales.

Ahora bien, ante el recurso de apelación de sentencia interpuesto conforme al art. 315.II del inc. e) del CNNA, respecto a la fundamentación de la pena, la Jueza de primera instancia estableció que el menor de edad AA -accionante- merecía una pena de tres años en el régimen de internamiento; es decir, que se le sancionó con la pena máxima del delito por el cual fue declarado responsable, siendo que la pena por la comisión del delito de abuso sexual tipificado por el art. 312 del CP, establece una sanción indeterminada de diez a quince años, que en el ámbito de justicia penal para adolescentes la penal es de dos años como mínimo y tres como máximo; decisión asumida sin explicar razones, ni efectuar dosimetría penal, que consiste en la aplicación del principio de proporcionalidad en la imposición de la pena, considerando la conducta del responsable, siendo que la sanción y las medidas socio-educativas deben ser racionales en proporción con las circunstancias del adolescente como con el hecho punible, para que la misma sea justa, es más se tenía la obligación de aplicar el principio pro homine previsto por el art. 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que exige a las autoridades realizar una interpretación más favorable, para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, tampoco consideraron los principios de especialización previsto por el art. 262.I inc. a) del CNNA, ni el de la excepcionalidad de la privación de libertad, aplicable en adolescentes por encontrarse en una etapa sensible en su desarrollo y el alejamiento de la familia; además, del círculo social más inmediato, lo cual puede ocasionar serios efectos negativos incluyendo afectación psicológica irreversible; en ese sentido, la Sentencia 01/2025 menciona agravantes y atenuantes; empero, de ninguna manera establece porque la pena máxima cumplirá el postulado de justicia.

Los Vocales ahora accionados resolvieron el recurso de apelación de sentencia a través del Auto de Vista 31/2025 de 13 de mayo, de manera incongruente, sin fundamento legal y sin aplicar la dosimetría penal, a pesar que se pidió la aplicación de la dosimetría penal a tiempo de establecer la pena definitiva, lo que no ocurrió; por lo que, devino en la falta de motivación y fundamentación; ya que, los citados Vocales se encontraban en la obligación de precisar cuáles son las normas que cumplieron y se aplicaron en el caso, para poder establecer que la sanción máxima era proporcional y adecuada cuando no tiene antecedentes de ninguna naturaleza, los aspectos que se consideraron del delito cometido y cuáles fueron las circunstancias personales que se tomaron en cuenta, excluyendo la calidad de adolescente, los móviles supuestos que originaron el hecho, si estudia, si tiene familia, la gravedad del delito, la participación del acusado en el hecho, la existencia de agravantes y atenuantes, su historia delincuencial; incluso tampoco se consideró las repercusiones a nivel cognitivo y secuelas que tiene la víctima, los cuales se encuentran acreditados.

I.1.2. Derechos, garantías y principio supuestamente vulnerado

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia; así como, a la garantía de legalidad y a ser oído; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que:

  1. a)Se deje sin efecto la audiencia celebrada el 5 de mayo de 2025, disponiendo que se señale una nueva, la cual se lleve a cabo sin vulnerar derechos y garantías;
  2. b)Se deje sin efecto el Auto de Vista 31/2015 de 13 de ese mes; ya que, antes de su emisión no se cumplieron con las formalidades legales, al margen de que dicho Auto de Vista no se encuentra motivado ni fundamentado; y,
  3. c)Se imponga a los Vocales hoy accionados el pago de costas, daños y prejuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 2 de junio de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 107 a 113 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que:

  1. 1)Solicitaron explicación de por qué se le impuso la pena máxima, cuando ni siquiera a los adultos se les sanciona con la pena máxima; ya que, tiene que existir una coherencia entre el mínimo y el máximo, con una pena intermedia;
  2. 2)Existe contradicción con el informe efectuado por los Vocales ahora accionados; puesto que, indicaron que hubiesen ingreso a la audiencia cuando ya se cedió la palabra a las partes procesales; empero, es mentira, porque luego se le dio la palabra al Ministerio Público;
  3. 3)No era complicado que los citados Vocales convoquen a la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí; sin embargo, al no hacerlo no hubo quien defienda al menor de edad AA -accionante-, tampoco quien responda a las fundamentaciones orales de las otras partes procesales;
  4. 4)El art. 195 del CNNA, dispone que "La niña, niño o adolescente tiene la garantía de participar en todo el proceso en el que sea parte y será oído por la autoridad judicial...", para lo que necesariamente necesitaba ser asistido por su defensa técnica;
  5. 5)Cuando los Vocales hoy accionados decidieron suspender la audiencia y rechazar la solicitud no especificaron norma alguna que les permita esa circunstancia;
  6. 6)Se vulneró la garantía de legalidad con relación específica a la audiencia de 5 de mayo de 2025, siendo que el art. 262 inc. h) de dicho Código taxativamente señala que el menor de edad tiene derecho a la defensa especializada, la cual es irrenunciable; por lo que, no es válido ninguna actuación sin la presencia de su defensa técnica; vulnerándose también su derecho a la defensa; más aun, cuando "Judith Quiñones" no participó en ningún momento como defensa técnica del menor de edad AA;
  7. 7)Existe un protocolo de juzgamiento penal con enfoque en derechos humanos que en su página 318 establece la dosimetría penal, que consiste en que la autoridad judicial al establecer la concurrencia de los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, puede determinar su incidencia en la fijación de la sanción y no limitarse a una simple enunciación, al establecer fundadamente si las circunstancias que modifiquen la responsabilidad del autor del delito operan como atenuantes o agravantes a momento de imponer la sanción; y,
  8. 8)Los argumentos del recurso de apelación no fueron respondidos por los Vocales ahora accionados.
I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Betzabe Saavedra Estrada Vocal de la Sala Civil Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí y Rimberty Mamani Herrera, Vocal de su similar Primera en suplencia legal, mediante informe presentado el 27 de mayo de 2025, cursante de fs. 61 a 62, manifestaron que:

