Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0367/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 53627-2023-108-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución AAC-008/2023 de 26 de enero, cursante de fs. 848 a 851 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Andrés Kukoc Valda en representación legal de Celsa Arancibia Veramendi y Aquilina Orellana Meneces contra José Luis Martínez Callahuanca, Gerente General de la Caja Nacional de Salud (CNS).
ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Las accionantes a través de su representante legal, por memoriales presentados el 25 de noviembre de 2022 y 3 de enero de 2023, cursantes de fs. 536 a 553 vta.; y, 561 a 571, manifestaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 31 de mayo de 2018, en inmediaciones del Hospital Obrero 2, sito en el Km 5 de la Av. Blanco Galindo de la ciudad de Cochabamba, donde trabajaban, el personal policial de la CNS, realizó un control en horario de salida. El Tte. Douglas André Valdez, Supervisor de Seguridad de la CNS, emitió Informe de 1 de junio de 2018, señalando que a las 18:00 horas de ese día, encontró en posesión de sus personas los siguientes objetos:
- a)Celsa Arancibia Veramendi: Bolsa de pollo y res crudo (2,340 Kg), bolsa de azúcar (2,820 Kg), una caja de maicena Kris (200 gr.) y una bolsa de sobra de comida (1,480 Kg);
- b)Isabel Marcela Navia Rodríguez: un aceite de 5 litros, una bolsa de carne cruda de pollo y res (1,760 Kg), una bolsa de gelatina Kris (920 gr.) y huesos de pollo (0,46 Kg); y,
- c)Aquilina Orellana Meneces: una bolsa de leche Pil, una lata de leche evaporada Gloria (400 gr.), una bolsa de sobra de comida (2,920 Kg) y una bolsa de carne cruda de res y chancho (0, 780 Kg). En ese sentido, sus personas -accionantes- manifestaron que dichos objetos eran de su propiedad y que las carnes eran desechos.
Por esos hechos, el 4 de junio de 2018, se emitió el Auto Inicial de Proceso Interno Administrativo, por presunto hurto de carnes, víveres y jabón líquido de la cocina del Hospital Obrero 2, en contravención al Reglamento Interno de Trabajo de Personal de la CNS -arts. 61 incs. a) y b); 81 incs. e), f) y n); y, 16 inc. g) de la Ley General del Trabajo (LGT)-.
Posteriormente, se emitió la Resolución Sumarial Final RC-. Contra esa Resolución, las involucradas interpusieron recurso de revocatoria, resultando en la emisión de la Resolución de Recurso de Revocatoria RC- de 23 de "junio" -julio-, que ratificó la Resolución Sumarial Final RC-. Ante ello, se presentó recurso jerárquico, y se emitió la Resolución Administrativa Resuelve Recurso Jerárquico 41/2019 de 11 de septiembre, la cual fue complementada mediante Auto de 13 de diciembre de 2019.
En la Resolución Administrativa Resuelve Recurso Jerárquico 41/2019, el entonces Gerente General de la CNS, vulneró sus derechos; puesto que, respecto al primer punto de agravio sobre la ampliación del término probatorio y la producción de prueba de descargo indicó que su petitorio fue respondido por un decreto emitido anteriormente y que sus personas -accionantes- no realizaron objeción o representación alguna a los decretos de la Autoridad Sumariante sino hasta el recurso de revocatoria; además, esa autoridad indicó que ese punto de agravio fue respondido mediante "...Recurso de Revocatoria RC-..." (sic), Considerando III, segundo parágrafo.
