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TCP

0366/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de marzo de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0366/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0366/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad

Expediente: 63425-2024-127-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 57/24 de 25 de marzo de 2024, cursante de fs. 297 vta. a 302 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mery Fressia Capobianco Aponte contra Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, ex Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera; María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, ex y actual Magistrados de su similar Segunda, todos del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante, por memoriales presentados el 4 y 16 de enero; y, 28 de febrero de 2024, cursantes de fs. 19 a 23; 29 a 32 vta.; y, 149 y vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En la demanda laboral de reincorporación laboral, pago de sueldos devengados y otros beneficios sociales interpuesto por su persona, el Juez de Partido de Trabajo y de Seguridad Social Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 21 de 17 de marzo de 2022, declarando improbada la misma, bajo el criterio de que al momento de su despido ejercía un cargo jerárquico de confianza y de libre nombramiento; por lo que, no gozaría de estabilidad laboral, y por tanto de poder reclamar su reincorporación laboral al no ser aplicable en su caso los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), 9 y 10 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006; sin embargo, por Memorando DNRH-M-067/12 de 1 de febrero de 2012, fue designada como Jefa del Departamento Nacional de Asesoría Legal de la Caja Petrolera de Salud (CPS), y el Memorando DNRH-M-207/15 de 16 de abril de 2015, carecería de valor probatorio por ser un documento presentado en fotocopia simple y que no surtiría sus efectos legales al no ser notificado a su persona.

Contra esa ilegal determinación de la Sentencia 21 de 17 de marzo de 2022, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto a través del Auto de Vista 166 de 22 de septiembre de 2022, confirmando la citada Sentencia, lo que suscitó que el 26 de enero de 2023, formuló recurso de casación contra el referido Auto de Vista, emitiéndose al efecto el , que declaró infundado tanto en la forma como en el fondo el citado recurso, el cual vulnera sus derechos fundamentales y garantías constitucionales al efectuar una interpretación errada de los arts. 16 de la LGT, 9 y 10 del DS 28699.

En el , no se pronunciaron sobre ninguna disposición normativa constitucional o legal que permita concluir que ejercía un cargo de libre nombramiento y que por esa razón no gozaba de estabilidad laboral, basándose solamente en la lectura del Memorando DNRH-M-067/12 de 1 de febrero de 2012; así como, respecto a la errónea valoración del Memorando DNRH-M-207/15 de 16 de abril de 2015; por el que, fue trasferida al cargo de Abogada I de la Administración Departamental de la CPS Santa Cruz, antes de su destitución, limitándose a repetir lo manifestado por las instancias inferiores relacionado a que la documental a fs. "9" hubiese sido compulsada en su pertinencia al igual que todas las documentales indicando por ello, que no existió vulneración a su derecho al debido proceso, ni una debida motivación con relación al porqué se consideraba que dicha prueba no tenía eficacia legal ni valor probatorio con base en los principios en materia laboral, a pesar de que se manifestó que sí tuvo conocimiento del referido acto administrativo.

De acuerdo al art. 77 del Estatuto Orgánico de la CPS, el personal se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ley General del Trabajo, su Decreto Reglamentario y el Reglamento Interno de Personal; por su parte el art. 113 del Reglamento Interno de Personal de la CPS aprobado mediante Resolución Ministerial (RM) 124/74 de 16 de abril 1974, establece que los trabajadores se encuentran sujetos a la Ley General del Trabajo y el art. 2 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, señala que la relación obrero-patronal se halla excluida del Estatuto del Funcionario Público; así como, todos los trabajadores del Sistema de Seguridad Social de Bolivia; por lo que, en su caso se efectuó una interpretación equivocada de la normativa aplicada a su caso, al concluir fuera de todo sustento legal que ejercía un cargo de confianza o de libre nombramiento, cuando dicha categoría no se encuentra prevista por la Ley General del Trabajo.

Finalmente, respecto al , se alegó que el Memorando DNRH-M-207/15 de 16 de abril de 2015, fue analizado correctamente; sin embargo, la valoración probatoria realizada por el Juez de primera instancia resultó incompatible con el principio de inversión de la prueba en favor del trabajador, y el concluir que dicho documento carecería de valor probatorio por presentarse en fotocopia simple para desconocer su relación laboral con la CPS, lo cual constituye un razonamiento que de la misma manera le atribuye la responsabilidad de la carga probatoria, cuando la entidad empleadora al ser una persona jurídica de derecho público tiene la obligación de inventariar los documentos propios de la función pública no pudiendo destruirlos; por lo que, ante la existencia de la fotocopia del referido Memorando y con base al principio de inversión de la prueba en su favor, el Tribunal de alzada debió otorgarle el valor probatorio suficiente en cuanto a su relación laboral hasta que el empleador demuestre su inexistencia; más aun, si afirmó que tomó conocimiento de ese documento; además, de su contenido, siendo uno de los motivos por los cuales demandó su reincorporación laboral, al no existir constancia de que hubiese sido destituida en su momento del cargo de Abogada I de la Administración Departamental de la CPS Santa Cruz.

1.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

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