  1. i)Respecto al primer agravio, en el Auto de Vista 31/2025, explica claramente porque se tomó la decisión de continuar con la audiencia; ya que, se dio lectura al memorial presentado por el abogado particular de la parte accionante, en el que se pidió la suspensión de esa audiencia; empero, no acompañaba ninguna prueba que justifique dicha solicitud, otorgándose la palabra a las otras partes procesales, quienes solicitaron que continúe con la audiencia y recién se hizo presente la parte accionante presentando el justificativo por la ausencia de su abogado particular, cuando ya se encontraba instalada esa audiencia; por lo que, no solo se debía proteger los derechos del adolescente, sino también, de la víctima menor de edad; motivo por el cual, decidieron proseguir con la misma;
  2. ii)Respecto a la falta de fundamentación del Auto de Vista 31/2025, se tiene que claramente se respondió a cada uno de los puntos apelados, con relación a la dosimetría penal al determinar la pena; ya que, se consideró tanto el delito cometido como las circunstancias personales del autor -accionante-, es decir su calidad de adolescente, buscando la necesidad del equilibrio entre el castigo y el resarcimiento;
  3. iii)En cuanto al segundo agravio, referido a la vulneración de la garantía de legalidad; al momento de instalarse la audiencia la parte accionante no se encontraba presente; empero, estando fundamentado su recurso de apelación por escrito es que se procedió con el desarrollo de esa audiencia y se resolvió; por lo que, no se vulneró el principio de legalidad y respecto a la apelación de sentencia el Manual de Actuación Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, establece que la inasistencia a la audiencia no provoca la deserción del recurso; y,
  4. iv)Como tercer agravio se tiene la vulneración del derecho a la defensa; por ello, se debe considerar que la audiencia fue programada y notificada con bastante tiempo de anticipación, para evitar cualquier tipo de contratiempo; ya que, la audiencia por la naturaleza del proceso no se iba a suspender y al no justificar esa inasistencia se continuo con la misma sin vulnerarse ese derecho; motivo por el cual, piden se deniegue la tutela solicitada.

2.2.3. Informe del tercero interesado

PP -madre de la víctima menor de edad-, mediante memorial presentado el 29 de mayo de 2025, cursante de fs. 63 a 65 vta., manifestó que:

  1. a)Cuando se instaló la audiencia -para resolverse el recurso de apelación de sentencia- la parte accionante no se encontraba presente; empero, estaba presente la "...Abogada de la Instancia Técnico Departamental Dra. Judith Quiñones, es decir la defensa técnica del Estado..." (sic) designada para la representación del menor de edad AA -accionante-, lo cual se extrae del acta de audiencia; por lo que, no es evidente que se encontraba sin defensa técnica o en indefensión;
  2. b)Cuando estaban a punto de resolver la falta de comparecencia, la parte accionante se hizo presente con el memorial de solicitud de suspensión de audiencia; sin embrago, fue "lirico" porque no se acompañó ninguna documental, actuación dilatoria que resulta constante; ya que, si bien pudo existir choque de audiencias, también se debió ponderar la importancia por las características del caso al implicar menores de edad; más aun, cuando fueron notificados con antelación y mediante decreto de 24 de abril de dicho año; en el que, se conminó a la asistencia obligatoria de las partes procesales y se señaló que dicha audiencia no se suspendería por ninguna circunstancia;
  3. c)Si su abogado particular no se encontraba; empero, estaba presente la "Dra. Judith Quiñones" y la "instancia Técnica Departamental" acompañando a ese menor de edad; en consecuencia, no se encontraba sin defensa técnica y no existe vulneración de derecho alguno; además, el art. 274 del CNNA, determina que el menor de edad podrá ser asistido por un abogado defensor particular o en su caso del Estado;
  4. d)No existe falta de fundamentación porque no hubo nada que debatir y se analizó únicamente la inconcurrencia de la parte acusada -accionante- y un memorial "lírico" sin prueba; puesto que, no se tuvo que realizar mayor análisis doctrinario o jurídico al respecto;
  5. e)En cuanto a la falta de fundamentación con relación al fondo del asunto, sobre el hecho de que no se fundamentó la pena; la acción tutelar no es una tercera instancia para atender ese punto; además, los Vocales ahora accionados atendieron todas las alegaciones con una fundamentación suficiente, concisa y racional;
  6. f)La negligencia del abogado particular no puede ser una excusa para conceder la tutela solicitada;
  7. g)Para conceder la tutela se debe demostrar la relevancia constitucional; empero, solo se citó posiciones jurídicas y jurisdiccionales aisladas no vinculadas al caso concreto, es más, la audiencia no era para admitir o producir prueba o para fundamentar un recurso, sino, para resolver un recurso de apelación de sentencia, es así que no existe relevancia constitucional; y,
  8. h)Tampoco existe recurso de casación para menores infractores; por lo que, "...no se vulneró el derecho a la petición..." (sic) y pide se deniegue la tutela solicitada.