Bajo ese contexto, debe considerarse que como agravio se denunció la vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa desde la emisión del Auto Inicial de Proceso Interno Administrativo de 4 de junio de 2018 -Proceso Disciplinario-; puesto que, primero, se observa que dicho Auto se basó únicamente en el Informe de 1 de junio de 2018 del Supervisor de Seguridad de la CNS, reproducido íntegramente en el Considerando II, sin que conste formalmente una denuncia previa, tal como exige el último parágrafo del Considerando I. Además, la referida denuncia nunca fue puesta en conocimiento de los involucrados ni consta en el expediente; segundo, si bien al momento del inicio solo se conocía el mencionado Informe, en la Resolución Sumarial Final RC-, se incorporaron como pruebas de cargo múltiples documentos emitidos el 1 y el 4 de junio de 2018, entre ellos memorandos, notas e informes de distintas autoridades. Sin embargo, no existe constancia de cómo esas pruebas fueron incorporadas al proceso disciplinario ni de su notificación a los procesados, impidiendo ejercer plenamente su derecho a la defensa. Es más, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que; además, del referido Auto Inicial, deben notificarse todas las actuaciones posteriores para permitir la presentación de descargos y recursos, lo que no ocurrió en ese caso, vulnerando gravemente derechos fundamentales; y, tercero, respecto al derecho a la defensa, el Tribunal Constitucional Plurinacional señaló dos connotaciones: el derecho de toda persona a ser patrocinada por una persona idónea durante un proceso formal, y el derecho a conocer y acceder a todos los actuados para impugnarlos en igualdad de condiciones. No obstante, en el "presente" caso, se vulneró dicho derecho al haber prestado declaraciones informativas ante la Autoridad Sumariante de la CNS Regional Cochabamba, sin la asistencia de un defensor. Esa situación se agrava; debido a que, los involucrados no tenían experiencia previa en procesos penales, civiles o administrativos, y desconocían la norma aplicable y sus consecuencias. Además, la citada Autoridad Sumariante, indujo al error, afirmando que solo se impondría una llamada de atención o un descuento, lo que se considera una actuación de mala fe, al aprovecharse de la falta de asesoramiento legal y del desconocimiento normativo de los procesados -accionantes-.
Bajo ese contexto, la Resolución Administrativa Resuelve Recurso Jerárquico 41/2019 -consideran- fue ambigua, oscura y carente de fundamentación y motivación; ya que, el entonces Gerente General de la CNS, reconoció que la respuesta a la solicitud fue mínima. Es decir, que dicha Resolución generó mayor confusión al sostener que los decretos no fueron apelados, intentando desviar el análisis hacia una fase incidental, cuando es el Tribunal de apelación quien debe fundamentar sus decisiones respetando las garantías constitucionales y el ordenamiento jurídico. Se observa así una imposición de Reglamentos por encima de la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia constitucional y los tratados internacionales. Por lo tanto, se concluye que el primer agravio denunciado como vulneratorio del derecho a la defensa no fue debidamente resuelto por el mencionado Gerente en la citada Resolución, al limitarse a efectuar una referencia genérica sin brindar fundamentación suficiente y adecuada.
Respecto al segundo agravio, no existe un pronunciamiento expreso por parte de la Autoridad Jerárquica -entonces Gerente General de la CNS-. No obstante, se interpreta que el proceso se funda en la premisa contenida en la Resolución Administrativa Resuelve Recurso Jerárquico 41/2019, según la cual no solo se consideran desechos los huesos de pollo y sobras sino también alimentos sin procesar como carne, aceite, maicena y azúcar, por tratarse de bienes perecederos supuestamente pertenecientes a la CNS. Sin embargo, esa entidad no acreditó la propiedad de dichos alimentos, a pesar que, sus personas -accionantes- afirmaron ser las propietarias y explicaron su forma de adquisición. Bajo ese contexto, exigir documentación de compra sobre productos adquiridos en tiendas de barrio, que no emiten factura, mientras que la CNS no demostró que los insumos fueron sustraídos de sus instalaciones, constituye una vulneración al debido proceso, derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, además de una errónea valoración de prueba.
Tampoco se comprobó si los productos secuestrados eran de la misma marca utilizada por la CNS, a diferencia de lo hecho en otro caso donde se consideró que el jabón líquido decomisado no coincidía con el utilizado en la institución. Asimismo, no se determinó si las carnes encontradas eran sobras o productos utilizables, lo cual sería inadmisible tratándose de un Hospital; ya que, implicaría un riesgo incluso en materia de salud pública.
En cuanto al Informe OR-TILCC/CBBA-013/2018 de 4 de junio, el entonces Gerente General de la CNS, solo consideró los puntos 5 y 6, omitiendo el punto 3, que advierte la ausencia de Kardex llenados en "mayo" en el Servicio de Nutrición del Hospital Obrero 2 de la CNS Regional Cochabamba, lo que impide conocer saldos exactos de insumos, generando una duda razonable sobre la propiedad de los productos incautados. Además que, el punto 6 de ese Informe, al señalar que, se debe esperar un informe de auditoría interna para determinar mayores observaciones, refuerza esa duda, lo cual debió analizarse bajo el principio de favorabilidad hacia las acusadas; aspectos que no fueron analizados por el mencionado Gerente de forma conjunta y objetiva; por lo tanto, existe falta de fundamentación y valoración de la prueba.
