Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0366/2019-S3 Sucre, 31 de julio de 2019
SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional
Expediente: 27827-2019-56-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución de 071/2019 de 21 de febrero, cursante de fs. 324 a 331, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Quispe Choquetarqui contra Fausto Juan Lanchipa Ponce, Jorge Adalberto Quino Espejo y Eddy Arequipa Cubillas, ex y actuales Vocales de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 1 y 13 de febrero de 2019, cursantes de fs. 258 a 265 y 269 a 272 vta., el accionante expresó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 6 de enero de 2015, Daniel Chipana Mamani le inició un proceso extraordinario de interdicto de recobrar la posesión de un lote de terreno ubicado en la calle "...Belén s/n, Zona Central de Guaqui..." (sic) con una extensión de 1038 m2 de superficie, alegando que:
- a)Adquirió la propiedad del inmueble por compra-venta, aunque no pudo inscribir su título propietario; y,
- b)Su persona allanó dicha propiedad el 15 de octubre de 2014, agrediéndole, ingresando al inmueble, levantando construcciones y despojándole de su posesión.
Contestó negativamente a dicho proceso, indicando que el demandante nunca estuvo en posesión del lote de terreno y que el mismo perteneció a su familia por generaciones según el título propietario de sus padres, habiendo continuado la posesión desde que tiene uso de razón, la cual probó desde el 2006, a través de facturas de servicios básicos, así como certificados vecinales y municipales.
El litigio fue resuelto mediante la Sentencia 90/2015 de 28 de octubre, que declaró probada la demanda, pero fue anulada en instancia de apelación por el Auto de Vista S-35/2017 de 17 de febrero, emitiéndose en consecuencia la Sentencia 121/2018 de 23 de marzo, que volvió a incurrir en los mismos errores y vicios que su predecesora; por ello, apeló nuevamente en la forma y en el fondo, alegando que:
- 1)No existió prueba de que Daniel Chipana Mamani o su vendedora Juana Bolaños Mamani Vda. de Quispe hayan poseído el inmueble;
- 2)En el segundo considerando de la Sentencia impugnada, el Juez a quo reconoció que no se produjo prueba que demuestre la posesión del demandante al manifestar: "...que en el poco tiempo en que se encontraba en posesión el demandante lógicamente no le dio tiempo para hacer actos positivos de posesión..." (sic);
- 3)Se valoró erróneamente la prueba presentada que acreditó su posesión del inmueble, siendo incongruente que se haya reconocido igualmente la del demandante; y,
- 4)La Sentencia apelada carece de una clara y debida motivación, fundamentación y congruencia, vulnerando su derecho al debido proceso.
La impugnación fue resuelta mediante el Auto de Vista S-562/2018 de 12 de octubre, emitido por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que de manera ilegal y vulnerando su derecho al debido proceso en su elemento de motivación de las resoluciones, en relación directa con el principio de congruencia, no dio respuesta a los cuatro agravios esgrimidos, limitándose a reconocer solamente uno, que fue calificado de insuficiente de manera injustificada; por lo que, contradictoriamente se determinó que no existió una clara exposición y argumentación de agravios que permita resolver el fondo de su recurso de apelación, declarándolo improcedente.
El referido Auto de Vista es el acto ilegal que conculcó sus derechos y el motivo de su acción de amparo constitucional, dirigida contra las autoridades que lo emitieron, ya que debieron dar respuesta formal a todos los agravios expuestos en el recurso de apelación en el fondo y como no lo hicieron, desconoce los motivos de la decisión o si por lo menos sus reclamos fueron considerados, restringiéndole de manera indirecta el acceso a la segunda instancia y su derecho a la impugnación.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante consideró lesionados sus derechos al debido proceso en su elemento de motivación con relación al principio de congruencia y a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia y al pronunciamiento judicial sobre el fondo, a cuyo efecto citó los arts. 109.I, 110.I y II, 115.II, 117.I, 119, 120, 180 y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
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