El Responsable de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Tinguipaya, no asistió a la audiencia de consideración de acción de amparo constitucional ni remitió informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 60 vta.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -con la intervención del Vocal de la Sala Penal Segunda en suplencia legal-, mediante Resolución 072/2025 de 2 de junio, cursante de fs. 114 a 119 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que se deje sin efecto el Auto de Vista 31/2025, ordenando que los Vocales hoy accionados emitan uno nuevo en el plazo de cuarenta y ocho horas, tomando en cuenta que al tratarse de menores de edad se debe otorgar la celeridad debida; debiendo señalarse nuevo día y hora de audiencia para resolver la apelación planteada por la parte accionante, en el plazo de cuarenta y ocho horas; bajo los siguientes fundamentos:

  1. 1)De la fundamentación y motivación efectuada por los Vocales ahora accionados se puede advertir que si bien se encuentra fundamentada; empero, al ser el procedimiento de menores de edad diferente al de mayores de edad, el Código Niña, Niño y Adolescente consigna un procedimiento especial, así el art. 268 del citado Código establece una pena atenuada de cuatro quintas partes respecto a la pena máxima para menores de edad; en el presente caso se reclamó que el Juez de primera instancia no fundamentó con relación a la proporcionalidad de la imposición de la pena y los Vocales ahora accionados tampoco dieron respuesta al agravio relacionado a lo referido; ya que, no se encuentra en ninguna de las partes la explicación de la proporcionalidad de la sanción impuesta al menor de edad infractor -accionante-; por lo que, existe falta de motivación y fundamentación en cuanto a la proporcionalidad de la pena;
  2. 2)Con relación a lo sucedido en la audiencia de 5 de mayo de 2025, se tiene que no se puede considerar a la "Instancia Técnica Departamental" como defensa técnica del menor de edad infractor; puesto que, el art. 262 inc. h) del CNNA, establece claramente que la defensa debe ser especializada y la Constitución Política del Estado; además, de los tratados internacionales garantizan el derecho a la defensa, que toda persona tiene derecho a contratar un abogado de su confianza;
  3. 3)Ante el memorial de solicitud de suspensión de audiencia, los Vocales hoy accionados, velando por el interés superior del menor de edad AA -accionante-, debieron diferir la audiencia a una fecha breve y disponer la notificación a defensa Pública y a la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, quien es defensor en representación del Estado; ya que, no se puede considerar a la "Instancia Técnica Departamental" como defensa estatal; por lo que, se advierte que los Vocales hoy accionados vulneraron los derechos a la defensa, a la legalidad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación en el Auto de Vista 31/2025; y,
  4. 4)En cuanto al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, la parte accionante no dio mayor fundamentación; es así que, no se realizó mayor análisis.

En vía de complementación y enmienda, la parte accionante a través de su abogado pidió a la Sala Constitucional medida cautelar de conformidad con lo establecido por el art. 34 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que consiste en que se suspenda la emisión de cualquier mandamiento de condena, orden de internación o de privación de libertad; ya que, al momento de la admisión de la acción tutelar se señaló que sería en la audiencia de consideración de la acción de defensa que se consideraría dicha medida; puesto que, la Jueza de primera instancia dispuso que se libre mandamiento de internamiento contra el menor de edad AA -accionante- con responsabilidad penal, declarando ejecutoriada la Sentencia 01/2025, en función al Auto de Vista 31/2025, que actualmente fue anulada; correspondiendo que se restablezca su situación jurídica en la manera que antes de esa circunstancia estaba ese menor de edad, la cuál era la detención domiciliaria con salidas para ir al colegio, que ahora no puede realizar aquello perjudicándose.

En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional, emitió el Auto de 2 de junio de 2025, dando lugar a la medida cautelar solicitada, dejando sin efecto todos los actuados posteriores.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

A través del Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con la finalidad de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 126 a 131).

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SC-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas. II. CONCLUSIONES

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Tribunal Constitucional Plurinacional19 de marzo de 20260364/2026-S1Fuente oficial