Así también la Resolución Administrativa Resuelve Recurso Jerárquico 41/2019, omitió pronunciarse sobre la Nota con Cite: SN-194/2018 de 1 de junio, y no valoró adecuadamente las pruebas de cargo, existiendo; por lo tanto, falta de valoración probatoria, fundamentación y motivación al respecto. Más aun, la Autoridad Sumariante de la CNS Regional Cochabamba, alegó sin fundamento, que no estaba facultada para investigar, a pesar que el principio de verdad material -art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)- obliga a la administración a investigar y esclarecer los hechos más allá del contenido literal del expediente, lo cual no ocurrió, afectando la legitimidad del proceso disciplinario.
Al punto tercero de agravio, el entonces Gerente General de la CNS, se limitó a indicar que la Resolución Sumarial Final RC- habría descrito las pruebas en los Considerandos III, IV y V, sin realizar un análisis objetivo, individualizado, fundamentado y motivado de los elementos probatorios presentados.
En particular, el Considerando V se limitó a describir las pruebas y, al referirse a los Informes de "fs 23 a 48", concluyó genéricamente que esos documentos demostraban que el 1 de junio de 2018, se procedió a la verificación de los productos decomisados; ello, sin desarrollar un examen profundo y específico del contenido de cada documento, lo que evidencia una falta de fundamentación y motivación conforme exige el principio del debido proceso.
Asimismo, el entonces Gerente General de la CNS, no consideró que las declaraciones informativas fueron obtenidas sin asistencia legal, lo cual constituye una vulneración al derecho a la defensa y a ser asistido por un abogado de confianza. Además, fue el mismo Juez Sumariante -Autoridad Sumariante de la CNS Regional Cochabamba- quien, aprovechando de su posición, les indicó que acepten los hechos bajo la promesa de que solo recibirían una llamada de atención o un descuento salarial, lo cual vicia las declaraciones obtenidas y pone en evidencia un acto arbitrario aprovechándose de su desconocimiento legal. A partir de esas declaraciones, se las acusa de haber abusado de la confianza institucional y sustraído objetos, señalando; además, que no pudieron demostrar la adquisición de los productos encontrados en su poder. Esa conclusión vulnera el principio de presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo; puesto que, no se probó que los bienes fueran propiedad de la CNS, ni que hubiesen sido sustraídos. Más aun, cuando por su parte, manifestaron que los productos les pertenecían y fueron comprados en tiendas de barrio donde no se emiten facturas -incluso productos similares se venden en kioscos al ingreso del hospital- situación que no fue considerada en el análisis de la prueba.
Finalmente, la CNS no demostró la procedencia institucional de los objetos ni la existencia de faltantes específicos que pudieran vincularlos con una pérdida patrimonial, lo que refuerza la existencia de duda razonable que no fue valorada conforme a derecho. Por tanto, el análisis probatorio no fue lógico, imparcial ni objetivo, y careció de un examen de fondo de los elementos en su totalidad y contenido.
Acerca del punto cuarto de agravio, se observa que el entonces Gerente General de la CNS, se limitó a realizar conceptualizaciones jurídicas sobre los términos obligación, obligado y obligatorio, señalando que, una obligación implica una conducta a seguir -de hacer o no hacer- y que su incumplimiento genera una sanción proporcional a la gravedad de la falta, cuya evaluación queda a discreción de la autoridad competente. En ese marco, sostuvo que la Resolución de Recurso de Revocatoria RC- era clara al identificar una infracción a las obligaciones funcionarias previstas en el Reglamento Interno de Trabajo de Personal de la CNS, norma administrativa que habilita sanciones como multas de hasta el 20% del salario mensual, suspensión hasta por treinta días o destitución.
Sin embargo, dentro del proceso sumario iniciado por la presunta falta de hurto, no se logró demostrar con claridad ni certeza -bajo el principio de verdad material que rige el procedimiento administrativo- que sus personas -accionantes- hayan incurrido efectivamente en la conducta reprochada. Por consiguiente, la imposición de la sanción máxima de destitución resulta desproporcional; más aun, cuando nunca se probó el hurto ni la vulneración efectiva al ordenamiento jurídico invocado. Entonces; ya que, el Reglamento Interno de Trabajo de Personal de la CNS, prevé otras sanciones menos gravosas, correspondía, en todo caso, aplicar una medida de menor impacto, respetando los principios de proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad. La decisión de destitución sin goce de beneficios sociales consolidados, en ausencia de prueba firme sobre la falta atribuida, constituye una vulneración directa al derecho al trabajo.
Finalmente, durante todo el proceso, se denunciaron vulneraciones al derecho a la defensa, al debido proceso, falta de valoración probatoria y ausencia de motivación y fundamentación, aspectos que no fueron subsanados por el entonces Gerente General de la CNS, lo que agrava la afectación de sus derechos fundamentales.
