Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0366/2026-S2 Sucre, 19 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 57771-2023-116-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 57/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 98 vta. a 103, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Neil Mesa Torrejón contra Efraín Noel Aguirre Huayllani, Director General de la Escuela Superior de Formación de Maestros (ESFM) "Juan Misael Saracho" del departamento de Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 30 de agosto de 2023, cursante de fs. 22 a 26, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 10 de agosto de 2023, -en su calidad de estudiante de quinto año de la especialidad de Educación Física- interpuso ante Efraín Noel Aguirre Huayllani, Director General de la ESFM "Juan Misael Saracho" del departamento de Tarija -ahora demandado- recurso jerárquico, en cuyo otrosí quinto , al amparo del art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), solicitó la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado; es decir, que se le permita asistir a clases regulares registrándose su asistencia en tanto se resuelva el recurso formulado; solicitud que, fue reiterada mediante memorial de 18 de ese mes y año, habiendo pedido a su vez audiencia con el Director demandado; sin embargo; pese a que, señaló su domicilio, hasta la interposición de la presente acción tutelar, no obtuvo respuesta alguna al respecto.
En ese marco, consideró vulnerado su derecho a la petición, pues pese a la solicitud formal que realizó, no obtuvo respuesta material, en tiempo razonable, debiéndose considerar que de acuerdo al art. 71.I inc. b) del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo -Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003-, se tiene tres días para que la administración pública realice las providencias de mero trámite administrativo, no existiendo frente a tal omisión de respuesta medios de impugnación expresos, a fin de hacer efectivo el derecho de petición.
Con el fin de la consideración de su reclamo constitucional, solicitó la aplicación del estándar jurisprudencial más alto trasunto en el presente caso en la -5 de octubre-, a partir del cual se estableció que, las denuncias por presunta vulneración del derecho a la petición son tutelables estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo.
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