Con relación al punto quinto de agravio, en lo relativo a la presunción de inocencia, la Resolución Administrativa Resuelve Recurso Jerárquico 41/2019 impugnada sostuvo que dicho derecho no fue vulnerado, argumentando que se inició el Proceso Interno Administrativo mediante un Auto Inicial -de 4 de junio de 2018- y que sus personas -accionantes- incluso continuaron prestando servicios en la CNS. No obstante, la garantía de presunción de inocencia no se satisface únicamente con la notificación del inicio del proceso sino que debe preservarse durante todo el procedimiento y especialmente al momento de valorar la prueba. En ese sentido, el entonces Gerente General de la CNS, sustenta su razonamiento en que sus personas -accionantes- no demostraron la propiedad de los objetos decomisados, trasladando indebidamente la carga de la prueba a las mismas, en clara vulneración del principio de presunción de inocencia, que implica que toda persona debe ser considerada inocente mientras no se demuestre lo contrario con pruebas suficientes; obligación que recae en la parte acusadora o investigadora, en este caso, la CNS.
En ese sentido, tal como lo reconoció la Representante del Ministerio Público, en la Resolución de Rechazo de denuncia penal de 20 de noviembre de 2018, por hurto no existían elementos de prueba suficientes para sostener la comisión de ese delito. Esa determinación fiscal aplicó correctamente tanto el principio de presunción de inocencia como el de "'in dubio pro reo"', que manda optar por la solución más favorable al acusado en caso de duda. En contraste, la cuestionada Resolución Administrativa Resuelve Recurso Jerárquico 41/2019, invierte la carga de la prueba, exigiendo a sus personas -accionantes- a probar su inocencia, lo cual contraviene el marco normativo nacional e internacional; así como, los tratados en materia de Derechos Humanos. Además, la mera afirmación de que se respetó el derecho al haber emitido el Auto Inicial de Proceso Interno Administrativo de 4 de junio de 2018 y que sus personas -accionantes- permanecieron en sus cargos, no constituye una fundamentación suficiente ni razonada, resultando en una Resolución carente de motivación y de respaldo legal desde todo punto de vista.
En cuanto al punto sexto de agravio, si bien la impugnada Resolución Administrativa Resuelve Recurso Jerárquico 41/2019 invocó los principios de ética, honestidad y responsabilidad conforme al art. 232 de la Constitución Política del Estado (CPE); sin embargo, omitió considerar otros principios igualmente relevantes que rigen la función pública, como la legalidad, imparcialidad, transparencia e igualdad, los cuales no fueron debidamente observados en el proceso administrativo sancionador.
Asimismo, el entonces Gerente General de la CNS, se limitó a transcribir normas legales sin realizar un análisis específico, motivado ni contextualizado de los hechos del caso, lo que denota una carencia de fundamentación y motivación en la determinación de la sanción impuesta. En ese sentido, la medida de destitución resulta desproporcionada y excesiva; más aún, si se considera que son mujeres, cabezas de familia, con antigüedad laboral de más de cinco, diez y hasta veinte años al servicio de la CNS.
No existe tampoco respaldo probatorio suficiente para establecer la comisión de una falta administrativa grave; ya que, el Informe de 1 de junio de 2018 del "Tte. Valdez", que fue valorado por el entonces Gerente General de la CNS, fue también considerado en el proceso penal paralelo por hurto, donde el Ministerio Público determinó que no existían elementos suficientes para formular imputación, en aplicación del principio de in dubio pro reo. Eso refuerza la posición de que no se acreditó de forma objetiva la comisión de un ilícito ni una infracción funcionaria.
Con relación a la normativa interna, el Reglamento Interno de Trabajo de Personal de la CNS, prevé sanciones progresivas y menos gravosas, como la amonestación verbal o escrita -art. 78-, o la multa de hasta tres días de haber -art. 79-, aplicables a faltas que, si bien pueden estar estipuladas en normas conexas, no justifican por sí solas una sanción extrema como el retiro sin goce de beneficios sociales. Tal sanción, según el art. 81 del mismo Reglamento, se reserva para casos plenamente probados de hurto o abuso de confianza, extremos que no fueron establecidos ni demostrados fehacientemente en el proceso administrativo. Por consiguiente, se impuso una medida punitiva severa sin contar con el sustento fáctico ni legal adecuado.
La Resolución Administrativa Resuelve Recurso Jerárquico 41/2019 vulneró el derecho al debido proceso y a la defensa irrestricta, debido a la ausencia de valoración de la prueba presentada en el recurso jerárquico planteado, consistente en la Resolución de Rechazo de denuncia penal de 20 de noviembre de 2018, interpuesta contra sus personas por el delito de hurto, que al no haberse objetado esa Resolución dentro de plazo, adquirió calidad de cosa juzgada, y habiendo transcurrido más de cuatro años la CNS, no podrá presentar una nueva denuncia por el mismo hecho; sin embargo, el entonces Gerente General de la CNS, alegó que no existe justificación alguna para pretenderse dar por válida una prueba generada en un proceso penal, y que la citada Resolución de Rechazo no se pronunció sobre la inocencia de sus personas -accionantes-. De esa manera, el nombrado Gerente transcribió de forma sesgada e incompleta dicha Resolución de Rechazo y no consideró el contenido íntegro y objetivo de dicha prueba, que demostraba que no fue recibida su declaración informativa; que no existían pruebas documentales o de ningún otro tipo que permitieran sustentar una imputación; y, que la CNS, no ofreció ni presentó prueba adicional a más del Informe de 1 de junio de 2018 del "Tte Valdez"; por lo que, el mencionado Gerente, transgredió los derechos a la defensa, presunción de inocencia y debido proceso y los principios de favorabilidad y de verdad material.
I.1.2. Derecho, garantías y principios supuestamente vulnerados
Las accionantes a través de su representante legal denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba, a la defensa vinculado a los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo, y al trabajo vinculado a los principios de proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y verdad material; citando al efecto los arts. 13.IV, 46.I y II, 115.II, 117.I, 120.I, 256 y 410.II de la CPE; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I.1.3. Petitorio
Solicitan se conceda la tutela y en consecuencia, se disponga; se deje sin efecto la Resolución Administrativa Resuelve Recurso Jerárquico 41/2019 de 11 de noviembre, ordenándose la emisión de un nueva resolución en resguardo al debido proceso, a la defensa y a la legalidad, sea con pago de costas, daños y perjuicios.
Asimismo, en el Otrosí Primero solicitan como medida cautelar la suspensión de la sanción de destitución y la inmediata restitución a su puesto de trabajo hasta que se resuelva la presente acción tutelar con la emisión de la correspondiente Sentencia Constitucional Plurinacional.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 26 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 840 a 847 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
Las accionantes, a través de su representante legal, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo manifestaron que:
- 1)En cuanto a la vulneración al derecho a la defensa, en el Auto Inicial de Proceso Interno Administrativo de 4 de junio de 2018, -iniciado por el Informe de 1 de igual mes y año del Supervisor de Seguridad de la CNS- y la Resolución Sumarial Final RC-, se describen más de doce pruebas que no fueron puestas a conocimiento de sus personas -accionantes-, impidiéndoles objetarlas conforme a derecho;
- 2)Además, al momento de prestar declaraciones informativas ante la Autoridad Sumariante de la CNS Regional Cochabamba, no estuvieron acompañadas por persona idónea;
- 3)Asimismo, la Resolución Administrativa Resuelve Recurso Jerárquico 41/2019 introdujo en su parte resolutiva el "...Art. 9 incs. e) y g)..."(sic), a pesar que el "inciso g)" nunca fue debatido durante el proceso; por lo que, no tuvieron oportunidad de defenderse respecto al mismo;
- 4)Además, la CNS fundamentó el despido en el "...Art. 81 inc. e) y f)..." (sic), referidos a malversación, hurto o sustracción de bienes, sin demostrar esos extremos. También se las sancionó por infracción al art. 61 inc. a) del Reglamento Interno de Trabajo de Personal de la CNS, que obliga a conocer y promover el Código de Salud y su Reglamento, lo que se cuestiona por ser trabajadoras con treinta, veinticinco y quince años de servicio, que no deberían ser sancionadas por desconocimiento normativo. Además, se impuso la sanción extrema del despido por actividades administrativas que no fueron desvirtuadas, omitiendo aplicar normativa menos gravosa; y,
- 5)Finalmente, el Ministerio Público emitió Resolución de Rechazo de denuncia penal de 20 de noviembre de 2018, presentada por la CNS, el 1 de junio de igual año, por presuntos delitos de hurto y otros, al no haberse demostrado los hechos con prueba testifical, documental ni pericial. Esa Resolución tiene calidad de cosa juzgada y no fue objetada por ninguna de las partes. Por lo anterior, piden la anulación de la resolución cuestionada -Resolución Administrativa Resuelve Recurso Jerárquico 41/2019- y la emisión de una nueva.
I.2.2. Informe de la autoridad accionada
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